Nuevo informe documenta 27 personas defensoras criminalizadas en el conflicto minero de Las Naves

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Alerta sobre la pérdida del espacio cívico en Ecuador y la criminalización de personas defensoras.


La investigación conjunta de CEDHU y OCTE evidencia el uso indebido del sistema penal, demandas abusivas (SLAPPs), estados de excepción permanentes y reformas normativas orientadas a favorecer el avance del extractivismo minero.


La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), con el apoyo de Misereor, presentaron el informe temático: «Criminalización de personas defensoras en el contexto ecuatoriano: Caso Las Naves (Enero 2025 – Mayo 2026)». El documento expone cómo el aparato estatal y judicial ha sido instrumentalizado para amedrentar y procesar penalmente a líderes y comunidades que defienden el agua y la soberanía alimentaria frente a proyectos mineros.


El caso Las Naves: hostigamiento judicial y uso abusivo del derecho penal

El informe profundiza en el conflicto socioambiental originado en el cantón Las Naves por la imposición del proyecto minero Curipamba Sur (El Domo), a cargo de la empresa Curimining S.A. En este cantón el Estado concesionó de manera inconsulta el 80% de su territorio, afectando directamente las zonas de recarga hídrica del cerro Piedra Negra.


Entre los principales hallazgos documentados en el cantón hasta mediados de 2026 se destacan:

  • 27 personas defensoras criminalizadas a través de 9 procesos penales abiertos y dos investigaciones previas.
  • De las 27 personas criminalizadas, 19 fueron sentenciadas en primera instancia.
  • Uso desproporcionado de figuras penales graves: Se identificó el uso de al menos, siete tipos penales, entre ellos asociación ilícita, daño a bien ajeno, ataque y resistencia, lesiones, robo y secuestro. Además, la Fiscalía ha mantenido investigaciones previas dilatadas, contraviniendo los plazos máximos de dos años establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
  • Patrón concertado entre minera y acusadores particulares: El informe revela que la gran mayoría de las causas penales son impulsadas de forma directa por Curimining S.A. o por personas afines a la minera, compartiendo el patrocinio del mismo estudio jurídico corporativo con sede en Quito.
  • Demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs): Organizaciones como CEDHU han sido blanco de litigios abusivos, como una demanda de Hábeas Data por difundir testimonios de la falta de consulta ambiental, así como pedidos públicos de investigación a su financiamiento y campañas de estigmatización en redes locales.
 
El sistema legal a medida del extractivismo


Durante el período analizado, se identifica la consolidación de un marco jurídico diseñado para eliminar trabas a los proyectos mineros:

  • Flexibilización de normativa ambiental: La ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, reformó el artículo 26 de la Ley de Minería, sustituyendo la exigencia de la «licencia» por una «autorización administrativa ambiental», emitida por el MAE. Si bien se mantiene como un acto previo y vinculante (junto a la autorización de la Autoridad Única del Agua), en la práctica flexibiliza las barreras de entrada normativa.
  • Leyes restrictivas contra la sociedad civil: La Ley Orgánica de Transparencia Social y su reglamento prohíben expresamente a las ONG e instancias comunitarias «interferir» u obstaculizar proyectos mineros autorizados, bajo amenaza de disolución y suspensión de personería jurídica por cuatro años.
  • Abuso sistemático de los Estados de Excepción: Entre enero de 2024 y mediados de 2026 se decretaron 25 Estados de Excepción, normalizando la suspensión de derechos, allanamientos sin orden judicial e intervenciones conjuntas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en territorios en conflicto minero como Las Naves, Echeandía, La Maná y Palo Quemado.

 

Exigencias urgentes


Ante este alarmante escenario, las organizaciones autoras del informe demandan al Estado ecuatoriano:

  • El cese inmediato de la criminalización y del uso instrumental del sistema penal contra campesinos, campesinas y colectivos que defienden legítimamente sus territorios y fuentes de agua.
  • Garantías plenas para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y de la naturaleza, frenando la estigmatización, la vigilancia arbitraria y el hostigamiento a las organizaciones acompañantes.
  • El respeto irrestricto a los derechos colectivos y de la naturaleza, revisando los títulos y autorizaciones mineras otorgadas a espaldas de la población y sin consulta previa, libre e informada.
  • El respeto y garantía de la independencia de la Corte Constitucional, así como el cese de las acciones de intimidación, hostigamiento y persecución contra sus integrantes, garantizando su función como órgano de control de constitucionalidad y contrapeso frente al ejercicio del poder público. 

 

Informe completo aquí. 

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La misma población esmeraldeña que sufre el racismo y el empobrecimiento estructural desde hace generaciones, se encuentra organizada para defender sus derechos y medios de vida. Entre las principales entidades podemos situar a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE). La UOCE viene sosteniendo por años un trabajo de formación política y agroecología con jóvenes y mujeres cuyos territorios han sido afectados por las camaroneras y las palmicultoras. También nos encontramos a colectivos como Mujeres de Asfalto, organización que integra a mujeres de la provincia que buscan incidir tejiendo espacios de construcción y deconstrucción feminista, en los que los derechos humanos de las mujeres y su implementación sean exigidos desde la incidencia efectiva con herramientas de innovación política y comunitaria.

La minería informal en Buenos Aires opera desde 2017. La extracción ilegal de oro conlleva una compleja organización social en la que están involcurados, de manera asimétrica, peones ecuatorianos, colombianos y venezolanos, bandas criminales y otros grupos encargados del transporte y el procesamiento del oro. Esta actividad se lleva a cabo en la conocida como mina vieja, área concesionada a la empresa australiana Hanrine, una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en Buenos Aires. La minería informal trae consigo también formas de violencia mafiosas que pasan por la extorsión, los asesinatos y amenazas a aquellas personas que disputan las rentas generadas o a las que se oponen directamente a su presencia en Buenos Aires. Además, esta minería tiene efectos destructivos también en el propio tejido comunitario local, debido a que estimula el involucramiento de no pocas familias, quienes les proveen de servicios e insumos. De esta manera, la población queda polarizada alrededor de la minería informal, generándose conflictos que terminan con el grado relativo de cohesión social existente hasta entonces.

Buenos Aires está situada en el norte de la provincia de Imbabura, colindando con Esmeraldas, por detrás del volcán Cotacachi. Existen varias formas de llegar a esta parroquia, a pesar de su difícil acceso. La principal parte de una desviación a la altura del puesto de control de la policía en el KM de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Con todo, también se puede llegar por Urcuquí, la cabecera cantonal, y por caminos no carrozables cruzando los páramos de El Piñan.
La formación de la cabecera parroquial comenzó en 1912, con la llegada de personas procedentes de Cahuasqui que huían de las condiciones de explotación y sometimiento impuesto por el sistema de haciendas. La parroquia se constituye como tal en 1941.

La empresa responsable por el proyecto el Domo es la minera Curimining. Sus accionistas son empresas mineras canadienses. La concesión del proyecto abarca alrededor de las 1500 hectáreas. Curimining planea extraer oro y cobre principalmente. Debido a la cantidad de minerales existentes, la concesión está catalogada bajo el régimen de mediana minería. Este proyecto es considerado uno estratégico por parte de las élites estatales a la hora de apuntalar a la minería como uno de los vectores principales de obtención de divisas, con la tendencia a la caída de las exportaciones petroleras.

Las Naves es un cantón con una producción agrícola campesina increíblemente diversificada. En sus fincas, las familias producen, entre otros, cacao, naranja, verde, banano, café, caña y limón. Además, crían ganado para carne y algunos productores han implementado proyectos turísticos, especialmente en las zonas de bosque, alrededor de cascadas y ríos.

La producción agropecuaria de Las Naves se ve beneficiada también por la relativa disponibilidad de tierras, por la fertilidad de sus suelos y por el clima favorable. Adicionalmente, y a diferencia de otras zonas rurales del país, los jóvenes campesinos de Las Naves tienden a quedarse trabajando con sus familias, dado que, la agricultura aún es un medio de vida que ofrece dignidad y perspectivas de futuro. No obstante, esta diversidad productiva está amenazada por la minería. La instalación del proyecto El Domo trae consigo el alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua del cantón, lo que supondría un duro golpe para la continuidad de los medios de vida de gran parte de su población.

La ocupación del cantón de Las Naves es relativamente reciente. En ella confluyen diversos procesos históricos, entre los que destacamos la llegada de migrantes procedentes de las zonas altas de la sierra que salieron en busca de tierras para el cultivo a partir de la década de 1960. A Las Naves también llegó población oriunda de la costa en la segunda mitad del siglo XX que buscaba nuevos espacios en los que asentarse. Fue reconocido como cantón en 1992. Por otro lado, la minería también tiene antecedentes históricos reseñables en la región. En la década de 1990 la empresa Rio Tinto realizó varias exploraciones del potencial minero. Esta experiencia marcó un precedente, la empresa fue expulsada de las zonas en las que había incursionado y algunos de los líderes que encabezaron esa resistencia siguen presentes en la oposición al proyecto Curipamba – El Domo.

Las Naves es un cantón perteneciente a la provincia de Bolívar, ubicada en la sierra centro del país. Está situado en las faldas occidentales de Los Andes, y cuenta con un clima subtropical, con mucho calor y humedad. El cantón colinda también con la provincia de Los Ríos.

El proyecto minero pretende emplazarse en la zona alta, en una de las montañas más icónicas del cantón, conocida como El Domo. De este lugar nacen diferentes ríos que abastecen de agua a la población para su consumo y para el sostenimiento de la producción agrícola campesina no solo de Las Naves, sino también de Los Ríos.