Este resumen sintetiza el contenido del diagnóstico socioambiental elaborado dentro del marco del proyecto “Apoyo de la UE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales”, ejecutado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) del Ecuador y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio FEPP. A través del proyecto se intentó responder a las crecientes tensiones sociales que impactan a Ecuador, motivadas por las contradicciones en las formas de regulación de las dinámicas espaciales de acumulación en lo que tiene que ver con grandes proyectos extractivos. Estas contradicciones hacen referencia tanto al campo político como al del derecho. En relación a este último, la incongruencia del marco normativo vigente se manifiesta en la falta de aplicación de los instrumentos garantistas establecidos en la Constitución y en la normativa internacional de protección de derechos suscrita por el Ecuador. Estos instrumentos son ignorados en favor de normativa de menor rango que incentiva la inversión privada en proyectos extractivos, modificando las condiciones de ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza.

Llama la atención que, el grave conflicto social sobre la explotación de estos recursos en territorios comunitarios obedece a los impactos ambientales, la falta de consulta ambiental y la persecución y criminalización de la protesta social. Las personas defensoras de derechos humanos, cuyo activismo se centra en la protección del medio ambiente y las comunidades afectadas por actividades industriales, extractivas o de desarrollo, enfrentan cada vez más patrones de criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores involucrados. A lo largo del diagnóstico, examinamos los casos más emblemáticos de criminalización a defensores durante los últimos años. Una revisión exhaustiva de los cargos imputados y la evolución de los procesos judiciales permitió concebir ciertos patrones:

• Tipificación vaga de delitos;
• Judicialización selectiva;
• Estigmatización mediática y judicial;
• Falta de imparcialidad en las investigaciones;
• Detenciones preventivas injustificadas;
• Ataque a la protesta social;
• Amenazas y hostigamiento;
• Falta de protección efectiva por parte del Estado.

Una de las prioridades de diagnóstico nacional es el análisis de la expansión de la agroindustria y sus impactos. Aquí se destaca la producción de bienes como el camarón, que tal vez sea uno de los productos que mayor consolidación ha experimentado en las últimas décadas, y la palma africana que se concentra en al menos cuatro clústeres: Pichincha-Santo Domingo, Esmeraldas, Los Ríos y Sucumbíos-Orellana. Estos dos últimos, junto con el norte de la provincia de Esmeraldas, son los espacios de expansión de la palma más recientes. Por otro lado, Ecuador es el primer exportador mundial de banano que presenta una estructura oligopsónica dominada por unas pocas compañías exportadoras que consiguen imponer sus precios y estándares a los productores más pequeños. También se destaca la producción de abacá que se esparce por Santo Domingo, Manabí, Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos. El 75% de la producción se concentra en las zonas de la Concordia y Santo Domingo con más de 14,831 ha.

La expansión de la agroindustria en el Ecuador no se puede entender por otra parte sin el papel del Estado. Esta expansión se trata de un proyecto estratégico de Estado, junto con la consolidación de la minería a gran escala. Las estrategias de los grupos económicos han fluctuado, según la coyuntura, entre la cooptación directa de las instituciones y el direccionamiento de los tomadores de decisión mediante grupos de presión. Estas diversas formas de ejercer influencia se traducen a lo largo del tiempo en la emisión de decretos ejecutivos para la conversión de decenas de miles de hectáreas de bosque para las empresas, las puertas giratorias a través de las cuales los directivos de las empresas entraban y salían de puestos claves en los ministerios, el diseño de programas y políticas crediticios y de fomento, el establecimiento de mecanismos selectivos de exención
tributaria.

Los impactos socioambientales principales asociados a la expansión de la agroindustria se evidencian en la destrucción de manglares, atentando contra la soberanía de las comunidades recolectoras; la esclavitud de muchos de los trabajadores de las plantaciones que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones debido a las condiciones de precariedad, la falta de cobertura social y la inexistenciade libertad de sindicalización de los trabajadores; diversas formas de control, subordinación y explotación como el caso de la empresa Furukawa; la expulsión de poblaciones y la destrucción de cientos de hectáreas de selva para para plantaciones de palma.

Ecuador enfrenta también la fi ebre de los minerales donde los gobiernos y el sector empresarial impulsan la megaminería como un proyecto estratégico. El discurso que legitima esta conversión tiene que ver con el conseguir asegurar condiciones de estabilidad macroeconómicas en un país dolarizado, en el que los pronósticos sobre el declive de las exportaciones petroleras y su pérdida de importancia en la balanza comercial no han hecho sino aumentar en los últimos tiempos.

El impulso otorgado por el Estado para el apuntalamiento de la minería como vector macroeconómico central del país está dirigido hacia ciertos proyectos estratégicos y de segunda generación, catalogados bajo los regímenes de mediana y gran minería. La conflictividad social y la creciente preocupación ecológica de la población alrededor de estos proyectos se entienden mejor cuando se analiza la distribución espacial de las concesiones con las zonas nacionales de importancia hídrica. El 79% de las áreas concesionadas para la minería en el país se solapan con Zonas de Importancia Hídrica Alta o Muy Alta. Estas zonas, son fundamentales para la vida de la población rural y urbana de norte a sur del país. Para el sostenimiento de la agricultura campesina y para las formas de vida en las ciudades. No es de extrañar, por tanto, que la confl ictividad desatada por los intentos de convertir al Ecuador en un país mega-minero esté aumentando, especialmente en las provincias en donde los proyectos estratégicos están tratando de ser implementados. A continuación, repasaremos esta conflictividad para las provincias más representativas.

Cotopaxi

Los conflictos socioambientales en la provincia de Cotopaxi son el resultado de actividades mineras, agroindustria, explotación forestal, entre otros. Los proyectos con mayor conflictividad son: el proyecto Pegasus, ubicado en el cantón Pangua, que se encuentra en una fase de exploración inicial para identificar si es factible construir una mina y explotar oro, plata o cobre en la zona. El proyecto de cobre La Plata, ubicado en el cantón Sigchos, está en fase de concesión y exploración. Los conflictos socioambientales más visibles en la provincia de Cotopaxi son atribuidos a la presencia de la minería metálica en la zona de Palo Quemado y Las Pampas. El 16 de marzo de este año, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) inició el proceso de consulta ambiental en Palo Quemado sobre la fase de explotación minera. En este contexto, las comunidades se movilizaron frente a las acciones del MAATE, pero la presencia de la fuerza militar generó enfrentamientos que han dejado al menos 20 miembros de la comunidad resultando en heridos y 70 personas acusadas de terrorismo. Entre las víctimas, el campesino Mesías Robayo, quien se encontraba en estado crítico.

Las estrategias del Estado para prevenir la resistencia contra los proyectos mineros en Palo Quemado y Las Pampas incluyen el uso de instituciones públicas, como el MAATE, para facilitar y legitimar las actividades extractivas. El gobierno también ha estado involucrado en los procesos judiciales contra las empresas mineras. La Cámara Minera juega un papel crucial en la legitimación de la minería en zonas de conflicto. Presenta perspectivas de las empresas mineras sobre la consulta, argumentando que el Estado no puede romper su jurisdicción unitaria, hay abuso de garantías en la justicia y el sector minero es “radical” en Ecuador. El gobierno está impulsando proyectos mineros a nivel internacional, y el presidente Daniel Noboa se ha comprometido a invertir más de 4.800 millones de dólares en minería.

Bolívar

En la provincia de Bolívar existen 79 autorizaciones mineras, que significa el 31% de su territorio concesionado. La presencia de la minera metálica se encuentra en todos los cantones de Bolívar, incluyendo empresas como Curimining S.A., Valle Rico Resources VVR S.A., Ecuador Fortescue S.A., y Odin Mining del Ecuador S.A. La mayor presencia de la minería en Las Naves se encuentra en Guaranda, Chillanes, Las Naves y Caluma. El principal cantón con conflictos referentes a la minería es Las Naves donde se localiza el proyecto Curimining S.A. que abarca sectores poblados y zonas de cultivo de todo el cantón y que afecta principalmente a poblaciones campesinas y montubias, incluyendo mujeres, niñas, adolescentes, adultas y adultos mayores, y colectivos enteros de trabajadores y trabajadores. Durante los 18 años de presencia de Curimining S.A. en la provincia de Bolívar, la empresa ha operado por fuera del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. La intervención de la empresa con obras para mejoras en las comunidades y otras actividades para captar el apoyo en favor del proyecto minero es muy recurrente en la provincia.

Imbabura

Los conflictos socioambientales en la provincia de Imbabura han sido marcados por la minería en los últimos 30 años. La evolución del uso y cobertura de la tierra en la provincia es evidente, y se encuentra en zonas donde la frontera agrícola ha sido mayor, como el valle de Intag y la parroquia de La Merced de Buenos Aires. Las luchas antimineras en el valle del río Intag son una de las más icónicas del Ecuador. La presencia de yacimientos ricos en cobre provocó varios momentos de arremetida minera. La organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) se forma en 1995 para este propósito. El DECOIN y la Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag (AACRI) se convirtieron en organizaciones centrales en la resistencia de la comunidad contra los proyectos agroforestales y la conservación ecológica.

Tanto en Intag como en La Merced de Buenos Aires, la minería ha provocado el aumento de los niveles de metales pesados en los ríos y la vulnerabilidad de los derechos, entre ellos, la consulta ambiental. En Buenos Aires, la minería ilegal presenta desafíos en fiscalizar las actividades, imputar responsabilidades por contaminación y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. La minería se impone bajo modos de regulación social basados en la ley mafiosa. En Buenos Aires, los mineros ilegales llegaron en 2017 y en los primeros años hubo constantes disputas internas por el control de la producción. La mayor parte de los mineros se instalaron cerca de las minas antiguas de la parroquia, ubicadas en una de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Hanrine. La minería informal se marca por la precariedad de las viviendas, condiciones de explotación y falta de seguridad en el trabajo. La minería también provoca impactos ambientales, como la contaminación de los ríos y el agravamiento de los impactos ecosistémicos.

Sucumbíos

Los principales conflictos en la provincia de Sucumbíos se deben a la actividad petrolera que ha cambiado drásticamente el mosaico agropecuario, que indicaba la presencia de actividad campesina diversificada. El caso Cofán-Dureno es un ejemplo de los conflictos alrededor del petróleo que ha creado un paisaje territorial complejo, con conflictividades ligadas a territorios ancestrales, como usurpación, contaminación y conflictos de propiedad. El área de la comunidad es la reserva de tierra más grande y el área de los campos petroleros es la más degradada debido a los pastizales y la modificación del suelo.

El Estado ecuatoriano tiene una fuerte responsabilidad en los episodios de vulneración de derechos humanos vinculados a la actividad petrolera, especialmente en Cofán-Dureno. La reapertura de pozos petroleros en la década de 2010 se enfrentó sin un proceso de consulta previa, libre e informada ajustada a formas culturalmente adecuadas por parte del Estado ecuatoriano. Esta negociación implicó rupturas comunitarias, acuerdos que no respetaron la autonomía indígena ni comunitaria, imponiéndose de facto la forma de ejecución y entrega de obras de compensación, y generar una serie de conflictividades alrededor de los acuerdos y el reparte de los empleos con la empresa petrolera.

En la segunda negociación, estas rupturas y conflictos se multiplicaron en un contexto de incremento de la escasez percibida, y se limitó a generar acuerdos con las familias consideradas por la empresa como más nfluyentes para reducir los costes de operación y compensación. Los llamamientos de distintos sectores de la comunidad para minimizar la tensión a través de obras públicas y obligaciones históricas han sido marginados por parte del Estado ecuatoriano.

Orellana

La provincia de Orellana tiene una historia arraigada en las órdenes religiosas, la explotación petrolera y la colonización agrícola. Durante los últimos 60 años, ha catalizado un sistema de infraestructuras y asentaciones, dando como resultado una sociedad con diversidad múltiple y características únicas. Las poblaciones indígenas de Orellana, particularmente los kichwa y waorani, han sido influenciadas principalmente por sucesivas colonizaciones, particularmente la explotación del caucho y el contacto violento durante el auge petrolero de Texaco. La empresa Texaco abrió los ríos Lago Agrio y Baeza, catalizando la llegada de infraestructura petrolera y una población waorani. Esto ha dado como resultado la mayor densidad poblacional de la zona y el territorio más asentado, con comunidades kichwas y waorani en la red vial.

Tras el cierre de Chevron-Texaco y la adquisición de nuevas empresas europeas y norteamericanas, la explotación petrolera en Ecuador comenzó a escalar, impactando los territorios waorani y kichwas. Estas áreas han sido áreas de fuertes tensiones territoriales debido al aumento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas tras los movimientos nacional y amazónico de 1990 y 1992. Actualmente, la explotación petrolera ha llevado a cuatro grandes formas de conflicto:

Negociación de mejores condiciones laborales e inversiones estatales en áreas sin territorios indígenas;

• Negociaciones laborales en entornos urbanos plurinacionales;
• Disputas por servicios;
• Empleos y regalos en territorios indígenas, y oposición a explotación petrolera

La expansión de la explotación petrolera en Ecuador también ha generado conflictos con los pueblos indígenas del Aislamiento Voluntario en Orellana, quienes han sido amenazados por la explotación ilegal y el avance de las tierras agrícolas. El conflicto actual resalta la necesidad de un enfoque integral para la explotación petrolera en Ecuador. La actividad petrolera en Ecuador provoca una serie de contaminaciones, como derrames de crudo y aguas de formación alrededor de los pozos de extracción. Los derrames más específicos en la nacionalidad waorani son el derrame que realizó Repsol en 2008 y el reciente derrame de 2021 sobre el río Shiripuno. Estos derrames contaminan el aire y tienen un impacto cotidiano en las dinámicas de los ecosistemas, teniendo un mayor impacto en pueblos indígenas.

La problemática petrolera no se limita a los lugares donde se perforan pozos petroleros y las comunidades aledañas, sino también el transporte petrolero ha supuesto un vector de impacto y confl ictividad. El más grande derrame reciente fue durante la pandemia en 2020, y en la región ha sido una ausencia de responsabilidad del Estado y las empresas petroleras responsables de los oleoductos. En los últimos años, ha habido un cambio de actores en la región que es necesario apuntar. En la provincia, la explotación petrolera fue abierta por empresas privadas, como Chevron-Texaco. En los años 2000, llegaron empresas privadas españolas, francesas y estadounidenses, que operaron en relaciones de “responsabilidad” corporativa directamente con las comunidades. En la década de 2010, se dio una estatización de la gestión comunitaria a través de Petroecuador y Petroamazonas, así como la presencia de empresas chinas y bielorrusas. La generación de la Empresa Pública Ecuador Estratégica dio pie a una nueva forma de relación con los pueblos campesinos, urbanos e indígenas. El Estado está desempeñando ahora un papel más modesto en la promoción del petróleo, con un papel más reactivo, privatizado y facilitador que el de una apisonadora territorial. Las comunidades enfrentan un fuerte abandono de sus derechos sociales, y cada comunidad está en caminos diferentes hacia un futuro mejor.