Fotografía: Juan Ortega, 2024
La invisibilización de la violencia en contra de familias campesinas: los discursos oficiales
A pesar de que un juez suspendió provisionalmente la consulta ambiental en el territorio, el 26 de marzo de 2024 los agentes del orden se mantuvieron en las parroquias y nuevamente se registraron violentos incidentes. En el recinto La Florida que forma parte de la parroquia Palo Quemado aproximadamente a las 11:30 am un comunero recibió un impacto de perdigón en el rostro. De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, el perdigón fue disparado por uno de los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Esta persona recibió primeros auxilios en el centro de salud de Las Pampas, posteriormente fue trasladada a un centro de salud en la ciudad de Santo Domingo.
Por su parte, la gobernación de Cotopaxi emitió un comunicado oficial en cual se afirmaba categóricamente que las fuerzas del orden instaladas en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, reprimieron a la población, exclusivamente, con gases lacrimógenos. En el comunicado se niega el uso de armamento letal y perdigones. Sin embargo, en el hospital Gustavo Domínguez se encontraba un campesino gravemente herido y con riesgo de morir por un perdigón alojado en su maxilar.
En este mismo orden de cosas, el 26 de marzo de 2024 el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Jaime Vela, brindó declaraciones sobre lo que -a su criterio- sucedía en la provincia de Cotopaxi.
El pronunciamiento del comandante perseguía dos objetivos, por un lado, presentar a las familias campesinas como terroristas que se oponen al “desarrollo” del país; pero, además, buscaba generar temor en otros sectores, especialmente por las consecuencias de tipo legal que podría producir las resistencias ante otros proyectos extractivos.
El discurso criminalizante de Vela distaba de los hechos acontecidos en el mes de marzo de 2024. La realidad es que en Palo Quemado y Las Pampas existía una clara consigna: imponer por la fuerza la consulta ambiental y el proyecto minero La Plata. Las declaraciones del Comandante y del gobernador de la provincia de Cotopaxi, sólo pretendían invisibilizar la violencia, la desigualdad y la injusticia dirigida a una población que intentaba proteger la forma en que desarrolla sus vidas.
[…] Este ataque me obliga a recordar a la ciudadanía que un acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona o cuando el propósito es intimidar a una población […]
(Jaime Vela – Jefe del Comando Conjunto de
las FF.AA., 26 de marzo de 2024).
A pesar de que el 25 de marzo de 2024 el juez multicompetente del cantón Sigchos suspendió provisionalmente la consulta ambiental, y, que, el 26 de marzo de 2024 la Gobernación de Cotopaxi informó a la opinión pública que la Policía Nacional no utilizó armas letales en la zona de conflicto, el 27 de marzo de 2024 se conoció lo siguiente: la fuerza pública continuaba con la violenta represión de la población en el territorio, pues, permanentemente se escuchaban detonaciones y un helicóptero sobrevoló en varias oportunidades el territorio. Por otro lado, se conoció que la conexión de internet empeoró considerablemente, limitando la capacidad de las campesinas y campesinos de compartir los hechos de violencia.
El estado de salud de la persona herida por un perdigón en el rostro era crítico, pues, tenía comprometido los maxilares y su cervical. Además, los médicos hablaban sobre posibles contusiones en el cerebro. El 28 de marzo de 2024, los médicos del hospital Gustavo Domínguez aceptaron que no contaban con la capacidad para atender el crítico estado de salud, pues, no disponían de las especialidades de maxilofacial, cirugía de cabeza y cuello. El hospital tampoco contaba con los materiales, insumos y equipos para dar la atención requerida. Finalmente, el paciente fue trasladado hacia una clínica particular en la ciudad de Quito. Al ingresar al centro de salud de la capital, los médicos informaron que el paciente tenía múltiples fracturas que afectaban su rostro. El 29 de marzo 2024, el estado seguía siendo crítico y se informó a la familia que la persona estaba al borde de la muerte. En cuanto a los familiares del herido, al no contar con recursos y redes de apoyo en Quito, enfrentaron situaciones muy complejas a nivel económico y social. Después de permanecer hospitalizado por más de dos meses, el comunero fue dado de alta el 3 de junio de 2024. Aunque, en julio todavía se trasladaba a Quito para recibir atención médica de calidad. Entre las secuelas presentadas están: debilidad extrema, dificultad para hablar, disminución de la movilidad, pérdida de la independencia económica que se conjuga con la imposibilidad de retomar sus labores como agricultor. Por el momento, depende de su familia paterna para mantenerse, lo que resulta más complejo porque recientemente fue padre de una niña. En este “conteo de repercusiones” no se puede dejar por fuera las profundas heridas psíquicas que se extienden al núcleo familiar y comunitario.
