La tendencia contemporánea a exportar un mayor volumen de recursos naturales se conoce como la re-primarización de la economía. Ecuador no es ajeno a este fenómeno, de hecho, en las últimas décadas los proyectos de desarrollo fueron impulsados con gran vehemencia por los gobiernos de turno, en donde, la expansión de las industrias relacionadas con los hidrocarburos, la minería, el sector agroindustrial y las hidroeléctricas, afectaron las vidas de las poblaciones que habitan estos territorios. En este sentido, las zonas de sacrificio corresponden a territorios indígenas, afrodescendientes, montubios y campesinos, los mismos que poseen un gran valor a nivel ambiental, social, cultural, religioso y económico.
Cuando en estos territorios se presentan proyectos extractivistas, las empresas suelen tener como práctica el despojo de la tierra, del agua y de las formas de vida tradicionales, la contaminación ambiental y afectaciones sociales, lo que provoca -entre otras cosas- conflictos socioambientales, resistencia comunitaria y la ruptura del tejido social. No obstante, en medio de la conflictividad también se erigen grupos de personas que intentan proteger el territorio y los medios de vida. Como se expondrá a lo largo del informe, las personas defensoras suelen gozar de un gran prestigio en sus territorios, ganando el apoyo de organizaciones que impulsan el ejercicio de sus derechos. Al mismo tiempo suelen ser identificadas, señaladas, criminalizadas por las compañías y los gobiernos de turno.
No resulta novedoso que entre las estrategias más comunes de criminalización en Ecuador y toda la región latinoamericana se encuentre el uso indebido del derecho, especialmente a través de los llamados SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), acciones legales utilizadas por grandes corporaciones, que buscan intimidar y silenciar las voces críticas a través de la criminalización. Estos procesos tienen la intención de desgastar a las personas defensoras con largas batallas legales, con altos costos, así como evidentes daños sociales y psicológicos para las personas defensoras. Bajo este tipo de estrategias pueden abrirse investigaciones previas por delitos vinculados a terrorismo, sabotaje, paralización de servicios públicos, rebelión, entre otros. En esta misma línea, se encuentran las demandas civiles, que buscan la intimidación económica de las personas que lideran la resistencia y protección comunitaria de diferentes territorios.
En este orden de cosas y a pesar de gozar con gran prestigio en el territorio, es común que durante la conflictividad socioambiental generada por los extractivismos, las compañías y el propio Estado estigmaticen y difamen a las personas defensoras y a comunidades enteras. Habitualmente los medios de comunicación -con cercanía o afinidad política con los gobiernos de turno- presentan a las personas que desean mantener sus territorios libres del despojo como violentas o en su defecto, las relaciona con grupos criminales cercanos a minería o tala ilegal. Sin embargo, resulta muy llamativo que durante el último régimen presidencial vigente en Ecuador las estrategias para desarticular la organización social son mucho más articuladas. Estas incluyen mecanismos más sofisticados, como son restricciones administrativas, acoso a organizaciones no gubernamentales, que van desde congelamiento de cuentas hasta el cierre temporal o definitivo.
Imágenes tomadas de los artículos publicados en los medios El País (2023) y CNN (2020)
Autoritarismo
Para análisis es preciso entender lo que implica un sistema autoritario: “aquellos con un pluralismo limitado, sin ideologías elaboradas, sin grandes movilizaciones de masas (con episódicas excepciones) y cuyo jefe, o jefes, ejerce el poder dentro de límites fácilmente previsibles” (Linz, 2010). Precisamente, en los últimos años Ecuador se caracterizó por contar con un régimen político que concentra el poder en una sola élite económica, de tal suerte que las libertades civiles y políticas más básicas se han ido suprimiendo sistemáticamente.
Los autoritarismos vigentes en la región no son como las dictaduras clásicas que invadieron el cono sur en el siglo pasado. En su defecto, tienen una forma más dispersa de concentración de poder y un funcionamiento particular. Retomando el concepto acuñado por Linz en 2010, los autoritarismos actuales carecen de una ideología política. De hecho, los autoritarismos de izquierda o derecha tienen muchas semejanzas. Por ejemplo, El Salvador y Nicaragua, tienen al régimen populista de Nayib Bukele y al ex guerrillero José Daniel Ortega respectivamente. Ambos gobiernos altamente represivos, caracterizados por la vulneración de derechos de sus poblaciones (Pérez, 2026).
También se observa que, muchos de los regímenes considerados como autoritarios fueron electos democráticamente y cuentan con el respaldo de un amplio sector de la población, tal es el caso de Ecuador, El Salvador y Argentina (Pérez, 2026). De hecho, en algunos contextos, los regímenes autoritarios son percibidos como la única posibilidad para afrontar situaciones urgentes. En el caso ecuatoriano, el autoritarismo de Daniel Noboa encontró un terreno fértil en los problemas sociales como la inseguridad, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la minería ilegal, entre otros graves problemas.
En el contexto ecuatoriano, el autoritarismo se fue construyendo de forma paulatina y constante, quizás inició en el momento en que, el Estado utilizó su estructura para potenciar las narrativas polarizantes, en las cuales la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado eran el argumento para justificar una serie de excesos por parte de la fuerza pública y de las instituciones del Estado. Lo anteriormente descrito inició el 9 de enero de 2024 , en ese momento el presidente Daniel Noboa proclamó por primera vez en la historia del país un conflicto interno armado. Lo hizo a través del Decreto Ejecutivo No 111. Con el paso de los años esta narrativa se exacerbó, mientras las instituciones que hacían un contrapeso sufrieron un marcado debilitamiento y otras fueron cooptadas.
En 2026 el autoritarismo se evidenció en los permanentes estados de excepción en diversas provincias del país y en las declaraciones de las autoridades nacionales. Las cuales tiene gran legitimidad en un importante segmento de la población, debido al temor frente a los grupos de delincuencia organizada. Al igual que en 2024, esta narrativa fue la excusa perfecta para vulnerar los derechos de poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y así imponer con el miedo, la violencia y actos punitivos, proyectos extractivos con resistencia de larga data.
Imagen tomada de la red social X del Ministrio del Interior.
En medio de este creciente autoritarismo, resulta urgente analizar de manera crítica la situación de aquellos territorios donde se pretende instalar proyectos extractivos. Las personas defensoras del territorio temen la transformación de sus vidas, de las formas de producir, de generar ingresos, de sostener a sus familias. Tienen temor de perder permanentemente la riqueza de sus suelos y la dignidad de su trabajo, les preocupa el desplazamiento forzado hacia otras provincias y ciudades.
El temor es justificado, si se considera que el cambio ofrecido por la minería no tiene marcha atrás, en donde los suelos no se renuevan y los alimentos dejan de ser aptos para el consumo y la venta. La transformación de los territorios en zonas de “sacrificio” para la extracción de materias primas no es alentadora. El tiempo de vida de una mina es relativamente corto y frecuentemente los empleos generados son temporales o en su defecto, las empresas cuentan con personal especializado ajeno a los territorios. Además, gran parte de las ganancias producidas en las zonas de “sacrificio” no se quedan en los territorios, pues, estas deben retornar a los inversionistas. Tampoco se debe olvidar los riesgos que trae consigo la intervención minera de esta magnitud, como aluviones o desbordes de relaveras provocados por las lluvias propias del territorio nacional.
Toma aérea del aluvión registrado en la provincia de Zamora Chinchipe registrado en julio de 2026. Evento relacionado con la minería en esta provincia y las torrenciales lluvias registradas. Imagen tomada de un artículo publicado en el medio Metro.
Lista de referencias
Linz, Juan. Regímenes totalitarios y autoritarios. Vol. 3. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/autoritarismo.htm
Pérez, Lucía. Presentación Claustro del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis (ILAP). Documento de trabajo no publicado, ILAP, 2026.
Fotografía: Ana Benítez, 2025.
En la siguiente publicación el equipo del OCTE hará un recorrido por el panorama regional y la situación de los derechos humanos en las Américas.
La misma población esmeraldeña que sufre el racismo y el empobrecimiento estructural desde hace generaciones, se encuentra organizada para defender sus derechos y medios de vida. Entre las principales entidades podemos situar a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE). La UOCE viene sosteniendo por años un trabajo de formación política y agroecología con jóvenes y mujeres cuyos territorios han sido afectados por las camaroneras y las palmicultoras. También nos encontramos a colectivos como Mujeres de Asfalto, organización que integra a mujeres de la provincia que buscan incidir tejiendo espacios de construcción y deconstrucción feminista, en los que los derechos humanos de las mujeres y su implementación sean exigidos desde la incidencia efectiva con herramientas de innovación política y comunitaria.
La minería informal en Buenos Aires opera desde 2017. La extracción ilegal de oro conlleva una compleja organización social en la que están involcurados, de manera asimétrica, peones ecuatorianos, colombianos y venezolanos, bandas criminales y otros grupos encargados del transporte y el procesamiento del oro. Esta actividad se lleva a cabo en la conocida como mina vieja, área concesionada a la empresa australiana Hanrine, una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en Buenos Aires. La minería informal trae consigo también formas de violencia mafiosas que pasan por la extorsión, los asesinatos y amenazas a aquellas personas que disputan las rentas generadas o a las que se oponen directamente a su presencia en Buenos Aires. Además, esta minería tiene efectos destructivos también en el propio tejido comunitario local, debido a que estimula el involucramiento de no pocas familias, quienes les proveen de servicios e insumos. De esta manera, la población queda polarizada alrededor de la minería informal, generándose conflictos que terminan con el grado relativo de cohesión social existente hasta entonces.
Buenos Aires está situada en el norte de la provincia de Imbabura, colindando con Esmeraldas, por detrás del volcán Cotacachi. Existen varias formas de llegar a esta parroquia, a pesar de su difícil acceso. La principal parte de una desviación a la altura del puesto de control de la policía en el KM de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Con todo, también se puede llegar por Urcuquí, la cabecera cantonal, y por caminos no carrozables cruzando los páramos de El Piñan. La formación de la cabecera parroquial comenzó en 1912, con la llegada de personas procedentes de Cahuasqui que huían de las condiciones de explotación y sometimiento impuesto por el sistema de haciendas. La parroquia se constituye como tal en 1941.
La empresa responsable por el proyecto el Domo es la minera Curimining. Sus accionistas son empresas mineras canadienses. La concesión del proyecto abarca alrededor de las 1500 hectáreas. Curimining planea extraer oro y cobre principalmente. Debido a la cantidad de minerales existentes, la concesión está catalogada bajo el régimen de mediana minería. Este proyecto es considerado uno estratégico por parte de las élites estatales a la hora de apuntalar a la minería como uno de los vectores principales de obtención de divisas, con la tendencia a la caída de las exportaciones petroleras.
Las Naves es un cantón con una producción agrícola campesina increíblemente diversificada. En sus fincas, las familias producen, entre otros, cacao, naranja, verde, banano, café, caña y limón. Además, crían ganado para carne y algunos productores han implementado proyectos turísticos, especialmente en las zonas de bosque, alrededor de cascadas y ríos.
La producción agropecuaria de Las Naves se ve beneficiada también por la relativa disponibilidad de tierras, por la fertilidad de sus suelos y por el clima favorable. Adicionalmente, y a diferencia de otras zonas rurales del país, los jóvenes campesinos de Las Naves tienden a quedarse trabajando con sus familias, dado que, la agricultura aún es un medio de vida que ofrece dignidad y perspectivas de futuro. No obstante, esta diversidad productiva está amenazada por la minería. La instalación del proyecto El Domo trae consigo el alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua del cantón, lo que supondría un duro golpe para la continuidad de los medios de vida de gran parte de su población.
La ocupación del cantón de Las Naves es relativamente reciente. En ella confluyen diversos procesos históricos, entre los que destacamos la llegada de migrantes procedentes de las zonas altas de la sierra que salieron en busca de tierras para el cultivo a partir de la década de 1960. A Las Naves también llegó población oriunda de la costa en la segunda mitad del siglo XX que buscaba nuevos espacios en los que asentarse. Fue reconocido como cantón en 1992.
Por otro lado, la minería también tiene antecedentes históricos reseñables en la región. En la década de 1990 la empresa Rio Tinto realizó varias exploraciones del potencial minero. Esta experiencia marcó un precedente, la empresa fue expulsada de las zonas en las que había incursionado y algunos de los líderes que encabezaron esa resistencia siguen presentes en la oposición al proyecto Curipamba – El Domo.
Las Naves es un cantón perteneciente a la provincia de Bolívar, ubicada en la sierra centro del país. Está situado en las faldas occidentales de Los Andes, y cuenta con un clima subtropical, con mucho calor y humedad. El cantón colinda también con la provincia de Los Ríos.
El proyecto minero pretende emplazarse en la zona alta, en una de las montañas más icónicas del cantón, conocida como El Domo. De este lugar nacen diferentes ríos que abastecen de agua a la población para su consumo y para el sostenimiento de la producción agrícola campesina no solo de Las Naves, sino también de Los Ríos.
