En este artículo vamos a a analizar el primero de los tres vectores a partir de los cuales podemos entender las transformaciones de las formas de violencia minera que encarna el caso de Buenos Aires. Este tiene que ver con las maneras usadas por la patronal minera en general, y la empresa Hanrine en particular, a la hora de obtener legitimidad para la consolidación de sus proyectos relacionadas con el ataque sistemático a la minería informal.
Intentando enmarcar las causas y los efectos de la minería informal
En Buenos Aires, la presencia de los mineros ilegales ha sido criticada por los portavoces de la empresa Hanrine y por los representantes del sector minero en general con el objetivo de diferenciarse de los efectos devastadores causados en la parroquia por esta actividad. Estos efectos, argumentan los empresarios, no tendrían cabida bajo una minería basada en contratos con el estado y que tiene que cumplir con la regulación ambiental.
La minería que se autodenomina responsable implica de manera tácita una observancia de la ley, un contrato con el estado y el cumplimiento de dicho contrato así como de la ley ambiental. En cambio, la minería ilegal se aleja completamente de todo esto, de toda posibilidad de respeto siquiera a los derechos humanos.
Como no debería sorprender, para la patronal, el motivo de la existencia de la minería informal tiene que ver con la corrupción del estado y la excesiva carga burocrática de los trámites para conseguir las licencias ambientales. “Por un lado, [el Estado] estresa al sector minero formal mientras que, por otro, tiene una mirada complaciente con la minería ilegal”, afirmaba Franklin Soria, uno de los portavoces más mediáticos del sector.
Si lo anterior está referido a las causas de la minería informal, en relación a sus efectos, los representantes de las empresas apuntan, no sin razón, al desastre ambiental que este tipo de actividad provoca y se eximen de cualquier responsabilidad, a pesar de que, como en el caso de Buenos Aires, estos pasivos ambientales tuvieron lugar en áreas de concesión que les fueron otorgadas.
La búsqueda de distinción corportiva
Por otro lado, la empresa busca colocarse como la única con capacidades para llevar a cabo una actividad minera capaz de “prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales y favorecer a la población con los proyectos”. Los portavoces de las empresas hacen hincapié de mostrar este carácter responsable de la minería corporativa especialmente cuando son preguntados sobre las afectaciones a las aguas, uno de los temas que más sensibles para la opinión pública.
Con respecto al agua tenemos una regulación ambiental muy clara. Tenemos que informar cuánta agua vamos a coger, el estado del agua que vamos a coger, fuentes de agua, agua subterránea, lo que sea, el ministerio del ambiente aprueba que lo hagamos, dependiendo de la cantidad que exista, que sea pertinente etc. Y de ahí nosotros hacemos monitoreo del agua constantemente, esto se hace incluso en veedurías con la población, con análisis de laboratorios externos acreditados, para demostrar que la calidad del agua no ha sido afectada en lo más mínimo. Todo está regulado, reglamentado.
El discurso corporativo se basa por tanto en el cumplimiento formal con la ley y en la capacidad de dominio sobre la naturaleza de una minería basada en las últimas prácticas científico-técnicas. La dimensión del riesgo queda reducida, desaparecida del horizonte. De hecho, los riesgos son reconocidos en los estudios de impacto ambiental de algunos proyectos emblemáticos de segunda generación como El Domo (Bolívar). En el estudio se valora que el riesgo de ruptura o desborde de las relaveras es alto, para lo cual recomiendan un tipo construcción que supuestamente ofrece las garantías máximas de seguridad. Esto no anula el riesgo, sin embargo. No obstante, el discurso patronal cierra esta brecha existente presentando un horizonte de certeza para algo que no cierra, que no puede cerrar. Todo esto, además, sin contar con la otra gran brecha existente, igual de importante, entre lo que las empresas dicen o proyectan que van a hacer y lo que terminan haciendo realmente, tal y como el caso de la relavera de Mirador (Zamora) nos muestra. En este gran proyecto de minería a cielo abierto, el agua tóxica iba a ser contenida en una obra que ofrecía las mejores condiciones de seguridad posibles. Sin embargo, un grupo de científicos norteamericanos inspeccionó la infraestructura realmente construída y no coincidía con los planos: la empresa china había optado por un diseño más barato y más vulnerable a la catástrofe.
Difamación de la resistencia anti-minera
Finalmente, las empresas no dudan en atacar en sus discursos a toda la población que se resiste a la minería, tildándola de mineros ilegales. Los representantes de la empresa Hanrine fueron categóricos en esto, al acusar a la organización local Buproe de tener intereses en la extracción ilegal:
Hay un grupo de pobladores de La Merced de Buenos Aires que está contaminado con la minería ilegal y que ahora se disfraza como un grupo antiminero. Este grupo se ha tomado la entrada a La Merced de Buenos Aires, aduciendo que el pueblo está contra la minería legal e ilegal, pero son los mismos que tienen procesos legales en contra por minería ilegal.
Otro representante del sector realizaba en relación a esto una argumentación general más amplia y cargada de tintes clasistas y racistas:
Además de la economía paralela y del desconocimiento de las instituciones del estado, en Buenos Aires se impedía que entre la fiscalía, las telecomunicaciones públicas, etc., se construye una cultura de la minería ilegal que transforma la psicología de campesinos pacíficos, quienes se vuelven feroces, vorazes. Empiezan a manejar explosivos, devastan la naturaleza, sus familias y de las relaciones humanas de sus zonas culturales. Hay que recordarles a los indigenistas que hay muchos indígenas que están en la minería ilegal y otros en la minería formal. Se construye una cultura paralela a la de la minería ilegal.
Vemos así que los discursos del sector empresarial minero, cargados de racismo, clasismo y mala fe, se dirigen a diferenciarse explícitamente de la minería informal. Las compañías trazan de esta forma posiciones binarias: si los mineros ilegales contaminan, ellas cumplen estrictamente con la regulación ambiental; si la minería ilegal trae conflicto y división, ellas tejen “excelentes relacionamientos comunitarios” para asegurarse de que con la minería todos salen ganando; si la minería ilegal se compone siempre de gente ajena a la comunidad que la terminan pervirtiendo, las empresas mineras se presentan como “un vecino más”, impulsando las iniciativas agropecuarias locales a nuevos niveles a través de capacitaciones, dotación de equipos. Estos mensajes son replicados fuertemente por la prensa dominante, quien colabora también con la patronal en comprometer a las luchas contra los grandes proyectos mineros con los intereses de la minería ilegal. De esta forma se consolida una imagen unificada de las personas que se oponen a las corporaciones, una imagen sobre la cual, en el actual estado de conflicto armado interno, se proyecta la figura del terrorista. Las nuevas gramáticas de la violencia provocada por la minería van cobrando formas más imbricadas.
En la segunda parte de esta publicación, exploraremos más el papel de la minería informal en sí en las transformaciones de las formas de la violencia minera.
