Informe de vulneración de derechos humanos en Ecuador: Sección minería II

Antes de referirnos al proyecto minero El Domo, es importante hacer referencia a la situación del cantón Las Naves. Este se ubica en la provincia de Bolívar. Por tanto, produce una gran variedad de alimentos como café, cacao, pitahaya, papaya, papa, siendo el producto estrella la naranja. Esta diversidad en la producción se debe en gran medida a que el cantón se ubica en el subtrópico, y cuenta con tres fuentes de agua que nacen en El Domo (zona alta del cantón). Estos afluentes no solo proveen de agua para consumo humano y producción agrícola de Las Naves, sino que, también son aprovechadas por comunidades de la vecina provincia de Los Ríos.

Precisamente, en El Domo se encuentra un importante yacimiento de metales de interés comercial como son el Oro (Au) y Cobre (Cu), así como importantes fuentes de Zinc (Zn), Plomo (Pb), Plata (Ag). De acuerdo a la tesis de Rendón Raza en este depósito también se encuentran metales traza como Cobalto (Co), Estaño (Sn), Selenio (Se), Indio (In), Telurio (Te), Titanio (Ti), Galio (Ga) y Germanio (Ge).

Como se verá más adelante, los territorios que cuentan con este tipo de recursos -tarde o temprano- se enfrentan a conflictividad social y ambiental, pautada por la imposición de grandes proyectos mineros. En este sentido, a partir de 2006 se reconoce la presencia de la empresa minera Curimining S.A., paralelamente las familias campesinas, reconociendo que el panorama no es alentador, especialmente por el latente despojo y contaminación de tierra y agua, empezaron un proceso organizativo, que buscaba proteger el territorio y las formas tradicionales de vida.

En el camino de la organización y la resistencia, varios defensores y defensoras del agua y la naturaleza del cantón Las Naves fueron criminalizados, amenazados, judicializados y detenidos. No obstante, en este informe se recogerán dos momentos, que inician con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 754 en mayo de 2023 durante la presidencia de Guillermo Lasso y luego se retoma el relato durante la presidencia de Daniel Noboa.

A través del decreto Lasso pretendía reformar el Reglamento del Código del Ambiente, que normaba la participación ciudadana en la consulta ambiental. En última instancia, el Decreto daba paso a que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) inicie con el proceso de consulta ambiental en territorios que no necesariamente apoyaban la actividad minera.

La criminalización como estrategia para desmontar la organización a nivel territorial: presidencia de Guillermo Lasso

Aunque este informe hace referencia a los sucesos de vulneración de derechos humanos acontecidos a partir del 9 de enero de 2024, consideramos oportuno dar cuenta que, las estrategias para imponer proyectos mineros en los territorios impulsadas por el gobierno actual no son novedosas, quizás, solo tienen un mayor grado de violencia, pero estas se aplicaban en el gobierno de Guillermo Lasso, así como en la época de Moreno y en la década de Correa.

El Decreto Ejecutivo No. 754 no pasó desapercibido, los sectores sociales se organizaron y el 13 de junio de 2023 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), instaló una demanda de inconstitucionalidad frente al Decreto. No obstante, el 19 de junio del 2023 el MAATE oficialmente inició el proceso de consulta ambiental en Las Naves y el 10 de julio funcionarios del MAATE ingresan al cantón para iniciar un proceso bastante irregular; pues, no se dieron las garantías para la participación ciudadana. Al respecto se puede mencionar que, el MAATE permitió la participación de solo 7 de las 10 comunidades que serían afectadas por la instalación del proyecto minero, lo que implica una primera irregularidad.

Otro aspecto que llamó la atención fue la militarización del territorio, así como la presencia masiva de miembros de la Policía Nacional, destacando entre ellos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). A lo anteriormente descrito, se adhiere el hecho de que, los funcionarios del MAATE se instalaron en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y desde ahí pretendían informar a la población sobre el proyecto minero Curipamba. La estrategia perseguía un solo objetivo, establecer una barrera de acceso a la información a través de la intimidación de la población.

Durante toda la semana el ambiente en Las Naves fue tenso. Finalmente, el 14 de julio de 2023 los agentes de la Policía Nacional -en evidente desigualdad de fuerzas- reprimieron a la población con gases lacrimógenos y balas de goma. Producto de este enfrentamiento trece personas fueron heridas y dos personas fueron detenidas. Ese mismo día, fueron trasladadas primero a Echandía donde recibieron malos tratos, insultos y golpes por parte de agentes de la Policía, las agresiones fueron tan fuertes que uno de los detenidos vomitó sangre. Posteriormente fueron trasladados hacia la ciudad de Guaranda, en donde uno de los detenidos permaneció esposado toda la noche.

Al siguiente día durante la audiencia de flagrancia, se los acusó de destrucción de un bien público. Pero, la audiencia se desarrolló sin las garantías mínimas que dispone la ley, vulnerando el derecho a la defensa, pues, se alejó a los detenidos de su territorio, se los amedrentó física y psicológicamente. Además, estuvieron incomunicados con sus familias y no accedieron a defensa particular. En su defecto se les asignó una Defensora Pública que cumplió con su rol, aunque la defensa técnica fue limitada y como consecuencia fueron encarcelados.

Recién el 24 de julio se instaló una nueva audiencia y el juez a cargo de la causa negó la revisión de prisión preventiva y no accedió a medidas sustitutivas. El 26 de julio, la defensa presentó una solicitud de Hábeas Corpus, que fue negada el 1 de agosto. Fue así como los campesinos perdieron la posibilidad de defenderse de las acusaciones en libertad. Se destaca que, durante la audiencia cuando se intentó denunciar el maltrato y la violencia a la que fueron expuestos la noche de la aprehensión el juez desestimó la denuncia.

Finalmente, el 3 de agosto, y, asumiendo la gravedad de la condena a la que se enfrentaban los campesinos (de 3 a 4 años de prisión), se acogieron a un juicio abreviado. Es decir que asumieron la participación en las protestas de aquel día, pero no admitieron cometer el delito del que se los acusó: daño al bien público. Al acogerse a un juicio abreviado, el juez dispuso 8 meses de prisión y una multa económica como reparación.

Con todos estos antecedentes, se puede reconocer que estas personas fueron víctimas de criminalización por defender su territorio, esto a pesar de que les asistía el derecho legítimo y constitucional de resistencia. Para estas personas fue mucho más conveniente acogerse al proceso abreviado o en su defecto se los expondría a un sistema carcelario corrupto, caduco, fallido y sumamente violento.

Este caso pone en evidencia la forma en que operan los procesos de criminalización de personas defensoras de derechos del agua y la naturaleza. Pero esta estrategia no es exclusiva del cantón Las Naves, sino que se extiende hacia otros territorios como en las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado en julio de 2023 y en marzo de 2024 respectivamente.

Además, se observa que, otra de las estrategias utilizadas por las mineras es abrir querellas a los líderes y lideresas en los territorios, esto a fi n de desviar la atención de los temas más neurálgicos y así disuadir a la organización. Un claro ejemplo de esta situación tuvo lugar el 21 de mayo de 2024, cuando el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda dictó sentencia contra seis comuneros del cantón Las Naves al encontrarlos culpables del delito asociación ilícita.

Considerando la falta de acceso a agua para consumo humano, y de acuerdo a sus competencias constitucionales, el GAD Municipal de Las Naves solicitó en 2018 la autorización de uso de agua para consumo humano. Esta fue concedida en mayo de 2019. Posteriormente, se modificaron las coordenadas del punto de captación, que también fue autorizada por los funcionarios del MAATE en mayo de 2023. En este sentido, en septiembre de 2023 el GAD de Las Naves suscribió un Convenio de Cooperación con las comunidades Jerusalén y Buenos Aires para la construcción del sistema de agua.

Ahora bien, a pesar de la permanente amenaza que supone la imposición del proyecto minero Curipamba en el cerro El Domo, las personas que habitan y que reconocen los peligros de la minería para el desarrollo de las formas de vida tradicionales, buscaron alternativas no violentas de disputar su territorio con aquellas grandes empresas que cuentan con importantes recursos y estrategias, y, que se ven respaldadas por el Estado ecuatoriano. Después de tener todos los permisos de ley, hombres y mujeres naveñas se dedicaron por más de seis meses a la construcción del sistema de agua para las comunidades Jerusalén y Buenos Aires. Hasta mediados de julio el sistema de agua continuaba en construcción y el avance de la obra era de casi el 75%, la intención era brindar un suministro confi able y seguro para las familias, el cual se ejecuta con el trabajo comunitario y el apoyo de las maquinarias del GAD. De acuerdo con información proporcionada por las personas que lideran la obra se conocía lo siguiente:

[…] la captación de agua se encuentra en una
vertiente que no tiene nombre, junto al río Naves
Chico que nace en el cerro El Domo. En
este espacio buscan la explotación minera a
cielo abierto […] (el proyecto de sistema de
agua) está en peligro por la afectación directa
a las aguas superficiales y subterráneas, tal
como indica un informe emitido por el MAATE
antes de la obtención de la licencia ambiental
para la explotación y beneficio productivo de
minería […] (Testimonio de líder comunitario,
14 de julio de 2024).

La construcción del sistema de agua no es algo espontáneo,
de hecho, responde a la consolidación del diálogo, los acuerdos, la organización, del fortalecimiento de los tejidos comunitarios, del trabajo cotidiano de personas campesinas que asumieron un compromiso y un reto para abastecerse de agua, mientras, intentan proteger su territorio del embate minero. La apuesta del cantón Las Naves por alternativas poco exploradas- en otros territorios en donde los proyectos extractivos se impusieron a sangre y fuego, resulta innovadora y podría marcar el norte para otros espacios territoriales enfrentados a los intereses económicos del Estado y las transnacionales. Precisamente, de instalarse el proyecto El Domo se estarían vulnerando los derechos consagrados en la Constitución de la República de cientos de familias campesinas.