Panorama regional: una mirada a la situación de derechos humanos en las Américas

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Introducción a los informes y reportes las de organizaciones internacionales

Durante 2025 el ejercicio de los derechos humanos a nivel mundial se caracterizó por una constante estigmatización por parte de los distintos actores sociales y políticos. Se observó el generalizado retroceso en la protección y garantía de la aplicabilidad del ejercicio de derechos, incidiendo en el acceso a libertades. En los últimos años los informes preparados por organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional advirtieron sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras, enfatizando en que estos son cada vez mayores.

En el informe global 2024/25 de la organización Front Line Defenders (FDL) publicado en mayo de 2025, se conoció que, durante 2024 al menos 324 personas defensoras fueron asesinadas en 32 países. Esta cifra es un claro indicador de la violencia letal que enfrentan quienes defienden derechos y protegen. En su informe, FLD identifica una amplia gama de estrategias enfocadas en debilitar la labor de personas defensoras, como el acoso, las amenazas, las campañas de difamación, las detenciones arbitrarias y la criminalización.

En cuanto al último informe publicado por Amnistía Internacional (AI) en abril de 2026, se identificaron tendencias preocupantes en más de 150 países, incluyendo represión a la disidencia, discriminación estructural y uso indebido de tecnología para vulnerar derechos humanos. Estas acciones reflejan que las amenazas no corresponden a un solo continente, sino que forman parte de un fenómeno mundial.

Con relación al informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2025, se pone en el centro del debate a la criminalización de la protesta y de la acción cívica. Al respecto, se observa la proliferación de leyes diseñadas para convertir la defensa de derechos en delitos. Práctica que se amplifica en toda la región a través de discursos estigmatizantes, hostigamientos judiciales y otros cargos que buscan silenciar voces críticas (CIDH, 2025).

Los informes de AI y CIDH coinciden en cuanto a la propagación de gobiernos autoritarios en la región latinoamericana, así como del asedio sufrido por las personas defensoras, el surgimiento de marcos normativos restrictivos y las recurrentes prácticas punitivas, todas ellas, estrategias para debilitar la participación ciudadana en asuntos de interés público, lo que en última instancia lleva a una reducción de los espacios cívicos en toda la región.

Por su parte, Washington Office on Latin America (WOLA) presentó en junio de 2025 el informe de investigación llamado “Limitando el espacio cívico: el endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil en las Américas”, en el cual se concluye que, la intensificación del control político no es un fenómeno aislado de la región latinoamericana, en su defecto, responde a una reconfiguración más amplia de las relaciones entre Estado y sociedad civil a nivel mundial. Entonces, algunos gobiernos adoptaron marcos normativos que, bajo discursos de transparencia, seguridad o lucha contra la delincuencia organizada, introdujeron mecanismos de vigilancia, registro y control que impactaron directamente en la autonomía de las organizaciones de derechos humanos y en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación.

En América Latina esta tendencia se materializó de forma progresiva, a través de reformas legales y políticas públicas que ampliaron las facultades estatales de supervisión, control y sanción, especialmente sobre organizaciones sociales que generaban un contrapeso a los gobiernos autoritarios. El punto de inflexión regional se identificó en octubre de 2020 en Nicaragua, donde se aprobó la ley que obliga a personas y organizaciones vinculadas a financiamiento internacional a registrarse como “agentes extranjeros”. En 2022 se aprobó la Ley General para la Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, modelo que sirvió como referencia para otras iniciativas muy similares en toda la región latinoamericana (WOLA, 2025).

En octubre de 2024 Paraguay aprobó la Ley N.º 7363 sobre control y rendición de cuentas de organizaciones sin fines de lucro. En noviembre de ese mismo año, Venezuela, aprobó la ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y organizaciones sociales, la cual permitía la disolución de organizaciones bajo categorías amplias y ambiguas. En marzo de 2025 Perú reformó el marco de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) incrementando el control estatal sobre organizaciones que reciben financiamiento internacional (Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción, 2025). En mayo de 2025 El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la cual restringía significativamente las capacidades operativas y financieras de la sociedad civil (WOLA, 2025).

Infografía 1: Ley Orgánica de Transparencia Social.
Elaborado por: OCTE, 2026.

En agosto de 2025 Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, la cual se inscribió en esta tendencia regional. La normativa buscaba la transparencia y prevención del uso indebido de recursos en organizaciones sociales. También introdujo mecanismos de registro obligatorio, clasificación por niveles de riesgo, reporte detallado de financiamiento y sistemas de control estatal centralizados sobre las organizaciones sin fines de lucro. En la práctica, estas disposiciones ampliaron las capacidades de supervisión estatal y dificultaron el trabajo de defensa de derechos. A lo anteriormente descrito se adhiere el desarrollo reglamentario de la ley, que incorporó disposiciones para habilitar sanciones y restricciones específicas contra organizaciones que acompañaban y defendían derechos en contextos vinculados a proyectos extractivos.

La ley y su reglamento no solo incrementaron el riesgo de sanción administrativa o cancelación de la personería jurídica, sino que también reforzaron los procesos de estigmatización y criminalización contra organizaciones y personas defensoras que cuestionaban o monitoreaban los impactos de actividades extractivas. En conjunto, el marco normativo y su reglamentación profundizaron un entorno restrictivo que limitaba la acción legítima de la sociedad civil y debilitaba las garantías para la defensa de derechos en Ecuador. En la sección de contexto nacional se profundiza sobre el andamiaje jurídico construido entre 2025 y 2026, así como sobre las repercusiones que trajo para las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, CIDH afirmó que, durante el 2025 las dinámicas de criminalización, amenazas y violencia contra personas defensoras eran mucho más frecuentes y complejas en toda la región. Por su parte, en marzo de 2026 Amnistía Internacional, alertaba sobre un patrón sistemático de adopción de “leyes anti-ONG”, el cual tendría como objetivo controlar, restringir e incluso desmantelar a las organizaciones. Estas normativas no solo limitan el acceso a financiamiento y aumentan la vigilancia estatal, sino que están acompañadas por campañas de estigmatización que presentan a las organizaciones como “enemigos internos” o “agentes extranjeros”, generando entornos de miedo, autocensura, debilitamiento del tejido social y desmovilización (Amnistía Internacional, 2026).

Lejos de fortalecer la transparencia o la rendición de cuentas, estas leyes y sus reglamentos tan solo legitiman y consolidan prácticas autoritarias que restringen la libertad de asociación, aumentan los riesgos de persecución y exposición de personas defensoras, reducen la capacidad de las comunidades para exigir derechos, de imponer límites al derecho a la participación social y acceder a mecanismos de protección. Como veremos más adelante, este fenómeno es parte de una estrategia más amplia.

Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial de 2026 menciona que la democracia se encuentra en una suerte de recesión, cayendo en una espiral iniciada antes de las últimas elecciones presidenciales registradas en Estados Unidos. En este sentido, el director ejecutivo de HRW Philippe Bolopion, presenta algunos datos que revelan el marcado retroceso de la democracia experimentado en las últimas décadas, enfatizando en aquellos países considerados como potencias mundiales:






[…] la democracia ha vuelto a los niveles de 1985, según algunas métricas, y el 72 % de la población mundial ahora vive en contextos de autocracia. En Rusia y China hoy hay menos libertad que hace 20 años. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos […] (Bolopion, 2026).

Lo dicho por Bolopion, es ratificado al analizar y comparar los informes de organizaciones internacionales sobre la situación regional. Precisamente, uno de los patrones más recurrentes es la degradación de la democracia. Mientras esto sucede a nivel mundial, en la región latinoamericana se observa una convergencia de al menos tres elementos: gobiernos autoritarios que imponen una agenda securitista, acompañada por signos de violencia estatal y leyes restrictivas, el abuso del derecho para criminalizar a personas defensoras; en segundo orden, la gran influencia económica y política de capitales nacionales y extranjeros sobre las decisiones de lo público; y, la dominancia de grupos de delincuencia organizada en diferentes escalas.

Lista de referencias

Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Bolopion, Philippe, “¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpiano? Los avances autoritarios amenazan el orden basado en normas” en Informe Mundial 2026, Human Rights Watch, 2026, https://www.hrw.org/es/world-report/2026

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf

WOLA (Oficina de Washington para América Latina). 2025. Limitando el espacio cívico: el endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil en las Américas. https://www.wola.org/wp-content/uploads/2025/07/Limitando-el-espacio-civico-el-endurecimiento-de-las-restricciones-a-la-sociedad-civil-en-las-Americas.pdf








En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una reflexión sobre el riesgo que enfrentan las personas defensoras en toda la región latinoamericana

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La misma población esmeraldeña que sufre el racismo y el empobrecimiento estructural desde hace generaciones, se encuentra organizada para defender sus derechos y medios de vida. Entre las principales entidades podemos situar a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE). La UOCE viene sosteniendo por años un trabajo de formación política y agroecología con jóvenes y mujeres cuyos territorios han sido afectados por las camaroneras y las palmicultoras. También nos encontramos a colectivos como Mujeres de Asfalto, organización que integra a mujeres de la provincia que buscan incidir tejiendo espacios de construcción y deconstrucción feminista, en los que los derechos humanos de las mujeres y su implementación sean exigidos desde la incidencia efectiva con herramientas de innovación política y comunitaria.

La minería informal en Buenos Aires opera desde 2017. La extracción ilegal de oro conlleva una compleja organización social en la que están involcurados, de manera asimétrica, peones ecuatorianos, colombianos y venezolanos, bandas criminales y otros grupos encargados del transporte y el procesamiento del oro. Esta actividad se lleva a cabo en la conocida como mina vieja, área concesionada a la empresa australiana Hanrine, una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en Buenos Aires. La minería informal trae consigo también formas de violencia mafiosas que pasan por la extorsión, los asesinatos y amenazas a aquellas personas que disputan las rentas generadas o a las que se oponen directamente a su presencia en Buenos Aires. Además, esta minería tiene efectos destructivos también en el propio tejido comunitario local, debido a que estimula el involucramiento de no pocas familias, quienes les proveen de servicios e insumos. De esta manera, la población queda polarizada alrededor de la minería informal, generándose conflictos que terminan con el grado relativo de cohesión social existente hasta entonces.

Buenos Aires está situada en el norte de la provincia de Imbabura, colindando con Esmeraldas, por detrás del volcán Cotacachi. Existen varias formas de llegar a esta parroquia, a pesar de su difícil acceso. La principal parte de una desviación a la altura del puesto de control de la policía en el KM de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Con todo, también se puede llegar por Urcuquí, la cabecera cantonal, y por caminos no carrozables cruzando los páramos de El Piñan.
La formación de la cabecera parroquial comenzó en 1912, con la llegada de personas procedentes de Cahuasqui que huían de las condiciones de explotación y sometimiento impuesto por el sistema de haciendas. La parroquia se constituye como tal en 1941.

La empresa responsable por el proyecto el Domo es la minera Curimining. Sus accionistas son empresas mineras canadienses. La concesión del proyecto abarca alrededor de las 1500 hectáreas. Curimining planea extraer oro y cobre principalmente. Debido a la cantidad de minerales existentes, la concesión está catalogada bajo el régimen de mediana minería. Este proyecto es considerado uno estratégico por parte de las élites estatales a la hora de apuntalar a la minería como uno de los vectores principales de obtención de divisas, con la tendencia a la caída de las exportaciones petroleras.

Las Naves es un cantón con una producción agrícola campesina increíblemente diversificada. En sus fincas, las familias producen, entre otros, cacao, naranja, verde, banano, café, caña y limón. Además, crían ganado para carne y algunos productores han implementado proyectos turísticos, especialmente en las zonas de bosque, alrededor de cascadas y ríos.

La producción agropecuaria de Las Naves se ve beneficiada también por la relativa disponibilidad de tierras, por la fertilidad de sus suelos y por el clima favorable. Adicionalmente, y a diferencia de otras zonas rurales del país, los jóvenes campesinos de Las Naves tienden a quedarse trabajando con sus familias, dado que, la agricultura aún es un medio de vida que ofrece dignidad y perspectivas de futuro. No obstante, esta diversidad productiva está amenazada por la minería. La instalación del proyecto El Domo trae consigo el alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua del cantón, lo que supondría un duro golpe para la continuidad de los medios de vida de gran parte de su población.

La ocupación del cantón de Las Naves es relativamente reciente. En ella confluyen diversos procesos históricos, entre los que destacamos la llegada de migrantes procedentes de las zonas altas de la sierra que salieron en busca de tierras para el cultivo a partir de la década de 1960. A Las Naves también llegó población oriunda de la costa en la segunda mitad del siglo XX que buscaba nuevos espacios en los que asentarse. Fue reconocido como cantón en 1992. Por otro lado, la minería también tiene antecedentes históricos reseñables en la región. En la década de 1990 la empresa Rio Tinto realizó varias exploraciones del potencial minero. Esta experiencia marcó un precedente, la empresa fue expulsada de las zonas en las que había incursionado y algunos de los líderes que encabezaron esa resistencia siguen presentes en la oposición al proyecto Curipamba – El Domo.

Las Naves es un cantón perteneciente a la provincia de Bolívar, ubicada en la sierra centro del país. Está situado en las faldas occidentales de Los Andes, y cuenta con un clima subtropical, con mucho calor y humedad. El cantón colinda también con la provincia de Los Ríos.

El proyecto minero pretende emplazarse en la zona alta, en una de las montañas más icónicas del cantón, conocida como El Domo. De este lugar nacen diferentes ríos que abastecen de agua a la población para su consumo y para el sostenimiento de la producción agrícola campesina no solo de Las Naves, sino también de Los Ríos.