Informe de vulneración de derechos humanos en Ecuador: Sección minería III

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Taller de réplica sobre herramientas de protección no violentas en la parroquia Las Pampas, Cotopaxi
Fotografía: Josué Astudillo, 2023

Criminalización y represión estatal en Las Pampas y Palo Quemado, Cotopaxi

En primer lugar, se apunta que el caso de las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado guarda mucha cercanía a lo acontecido en Las Naves, especialmente en lo que se refiere a la temporalidad y a las estrategias de imposición desplegadas en los dos últimos gobiernos. En este sentido, es importante mencionar que Las Pampas y Palo Quemado se ubican en el cantón Sigchos. Aunque, tiene afinidad productiva con Santo Domingo de los Tsáchilas por situarse en el subtrópico de Cotopaxi.

En los últimos años existe un renovado interés por el proyecto minero La Plata ubicado entre las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, pues, en este espacio territorial el gobierno nacional proyectó la extracción bajo un régimen de mediana minería en una extensión de 2.222 hectáreas aproximadamente de los siguientes minerales: oro (Au), cobre (Cu), plata (Ag), zinc (Zn) y plomo (Pb). Aunque, es importante recordar que, la minería en estas parroquias no es una actividad reciente, sino que remonta su origen a la década de los cuarenta del siglo XX.

El conflicto se reactivó entre 2018 y 2019, cuando la compañía de origen canadiense Atico Mining Corporation adquirió el 60% de las acciones de la compañía Toachi Mining Inc. Precisamente, en agosto de 2019 durante el gobierno de Lenin Moreno se realizó un evento público en el centro cultural de Palo Quemado, en el que participaron autoridades locales pro mineras, así como el personal del Ministerio de Energía y Minas y los representantes de las compañías con interés sobre el proyecto “La Plata”. En la reunión se presentaron los planes de inversión y de extracción de minerales previstos en territorio.

Paralelamente, en la parroquia Las Pampas, se realizó una asamblea que convocó a 400 personas que llegaron todo el cantón Sigchos, en este encuentro también participaron

autoridades locales, grupos antimineros, eclesiásticos y dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Al concluir el evento, se consolidó un nuevo frente opuesto a la actividad minera en el territorio. Fue así que, los antagonismos desencadenaron nuevos conflictos, preocupaciones y expectativas para los habitantes de estas parroquias rurales de Cotopaxi.

Entre 2019 y 2023 se registraron avances en la consolidación del proyecto minero “La Plata”. Como se mencionó en la sección que precede (conflicto en Las Naves), en 2023, Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo No. 754. A partir de ese momento, Las Pampas y Palo Quemado experimentaron las mismas estrategias vistas en Las Naves para imponer una consulta ambiental liderada por los funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) (ver infografía).

En respuesta a las actuaciones estatales que vulneraban derechos, en julio de 2023 las comunidades que viven en las parroquias Las Pampas y Palo Quemado ejercieron su derecho a la resistencia conforme reconoce la Constitución de la República del Ecuador y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Sin embargo, la fuerza pública reprimió a la población con gases lacrimógenos y balas de goma. Producto del enfrentamiento varias personas resultaron heridas, dos requerían atención médica inmediata, pues, tenían alojadas en el rostro y la canilla balas de goma. En esta ocasión los incidentes no pusieron en riesgo la vida de las personas heridas, aunque sí implicaron problemas sociales y económicos en el largo y mediano plazo para las familias afectadas.

Barreras de acceso a la consulta ambiental Las Pampas – Palo Quemado (2023)
Elaboración: Equipo OCTE

Mientras una relativa calma retornaba a estas comunidades, a inicios de noviembre de 2023, Canadá compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por primera vez recibió 332 recomendaciones relacionadas a las violaciones de los derechos humanos por parte de sus empresas registradas en Canadá pero que operan en el exterior (habitualmente en países del sur global). Entre las recomendaciones se destaca la exigencia realizada por Luxemburgo y Eslovenia para que Canadá promocione los derechos humanos y valores democráticos en el marco de su política interior y exterior. Por su parte, Ecuador y Colombia solicitaron a Canadá reforzar las medidas para eliminar los obstáculos que impiden a las personas y comunidades afectadas por las actividades de empresas canadienses en el extranjero acceder a recursos judiciales efectivos y a reparaciones en el país, así como velar por el acceso a la justicia de las personas afectadas por actividades empresariales en el extranjero.

Por supuesto, resulta llamativo que en noviembre de 2023 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emita 332 recomendaciones relacionadas a las violaciones de los derechos humanos dirigidas a un solo país, y, que, en abril 2024 el presidente Daniel Noboa intente enmendar la Constitución de la República para permitir el arbitraje internacional en conflictos relacionados con extractivismos, en donde se observan claras vulneraciones de derechos humanos.

Ahora bien, retomando lo acontecido en Las Pampas y Palo Quemado, en marzo de 2024 el conflicto se activó nuevamente y trajo consigo una escalada de violencia insospechada. Específi camente, el 10 de marzo de 2024 personas desconocidas ingresaron en camiones a las dos parroquias. La inusual presencia de individuos ajenos al territorio no pasó desapercibida y fue relacionada con la consulta ambiental. Entre el 11 y 12 de marzo se registraron enfrentamientos entre las personas oriundas de las parroquias, con los recién llegados. Luego se supo que eran grupos de choque, que aparentemente serían auspiciados por la empresa minera. En algunos casos, estas personas -que buscaban provocar a la población local- tuvieron desencuentros y cruces de palabras.

Paralelamente, funcionarios del MAATE intentaron entregar convocatorias para continuar con el proceso de consulta ambiental. Lo hicieron en un local cerrado y con resguardo policial. Algunas personas acudieron al lugar para recibir la información, pero al negarles la entrada surgieron nuevos enfrentamientos y se registraron los primeros heridos.

Durante el 11 de marzo también se presentó una denuncia pública de la “Confederación Nacional de Juntas del Campesinado del Ecuador” y de la “Junta de Defensa del Campesinado Filial Palo Quemado”, en el documento se acusaba a grupos antimineros, entre ellos a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de irrumpir en una reunión en la que participaban funcionarios del MAATE y habitantes del recinto Las Minas de La Plata. Además, en el comunicado se denunciaba la desaparición de 15 personas. Las acusaciones no tenían fundamento y quedaron rápidamente desacreditadas.

Es importante identificar el origen de la llamada Confederación Nacional de Juntas del Campesinado del Ecuador. Esta organización nació en los años 60 del siglo XX, a fin de “proteger” a campesinos del robo de ganado. Aunque, con el paso del tiempo el objetivo se desvirtuó hasta ser acusada de graves abusos en contra de las comunidades. De hecho, en 2011 se publicó el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, elaborado por Philip Alston de Naciones Unidas97. Al respecto, las personas entrevistadas para el informe manifestaron que sufrieron amenazas, secuestros, torturas, también se hace referencia a la muerte de personas. Por tanto, la presencia de esta organización es llamativa, pues, su objetivo en los territorios es claro: promover la discordia. No se descarta la posibilidad de que su presencia sea patrocinada por grupos promineros.



Retomando los incidentes de 2024, el 16 de marzo ocho funcionarios del MAATE iniciaron el proceso de consulta ambiental en la parroquia Palo Quemado. Se socializó a un grupo de 50 personas que habitaban dos recintos promineros acerca de la fase de explotación minera. Mientras se desarrollaba la socialización el lugar estaba resguardado por 750 agentes del orden (entre militares y policías). Al igual que en el 2023 seevidenciaron barreras de acceso para la participación efectiva de la población. Así mismo, las comunidades de Las Pampas y Palo Quemado que rechazaban la actividad minera se movilizaron. A lo largo del mes de marzo se produjeron enfrentamientos y la población fue reprimida con balas de goma y gases lacrimógenos. El testimonio de una mujer campesina de Las Pampas revela como el MAATE junto con los agentes del orden limitaron la participación en la consulta ambiental de las personas opuestas a la minera:

[…] a 400 metros de Palo Quemado estaban
los militares, hay varios frentes bloqueados
por militares y policías. Aproximadamente 800 oficiales. Poco a poco iban avanzando y nos atacaban en las hondonadas. Las personas caminaban por la vía para poder llegar al lugar de la consulta, pero no les dejaron. La gente se dispersaba para poder llegar al punto de consulta, se meten por los potreros, en las hondonadas les dispararon gases lacrimógenos. Mandaron helicóptero, drones […] (Testimonio de lideresa comunitaria, 29 de marzo de 2024).

En varios vídeos quedó registrada la forma en que la fuerza pública atacaba a una población en evidente desventaja. La violencia no solo afectó a las personas que intervinieron en las manifestaciones, sino a toda la comunidad, pues, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad eran espectadores de constantes detonaciones, de personas desfallecidas por los gases lacrimógenos o con heridas de gravedad. Posteriormente, estos grupos vulnerables manifestaron sentirse temerosos y ansiosos frente a un futuro incierto y a la posibilidad de retomar sus vidas, regresar a las escuelas y colegios sin que su integridad sea comprometida.

[…] Los niños nos dicen, mami no te vayas te
van a matar, te vas a ir a la cárcel. Los niños no querían quedarse en casa. Digan al señor presidente que no maten a nuestros padres, nos vamos a quedar solitos. Esto nos desgarra, salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar […] (Testimonio de lideresa comunitaria,
29 de marzo de 2024).

Después de un par de semanas de violenta represión, el 22 de marzo el alcalde de Sigchos Oscar Monge presentó una acción de protección con medidas cautelares a fin de suspender la consulta ambiental del proyecto minero La Plata (cód. 2001.1). El 25 de marzo el juez multicompetente del cantón Sigchos Darwin Paredes, emitió un auto de suspensión provisional de la consulta para las fases de explotación y benefi cio de minerales no metálicos en el área operativa de la concesión. Dicho en otras palabras, se suspendió provisionalmente la consulta ambiental en las parroquias Las Pampas y Palo Quemado.

Finalmente, en el informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) presenta un análisis de la invisibilización de la violencia en contra de familias campesinas: los discursos oficiales, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/qquqa

Imágenes tomadas del portal web de El Universo, de la página del Consejo de Derechos Humanos, en su 17vo período de seiones con el tema «Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston

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La misma población esmeraldeña que sufre el racismo y el empobrecimiento estructural desde hace generaciones, se encuentra organizada para defender sus derechos y medios de vida. Entre las principales entidades podemos situar a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE). La UOCE viene sosteniendo por años un trabajo de formación política y agroecología con jóvenes y mujeres cuyos territorios han sido afectados por las camaroneras y las palmicultoras. También nos encontramos a colectivos como Mujeres de Asfalto, organización que integra a mujeres de la provincia que buscan incidir tejiendo espacios de construcción y deconstrucción feminista, en los que los derechos humanos de las mujeres y su implementación sean exigidos desde la incidencia efectiva con herramientas de innovación política y comunitaria.

La minería informal en Buenos Aires opera desde 2017. La extracción ilegal de oro conlleva una compleja organización social en la que están involcurados, de manera asimétrica, peones ecuatorianos, colombianos y venezolanos, bandas criminales y otros grupos encargados del transporte y el procesamiento del oro. Esta actividad se lleva a cabo en la conocida como mina vieja, área concesionada a la empresa australiana Hanrine, una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en Buenos Aires. La minería informal trae consigo también formas de violencia mafiosas que pasan por la extorsión, los asesinatos y amenazas a aquellas personas que disputan las rentas generadas o a las que se oponen directamente a su presencia en Buenos Aires. Además, esta minería tiene efectos destructivos también en el propio tejido comunitario local, debido a que estimula el involucramiento de no pocas familias, quienes les proveen de servicios e insumos. De esta manera, la población queda polarizada alrededor de la minería informal, generándose conflictos que terminan con el grado relativo de cohesión social existente hasta entonces.

Buenos Aires está situada en el norte de la provincia de Imbabura, colindando con Esmeraldas, por detrás del volcán Cotacachi. Existen varias formas de llegar a esta parroquia, a pesar de su difícil acceso. La principal parte de una desviación a la altura del puesto de control de la policía en el KM de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Con todo, también se puede llegar por Urcuquí, la cabecera cantonal, y por caminos no carrozables cruzando los páramos de El Piñan.
La formación de la cabecera parroquial comenzó en 1912, con la llegada de personas procedentes de Cahuasqui que huían de las condiciones de explotación y sometimiento impuesto por el sistema de haciendas. La parroquia se constituye como tal en 1941.

La empresa responsable por el proyecto el Domo es la minera Curimining. Sus accionistas son empresas mineras canadienses. La concesión del proyecto abarca alrededor de las 1500 hectáreas. Curimining planea extraer oro y cobre principalmente. Debido a la cantidad de minerales existentes, la concesión está catalogada bajo el régimen de mediana minería. Este proyecto es considerado uno estratégico por parte de las élites estatales a la hora de apuntalar a la minería como uno de los vectores principales de obtención de divisas, con la tendencia a la caída de las exportaciones petroleras.

Las Naves es un cantón con una producción agrícola campesina increíblemente diversificada. En sus fincas, las familias producen, entre otros, cacao, naranja, verde, banano, café, caña y limón. Además, crían ganado para carne y algunos productores han implementado proyectos turísticos, especialmente en las zonas de bosque, alrededor de cascadas y ríos.

La producción agropecuaria de Las Naves se ve beneficiada también por la relativa disponibilidad de tierras, por la fertilidad de sus suelos y por el clima favorable. Adicionalmente, y a diferencia de otras zonas rurales del país, los jóvenes campesinos de Las Naves tienden a quedarse trabajando con sus familias, dado que, la agricultura aún es un medio de vida que ofrece dignidad y perspectivas de futuro. No obstante, esta diversidad productiva está amenazada por la minería. La instalación del proyecto El Domo trae consigo el alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua del cantón, lo que supondría un duro golpe para la continuidad de los medios de vida de gran parte de su población.

La ocupación del cantón de Las Naves es relativamente reciente. En ella confluyen diversos procesos históricos, entre los que destacamos la llegada de migrantes procedentes de las zonas altas de la sierra que salieron en busca de tierras para el cultivo a partir de la década de 1960. A Las Naves también llegó población oriunda de la costa en la segunda mitad del siglo XX que buscaba nuevos espacios en los que asentarse. Fue reconocido como cantón en 1992. Por otro lado, la minería también tiene antecedentes históricos reseñables en la región. En la década de 1990 la empresa Rio Tinto realizó varias exploraciones del potencial minero. Esta experiencia marcó un precedente, la empresa fue expulsada de las zonas en las que había incursionado y algunos de los líderes que encabezaron esa resistencia siguen presentes en la oposición al proyecto Curipamba – El Domo.

Las Naves es un cantón perteneciente a la provincia de Bolívar, ubicada en la sierra centro del país. Está situado en las faldas occidentales de Los Andes, y cuenta con un clima subtropical, con mucho calor y humedad. El cantón colinda también con la provincia de Los Ríos.

El proyecto minero pretende emplazarse en la zona alta, en una de las montañas más icónicas del cantón, conocida como El Domo. De este lugar nacen diferentes ríos que abastecen de agua a la población para su consumo y para el sostenimiento de la producción agrícola campesina no solo de Las Naves, sino también de Los Ríos.