Resumen del diagnóstico de la conflictividad socioambiental relacionada con la extracción de recursos naturales: Caso Santo Somingo de los Tsáchilas

Presentación

El presente documento es el resumen del diagnóstico de conflictividad socioambiental relacionado con la extracción de recursos naturales para la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El diagnóstico fue elaborado en el marco del proyecto “Apoyo de la UE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales”, ejecutado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El insumo fue elaborado por un equipo de personas que integran el Colectivo Geografía Crítica (CGC). El diagnóstico en su versión más amplia contiene información actualizada relacionada con la problemática socioambiental en siete provincias de Ecuador y estas son: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y SantoDomingo de los Tsáchilas.El equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), recogió la información preparada por el CGC, a fin de difundir los problemas socioambientales de Santo Domingo de losTsáchilas en su sitio web y en una versión impresa.

Introducción

El Oservatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) es un espacio de reflexión, en donde se recoge información pública sobre la creciente inmersión en lógicas de expropiación y despojo en Ecuador, principalmente registrados en territorios campesinos, indígenas y populares. Sobre el presente documento, el equipo que integra el OCTE debe mencionar que, en la versión ampliada, se tejen varias dimensiones, con el propósito de componer una radiografía provincial que aterrice en los espacios de conflictividad.

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra en la transición entre la región sierra y costa de Ecuador, esta ubicación geográfica fue privilegiada, pues, favoreció el desarrollo comercial e industrial de la provincia, convirtiéndola en un punto clave para la distribución de producto sagrícolas y ganaderos a nivel nacional. Su clima tropical y suelos fértiles incentivaron la expansión de la agroindustria, lo que, en las últimas décadas generó importantes cambios en el uso de la tierra y en las personas que habitan el territorio.

En el documento ampliado de diagnóstico se presenta una caracterización socioeconómica básica para reflejar las condiciones de vida de la población. La caracterización permite entender mejor las dificultades cotidianas de comuneras y moradores en general, los desafíos que enfrentan para dar mejores oportunidades a sus familias para mantener o mejorar sus medios de vida, o, para acceder a servicios básicos. Así mismo, en el documento ampliado se presentan algunos casos de criminalización, aquellos con mayor visibilidad o importancia.

Mientras que, en el presente resumen se intenta transmitir lo selementos clave del diagnóstico, para la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizando para esto la siguiente estructura: caracterización territorial de la provincia; un esbozo de la conflictividad territorial a nivel provincial; criminalización y vulneración de derechos; rol del Estado en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en el territorio; y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.

1. Caracterización territorial de Santo Domingo de los Tsáchilas

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es un polo de desarrollo económico, esto principalmente por su ubicación geográfica, en la transición entre sierra y costa, que, históricamente promovió la comercialización de productos. Esta condición geográfica permitió la instalación de grandes empresas, primero agrícolas y ganaderas, posteriormente los giros de negocio se diversificaron. Por ejemplo, en esta zona del país se encuentran dos de las más grandes empresas productoras y distribuidoras de alimentos en el país: Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA) y Agropesa, las dos tienen presencia en la zona desde la década de los ochenta, en donde se ubican granjas. Por su parte, Agropesa es una filial industrial de la Corporación La Favorita, uno de los grupos económicos más grandes de Ecuador, que tiene presencia en el país por más de 70 años. Agropesa se dedica al faenamiento de ganado y ofrece productos cárnicos, que se comercializan a través de su marca comercial Supermaxi.

Por otro lado, otra empresa de importante envergadura ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos es Rey Leche, compañía dedicada a la “ganadería tropical”, que produce leche y sus derivados desde 1977. En su página web, Rey Leche se posiciona como una de las ganaderías con mayor producción de leche a nivel latinoamericano en condiciones de trópico, además, afirma que en sus haciendas cuenta con 7 mil vacas. Esta compañía, al igual que PRONACA y Agropesa mantiene un discurso ambientalista, que atribuye a la tecnología de punta la capacidad para mitigar el impacto ambiental que genera. Otra empresa con presencia en el territorio es La Fabril, dedicada al procesamiento de aceite de palma en Ecuador. Tiene operaciones en esta provincia, donde cultiva palma aceitera y opera una planta de procesamiento.

El sector agroindustrial es el principal motor económico de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, además, de la palma africana se produce, cacao, banano, plátano, piña, teca e incluso abacá. En su momento, estos monocultivos reemplazaron grandes extensiones de bosque primario, alterando significativamente el ecosistema local. El crecimiento trajo consigo problemas socioambientales, como la contaminación de fuentes hídricas por el uso de agroquímicos y el desplazamiento de comunidades. Paralelamente, se observa que, las condiciones de vida de la población presentan marcadas diferencias entre el área urbana y rural. Mientras que, en la cabecera cantonal se cuenta con servicios básicos e infraestructura, en las parroquias rurales muchas familias no tienen acceso a agua potable, saneamiento adecuado, educación de calidad y salud. La precariedad de la vivienda y la falta de empleo formal agravan la situación, contribuyendo al ciclo de pobreza que afecta a gran parte de la población.

En términos demográficos, la provincia tiene una población de aproximadamente 525.576 habitantes, con una tasa de crecimiento superior al promedio nacional. La mayor parte de la población se concentra en el cantón Santo Domingo, mientras que las zonas rurales albergan comunidades indígenas Tsáchilas y campesinas, muchas de ellas migrantes de varias zonas del país como son: Esmeraldas, Manabí y Loja. A pesar del crecimiento económico de ciertos sectores, la desigualdad siguesiendo un problema significativo, especialmente en las áreas rurales donde los niveles de pobreza son elevados y el acceso a oportunidades laborales formales es limitado.

En cuanto a la autoidentificación étnica en la provincia, el 81% de la población se autoidentifica como mestiza, el 7,70% como afrodescendiente, el 6,80% como blanca, un 2,5% se considera montubia y el 1,70% se reconocen como indígenas. Las zonas donde se ubican mayoritariamente población afrodescendiente son: La Concordia, Valle Hermoso y Santo Domingo. Mientras que, la población indígena se asienta en las parroquias Luz de América y Puerto Limón (Ver mapa 2). La población montubia se la encuentra con más frecuencia en San Jacinto de Búa y Santa María del Toachi. Así mismo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se destaca la presencia de la nacionalidad Tsáchilas.

2. Conflictividad territorial de Santo Domingo de los Tsáchilas

A lo largo de las décadas la provincia experimentó varios conflictos socioambientales. Las disputas principalmente se registran por los recursos naturales, el crecimiento urbano, actividades extractivas y proyectos de infraestructura que, en última instancia impactaron los ecosistemas, así como a las personas que habitan los territorios. En cuanto a los principales conflictos registrados en la provincia, se encuentra la deforestación y pérdida de biodiversidad. Al respecto, una de las principales causas observadas es la expansión agroindustrial. Por décadas, grandes extensiones de bosque primario fueron taladas para dar paso a monocultivos de palma africana, cacao y banano.

Por otro lado, la deforestación y la conversión de suelos generó problemas de erosión y pérdida de fertilidad, afectando la capacidad productiva de la tierra en el largo plazo. La eliminación de la vegetación natural también redujo la capacidad de absorción de agua del suelo, aumentando el riesgo de inundaciones en ciertas zonas. Las comunidades, así como colectivos y organizaciones, han denunciado la falta de regulaciones efectivas para controlar esta expansión, aunque es el limitado -por no decir nulo- el acceso a mecanismos de participación que permitan incidir en la toma de decisiones sobre el uso del suelo. En esta misma línea, la actividad agroindustrial y pecuaria en la provincia generó una importante contaminación del agua y el suelo, esto, debido al uso excesivo de agroquímicos, pesticidas y desechos industriales. Actualmente, la actividad agroindustrial ocupa más de la mitad del uso de suelo. Los cultivos más representativos por extensión sembrada son: cacao 37,9%, palma africana 25,9%, plátano 22,5%, maíz duro seco 20,2%, maíz duro choclo 7,4% y banano 4,1%.

La palma africana se constituyó como uno de los monocultivos más importantes en la provincia, esto a pesar de ser una actividad que genera una destrucción irreversible, por lo que gran parte de los bosques húmedos tropicales se exponen a su desaparición frente a su llegada e imposición. En el 2010 la provincia contaba con 301 hectáreas de bosque natural, que se extendía sobre el 82% de su territorio; sin embargo, en 2019, perdió 332 hectáreas de bosque natural. Entre los años 2015 a 2019, se perdieron 28.462 hectáreas de bosque primario húmedo. Otro problema de la agroindustria es la contaminación del agua principalmente por las excretas de las granjas porcinas, el indiscriminado uso de herbicidas o plaguicidas en cultivos cercanos a las fuentes hídricas, la inadecuada gestión de residuos que se producen durante los procesos de faenamiento de animales, todo
esto ocasiona el incremento de la concentración de materia orgánica en los cuerpos hídricos, generando malos olores, pérdida de vida acuática y contaminación del suelo. En este sentido, empresas como PRONACA y Rey Leche fueron señaladas en varias ocasiones por las comunidades por la descarga de desechos en cuerpos de
agua cercanos, sin tratamiento, afectando la calidad del agua para el consumo, riego y recreación.

Por supuesto, la contaminación del agua tiene repercusiones en la salud de la población, provocando enfermedades gastrointestinales y cutáneas. Así mismo, los ecosistemas acuáticos también fueron afectados, disminuyendo la disponibilidad de peces y otras especies utilizadas para la subsistencia de las comunidades campesinas e indígenas adyacentes a estas compañías. Pese a las denuncias presentadas, el control estatal sobre estas actividades es muy débil, pues, las empresas continúan operando sin que se registren cambios significativos. En cuanto a los impactos provocados por la minería en la provincia se observa que, cuenta con actividades de extracción y aprovechamiento de los recursos mineros metálicos, así como, materiales pétreos y áridos. De acuerdo a datos recogidos de la ARCOM, existe un área de 309,95 hectáreas dedicadas a la extracción de materiales pétreos, así mismo, se tienen 12.111,82 hectáreas dedicadas a la minería metálica y 75,56 hectáreas para minería artesanal. En cuanto a las concesiones de minería metálica, se explota oro, plata y cobre. Estas se localizan en los cantones: Alluriquín y Santo Domingo. Por otro lado, algunas de las concesiones mineras se ubican en áreas de conservación ambiental, por ejemplo, en el caso del Bosque Protector Toachi Pilatón.

La tendencia de ampliar el extractivismo genera dudas en cuanto a la posible contaminación del aire, especialmente en cuanto al material particulado que se liberaría en el ambiente y, al existir concesiones mineras de oro, cobre y plata en la provincia también se estaría contaminando suelos, ríos y aguas subterráneas. Para
las autoridades locales resulta muy complejo ejercer control en una zona, lo que plantea un panorama poco alentador si considera que existen expectativas por la llegada del proyecto minero La Plata ubicado en la vecina provincia de Cotopaxi, muy cercana a Alluriquín, en donde dónde cruzan y nacen las fuentes de agua para la producción de Santo Domingo de los Tsáchilas e inclusive Los Ríos. La expansión de la minería generó conflictos con las comunidades rurales, que manifestaron su oposición debido a los riesgos ambientales y a la afectación de fuentes de agua para la agricultura y el consumo humano. Por su parte, las autoridades locales señalaron la dificultad de ejercer un control efectivo sobre las concesiones mineras, lo que agrava la incertidumbre sobre el impacto a largo plazo de esta actividad.

3. Criminalización y vulneración de derechos en Santo Domingo de los Tsáchilas

La historia de explotación y vulneración de derechos humanos y de la naturaleza, acontecida en los campos del abacá es la historia más representativa de vulneración de derechos humanos en Ecuador. En 1963 la compañía Furukawa Plantaciones C.A. se estableció en lo que hoy se conoce como la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, y en lo posterior expandió sus actividades hacia Los Ríos y Esmeraldas. Por casi sesenta años, Furukawa se dedicó ininterrumpidamente a la producción de fibra de abacá; monocultivo, que luego de un proceso productivo se convierte en una versátil materia prima, apetecida a nivel internacional. Además, la fibra posee gran resistencia, por lo que es utilizada -entre otras cosas- en la industria textil, la producción de papel moneda, fundas de té e incluso en la industria automotriz.

A finales de 2018, Furukawa fue denunciada por precarización laboral por un grupo de campesinos y campesinas. A raíz de esto, en 2019, un demoledor informe de verificación de la vulneración de derechos humanos elaborado por la Defensoría del Pueblo, calificó a las condiciones laborales experimentadas por cientos de trabajadores y trabajadoras, como un régimen de esclavitud moderna. Durante el 2019 un grupo de organizaciones de la sociedad civil formaron el Comité de Solidaridad “Furukawa Nunca Más”, que acompañó a las familias de 123 abacaleros y abacaleras en los procesos legales instaurados en contra de la compañía e instituciones del Estado ecuatoriano. En enero de 2021 el juez de primera instancia a cargo de la causa emitió una sentencia a favor del grupo de trabajadores y trabajadoras, y, a mediados de abril de 2021 la sentencia oral fue ratificada en el fallo escrito. El proceso continuo a través de los años, y, considerando la gravedad, novedad y relevancia del caso, el 18 de enero de 2022 la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) seleccionó el caso Furukawa para su análisis. El 24 de enero de 2022 la CCE admitió a trámite la Acción Extraordinaria de Protección presentada por cientos de abacaleros y abacaleras, lo que implicó la realización de una audiencia y su correspondiente fallo.

El 9 de abril de 2024 se realizó la Audiencia Pública convocada por la jueza de la CCE Daniela Salazar. Finalmente, el 21 de noviembre de 2024 la CCE declaró que la compañía Furukawa Plantaciones C.A. violó la prohibición de la esclavitud prevista en el artículo 66 numeral 29 literal b) de la Constitución de la República del Ecuador, afectando la dignidad de las y los abacaleros y arrendatarios de sus haciendas. Además, la Corte dispuso medidas de reparación integral a ser cumplidas por Furukawa, entre otras, se tiene: el pago de reparaciones económicas por daño material a favor de cada una de las personas identificadas como víctimas en esta sentencia, disculpas públicas a las personas afectadas; así también, medidas estructurales a cargo del Estado. Todavía se desconoce como avanzará este proceso para las víctimas, se espera que sea ágil y que no ponga en riesgo a las personas. Finalmente, no se debe olvidar que, a pesar de que Furukawa es un caso tan representativo a nivel nacional en cuanto a vulneración de derechos, tan solo es un capítulo más en el libro de abusos escrito por las agroindustrias en el país.

4. Rol del Estado en la legitimación de las actividades extractivas de Santo Domingo de los Tsáchilas

Desde mediados del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX lo que hoy se conoce como Santo Domingo de los Tsáchilas, experimentó una trasformación pautada por la domesticación y colonización del territorio. Este imaginario sobre la naturaleza permitió -en gran medida- el surgimiento de enclaves agroproductivos en esta región del país; paulatinamente, los bosques propios del trópico húmedo de la provincia, así como los bosques secos de tierras bajas, los bosques siempre verdes que se inundaban en la época de mayor pluviosidad en la provincia de Los Ríos, empezaron a desaparecer. Mientras el nuevo paisaje, dominado por plantaciones, monocultivos y zonas ganaderas, surgía, se consolidaban nuevas poblaciones que atraían no solo a campesinos, sino a terratenientes, comerciantes e inversores, que veían en estos territorios una opción para desarrollar sus proyectos de vida.

Sin embargo, a nivel ambiental la sobreexplotación de la naturaleza y la industrialización de la agricultura decantó en la fragmentación de los ecosistemas, la desaparición de especies, la contaminación de suelo, aire y agua, y, a nivel social, el desarrollo agroindustrial dio paso a procesos de desterritorialización y exclusión de poblaciones originarias. Bajo este panorama, el Estado jugó un papel ambiguo en la regulación de actividades extractivas en la provincia. En primer lugar, promovió la colonización, y, luego la expansión de la agroindustria, mediante normativas que favorecen a las empresas. Así mismo, el Estado a través de sus instituciones y funcionarios tuvo un papel negligente en la protección de derechos humanos y ambientales, permitiendo la explotación laboral y la destrucción de ecosistemas, en total impunidad. Esta situación se replicó con otras actividades como la minería, por ejemplo, la falta de control estatal dio paso a la extracción de minerales en zonas de conservación, cercanas a fuentes de agua. Esto, a pesar de la existencia denormativas ambientales.

Otro ejemplo claro de la complicidad y responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano, es el caso Furukawa, pues, el abandono de los campos permitió que por décadas se vulnere sistemáticamente los derechos de al menos tres generaciones de familias, muchas de ellas de origen afrodescendiente. Una vez que el caso tuvo difusión a nivel nacional e internacional, también se observó como el Estado fue cómplice de la compañía, al sentar en la mesa de negociaciones a los representantes de una empresa esclavista con las víctimas, de tal suerte que, se pone en evidencia como el Estado es un actor que no solo que reproduce las desigualdades generadas por las estructuras, sino que las profundiza. A pesar de múltiples denuncias y evidencias sobre la servidumbre moderna en las haciendas de Furukawa, las instituciones estatales no actuaron de manera inmediata. La falta de inspecciones laborales rigurosas y la permisividad de entidades como el Ministerio de Trabajo contribuyeron a la perpetuación de estas condiciones de abuso. Lamentablemente, después de que el caso se hiciera público y existieran fallos a favor de las víctimas, la respuesta del Estado es insuficiente, parcializada y lenta.

5. Conclusiones

La conflictividad socioambiental en Santo Domingo de los Tsáchilas responde a un modelo extractivista que prioriza el desarrollo económico en detrimento de los derechos humanos y ambientales. La falta de control estatal, la criminalización e invisibilización de las personas que habitan el territorio agravan la situación. En este sentido, uno de los principales problemas identificados es la falta de regulación efectiva por parte del Estado. A pesar de las múltiples denuncias y conflictos surgidos a raíz de la expansión de las actividades extractivas (agroindustriales, mineras e hidroléctricas), las autoridades actuaron con indiferencia, favoreciendo así a las empresas, permitiendo situaciones que afectan los derechos de las personas, sin asumir responsabilidades sociales, y, mucho menos ambientales. Finalmente, se debe mencionar que, el caso Furukawa es un ejemplo claro de cómo, la falta de control y sanción por parte del Estado permitió la consolidación de un sistema de esclavitud moderna y servidumbre de la gleba. Por tanto, es necesario que el Estado fortalezca mecanismos de protección de derechos y promueva modelos de desarrollo sostenibles que garanticen el bienestar de las comunidades locales.