Amazonía: conflictividad generada por la devastación petrolera
Con la aprobación del decreto 754 en mayo de 2023, el gobierno de Guillermo Lasso trató de reglamentar los procesos de consulta ambiental para agilizar la emisión de las licencias en favor de las empresas mineras. Esta aprobación se dio además con la asamblea disuelta, sin las debidas garantías.
La aprobación generó un gran malestar en las organizaciones sociales. La CONAIE presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, argumentando que el decreto viola el derecho a la participación y consulta de las comunidades. La Corte, tras haber admitido la demanda y haber suspendido provisionalmente el decreto, declaró su inconstitucionalidad en noviembre de 2023 por transgredir el principio de reserva de ley, estableciendo que la regulamentación del derecho a la consulta tiene que realizarse mediante ley orgánica.