Elaboración: Equipo CEDHU-OCTE
La minería en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura
La parroquia La Merced de Buenos Aires se ubica en la parte noroccidental de la provincia de Imbabura, pertenece al cantón Urcuquí. Esta se encuentra muy cerca de las inmediaciones de Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, tiene cercanía con los cantones Lita, y las parroquias Cahuasquí e Imantag (estas tres pertenecientes a la provincia de Imbabura), pero también tiene proximidad con la provincia de Esmeraldas. En este sentido, se podría mencionar que la parroquia rural La Merced de Buenos Aires se encuentra aislada geográficamente y se identifica 100% como rural (ver Infografía), el acceso se lo realiza por una vía de segundo orden, el transporte público es limitado, pero siempre con aforo completo, aunque no siempre de habitantes de la zona, sino de personas atraídas por la minería que se desarrolla en la zona desde hace algunos años.
Los vehículos ascienden por un lapso de dos horas a través de verdes montañas, en el camino se observan los cultivos tradicionales: maíz, fréjol, papas, yuca, pero también el paisaje está bañado de sembríos de caña de azúcar, tomate de árbol e incluso papaya. Quizás esta riqueza responda al clima de la zona identificado como mesotérmico húmedo y subtropical. Esta característica climática le permite producir gran variedad de alimentos, pero también contar con pastos para el ganado y en los últimos años las familias apostaron por la crianza de truchas.
En cuanto al conflicto socioambiental provocado por la minería en la parroquia La Merced de Buenos Aires, esta se remonta a 2017, cuando la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining (subsidiaria de la minera australiana Hancock Prospeting) obtuvo la concesión de aproximadamente 23.000 hectáreas en la zona. Se conoce que la concesión de la empresa minera Hanrine tiene cinco grandes áreas, pero desde el momento en que se concesionó el territorio surgió un grave conflicto que involucra de manera simultánea a una gran transnacional minera y centenares de mineros informales que participan de redes de extracción de oro controladas por la economía criminal.
De otro lado, se encuentran los pobladores que tienen que vivir en medio de permanentes conflictos y un Estado que por muchos años abandonó a la población y que, cuando tiene presencia es con agentes militares que tienen como objetivo desmovilizar a los mineros y grupos irregulares, para luego, dar paso a la minería “legal” y cumplir con los compromisos adquiridos con empresas transnacionales. El conflicto socioambiental provocado por la minería en la parroquia La Merced de Buenos Aires, es paradigmático porque pone sobre la mesa la forma en que se transformó un apacible lugar cercano a la frontera norte, en un punto donde las autoridades perdieron toda legitimidad y control.
En cuanto a la minería legal y la ilegal, en este caso se observa que, ambos frentes despliegan formas particulares para asentarse en el territorio, y cuentan con capacidades diferenciadas de penetración y polarización comunitaria. Como se verá más adelante, la población que rechaza la minería de forma general, por los impactos en sus medios de vida, se ve a m enudo atrapada entre estos dos frentes, quedandogravemente expuesta a formas de violencia criminal, empresarial y estatal.
Con la llegada de la minería ilegal en 2017, La Merced de Buenos Aires sufrió una gran transformación, durante los primeros años se evidenciaron constantes disputas internas por el control de la producción. Diferentes facciones luchaban por determinar las normas en la operación de la extracción y el reparto del excedente, luchas que implican la llegada de grupos de crimen organizado. También es preciso mencionar que, habitualmente, la actividad minera se encuentra masculinizada. Lo que trae una serie de prácticas ajenas al territorio, como es la prostitución, la trata de personas y otros conflictos sociales estrechamente relacionados.
Por otro lado, los mineros sobre todo los que ocupan los rangos inferiores de la cadena de producción, llegaron a reterritorializar con sus familias extendidas. Así, todos los miembros del núcleo niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad también participaban en la actividad minera. Se conoció que las familias trabajaban a destajo en jornadas de hasta 10 horas. Después de algunos años se consolidó la llamada “ciudad de plástico”, caracterizada por la precariedad e improvisación de las viviendas, la inexistencia de servicios básicos, la inseguridad y la violencia.
Como se mencionó previamente, la población de La Merced de Buenos Aires quedó constreñida entre los actores de este conflicto. Precisamente, la organización local BUPROE (Bonaerenses Unidos Protegiendo el Ecosistema) en varias ocasiones intentaron dar a conocer la problemática en la zona debido a la ilegalidad y el desamparo del Estado. Sin embargo, se destaca la constante labor de señalamiento y difamación de la población por parte de la empresa minera. Los representantes de Hanrine acusaron categóricamente a los miembros de BUPROE de tener intereses económicos en la extracción ilegal. En este sentido, tanto los portavoces corporativos de Hancock en Ecuador, como los representantes de la minería empresarial en el país intentan vincular públicamente a la población que se opone a la entrada de las compañías con los intereses de la minería informal:
La campaña de desprestigio se mantuvo a través de los años. Más recientemente en 2024 durante la transmisión de una entrevista en un programa con amplia audiencia en el país, un representante del sector minero, emitió grotescas declaraciones, cargadas de racismo y clasismo. Finalmente, la intencionalidad de la argumentación es llevar al espectador a pensar que la única vía para resolver el conflicto social y ambiental en La Merced de Buenos Aires es imponer la minería legal:
Fotografía: Archivo CEDHU, 2024
Al igual que en otros territorios en La Merced de Buenos Aires, la estrategia de criminalización de los defensores y defensoras del agua, la naturaleza y el territorio llegó a instancias jurídicas. De hecho, en 2022 el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador concedió amnistía a 268 personas, entre ellas se encontraban 39 de La Merced de Buenos Aires, procesadas por proteger sus territorios. El mensaje enviado por un representante del sector minero (expuesto en el párrafo que precede), contribuye a esa construcción del imaginario del terrorista, del enemigo interno al que hay que combatir, que, por supuesto tiene amplia resonancia en una época de conflicto interno armado. Posiblemente, la construcción de un imaginario en donde las personas opuestas a la minería en La Merced de Buenos Aires son violentas, cercanas a grupos irregulares presentes en la zona o simplemente calificados como “atrasa pueblos” facilita el regreso de la empresa minera en el territorio.
En este documento no se pretende desconocer las repercusiones y desafíos que implica la minería “legal”. Habitualmente, su presencia genera gran conflictividad social especialmente de cara a fiscalizar las actividades, imputar responsabilidades por contaminación, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, pero sobre todo el tener que desarrollar las vidas en medio de una violencia permanente que no parece tener fin. Tampoco se desconoce la complejidad que encierra la minería ilegal, de hecho, el que las comunidades tengan que lidiar con la delincuencia organizada y grupos irregulares es una tarea imposible de lograr sin el apoyo del Estado.
Por otro lado, los impactos ambientales provocados por la minería informal resultan evidentes. Especialmente en los ríos que se ubican cerca de las zonas de extracción de minerales, en ellos se descargan sin consideración a la población todos los productos químicos utilizados para la obtención de los minerales. Este tipo de minería utiliza sin reparo metales pesados como mercurio, así como otros productos muy nocivos para la salud humana como arsénico, cianuro y otros elementos de alta toxicidad para los seres vivos. De hecho, las familias mineras “ilegales” que trabajan con este tipo de materiales, probablemente sufran afectaciones en un futuro por el mal manejo de estos productos.
Al analizar las similitudes y diferencias entre la minería legal e ilegal, resalta que, en las últimas décadas y frente a la oposición que genera la actividad minera, las grandes transnacionales se presentan con una “renovada” responsabilidad corporativa. Cuando llegan a un territorio, posicionan la idea del uso de tecnología de punta para minimizar los daños ambientales durante la intervención. Pero la experiencia en el sur global nos lleva a pensar que el discurso no corresponde con la práctica. Los sistemas ecológicos están conectados, por tanto, es inevitable generar daños ambientales, esto es más grave aún porque los proyectos mineros tienen una vida corta, pero los territorios y sus habitantes quedan con secuelas permanentes, y, así los proyectos de vida inevitablemente cambian.
Si se observa otros aspectos como el jurídico, habitualmente, las transnacionales mineras tienen muchos blindajes para evitar conflictos legales. En este sentido, el gobierno de Noboa, en un intento por privilegiar la inversión en el sector minero, en la última consulta popular y referendo celebrado en abril de 2024, planteó una modificación en el artículo 422 de la Constitución de la República (ver imagen que precede). Lo hizo a través de la pregunta D sobre el “arbitraje internacional”, aunque la pregunta no tuvo acogida entre el electorado, pues, el 65,16% de la población le dijo no a esta modificación constitucional. Pero, sí llama la atención el intento del gobierno por invisibilizar las voces que, legítimamente se oponen a proyectos extractivos.
En este mismo orden de cosas, se conoce que las empresas -en ocasiones- intimidan y amenazan a aquellos que les resulten incómodos para sus proyectos. Esta violencia corporativa ha sido objeto de análisis en otros espacios, por tanto, se conocen sus patrones. Sin embargo, las formas de intimidación y de violencia ejercida por la minería informal son mucho más impredecibles y menos rastreables. Un ejemplo paradigmático de esto es el caso de una persona que hace parte del gobierno parroquial de Buenos Aires y es conocida a nivel local por su férrea oposición al extractivismo en todas sus formas. La persona en cuestión es consciente de las graves amenazas que pesan sobre su vida, especialmente porque la población es muy pequeña y la información se expande rápidamente.
Entonces, retomando el argumento de lo impredecible que puede resultar las reacciones de las personas que operan la minería informal, la vida de esta funcionaria está en riesgo permanente y los mecanismos de protección y organización de la población son diferenciados. Todo esto nos remite a la complejidad de la transformación de la gramática de la violencia minera en muchos territorios del país, y a los desafíos consecuentes para la población local y las organizaciones a la hora de hacerle frente. Además, estos hechos lógicos, nos llevan a pensar que, tanto la minería legal como la ilegal comparten mucho más de lo que se piensa, pues, ninguna se hace cargo a nivel jurídico del impacto social, económico y ambiental que deja sobre los proyectos de vida en las comunidades. Quizás la mayor diferencia entre la “legal” e ilegal es que los impactos de la informal se tornan explícitos, sus efectos son exhibidos sin tapujos, sin necesidad de tentativas de remediación, camuflaje o compensación alguna, sin ningún tipo de maquillaje o campaña de marketing social que presente los “beneficios” de desarrollo tradicional para las comunidades.
Mientras que la minería “legal” aprovecha aquellos espacios donde el Estado no tiene presencia o se mantiene distante para ganar voluntades y consentimientos. Por tanto, es muy común encontrar subcentros de salud potenciados, dotados con insumos e implementos, en esta misma lógica se intervienen escuelas y colegios, con la entrega de materiales y equipos. Así mismo, se observan campañas para profesionalizar a personal minero y el ofrecimiento de capacitaciones para fortalecer emprendimientos locales. Se apela a temas más cotidianos como el impulso a equipos deportivos, la creación de clubes “ecológicos”, y, también el fortalecimiento de organizaciones, que habitualmente se convierten en los grupos antagonistas que apoyan la minería en el territorio.
Las secuelas del abandono del Estado en La Merced de Buenos Aires: las bandas y los grupos irregulares en el territorio
Fotografía: Archivo CEDHU, 2024
Antes de empezar con el relato del incidente, es preciso brindar un breve contexto, frente a la ausencia del Estado en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en los últimos años varias organizaciones de la sociedad civil acompañan en diferentes procesos de formación a las familias que habitan esta zona tan conflictiva del país. Precisamente, una de ellas tiene una trayectoria de casi 20 años, pero, a decir de los miembros de la organización en los últimos cinco años el debate crítico comunitario ha ido en aumento, especialmente sobre las afectaciones provocadas por la actividad minera, ya sea legal o ilegal. La misma institución se dedicó a la sensibilización comunitaria, el fortalecimiento de los grupos de resistencia, de gobiernos locales, de líderes sociales, asociaciones de mujeres, campesinos e indígenas. Así como el impulso de proyectos alternativos a la actividad minera.
De hecho, la organización tiene una escuela de liderazgo en donde las personas aprenden a transmitir y comunicar aspectos de su proceso de resistencia. En esta actividad participan más de 30 líderes campesinos e indígenas, quienes realizan acciones para visibilizar sus territorios y los impactos de la minería; así como, generar propuestas y demandas ante los organismos locales, nacionales e internacionales. Esta información fue provista por el personal de la organización que denunció el hecho ante la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) en marzo de 2024. Es preciso mencionar que, la escuela no está dirigida exclusivamente a los comuneros y comuneras de La Merced de Buenos Aires, sino que tiene influencia en otros sectores cercanos a la frontera norte, donde, los conflictos socioambientales provocados por la minería, se conjugan con los grupos de delincuencia organizada, así como grupos irregulares y armados.
Con relación a los incidentes de seguridad, a finales de 2023 los miembros de esta organización recibieron amenazas verbales y virtuales. Estaban dirigidas al equipo de personas que promueven la escuela de líderes dentro de la organización. Específicamente, el 9 febrero de 2024, después de compartir una actividad con el grupo de resistencia de Buenos Aires, mientras los miembros de la institución se trasladaban en la camioneta por la vía que lleva de Buenos a Aires a Ibarra (a la altura de San Jerónimo) fueron filmados por personas desconocidas, en ese momento se sintieron inseguros, pero continuaron la marcha sin prestar mucha atención a esta alerta.
Tan solo dos días después se presentaría el mayor incidente, de acuerdo a información proporcionada por la persona afectada, tres sujetos armados con pistolas asaltaron el vehículo de la institución, sometieron al conductor y al coordinador del proyecto. Desde el primer momento, los asaltantes infringieron violencia contra las dos personas indefensas. Mientras les despojaron de sus pertenencias, los asaltantes en encontraron la chequera del proyecto. A partir de ese momento la intensidad en la violencia incrementó, los captores exigían la entrega de $15.000 dólares al coordinador del proyecto. Ante la negativa -por no contar con esos fondos- empieza la violencia psicológica, el coordinador es subido a otro vehículo. Primero lo amenazan con posibles mutilaciones e incluso la muerte. Luego, le informan que tienen información personal, lo que le hace sentirse sumamente vulnerable: “trabajas en una fundación y tienes una hija”. Al mismo tiempo las agresiones físicas continúan, recibe tantos golpes en el estómago que en un punto pierde la conciencia.
Después de vagar un poco más en el vehículo, le hacen una última advertencia “si denuncias a la policía, está en juego tú vida y la de tú hija”, luego, lo abandonan en un barrio ubicado en una zona alejada y peligrosa de Ibarra. La institución hizo la correspondiente denuncia y la persona más afectada decidió salir de su residencia junto con sus familiares para evitar cualquier represalia de los asaltantes. El incidente no concluyó ahí, días después otro colaborador de la institución recibió un mensaje amenazante vinculado al secuestro y robo del vehículo. Por supuesto, el panorama trajo consigo un cuadro de estrés postraumático que afectó a todos los miembros de la institución. Sin duda, más allá de los daños materiales y físicos, el mensaje es claro, las organizaciones que ingresen al territorio están en riesgo y los procesos de acompañamiento a los grupos locales pueden perder fuerza y recursos.
