Resumen del diagnóstico de la conflictividad socioambiental relacionada con la extracción de recursos naturales: Caso Cotopaxi

Presentación

El documento que se presenta a continuación es el resumen del diagnóstico de conflictividad socioambiental relacionado con la provincia de Cotopaxi. El diagnóstico fue elaborado en el marco del proyecto «Apoyo de la UE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales», ejecutado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El insumo fue elaborado por un equipo de personas que integran el Colectivo Geografía Crítica (CGC). El diagnóstico en su versión más amplia contiene información actualizada relacionada con la problemática socioambiental en siete provincias de Ecuador: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Orellana. Por su parte, el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), recogió la información preparada por el CGC, a fin de difundir los problemas socioambientales de Cotopaxi en su sitio web y en una versión impresa, la cual fue distribuida en las comunidades y los diferentes grupos de interés.

Introducción

El Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) es un espacio de reflexión, en donde se recoge información pública sobre la creciente inmersión en lógicas de expropiación y despojo en Ecuador, principalmente registrados en territorios campesinos, indígenas y populares. Sobre el presente documento, el equipo que integra el OCTE debe mencionar que, en la versión ampliada se tejen varias dimensiones, con el propósito de componer una radiografía provincial que aterrice en los espacios de conflictividad. El diagnóstico permite ver las formas en que el Estado intenta contrarrestar a la población que se manifiesta, mediante la judicialización y criminalización de la protesta utilizando las leyes «antiterroristas y otras leyes relativas a la seguridad del Estado en contra de defensores y defensoras bajo el proteger el bien público». Para ello, se usa tipos penales como ataque o resistencia, paralización de un servicio público, incitación a la discordia entre ciudadanos o terrorismo para criminalizar acciones de defensa de derechos humanos y la naturaleza o la protesta social.

En el documento ampliado se presenta una caracterización socioeconómica básica para reflejar las condiciones de vida de la población. La caracterización permite entender mejor las dificultades cotidianas de comuneras y moradores en general, los desafíos que enfrentan para dar mejores oportunidades a su familias para mantener o mejorar sus medios de vida, o, para acceder a servicios básicos. Así mismo, en el documento ampliado se presentan algunos casos de criminalización, aquellos con mayor visibilidad o importancia. Mientras que, en el presente resumen se intenta transmitir los elementos clave del diagnóstico para la provincia de Cotopaxi, utilizando para esto la siguiente estructura: caracterización territorial de la provincia; un esbozo de la conflictividad territorial a nivel provincial; criminalización y vulneración de derechos; rol del Estado en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en el territorio; y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.

1. Caracterización territorial de la provincia de Cotopaxi

La provincia de Cotopaxi representa el 2,8% de la población nacional, según el censo de población y vivienda del año 2022, con 470.210 habitantes. Esto significa un crecimiento del 15,3% con respecto al censo del año 2010. El mayor porcentaje de población se localiza en los cantones de Latacunga, Saquisilí, Pujilí y Salcedo y algunas zonas censales de la Maná. La población rural representa el 70% de la población provincial correspondiente 288.235 habitantes, mientras que la población urbana es el 30% con 120.970 habitantes.

La población indígena en esta provincia representa el 22,10% de la población total, mientras que, la población afroecuatoriana representa el 1,18%. El cantón con mayor presencia de población indígena es Pujilí. Aquí, la población indígena representa más de la mitad respecto a la población total (51,78%). Sin embargo, en otros cantones la población indígena es igualmente representativa, se destaca: Saquisilí (47,37%), Sigchos (40,77) y Salcedo (27,91). El cantón con menos presencia de población indígena es el cantón La Maná, sin embargo, este cantón tiene un mayor porcentaje de población Afroecuatoriana en la provincia (4,26%).

El diagnóstico referente a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas recoge variables sobre la capacidad económica de los hogares, su acceso a la educación básica, su acceso a la vivienda, su acceso a servicios básicos y su posible condición de hacinamiento. A nivel provincial, el índice de pobreza por NBI alcanza el 75,06%, indicador que afecta de manera más pronunciada en las zonas rurales, mismo que se ubica en 90,32%. El cantón Sigchos tiene un índice de pobreza más elevado que el promedio de la provincia, este se ubica en 93,74%, situación que es influenciada por el alto índice de la zona rural (97,0%). En situación similar se encuentra el cantón Pangua, este se ubica en 90,04%, seguido por La Maná, Salcedo y Latacunga.

En cuanto al uso y la cobertura del suelo en la provincia de Cotopaxi ha cambiado drásticamente en los últimos treinta años y está en total relación con el cambio en las actividades económicas de la población y el establecimiento de grandes empresas relacionadas con la agroindustria y la minería, la expansión de la zona de pastizales, el crecimiento de la explotación forestal hacia zonas de páramo y la infraestructura relacionada con la agroindustrial. A continuación, se analiza el caso de la expansión de la minería metálica y los conflictos que ha generado dicha actividad.

2. Conflictividad territorial en la provincia de Cotopaxi

Los conflictos socioambientales en la provincia de Cotopaxi obedecen a diferentes factores como la actividad minera (no metálica y metálica), el desarrollo de la agroindustria (florícolas y brocoleras), la explotación forestal, entre otros. En el caso de la minería metálica esta se concentra en la parte occidental de la provincia, en la zona de transición hacia la costa. Este territorio se caracteriza por estar cubierto de vegetación natural y cultivos. Se evidencia la localización de concesiones mineras en el cantón Sigchos, La Maná, Pujilí y Pangua. El mayor conflicto se encuentra en el proyecto de cobre La Plata que está ubicado en el cantón Sigchos, en las parroquias Palo Quemado y las Pampas. La concesión para desarrollar actividades de mediana escala está a cargo de la empresa Atico Mining, con matriz en Vancouver, Canadá, que cuenta con una concesión de 2.222 hectáreas.

Este proyecto está en fase de concesión y exploración. En julio de 2023, el gobierno nacional en conjunto y respaldo con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador intentó desarrollar una Consulta Ambiental, amparado en el Decreto 754, con el uso de la represión policial y militar, dando como resultado a varios campesinos heridos. Esto facilitó a la empresa minera obtener la licencia ambiental. Estos hechos están presentes en las historias de vida de la comunidad y el miedo a que esto se repita, que muy probablemente ocurra, es real. Los impactos de la intervención de las mineras y la fuerza pública en el territorio tienen un impacto en la vida de las personas y la comunidad.

La población de las parroquias Las Pampas y Palo Quemado se ha unido para realizar acciones contra el intento de imponer un proyecto minero sin autorización de sus habitantes. La movilización permanente de estas comunidades se debe a que, el gobierno del presidente Daniel Noboa, en particular el MAATE, en alianza con la empresa minera Atico Mining preparan una consulta ambiental, trámite que inició en junio de 2023, sin que no exista una normativa legal vigente que establezca los procesos correspondientes previo al estudio de impacto ambiental para las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos, en el área operativa de la concesión minera La Plata y, a pesar, de la sentencia 51-23-1N/23 de la Corte Constitucional que acepta la acción pública de inconstitucionalidad propuesta en contra del decreto ejecutivo 754 emitido por la presidencia de la República, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. La Corte Constitucional dispone los efectos de la sentencia serán diferidos en el tiempo hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental, de conformidad con el artículo 398 de la Constitución.

El 16 de marzo de 2024, el Ministerio de Ambiente inició el proceso de consulta ambiental en Palo Quemado, sobre la fase de explotación minera, donde ocho técnicos del Ministerio del Ambiente socializaban a un grupo de 50 pobladores de los recintos La Plata y San Pablo. Esta acción estuvo acompañada de la presencia de alrededor de 750 militares que pretendían resguardar la realización de esta consulta. La respuesta de las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas fue rechazar la explotación minera, la realización de la consulta que fue catalogada como “fraudulenta” y la presencia militar. En este contexto, las comunidades se movilizaron frente a las acciones del MAATE pero, dada la presencia de la fuerza militar, se presentaron enfrentamientos que dejaron al menos 20 personas de la comunidad heridas y 70 personas fueron acusadas de terrorismo. Entre las víctimas, el campesino Mesías Robayo, se encontraba en estado crítico, pues, recibió perdigones en el rostro, lo que provocó fracturas en el rostro, afectaciones en la columna vertebral y daños permanentes a nivel neurológico.

Además de la movilización social, otra estrategia implementada por las comunidade es el uso de la vía legal. Se interpuso acciones relacionadas al Decreto No.754 y en contra del Manual para la Operativización de la Consulta Previa, Libre e Informada, emitido por el Ministerio de Energía y Minas, el 6 de marzo de 2024, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2024-0002-AM debido a que, este derecho constitucional debe ser seguir el trámite previsto en los artículos 134 al 139 de la Constitución, así como las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y sea la Asamblea Nacional hasta que se promulgue una ley orgánica, siendo la única categoría normativa hábil para el efecto y no un Acuerdo Ministerial. Este último, no cumple con los estándares establecidos por la Corte Interamericana y la Corte Constitucional, por lo que se mantiene la obligación de publicar una ley sobre consulta que sea aprobada por la Asamblea Nacional y expedida por el Ejecutivo.

Por otro lado, el 22 de marzo de 2024 el alcalde del cantón Sigchos Óscar Monge, presentó una solicitud de Acción de Protección con medidas cautelares para la población. El 25 de marzo, el juez Danilo Paredes dispuso la suspensión de la consulta ambiental. La audiencia se desarrolló en Sigchos en medio de una masiva marcha de habitantes de Palo Quemado y Las Pampas. Las personas demandaban justicia y exigían garantías para un juicio justo y el cumplimiento de la medida cautelar que detiene la consulta ambiental y prohíbe a la empresa Atico realizar trabajos en la zona. Finalmente, el 2 de agosto de 2024, en la ciudad de Sigchos el juez Darwin Paredes negó la Acción de Protección (AP) para las parroquias Palo Quemado y Las Pampas por la grave violación de derechos humanos durante la imposición de una consulta ambiental impulsada por el MAATE (primero en julio de 2023 y luego en marzo 2024). Después que la AP fuera negada, las medidas cautelares también fueron revocadas.

3. Criminalización y vulneración de derechos en Cotopaxi

Desde julio de 2023, las comunidades que viven en las parroquias Las Pampas y Palo Quemado denunciaron la fuerte represión y la militarización de la zona. A través del portal del Consejo Episcopal de América Latina (CELAM) se reportó el 13 de julio de 2023, la “militarización de la localidad Palo Quemado de la Provincia de Cotopaxi como medida de presión a la población local en el contexto de la aplicación del Decreto No. 754 para “consultar” sobre el proyecto minero «La Plata”. Situación que dejó 6 personas heridas, miedo y zozobra entre las personas que habitan los recintos que hacen parte de estos territorios. En este período los habitantes de Palo Quemado y Las Pampas habrían denunciado presiones de la fuerza pública para imponer la consulta ambiental.

Las tensiones volvieron en marzo de 2024 debido al nuevo intento del MAATE de realizar un proceso de consulta exclusivamente en ciertas comunidades de la parroquia Palo Quemado, todo en medio de un fuerte resguardo policial. Los comuneros reportaron represión con balas de goma.En la comunidad Palo Alto, donde está ubicada la concesión La Plata, lasfamilias denunciaron represión y militarización. Por su parte, la CONAIE informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició un proceso por terrorismo contra70 personas que tenían un rol importante en la defensa del territorio. Al respecto, uno de los comuneros criminalizados y acusado de terrorismo señaló que “hay más de 700 efectivos […] Palo Quemado solo tiene 700 habitantes. Vienen a reprimir y a favorecer a la empresa”. Añadió que, los agentes del orden utilizan “gas, balines de goma y encontramos casquillos de balas”.

De acuerdo con declaraciones de habitantes de la zona, antes de la intervención militar, varias personas fueron amenazas. Además, se registraronretenciones de motos y amedrentamientos en las vías de acceso a la comunidad. En esta misma línea, a inicios de marzo una de las lideresas delgrupo de personas que se oponen al proyecto minero fue amenazada por partede personas afines a la compañía Atico Mining Corporation. En ese momento se desató temor por la seguridad, de la lideresa y de su entorno familiar.

4. Rol del Estado en la legitimación de las actividades extractivas en Cotopaxi

Las estrategias del Estado y las empresas mineras para frenar la resistencia frente a los proyectos mineros en Palo Quemado y Las Pampas tienen varios elementos. Primero, el uso de las instituciones públicas, en este caso el MAATE para viabilizar el proyecto minero La Plata. Para ello, se dispuso de la fuerza pública para respaldar la
implementación de la consulta ambiental. En las protestas de marzo de 2024, nuevamente se usó a la fuerza pública y la violencia, con la presencia de 700 militares con una misión de hacer la consulta ambiental. Producto de los enfrentamientos, varias personas resultaron heridas y detenidas. Por su parte, el Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Jaime Vela, calificó a las acciones de protesta y resistencia contra el proyecto minero como “actos terroristas”, descalificando así las acciones de las comunidades.

Otra forma de legitimación de las actividades mineras es mediante el amedrentamiento, utilizando para esto a grupos irregulares, o también llamadas «fuerzas paramilitares», que estarían aglutinadas bajo el nombre de «Juntas de Defensa del Campesinado». Estos grupos brindan protección a la empresa minera desde 2021. Por ejemplo, este grupo realiza controles de carretera no autorizados, solicitando documentación a los transeúntes y portando armamento pesado. Estos retenes ilegales se montaron en el Recinto Las Minas, en Santa Rosa y en la comunidad San Pablo. Habitantes de la parroquia Palo Quemado advirtieron que son 30 personas armadas aproximadamente.

Finalmente, el gobierno impulsa los proyectos mineros, también a nivel internacional.A inicios de marzo, Daniel Noboa visitó Canadá y suscribió seis compromisos deinversión minera por más de 4.800 millones de dólares, que incluirían 249 nuevasconcesiones a gran escala. El presidente afirmó que el sector minero “es un motor dedesarrollo nacional”. En este sentido, el gobierno intenta reformar la Constitución parapermitir la aprobación de un mecanismo de protección de inversiones: un arbitrajeinternacional entre los inversores privados y el gobierno, posterior a una posible aprobación vía consulta popular.

5. Conclusiones

Los conflictos socioambientales en Cotopaxi están relacionados con agricultura intensiva, a los cultivos de brócoli y flores para la exportación y, la explotación minera, a gran escala. Las actividades generan impactos negativos significativos en el medio ambiente, incluyendo la contaminación del agua y del suelo, la deforestación y, en el
ámbito social, graves conflictos en las comunidades. Las condiciones de desigualdad socioeconómica en la provincia a menudo son utilizadas por el gobierno y agentes externos, como las empresas transnacionales, para postularse como actores que impulsan el desarrollo mediante actividades extractivistas. En el caso de encontrar una respuesta negativa, el gobierno y las empresas mineras, se imponen, intimidan y violentan a las poblaciones locales. Aquí surgieron varias situaciones presentes en la conflictividad: amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y amedrentamiento en contra de líderes y lideresas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

Otra forma de contrarrestar a la población se manifiestamediante la judicialización ycriminalización de la protestamediante el uso indebido de leyes. Se usa tipos penales comoataque o resistencia, paralización de un servicio público, incitación a la discordia entre ciudadanos o terrorismo para criminalizar acciones de defensa de derechos humanos y la naturaleza o la protesta social. La actividad minera en Cotopaxies objeto de controversia ydebate debido a sus impactosambientales y sociales generados en las zonas de extracción.Las comunidades expresanpreocupación frente a la pérdida del territorio, la contaminación del agua, afectaciones enla economía campesina y loscambios en su forma de vidatradicional. Los conflictos que se desataron por la presencia de la minería se manifiestan en formade protestas, demandas legales y tensiones comunitarias e instituciones estales.