Introducción
De acuerdo con información disponible en el tercer informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas elaborado por CIDH, en 2025 persistían los patrones de violencia, criminalización e impunidad como amenazas sistemáticas a la labor de quienes defienden derechos. En este mismo documento se mencionó que los desafíos para la región todavía son profundos, especialmente si se considera que muchos Estados no han implementado políticas integrales para proteger a las personas defensoras.
En este sentido, una de las principales preocupaciones que recoge la CIDH es la falta de investigación y sanción a los agresores, ya sean personas, empresas u otro tipo de actores presentes en los territorios. La CIDH advierte que la impunidad se mantiene como una causa estructural de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y que no basta con declarar su protección, sino que es imprescindible contar con mecanismos estatales robustos, efectivos y sostenidos en el tiempo.
En su tercer informe, la CIDH se refiere al gran número de solicitudes de medidas cautelares1 presentadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por personas o grupos de personas que enfrentaron graves riesgos durante el 2025. La Comisión informó que recibió 1969 solicitudes y aclaró que:
[…] ese número representa un incremento de 557 solicitudes más que las recibidas en el año anterior, casi el 40%. Se trata de un número récord de solicitudes de medidas cautelares recibidas […] en 2025, las solicitudes aumentaron aproximadamente un 66% en comparación con el volumen medio anual observado entre 2020 y 2024 […] (CIDH, 2026).
Durante el último año la CIDH observó un aumento general en las solicitudes recibidas, aunque, El Salvador tuvo el mayor incremento con el 208,3%, seguido por Cuba 166,6% y Argentina con 113,4%. A pesar de que estos tres países lideraron el crecimiento en términos porcentuales, también se observó incrementos significativos en Brasil, Venezuela, así como en Estados Unidos y Guatemala (CIDH, 2026).
La CIDH también apuntó hacia la necesidad de incorporar un enfoque interseccional en las políticas de prevención y respuesta, lo que implica reconocer que los riesgos no afectan a todas las personas defensoras por igual, sino que se agravan en la convergencia de condiciones como el género, la pertenencia étnica o racial, la orientación sexual, el territorio o la situación socioeconómica. Las mujeres defensoras, las personas indígenas, afrodescendientes y quienes defienden derechos en contextos rurales o extractivos son ejemplo de esta realidad, pues, enfrentan formas muy específicas de violencia.
Como se mencionó previamente, el verdadero reto a nivel regional radica en el fortalecimiento de las políticas públicas de protección, así como de la consolidación de mecanismos nacionales e internacionales para garantizar que las personas defensoras no sean expuestas a la violencia estructural; y, que, en el mejor de los casos, los sistemas de justicia no estén cooptados para que la impunidad deje de ser la norma.
En cuanto al número de personas defensoras asesinadas a nivel regional en 2024, FLD advirtió que América Latina concentró cerca del 80% de los casos a nivel mundial, con al menos 257 asesinatos registrados. Esta tendencia no es reciente, de hecho, Global Witness informó que, desde 2012 se reportaron más de 2.200 asesinatos en el mundo. Lamentablemente, países de la región latinoamericana encabezan la lista. Así mismo, se informó que, los asesinatos -habitualmente- ocurrían en medio de economías extractivas, expansión de grupos de delincuencia organizada y disputas por el territorio.
Por su parte, Global Witness informó que Colombia tenía la cifra más alta del continente con 48 personas asesinadas; seguida por Guatemala con 20 asesinatos, muchos vinculados a conflictos territoriales y a la persecución de líderes comunitarios (Manzoor, 2025). En México se documentó 18 asesinatos relacionados principalmente con disputas por el control de recursos naturales y la presencia de economías criminales. En Brasil fueron asesinadas 12 personas defensoras en un contexto marcado por presiones sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Finalmente, en el último informe de Amnistía Internacional, en Perú se reportó al menos dos asesinatos de defensores indígenas y territoriales (Amnistía Internacional, 2026).
El Salvador, es un caso muy particular, pues, el modelo represivo impulsado por Nayib Bukele desde 2019 se encuentra consolidado. Los Estados de Excepción son permanentes, así como las “detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas” (Amnistía Internacional, 2026). En los informes consultados para este documento, no se identificó personas defensoras asesinadas durante el 2025 en El Salvador, pero, al igual que en otros países de la región se aludió a la intensificación de “la criminalización selectiva de personas defensoras y voces críticas mediante el uso instrumental del sistema penal” (Amnistía Internacional, 2026).
Ecuador
Durante el 2025 Ecuador no figuró entre los países con mayor número de personas defensoras asesinadas a nivel regional. Al igual que en el caso salvadoreño si existieron denuncias de “hostigamiento, estigmatización, persecución y criminalización” (Amnistía Internacional, 2026). Sin perjuicio de aquello, hay que señalar el asesinato de Robinson Del Pezo, un periodista digital oriundo de la provincia de Santa Elena, quién a través de su medio digital denunciaba hechos relacionados a “contratación pública, obras inconclusas y presuntas irregularidades en la administración local. Sus publicaciones, dirigidas principalmente a la fiscalización de las autoridades del cantón La Libertad y de la provincia de Santa Elena, se caracterizaban por un tono frontal, directo y persistente” (Fundamedios, 2026). Debido a esta labor periodística el 20 noviembre de 2025 del Pezo fue víctima de un sicariato. Para entender el asesinato del comunicador comunitario Robinson del Pezo, hay que conocer algunos datos sobre Santa Elena:
[…] entre 2020 y junio de 2025, la tasa de muertes violentas en la provincia aumentó un 1126%, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Interior y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. A ello se suma el crecimiento del control territorial vinculado al narcotráfico y el aumento de la extorsión o “vacuna”, que subió un 83% entre 2023 y 2024. En este entorno de violencia y fragmentación institucional, el conflicto por la tierra y los contratos públicos se ha convertido en el eje central de la disputa política y económica […] (Fundamedios, 2026).
El asesinato del comunicador Del Pezo en noviembre de 2025 no debe interpretarse como un hecho aislado en la provincia de Santa Elena, pues, en junio de 2026 se conoció del deceso de otra activista que también denunciaba hechos de corrupción pública en esta provincia: Monika Silva.
Continuando con la línea temporal, el 24 de febrero 2026 fue asesinado el defensor del agua y el territorio Manuel Cabrera, quién vivía en el cantón El Guabo, perteneciente a la provincia de El Oro. De acuerdo con publicaciones periodísticas Cabrera fue asesinado por proteger una pequeña reserva de bosque estratégica para la provisión de agua en su provincia, oponiéndose al proyecto minero El Paraíso del cual actualmente se extrae oro y plata (Alvarado, 2026). La empresa minera dueña de la concesión es El Paraiso S.A. Minelparsa originaria de Ecuador. La labor de Cabrera como defensor del agua y la naturaleza estuvo marcada por presiones persistentes, ofertas para la compra de su tierra e incluso intimidaciones por parte de actores vinculados a intereses mineros, en un contexto de débil respuesta institucional (Alvardo, 2026).
Posteriormente, el 8 de junio de 2026 la activista de origen polaco Monika Silva fue hallada muerta en su casa ubicada en Montañita, provincia de Santa Elena. De acuerdo con reportajes periodísticos Silva “era presidenta de la Fundación La Integridad, una organización enfocada en la promoción de la transparencia, el control social y participación ciudadana, y había denunciado casos de presunta corrupción, conflictos por la propiedad de tierras, irregularidades administrativas y asuntos ambientales en Santa Elena” (BBC, 2026). En varias ocasiones Silva “denunció ventas irregulares de tierras, nepotismo en la Contraloría, gestión pública en Santa Elena” (Bermeo, 2026). Entre las denuncias realizadas por la activista destacaba la relacionada con el asesinato del periodista comunitario Robinson Del Pezo.
Frente a este acontecimiento, el gobierno nacional a través de su vocero el ministro Interior, John Reimberg, afirmó que la hipótesis inicial del caso era un suicidio. Sin embargo, el 10 de junio el Consul de Polonia en Lima solicitó al gobierno ecuatoriano que se investigue la muerte de la activista. A través de un comunicado oficial el Consul de la República de Polonia manifestó su preocupación por esta muerte y expresó: “la importancia de la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de todas las personas activas en el ámbito de la sociedad civil” (Embajada de la República de Polonia en Lima, 2026).
Por su parte, la UE solicitó al gobierno ecuatoriano que se realice una “investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y garantizar la rendición de cuentas” (BBC, 2026). CIDH exigió una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, además, exhortó al Estado a “esclarecer las circunstancias de su muerte, incluyendo entre sus líneas de investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción” (CIDH, 2026).
De acuerdo a un reportaje periodístico, el 15 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad solicitó a Polonia y Argentina apoyo para esclarecer el fallecimiento de Monika Silva (El Comercio, 2026). El 19 de junio se reportó que, los resultados del informe forense señalaban que las lesiones encontradas en el cuerpo eran “incompatibles con un suicidio […] Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) […] aseguró que los hallazgos periciales apuntan a una muerte violenta” (Lino, 2026). El 7 de julio de 2026, un funcionario de la Fiscalía polaca a cargo de la investigación “informó a la AFP que la activista fue probablemente víctima de un asesinato” (Primicias, 2026).
Por otro lado, es importante mencionar los asesinatos de dos personas defensoras registrados en el país. En noviembre de 2021 Víctor Guaillas fue víctima de una de las tantas masacres carcelarias ocurridas en Ecuador. Guaillas era un agricultor de 50 años, vivía cerca del proyecto minero Río Blanco y al igual que muchos otros campesinos “fue parte de un proceso organizacional comunitario que inició hace más de 30 años para defender de la minería […] cantón Cuenca” (Arellano, 2021). En octubre de 2019 Guaillas participó en el paro nacional. En ese momento fue aprehendido y acusado del delito de sabotaje. Después de un proceso judicial, recibió una sentencia de cinco años de prisión. Guaillas tenía una discapacidad auditiva.
Posteriormente, en febrero de 2023, se registró la muerte de Eduardo Mendúa, dirigente indígena de la nacionalidad A’i Cofán. De acuerdo con información proporcionada por el Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), Mendúa vivía junto a su familia en la comunidad Milenio, ubicada a orillas del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos. El líder era conocido por oponerse a la extracción petrolera en su territorio.
El asesinato de Mendúa profundizó las discrepancias preexistentes por la actividad petrolera al interior de la nacionalidad A’i Cofán. A pesar de que varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron el caso, su asesinato continúa impune. De hecho, en octubre de 2024 se registraron nuevas amenazas dirigidas a la familia de Eduardo Mendúa, quienes intentaban mantener su legado de político y social.
Los asesinatos de Silva y Cabrera en 2026, Del Pezo en 2025, de Mendúa en 2023 y Gualle en 2021 no son hechos aislados de violencia, en su defecto, se inscriben en un patrón más amplio de criminalización y vulnerabilidad de personas defensoras frente a economías extractivas, de procesos judiciales y corrupción. Al igual que en toda la región Latinoamericana, ponen en evidencia la falta de medidas estatales para prevenir ataques y garantizar la protección integral de quienes protegen derechos. En su defecto, el aparato estatal es instrumentalizado para intimidar y desarticular procesos organizativos, incrementando el riesgo para quienes defienden derechos.
El objetivo de este informe es visibilizar la criminalización de personas defensoras en el cantón Las Naves. Como veremos a lo largo del documento, durante el 2025 se produjeron allanamientos, daños a bienes y afectaciones a familias campesinas. Adicionalmente, las fuerzas del orden reprimieron a la población mientras ejercía su legítimo derecho a la resistencia. Por supuesto, este no es un conflicto exclusivo del cantón Las Naves, la situación se repite en otros territorios, como en las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado de la provincia de Cotopaxi.
Nota al pie:
1 Este es un mecanismo de protección ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el cual esta solicita a un Estado que proteja a uno o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.
Lista de referencia
Amnistía Internacional. 2026. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/
Arellano, Astrid. “Víctor Guaillas: el defensor del agua y los páramos que fue asesinado en la cárcel mientras esperaba su liberación”, Mongabay, 2021, https://es.mongabay.com/2021/12/victor-guaillas-defensor-del-agua-y-paramos-asesinado-en-ecuador/
BBC News Mundo, “Quién era Monika Silva Koniuszek, la activista polaca hallada muerta en Ecuador (y por qué la fiscalía pide ayuda internacional para la investigación)”, 2026, https://www.bbc.com/mundo/articles/cy5vl9wl6ngo
Bermeo, Cindy, “Monika Silva: una muerte en medio de alertas sobre derechos cívicos” Lupa Media, 2026, https://lupa.com.ec/explicativos/monika-silva-activista/
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2025. Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf
El Comercio, “Caso Monika Silva: Fiscalía polaca apunta a “probable” asesinato”, 2026,
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/caso-monika-silva-fiscalia-polaca-apunta-probable-asesinato/
Embajada de la República de Polonia en Lima. “Fallecimiento de la ciudadana polaca Monika Silva”. Facebook. 10 de junio de 2026. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1448751770621198&set=a.332817312214655&locale=es_LA
Fundamedios, “Un crimen contra la palabra: Informe sobre el asesinato de Robinson del Pezo”, 2026, https://fundamedios.org.ec/un-crimen-contra-la-palabra-informe-sobre-el-asesinato-de-robinson-del-pezo/
Lino, Joffre, “Caso Monika Silva: informe forense revela “existencia de lesiones incompatibles con un suicidio””, Expreso, 2026, https://www.expreso.ec/justicia/caso-monika-silva-informe-forense-revela-existencia-lesiones-incompatibles-suicidio-286334.html
Primicias, “Esto dice la fiscalía de Polonia sobre la muerte de Monika Silva en Montañita”, 2026, https://www.primicias.ec/seguridad/muerte-monika-silva-fiscalia-polonia-asesinato-montanita-ecuador-127313/
Manzoor, Umar, “146 Land and Environmental Defenders Killed or Disappeared in 2024”, 2025, https://www.ipsnews.net/2025/09/146-land-and-environmental-defenders-killed-or-disappeared-in-2024/
En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan un anális sobre el derecho internacional y sus efectos en la garantía de derechos humanos
Imagen tomada del sitio web de la BBC NEWS.
