El derecho internacional en riesgo: sus efectos en la garantía de derechos humanos

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[…] El derecho internacional define las responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre ellos, y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. Sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los derechos humanos, el desarme, el delito internacional, los refugiados, las migraciones, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. También regula los bienes comunes mundiales, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional […] (Naciones Unidas, s/f).

En los últimos años se registra una sistemática violación al derecho internacional. El informe de Amnistía Internacional de 2026, da cuenta que durante el 2025 se cometieron una serie de crímenes de derecho internacional. Entre otros se menciona el “genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Rusia en Ucrania y los crímenes de guerra […] cometidos en Myanmar, Sudán y otras zonas en conflicto […] Estados Unidos y Rusia menoscabaron en 2025 los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, en concreto la Corte Penal Internacional (CPI) […] otros Estados anunciaron su retirada del Estatuto de Roma” (Amnistía Internacional, 2026).

Durante el 2025 la intensificación de las prácticas autoritarias fue recurrente en todo el mundo, tal es así que “los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Kenia, Reino Unido y Venezuela, entre otros países, emplearon la violencia para reprimir protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes de seguridad y antiterroristas o hicieron uso de desapariciones forzadas, ejecuciones y tácticas abusivas de actuación policial” (Amnistía Internacional, 2026).

Compilación de imágenes tomadas del portal de CIDH, BBC News Mundo, Teleamazonas, France 2024.

A nivel latinoamericano también se reconocen varios hitos que marcan la incesante violación al derecho internacional. En el caso ecuatoriano, el punto de inflexión se registró el 5 de abril de 2024, cuando agentes del orden incursionaron en la Embajada de México en la ciudad de Quito para aprehender a Jorge Glas, quién gozaba de asilo político otorgado por México. Glas fue acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016. Tras la incursión en la sede diplomática México y Ecuador rompieron relaciones de forma indefinida.

La incursión en la embajada fue considerada como una violación flagrante al derecho internacional y al Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas1. Por su parte, la CIDH expresó su preocupación ante la situación y llamó al respeto de las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Además, a través de la Resolución CP/RES. 1253 (2494/24) del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se condenó la intrusión en la Embajada de México.

Compilación de imágenes tomadas del portal The New York Times, CNN Mundo, El Universo.

Lo acontecido en Ecuador, se conecta con la operación militar estadounidense registrada el 3 de enero de 2026 en Caracas, la misma que concluyó con la captura del ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Posteriormente, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales. La incursión militar fue denominada como Operation Absolute Resolve, y, de acuerdo con publicaciones periodísticas se desplegaron cerca de 200 militares. Además, se dieron ataques coordinados sobre infraestructura clave de la capital venezolana y bombardeos (Primicias, 2026).

La respuesta internacional a la intervención estadounidense fue inmediata y tuvo varios matices. Por ejemplo, funcionarios de Washington defendieron la operación como una acción legítima contra un gobierno acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de narcotráfico. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como expertos en derecho internacional y organismos de derechos humanos, denunciaron que la intervención socavó principios fundamentales del derecho internacional, especialmente la prohibición de usar la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de un Estado soberano, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

En esta misma línea, Ravina Shamdasani una portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó lo siguiente: […] La rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral en violación del derecho internacional […] (ONU, 2026).

La intervención militar en Venezuela planteó dilemas complejos. Estados Unidos argumentó la necesidad de responsabilizar a figuras acusadas de abusos. No obstante, usar la acción militar unilateral como instrumento de justicia penal viola normas de protección internacional y agrava las vulnerabilidades de la población civil, especialmente cuando la operación se realiza sin consenso multilateral. Por su parte, Amnistía Internacional expresó preocupación por el impacto de la operación en los derechos humanos del pueblo venezolano y advirtió que la militarización podría provocar nuevas violaciones (Amnistía Internacional, 2026).

Es innegable que la situación de los derechos humanos en Venezuela era alarmante antes de la reciente intervención militar extranjera, ya que existen casos documentados de represión política, restricción a libertades civiles y un marcado deterioro de las condiciones económicas y sociales. Sin embargo, la intervención añade una capa de complejidad al debate sobre la legitimidad y eficacia de respuestas externas a crisis internas. Nuevamente, el riesgo más grave es la normalización de prácticas que erosionan el marco jurídico internacional de protección de derechos humanos y debilitan la soberanía de los Estados (Primicias, 2026).

Bajo este panorama resulta innegable que el derecho internacional sufrió una pérdida de valor sustancial. La intervención de Estados Unidos en Venezuela marcó un precedente que podría justificar posibles intervenciones en contextos similares. Un ejemplo de esta situación lo constituye el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Precisamente, uno de los ejes del conflicto es el control del Estrecho de Ormuz . Al igual que en Venezuela, priman intereses geopolíticos, militares y económicos, sobre el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo iraní.

Nota al pie:

1 El artículo 22, consta de tres apartados: a. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión; b. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad; c. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

2 La Resolución fue aprobada el 10 de abril de 2024.

3 Paso estratégico por donde transita petróleo y gas licuado.

Lista de referencias:

Amnistía Internacional. 2026. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Organización de las Naciones Unidas. 2026. Rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos no se logra mediante una intervención militar unilateral (Noticias ONU). https://news.un.org/es/story/2026/01/1540977

Primicias, “ONU afirma que el ataque de Estados Unidos a Venezuela «socavó un principio fundamental del derecho internacional»”, 2026, https://www.primicias.ec/internacional/ataque-estados-unidos-venezuela-onu-derechos-humanos-intervencion-militar-preocupacion-113133/

Imagen tomada del sitio web del New York Times.




En la siguiente publicación el equipo del OCTE presenta un análisis de la reducción del espacio cívico y la democracia en la región Latinoamericana

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La misma población esmeraldeña que sufre el racismo y el empobrecimiento estructural desde hace generaciones, se encuentra organizada para defender sus derechos y medios de vida. Entre las principales entidades podemos situar a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE). La UOCE viene sosteniendo por años un trabajo de formación política y agroecología con jóvenes y mujeres cuyos territorios han sido afectados por las camaroneras y las palmicultoras. También nos encontramos a colectivos como Mujeres de Asfalto, organización que integra a mujeres de la provincia que buscan incidir tejiendo espacios de construcción y deconstrucción feminista, en los que los derechos humanos de las mujeres y su implementación sean exigidos desde la incidencia efectiva con herramientas de innovación política y comunitaria.

La minería informal en Buenos Aires opera desde 2017. La extracción ilegal de oro conlleva una compleja organización social en la que están involcurados, de manera asimétrica, peones ecuatorianos, colombianos y venezolanos, bandas criminales y otros grupos encargados del transporte y el procesamiento del oro. Esta actividad se lleva a cabo en la conocida como mina vieja, área concesionada a la empresa australiana Hanrine, una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en Buenos Aires. La minería informal trae consigo también formas de violencia mafiosas que pasan por la extorsión, los asesinatos y amenazas a aquellas personas que disputan las rentas generadas o a las que se oponen directamente a su presencia en Buenos Aires. Además, esta minería tiene efectos destructivos también en el propio tejido comunitario local, debido a que estimula el involucramiento de no pocas familias, quienes les proveen de servicios e insumos. De esta manera, la población queda polarizada alrededor de la minería informal, generándose conflictos que terminan con el grado relativo de cohesión social existente hasta entonces.

Buenos Aires está situada en el norte de la provincia de Imbabura, colindando con Esmeraldas, por detrás del volcán Cotacachi. Existen varias formas de llegar a esta parroquia, a pesar de su difícil acceso. La principal parte de una desviación a la altura del puesto de control de la policía en el KM de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Con todo, también se puede llegar por Urcuquí, la cabecera cantonal, y por caminos no carrozables cruzando los páramos de El Piñan.
La formación de la cabecera parroquial comenzó en 1912, con la llegada de personas procedentes de Cahuasqui que huían de las condiciones de explotación y sometimiento impuesto por el sistema de haciendas. La parroquia se constituye como tal en 1941.

La empresa responsable por el proyecto el Domo es la minera Curimining. Sus accionistas son empresas mineras canadienses. La concesión del proyecto abarca alrededor de las 1500 hectáreas. Curimining planea extraer oro y cobre principalmente. Debido a la cantidad de minerales existentes, la concesión está catalogada bajo el régimen de mediana minería. Este proyecto es considerado uno estratégico por parte de las élites estatales a la hora de apuntalar a la minería como uno de los vectores principales de obtención de divisas, con la tendencia a la caída de las exportaciones petroleras.

Las Naves es un cantón con una producción agrícola campesina increíblemente diversificada. En sus fincas, las familias producen, entre otros, cacao, naranja, verde, banano, café, caña y limón. Además, crían ganado para carne y algunos productores han implementado proyectos turísticos, especialmente en las zonas de bosque, alrededor de cascadas y ríos.

La producción agropecuaria de Las Naves se ve beneficiada también por la relativa disponibilidad de tierras, por la fertilidad de sus suelos y por el clima favorable. Adicionalmente, y a diferencia de otras zonas rurales del país, los jóvenes campesinos de Las Naves tienden a quedarse trabajando con sus familias, dado que, la agricultura aún es un medio de vida que ofrece dignidad y perspectivas de futuro. No obstante, esta diversidad productiva está amenazada por la minería. La instalación del proyecto El Domo trae consigo el alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua del cantón, lo que supondría un duro golpe para la continuidad de los medios de vida de gran parte de su población.

La ocupación del cantón de Las Naves es relativamente reciente. En ella confluyen diversos procesos históricos, entre los que destacamos la llegada de migrantes procedentes de las zonas altas de la sierra que salieron en busca de tierras para el cultivo a partir de la década de 1960. A Las Naves también llegó población oriunda de la costa en la segunda mitad del siglo XX que buscaba nuevos espacios en los que asentarse. Fue reconocido como cantón en 1992. Por otro lado, la minería también tiene antecedentes históricos reseñables en la región. En la década de 1990 la empresa Rio Tinto realizó varias exploraciones del potencial minero. Esta experiencia marcó un precedente, la empresa fue expulsada de las zonas en las que había incursionado y algunos de los líderes que encabezaron esa resistencia siguen presentes en la oposición al proyecto Curipamba – El Domo.

Las Naves es un cantón perteneciente a la provincia de Bolívar, ubicada en la sierra centro del país. Está situado en las faldas occidentales de Los Andes, y cuenta con un clima subtropical, con mucho calor y humedad. El cantón colinda también con la provincia de Los Ríos.

El proyecto minero pretende emplazarse en la zona alta, en una de las montañas más icónicas del cantón, conocida como El Domo. De este lugar nacen diferentes ríos que abastecen de agua a la población para su consumo y para el sostenimiento de la producción agrícola campesina no solo de Las Naves, sino también de Los Ríos.