Informe de vulneración de derechos humanos en Ecuador: Sección minería IV

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Mapa parlante de la parriquia Las Pampas
Fotografía: Juan Ortega, 2024

La invisibilización de la violencia en contra de familias campesinas: los discursos oficiales

A pesar de que un juez suspendió provisionalmente la consulta ambiental en el territorio, el 26 de marzo de 2024 los agentes del orden se mantuvieron en las parroquias y nuevamente se registraron violentos incidentes. En el recinto La Florida que forma parte de la parroquia Palo Quemado aproximadamente a las 11:30 am un comunero recibió un impacto de perdigón en el rostro. De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, el perdigón fue disparado por uno de los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Esta persona recibió primeros auxilios en el centro de salud de Las Pampas, posteriormente fue trasladada a un centro de salud en la ciudad de Santo Domingo.

Por su parte, la gobernación de Cotopaxi emitió un comunicado oficial en cual se afirmaba categóricamente que las fuerzas del orden instaladas en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, reprimieron a la población, exclusivamente, con gases lacrimógenos. En el comunicado se niega el uso de armamento letal y perdigones. Sin embargo, en el hospital Gustavo Domínguez se encontraba un campesino gravemente herido y con riesgo de morir por un perdigón alojado en su maxilar.

En este mismo orden de cosas, el 26 de marzo de 2024 el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Jaime Vela, brindó declaraciones sobre lo que -a su criterio- sucedía en la provincia de Cotopaxi.

El pronunciamiento del comandante perseguía dos objetivos, por un lado, presentar a las familias campesinas como terroristas que se oponen al “desarrollo” del país; pero, además, buscaba generar temor en otros sectores, especialmente por las consecuencias de tipo legal que podría producir las resistencias ante otros proyectos extractivos.

El discurso criminalizante de Vela distaba de los hechos acontecidos en el mes de marzo de 2024. La realidad es que en Palo Quemado y Las Pampas existía una clara consigna: imponer por la fuerza la consulta ambiental y el proyecto minero La Plata. Las declaraciones del Comandante y del gobernador de la provincia de Cotopaxi, sólo pretendían invisibilizar la violencia, la desigualdad y la injusticia dirigida a una población que intentaba proteger la forma en que desarrolla sus vidas.

[…] Este ataque me obliga a recordar a la ciudadanía que un acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona o cuando el propósito es intimidar a una población […]
(Jaime Vela – Jefe del Comando Conjunto de
las FF.AA., 26 de marzo de 2024).

Captura de pantalla de la red social «X» de las Fuerzas Armadas del Ecuador

A pesar de que el 25 de marzo de 2024 el juez multicompetente del cantón Sigchos suspendió provisionalmente la consulta ambiental, y, que, el 26 de marzo de 2024 la Gobernación de Cotopaxi informó a la opinión pública que la Policía Nacional no utilizó armas letales en la zona de conflicto, el 27 de marzo de 2024 se conoció lo siguiente: la fuerza pública continuaba con la violenta represión de la población en el territorio, pues, permanentemente se escuchaban detonaciones y un helicóptero sobrevoló en varias oportunidades el territorio. Por otro lado, se conoció que la conexión de internet empeoró considerablemente, limitando la capacidad de las campesinas y campesinos de compartir los hechos de violencia.

El estado de salud de la persona herida por un perdigón en el rostro era crítico, pues, tenía comprometido los maxilares y su cervical. Además, los médicos hablaban sobre posibles contusiones en el cerebro. El 28 de marzo de 2024, los médicos del hospital Gustavo Domínguez aceptaron que no contaban con la capacidad para atender el crítico estado de salud, pues, no disponían de las especialidades de maxilofacial, cirugía de cabeza y cuello. El hospital tampoco contaba con los materiales, insumos y equipos para dar la atención requerida. Finalmente, el paciente fue trasladado hacia una clínica particular en la ciudad de Quito. Al ingresar al centro de salud de la capital, los médicos informaron que el paciente tenía múltiples fracturas que afectaban su rostro. El 29 de marzo 2024, el estado seguía siendo crítico y se informó a la familia que la persona estaba al borde de la muerte. En cuanto a los familiares del herido, al no contar con recursos y redes de apoyo en Quito, enfrentaron situaciones muy complejas a nivel económico y social. Después de permanecer hospitalizado por más de dos meses, el comunero fue dado de alta el 3 de junio de 2024. Aunque, en julio todavía se trasladaba a Quito para recibir atención médica de calidad. Entre las secuelas presentadas están: debilidad extrema, dificultad para hablar, disminución de la movilidad, pérdida de la independencia económica que se conjuga con la imposibilidad de retomar sus labores como agricultor. Por el momento, depende de su familia paterna para mantenerse, lo que resulta más complejo porque recientemente fue padre de una niña. En este “conteo de repercusiones” no se puede dejar por fuera las profundas heridas psíquicas que se extienden al núcleo familiar y comunitario.

Imagen de la izquierda tomada de un comunicado oficial de la Gobiernación de Cotopaxi y las dos fotografías fueron provisas por familiares de la persona herida durante los enfrentamientos de marzo de 2024 entre agentes del orden y familias campesinas de las parroquias Las Pampas y Palo quemado

Las estrategias del Estado para disuadir la protestasocial: criminalización de defensores y defensorasdel territorio y la naturaleza en Palo Quemado y LasPampas

Imágenes tomadas de los sitios web de los medios de comunicación Primicias, BN Periodismo, Radio Pichincha y de la red social «X» de Ecuadorinmediato

Por otro lado, y al igual que el caso Las Naves, se iniciaron procesos de criminalización. En donde más de 70 personas fueron acusadas por el delito de terrorismo al ejercer su derecho a la resistencia y por oponerse al proceso de consulta ambiental promovido por varias instituciones del gobierno nacional. Resulta paradójico que, la denuncia por terrorismo la realizó una de las personas que lidera la “Confederación Nacional de Juntas de Campesinado del Ecuador” (se abordó este tema en la Sección minería III). Al respecto, no se puede olvidar que, el denunciante de los actos de terrorismo es la misma persona mencionada bajo graves acusaciones en el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 2011.

Desde marzo hasta el mes de julio las cosas volvieron a la normalidad, aunque, en el ambiente existe el temor del regreso de la represión, y, finalmente, la imposición de la consulta ambiental y el proyecto minero. Al respecto, una de las mujeres lideresas de la parroquia Galápagos, quién sufrió en primera persona la violencia física, a través de los ataques de policías y militares, y, una violencia más simbólica pautada por las denuncias y la criminalización de su núcleo familiar manifestó lo siguiente:

[…] No queremos exponer la vida de nadie
más. Ahora hay varios heridos leves y uno de
gravedad. Ya no queremos seguir. Cuando la
gente presiona la policía dispara balas. No
quiero ver más sangre de ningún familiar, ver
sufrir. Tengo impotencia, porque atacan a gente
campesina, por defender la vida, el agua.
Esas guaguas son como las aves, juegan, salen
y regresan sin peligro. Tal vez algún día tenemos
la esperanza de que si podemos ganar a la
empresa (Testimonio de lideresa comunitaria,
29 de marzo de 2024).

Finalmente, en el informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) presenta un análisis de la minería en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/wivdu

Carteles que se encuetran en la parroquia Las Pampas, Cotopaxi
Fotografía: Archivo CEDHU, 2024

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La misma población esmeraldeña que sufre el racismo y el empobrecimiento estructural desde hace generaciones, se encuentra organizada para defender sus derechos y medios de vida. Entre las principales entidades podemos situar a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE). La UOCE viene sosteniendo por años un trabajo de formación política y agroecología con jóvenes y mujeres cuyos territorios han sido afectados por las camaroneras y las palmicultoras. También nos encontramos a colectivos como Mujeres de Asfalto, organización que integra a mujeres de la provincia que buscan incidir tejiendo espacios de construcción y deconstrucción feminista, en los que los derechos humanos de las mujeres y su implementación sean exigidos desde la incidencia efectiva con herramientas de innovación política y comunitaria.

La minería informal en Buenos Aires opera desde 2017. La extracción ilegal de oro conlleva una compleja organización social en la que están involcurados, de manera asimétrica, peones ecuatorianos, colombianos y venezolanos, bandas criminales y otros grupos encargados del transporte y el procesamiento del oro. Esta actividad se lleva a cabo en la conocida como mina vieja, área concesionada a la empresa australiana Hanrine, una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en Buenos Aires. La minería informal trae consigo también formas de violencia mafiosas que pasan por la extorsión, los asesinatos y amenazas a aquellas personas que disputan las rentas generadas o a las que se oponen directamente a su presencia en Buenos Aires. Además, esta minería tiene efectos destructivos también en el propio tejido comunitario local, debido a que estimula el involucramiento de no pocas familias, quienes les proveen de servicios e insumos. De esta manera, la población queda polarizada alrededor de la minería informal, generándose conflictos que terminan con el grado relativo de cohesión social existente hasta entonces.

Buenos Aires está situada en el norte de la provincia de Imbabura, colindando con Esmeraldas, por detrás del volcán Cotacachi. Existen varias formas de llegar a esta parroquia, a pesar de su difícil acceso. La principal parte de una desviación a la altura del puesto de control de la policía en el KM de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Con todo, también se puede llegar por Urcuquí, la cabecera cantonal, y por caminos no carrozables cruzando los páramos de El Piñan.
La formación de la cabecera parroquial comenzó en 1912, con la llegada de personas procedentes de Cahuasqui que huían de las condiciones de explotación y sometimiento impuesto por el sistema de haciendas. La parroquia se constituye como tal en 1941.

La empresa responsable por el proyecto el Domo es la minera Curimining. Sus accionistas son empresas mineras canadienses. La concesión del proyecto abarca alrededor de las 1500 hectáreas. Curimining planea extraer oro y cobre principalmente. Debido a la cantidad de minerales existentes, la concesión está catalogada bajo el régimen de mediana minería. Este proyecto es considerado uno estratégico por parte de las élites estatales a la hora de apuntalar a la minería como uno de los vectores principales de obtención de divisas, con la tendencia a la caída de las exportaciones petroleras.

Las Naves es un cantón con una producción agrícola campesina increíblemente diversificada. En sus fincas, las familias producen, entre otros, cacao, naranja, verde, banano, café, caña y limón. Además, crían ganado para carne y algunos productores han implementado proyectos turísticos, especialmente en las zonas de bosque, alrededor de cascadas y ríos.

La producción agropecuaria de Las Naves se ve beneficiada también por la relativa disponibilidad de tierras, por la fertilidad de sus suelos y por el clima favorable. Adicionalmente, y a diferencia de otras zonas rurales del país, los jóvenes campesinos de Las Naves tienden a quedarse trabajando con sus familias, dado que, la agricultura aún es un medio de vida que ofrece dignidad y perspectivas de futuro. No obstante, esta diversidad productiva está amenazada por la minería. La instalación del proyecto El Domo trae consigo el alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua del cantón, lo que supondría un duro golpe para la continuidad de los medios de vida de gran parte de su población.

La ocupación del cantón de Las Naves es relativamente reciente. En ella confluyen diversos procesos históricos, entre los que destacamos la llegada de migrantes procedentes de las zonas altas de la sierra que salieron en busca de tierras para el cultivo a partir de la década de 1960. A Las Naves también llegó población oriunda de la costa en la segunda mitad del siglo XX que buscaba nuevos espacios en los que asentarse. Fue reconocido como cantón en 1992. Por otro lado, la minería también tiene antecedentes históricos reseñables en la región. En la década de 1990 la empresa Rio Tinto realizó varias exploraciones del potencial minero. Esta experiencia marcó un precedente, la empresa fue expulsada de las zonas en las que había incursionado y algunos de los líderes que encabezaron esa resistencia siguen presentes en la oposición al proyecto Curipamba – El Domo.

Las Naves es un cantón perteneciente a la provincia de Bolívar, ubicada en la sierra centro del país. Está situado en las faldas occidentales de Los Andes, y cuenta con un clima subtropical, con mucho calor y humedad. El cantón colinda también con la provincia de Los Ríos.

El proyecto minero pretende emplazarse en la zona alta, en una de las montañas más icónicas del cantón, conocida como El Domo. De este lugar nacen diferentes ríos que abastecen de agua a la población para su consumo y para el sostenimiento de la producción agrícola campesina no solo de Las Naves, sino también de Los Ríos.