Introducción
El pasado 3 de marzo de 2026, en el marco de la 61va sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Relatora Especial sobre la situación de personas defensoras de Derechos Humanos Mary Lawlor, presentó el informe temático titulado “Defender la dignidad y reivindicar los derechos: personas defensoras de los derechos humanos se aferran a los valores universales mientras otros los abandonan”. En el informe Mary Lawlor puso en evidencia las motivaciones que subyacen a la labor de defensa de los derechos humanos a nivel mundial:
[…] los defensores de los derechos humanos no comienzan su labor porque sean personas comprometidas con la “ideología occidental”, “antidesarrollistas”, “extremistas” o “terroristas”, como se las suele acusar, sino como consecuencia de injusticias vividas en sus propios países y de su creencia en la dignidad de todas las personas. Esta labor tiende a continuar si la injusticia se enquista, cuando sus Gobiernos no rinden cuentas ni ponen fin a violaciones generalizadas […]
(Informe Relatora Especial Mary Lawlor, 2026).
En el mismo informe presentado a principios de 2026 se resalta que, la labor de las personas defensoras es cada vez más riesgosa, especialmente porque se cuestionan intereses económicos, políticos y a las estructuras de poder enlazadas. En el informe se presentan cifras de 2024, en donde al menos 625 personas defensoras murieron o desaparecieron, una cifra histórica para el registro de Naciones Unidas.
La complejidad que subyace la defensa de derechos humanos en la región latinoamericana, se suman nuevas problemáticas como son la crisis de seguridad; los grupos de delincuencia organizada; el incremento de las muertes violentas; el sostenido deterioro de la democracia o recesión democrática (Bolopion, 2026); así como de las garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos; los discursos polarizantes; y, la marcada tendencia a construir políticas públicas que restringen libertades civiles.
En Ecuador esta realidad toma un sentido mucho más sombrío si se analiza el número de homicidios intencionales y la desaparición de personas. De acuerdo con información publicada por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) , en 2024 el número de personas asesinadas ascendió a 6.582; mientras que, en 2025 los homicidios intencionales ascendieron a 9.216 personas, lamentablemente un récord histórico (González y Celi, 2026).
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio del Interior, desde el 2023 el país registra mensualmente un promedio de 600 casos de personas desaparecidas. A pesar de que el número de denuncias de desapariciones se estabilizó en 2026 “los indicadores más críticos -víctimas halladas sin vida y, sobre todo, personas que aún siguen sin ser localizadas- reflejan un deterioro sostenido” (García, 2026). Estas cifras llevaron a que a inicios de 2026 Ecuador se posicione en el sexto lugar de los países más peligrosos a nivel mundial de acuerdo con la organización Datos y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) .
En cuanto al número de personas asesinadas en el primer trimestre de 2026, se registró un descenso del 12% en comparación con el mismo período en 2025. De acuerdo con información provista por la Policía Nacional “el país registra 1.642 homicidios intencionales entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2026, frente a los 1.881 reportados en el mismo periodo de 2025” (Ortiz, 2026). Aunque la cifra haya disminuido en más de doscientas muertes, la violencia en las calles del Ecuador es la norma. Por supuesto, estos datos son representativos, especialmente si se considera que los contextos extractivistas atraen a grupos de delincuencia organizada (como en el caso de la parroquia rural La Merced de Buenos Aires y el cantón Ponce Enríquez). Por tanto, la crisis de seguridad que afronta el país y la narrativa Estatal de “guerra contra el narcotráfico”, incrementa exponencialmente las dificultades y los riesgos para ejercer la defensa del territorio, los derechos humanos y de la naturaleza.
El enfoque de mano dura contra la delincuencia resultó funcional para los intereses estatales, pues, permitió ampliar los márgenes de intervención coercitiva, mientras se refuerzan las lógicas de control territorial, entrando en tensión con las legítimas luchas sociales. Lo que resulta especialmente problemático en aquellos territorios donde convergen intereses extractivos, cuyos proyectos suelen superponerse con zonas agrícolas, de gran valor ambiental, pero, que son espacios territoriales en donde las economías ilegales tienen oportunidad de expandirse, generar nuevas lógicas y transformar -negativamente- las formas de vida tradicionales.
En medio de esta conflictividad las personas defensoras son percibidas como obstáculos para el desarrollo de estas actividades económicas basadas en la extracción. Además, corren el riesgo de ser estigmatizadas o erróneamente vinculadas a dinámicas criminales, dando lugar a procesos de criminalización e incluso a la producción de falsos positivos . En resumen, la convergencia entre violencia criminal, intereses extractivos y respuestas estatales punitivas no solo debilita las garantías de protección, sino que incrementan los riesgos mortales para quienes defienden derechos, al situarlos en una posición de especial vulnerabilidad frente a múltiples formas de violencia.
Es importante mencionar que, la desaparición y muerte de personas defensoras no ocurre de manera espontánea, en su defecto, está se conecta directamente con los procesos de criminalización, pues, las coloca en situaciones de mayor vulnerabilidad y exposición a múltiples violencias. El término criminalización se refiere al uso indebido del derecho penal, de la fuerza pública o de los procedimientos administrativos con el fin de intimidar, sancionar o deslegitimar a personas defensoras, colectivos u organizaciones que ejercen su derecho legítimo a defender derechos humanos, territoriales o ambientales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define criminalización así:
[…] El uso del poder punitivo del Estado -a través de procesos penales infundados, detenciones arbitrarias o medidas cautelares desproporcionadas- con el fin de obstaculizar, castigar o deslegitimar la labor de defensa de los derechos humanos […] (CIDH, 2015).
Por su parte, la Relatoría Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos menciona que la criminalización se manifiesta en el uso del derecho penal para desacreditar a quienes ejercen la defensa de derechos, especialmente mediante acusaciones falsas, cargos penales infundados, procesos dilatados y restricciones judiciales que buscan desalentar su labor (Informe Relator Especial Michel Forst, 2019).
En un pronunciamiento emitido a inicios de julio de 2025, la organización FLD informó a la opinión pública que en Ecuador al menos 29 defensores ambientales fueron procesados penalmente por delitos de asociación ilícita, ataque o resistencia, utilizando el sistema de justicia para criminalizar la protesta dirigida en contra de proyectos mineros. Según este pronunciamiento, algunos tribunales emitieron condenas sin pruebas sólidas en medio de una presión empresarial y falta de independencia judicial (FLD, 2025).
Ecuador: criminalización de personas defensoras en un contexto extractivo
Considerando el concepto de criminalización de personas defensoras, así como el contexto nacional y el panorama extractivo del país, es oportuno analizar los procesos de criminalización acontecidos en el cantón Las Naves en la provincia de Bolívar, todos ellos vinculados a la imposición arbitraria e inconsulta del proyecto minero Curipamba Sur. Bajo esta perspectiva y frente a las posibles afectaciones sociales, ambientales y económicas provocadas por la actividad minera, la población de Las Naves optó por la organización social, la protesta y la resistencia pacífica. A pesar de contar con las garantías constitucionales para ejercer estos derechos, a partir de 2021 el Estado ecuatoriano recurrió al derecho penal para sancionar la defensa territorial, criminalizando a las personas que lideraban la resistencia comunitaria.
De acuerdo con información proporcionada por CEDHU, hasta mediados de marzo de 2026 el número de personas criminalizadas en el cantón Las Naves ascendía a veinte y cuatro (de las cuales el 75% eran hombres). Es importante señalar que, antes del 2021 las personas investigadas y procesadas, no tenían ningún litigio penal en su contra, en algunos casos tan solo tenían demandas civiles. Resulta lógico pensar que la apertura de investigaciones en contra de personas defensoras respondía al gran impulso que tuvo el proyecto minero Curipamba Sur en 2021, año en el que las autoridades del MAATE otorgaron la Autorización para la Modificación del Régimen de Minería de Pequeña a Mediana.
Como legítima respuesta al avance del proyecto Curipamba Sur, las personas que habitan el cantón Las Naves realizaron múltiples actividades, todas ellas en ejercicio de derechos como el de asociación, reunión, protesta y resistencia. A lo largo de esta publicación se encuentra información cuantitativa sistematizada acerca de los delitos atribuidos a las personas defensoras, así como los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el número de referencia de los procesos, el número de personas involucradas en las imputaciones, y, un pequeño resumen del avance en las investigaciones previas y juicios.
Es ampliamente difundido que la labor de protección expone a las personas defensoras de derechos a largos procesos de criminalización. Al analizar la información cuantitativa presentada en la tabla que precede, se identificaron algunos patrones desde octubre de 2021 hasta mediados de marzo de 2026:
Entre las imputaciones de delitos en contra de personas campesinas del cantón Las Naves se encontraron al menos ocho figuras penales: violación a la propiedad privada; asociación ilícita; daño a bien ajeno; secuestro; robo; ataque y resistencia; lesiones; e intimidación. En la gran mayoría de casos, los delitos imputados cuentan con penas privativas de la libertad que van desde los dos meses hasta los cinco años, con excepción de las figuras robo y secuestro, en ambos casos podrían tener penas más extensas, dependiendo de los agravantes.
Por ejemplo, el secuestro en Ecuador es un delito grave con penas que varían según la modalidad y agravantes. De acuerdo al artículo 161 del COIP, el secuestro simple está sancionado con la privación de la libertad de 5 a 7 años; mientras que; el secuestro extorsivo se sanciona con la privación de la libertad de 13 a 17 años (Artículo 162 del COIP) y la privación de la libertad puede extenderse entre 22 y 27 años si la víctima muere.
Actualmente existen 12 procesos abiertos, de los cuales la figura penal que se registra con mayor frecuencia es violación a propiedad privada (en tres ocasiones). En los 12 procesos abiertos en contra de personas campesinas se encuentran criminalizadas 24 personas. Al respecto, se advierte que, una sola persona tenga varios procesos abiertos al mismo tiempo, por ejemplo, un campesino de la comunidad Buenos Aires presenta hasta cuatro procesos abiertos de forma simultánea.
Por otro lado, se pone de manifiesto el siguiente patrón: de los 12 procesos abiertos tres tuvieron como acusador a la compañía Curimining. Los procesos en referencia son los siguientes: 02334-2022-00170 por el delito de violación a la propiedad privada; 02334-2023-00052 por el delito de asociación ilícita; y, 12281-2022-00492 por el delito de daño a bien ajeno.
Mientras que, cuatro tuvieron como acusador a un miembro de la comunidad. Los procesos en referencia son: 12281-2022-00258 por lesiones; 02334-2022-00170 y 12281-2022-00471 ambos por violación a la propiedad privada; y, 02224-2025-00413 correspondiente a contravención.
Los 7 casos de criminalización que involucran a familias campesinas de Las Naves cuentan con el patrocinio del mismo estudio jurídico. Resulta llamativo que tanto Curimining como los miembros de la comunidad compartan una representación legal de ese nivel, especialmente si se consideran los costos que implica sostener una querella en el tiempo y más aún de esa categoría.
De las 24 personas criminalizadas 4 fueron sentenciadas en primera instancia. De estas una fue declarada culpable oralmente, y, la defensa técnica que acompaña este proceso se encuentra a la espera de la sentencia escrita para solicitar la apelación. En el caso de las apelaciones realizadas hasta el momento, en dos ocasiones se ratificó la sentencia de culpabilidad en segunda instancia. Por tal motivo, una persona acusada por el delito de lesiones fue privada de la libertad por dos meses. También se destaca que, de las apelaciones realizadas hasta marzo de 2026, tan solo en una ocasión se reconoció la inocencia. Actualmente, la defensa técnica se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, instancia que tiene la competencia para ratificar o no la condena.
En cuanto al llamado timing de los procesos penales abiertos en 2021, se observó que, varios casos se reactivaron en 2023 con el llamamiento a juicio y coincidiendo con la instalación de la primera consulta ambiental realizada por el antiguo MAATE en marzo de 2023. Bajo esta misma lógica, el 2025 fue un año de gran actividad para las familias que viven en los recintos Jerusalén y Buenos Aires del cantón Las Naves.
En marzo de 2025 se registraron los primeros problemas de contaminación del sistema de agua construido por los socios y socias de la Junta Administradora de Agua de Jerusalén, provocados por la incursión minera. En este mes Curimining empezó a descapotar El Domo, mientras se realizaban detonaciones en la parte alta del mismo cerro -lugar donde se ubican las fuentes de agua que abastecen al sistema-. Los trabajadores de la compañía repitieron el mismo proceso en la zona de Selva Alegre, contaminando las fuentes de agua que servían a los sectores de Pasaje, Industria, Guabito y Barranco.
Posteriormente, en junio de 2025 el conflicto se reactivó, la empresa Curimining, empezó a utilizar una de las vías comunitarias que comunicaban al recinto La Unión con el cantón Las Naves. De acuerdo con declaraciones de personas vecinas del sector, la vía de segundo orden fue construida por las familias que habitan la zona. Por tanto, su uso se limitaba al transporte de personas y productos agrícolas locales. La situación cambió a partir de junio, cuando grandes volquetas y otros vehículos de Curimining empezaron a circular por el sector, esto a pesar de las evidentes limitaciones de la vía para recibir vehículos de gran envergadura. De acuerdo a testimonios recogidos por CEDHU, este cambio en la dinámica generó preocupación en los residentes, anteriormente la vía soportaba el movimiento de camionetas y motocicletas. A su criterio una vía de segundo orden no está preparada para recibir a otro tipo de vehículos.
Como respuesta a la incursión en el territorio, las familias de La Unión se organizaron para evitar la circulación de esta clase de vehículos. A pesar de que las medidas de hecho implementadas fueron pacíficas, el Estado intervino a favor de la compañía minera, desplegando a sus agentes policiales y militares en el territorio. De acuerdo con testimonios obtenidos en las comunidades afectadas, la Policía Nacional actuaba en coordinación con guardias privados contratados por Curimining.
Durante los operativos se desalojó a las familias campesinas y se quemó una cabaña que la comunidad había construido. A pesar de la evidente diferencia de poder entre la comunidad y los agentes del orden se intentó retratar a las personas opuestas a la incursión minera como personas violentas opuestas al desarrollo. Al finalizar junio de 2025 se abrió el proceso de investigación previa No 02070182506022 en contra de cuatro personas por el delito de robo (dentro de la investigación previa No 020701825060022, con fecha 30 de junio de 2025). Empezando así un nuevo ciclo de criminalización.
Entre 2025 y 2026 varios procesos iniciados en 2021 tuvieron avances significativos, incluso se emitieron sentencias. En esta ocasión la reactivación de los antiguos procesos coincidió con la fase de explotación minera. Por supuesto, las condenas privativas de la libertad en primera y segunda instancia son parte de una estrategia mucho más amplia que busca disuadir a líderes y lideresas que aún impulsan procesos de defensa del territorio y del agua. Los procesos de criminalización para las personas defensoras de derechos no concluyen con la emisión de sentencias, pues, se extienden al plano personal y comunitario. En muchas ocasiones la economía familiar se ve sumamente afectada después de enfrentar este tipo de litigios, el tiempo invertido en la defensa hace que el trabajo en el campo pase a un segundo plano, a la vez que los gastos se multiplican.
Adicionalmente, la entrada de compañías extractivas en los territorios no solo transforma las dinámicas socioeconómicas y ambientales, en su defecto, produce irreparables rupturas en el tejido social. Se introducen lógicas de negociación, compensaciones y ofertas laborales que, en última instancia generan tensiones y divisiones, mientras se establecen relaciones asimétricas entre quienes aceptan la actividad minera y quiénes intentan proteger sus territorios. Sin duda, la fragmentación social, es una ventana de oportunidad para los proyectos extractivos, porque a través de las denuncias y procesos judiciales, se pierden de vista las disputas más amplias que se enfrentan en los territorios.
Mientras esto ocurre, se reproducen discursos estigmatizantes que atentan en contra de la honra y el prestigio de personas defensoras, por expresar públicamente su oposición a la explotación minera en su territorio y organizar protestas pacíficas en contra de las decisiones estatales impuestas de manera arbitraria y que acarrearán la destrucción de sus formas de vida campesina. Por ejemplo, la cabeza del estudio jurídico que acompaña los procesos impulsados tanto por Curimining como por algunos miembros de la comunidad, es uno de los principales promotores de la estigmatización de las personas defensoras de territorio al expresar públicamente las siguientes ideas:
[…] El crimen organizado asalaria a un grupillo de delincuentes, les entrega armas y explosivos y les hace llamarse “grupos ecologistas” […] Los entrenan en guerra de guerrillas y empieza la masacre […] Estas empresas traen dinero de afuera para invertir aquí. Compran camionetas, camiones, materiales, tierras, etc. Pero duran poco, porque los guerrilleros bajan de las montañas e incendian todo, con o sin humanos adentro. Son ecologistas que lanzan gasolina y explosivos en media selva. Y claro, las lesiones, la destrucción a la propiedad privada, los asesinatos, las amenazas, etc. llegan a Fiscalía. ¿Pero a cuál Fiscalía? A la más cercana de los hechos. ¿Y saben quiénes son los fiscales, secretarios y ayudantes de esas fiscalías? Los vecinos de los guerrilleros. Por eso, nadie se atreve, ni desde la justicia, a mover un dedo […] (Rodríguez, 2022 recogido en Primicias).
Referencias bibliográficas
Bolopion, Philippe, “¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpiano? Los avances autoritarios amenazan el orden basado en normas” en Informe Mundial 2026, Human Rights Watch, 2026, https://www.hrw.org/es/world-report/2026
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2015. Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Defensa de la dignidad y reivindicación de derechos: los defensores de derechos humanos se reafirman en los valores universales mientras otros le dan la espalda. Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor. A/HRC/61/40. Ginebra: Naciones Unidas, 23 de febrero de 2026. https://docs.un.org/es/A/HRC/61/40
Front Line Defenders (FLD). 2025. Global Analysis 2024/25. https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/1609_fld_ga24-5_output.pdf
García, Alexander, “Ecuador registra una media de 600 denuncias por desaparición de personas al mes | Este es el desafío cuando interviene el crimen organizado”, Primicias, 2026, https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-personas-desaparecidas-desafio-intervencion-crimen-organizado-119126/
González, Mario, y Celi Estefanía, “El año más violento de Ecuador: 9.216 homicidios en 2025”, Primicias, 2025, https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-homicidios-asesinatos-violencia-crimen-organizado-2025-114304/
Ortiz Sara, “Ecuador registra un descenso del 12 % de asesinatos en el primer trimestre de 2026”, Expreso, 2026, https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-registra-un-descenso-del-12-de-asesinatos-en-el-primer-trimestre-de-2026-277687.html
Rodríguez, Felipe, “¿Quieren invertir en Ecuador? Inviertan en guerrillas”, Primicias, 2022, https://www.primicias.ec/noticias/firmas/quieren-invertir-ecuador-inviertan-guerrillas/#.Yt16UQeASxw.twitter
En la siguiente publicación el equipo del OCTE analiza como se hace uso del tipo penal de secuestro como mecanismo de criminalización en el cantón Las Naves. Disponible en el enlace:
