En la primera entrega de esta publicación hemos visto que las empresas aprovechan el avance de la minería ilegal en el país, siendo Buenos Aires un caso paradigmático de ello, para diferenciarse y obtener legitimidad. Sin embargo, esto no quiere decir que los efectos devastadores señalados por las compañías sean inexistentes. En verdad, tal y como apuntan las corporaciones, la problemática de la minería mineral presenta importantes desafíos a la hora de fiscalizar, imputar responsabilidades por contaminación y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
El imperio de la ley mafiosa y la precariedad.
Con frecuencia, la minería informal se impone bajo modos de regulación sociales basados en la ley mafiosa. En Buenos Aires, los mineros ilegales llegaron en 2017 y los primeros años fueron una sucesión constante de disputas internas por el control de la producción. Diferentes facciones luchaban por determinar las normas en la operación de la extracción y el reparto del excedente, luchas que implicaron asesinatos, mutilaciones y ocultación de cadáveres bajo fosas comunes.
La mayor parte de los mineros se instalaron cerca de las minas antiguas de la parroquia, ubicadas en una de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Hanrine. Las imágenes mostradas más abajo de los asentamientos precarios conformados, conocidos como la ciudad de plástico, dan cuenta del grado de precariedad en la que viven estas personas, incluyendo a familias con niños.
Estas imágenes fueron tomadas en 2019, tras la ejecución del por parte de los militares del operativo “Amanecer Radiante”. En esta intervención, las fuerzas armadas expulsaron a los mineros y destruyeron parte de su infraestructura, sin que esto impidiera que, semanas después, estos últimos retomasen sus actividades nuevamente.
Además de la precariedad de las viviendas, las condiciones de explotación y la falta de seguridad en el trabajo marcan la minería informal. La mano de obra se compone de población de Buenos Aires y de localidades vecinas, así como de personas de otras provincias y de inmigrantes extranjeros. Muchas de ellas son mujeres que vienen con sus hijos, quienes también trabajan en la extracción del mineral. El pago es a destajo y las jornadas de trabajo alcanzan un promedio de 10 horas.
Devastación ambiental de la minería informal.
Las imágenes anteriores también nos permiten apreciar parte de los impactos ambientales provocados por la minería. En Buenos Aires, el oro se encuentra disponible prácticamente en la superficie, por lo que los mineros suelen desmatar y excavar túneles de baja profundidad para acceder al mineral. Sin embargo, la concentración del mineral no es muy alta: de una tonelada de roca extraída se obtiene, aproximadamente, 50g de oro. Al comienzo, la roca era extraída en bruto para su procesamiento posterior en diversas zonas del país. Sin embargo, conforme la minería informal se fue expandiendo, esta operación pasó a darse localmente con el uso de arsénico. Tal y como relata un informe oficial:
En el trayecto de la vía de Buenos Aires a La Vicera, se encuentran instaladas alrededor de 100 cilindros amalgamadores, más conocidos como “chanchas”, con una capacidad de 80 a 90 kilos de mineral y aproximadamente unas 40 piscinas de cianuración con capacidad de 20 ton/mes. Ambos procesos son ineficientes (40% de recuperación) y altamente contaminantes.
Todo esto ha llevado a la contaminación de los ríos y al agravamiento de los impactos ecosistémicos de la minería en la parroquia. Como veíamos en el punto anterior, esta contaminación se encuentra en áreas de concesión de la empresa minera, quien se exime de cualquier responsabilidad. La minería informal recrudece los impactos socioambientales inherentes a la actividad, exponiéndolos de manera abierta. Las piscinas de lavado, el tráfico de personas, los asesinatos y la precariedad también se hacen presentes con la minería corporativa, aunque podríamos pensar que con la minería informal adquieren un carácter más pornográfico. Las formas por las que se despliega y sus efectos son exhibidos sin tapujos, sin necesidad de tentativas de remediación, camuflaje, compensación.
La falta de alternativas empuja a la minería informal.
Con toda esta crudeza, ¿cómo se explica la afluencia y persistencia de la minería ilegal en zonas como Buenos Aires? Gran parte de los mineros informales pertenecen a una masa flotante de personas que transite en diferentes frentes de avance de la minería ilegal en Ecuador. Algunos son oriundos de provincias del sur como Zamora, mientras que otros provienen de Colombia y Venezuela. Los mineros mencionan recurrentemente la falta de alternativas a la hora de dar sentido a sus actividades. Hay, en efecto, un caldo de cultivo regional que permite que mucha mano de obra termine siendo reclutada para esta actividad. Del mismo modo, existen también personas de la propia parroquia de Buenos Aires que perciben a la minería informal como una posibilidad ante la ausencia de mejores oportunidades
Al no haber trabajo al haber pobreza […] y sin embargo, la minería está ahí botada, no se puede minar. Siendo dueños nosotros de estas tierras no nos permiten minar, pero en cambio, sí están entrando las empresas grandes a extraer los minerales.
Este tipo de declaraciones muestran también un rechazo a la minería corporativa, entendida como expolio de empresas extranjeras de recursos que, en primer lugar, deberían beneficiar a la población local, a los dueños de la tierra. La minería informal es vista así como una salida ante lo inevitable, ante lo dado -la pobreza generalizada y la existencia de un “tesoro bajo el subsuelo” que promete la superación de la primera. Sin embargo, la minería informal está lejos de representar un negocio en el que cada cual extrae para sí mismo y se lleva ganancias acorde con su propio trabajo. Las formas de reparto de las rentas de esta actividad distan del modelo del cuentapropista o del empresario de sí mismo adoptado por muchas personas para justificar su participación en las mismas. En conversaciones con la población local y con el equipo jurídico que acompaña la lucha contra la empresa, nos explicaban que, tras estos primeros años de pugnas y crímenes para consolidar el control de los flujos de valor, la minería ilegal está regida por relaciones de poder más consolidadas. Nuestros informantes nos comentaban que varios grupos han participado en el comando de las redes de extracción y financiamiento de la minería, desde guerrillas colombianas desmovilizadas tras los acuerdos de paz hasta grupos vinculados al narcotráfico como Los Lobos, encargados de la custodia del oro hasta los puntos de venta en varias partes del país. Esta información también aparece de manera fragmentada en publicaciones en la prensa.
Así, el control ejercido por estos grupos implica también, al igual que cuando la minería es realizada por las empresas, una apropiación de rentas extraordinarias. Los peones que trabajan para la minería informal ganan por destajo o por jornal. Los excedentes son capturados en los eslabones superiores, permitiendo el enriquecimiento de estas organizaciones criminales. Esto no quita, sin embargo, que las ganancias obtenidas por los mineros informales rasos no sean mayores que las que obtendrían realizando cualquier otra actividad. Además, en torno a las actividades de extracción, muchas personas trabajan ofreciendo servicios de diferente índole, como talleres mecánicos, alimentación u hospedaje. De hecho, la población local suele participar más a menudo de este tipo de servicios que de la extracción directa del mineral. Finalmente, nos comentaban nuestros interlocutores, los dueños de las tierras en donde se extrae el oro también arriendan sus propiedades a la minería a precios muy tentadores.
Todo esto configura un escenario muy complicado para los procesos de resistencia a la minería en estos espacios. En la tercera y última entrega de esta publicación daremos cuenta de ello.
