La declaración del conflicto armado interno en el país, el desplazamiento de la violencia hacia las periferias y la ruralidad, la vulneración de derechos y la exacerbación de la conflictividad socioambiental en territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes.
1. Introducción
Después de más de seis meses de la declaración de conflicto interno armado, de la vigencia de un Estado de excepción en siete de las 24 provincias del país y de la siempre latente posibilidad de un nuevo Estado de excepción, el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) presenta un informe que recoge el monitoreo de vulneración de derechos humanos generado a partir del 9 de enero y que concluyó el 31 de julio de 2024. El reporte fue preparado utilizando una metodología inductiva que incluye voces de diferentes sectores del país.
2. Algunos hallazgos cuantitativos
Para la elaboración del informe de vulneración de derechos humanos, se utilizó como materia prima las voces y experiencias producidas en cada lugar. Al plantear el sistema de monitoreo se privilegió las relaciones de confianza existentes en los diferentes territorios, así como a la profundidad de la información frente al número de casos. Por tanto, es probable que el informe contenga tan solo una parte -marginal- de todos los incidentes registrados a nivel nacional. También se intuye que muchos casos jamás serán difundidos y quedarán en la absoluta impunidad. A pesar del panorama tan desalentador, el último fin que persigue este informe es detallar con la mayor precisión posible la realidad nacional, en sus diferentes dimensiones y matices.
A pesar de que el documento es predominantemente cualitativo, el sistema de monitoreo arrojó los siguientes datos cuantitativos: se recogió la información de veinte y ocho casos, estos se registraron en ocho provincia: tres en la costa (Esmeraldas, Manabí, El Oro), uno en la amazonía sur (Morona Santiago), cuantro en la sierra (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar). Al respecto, no sorprende que Esmeraldas sea el espacio territorial con mayor número de casos documentados: 14 en total.
En los casos registrados también se observó la afectación de dos nacionalidades indígenas: Shuar
de la Amazonía sur, específicamente pertenecientes a la provincia de Morona Santiago; y a la nacionalidad Chachi, originaria del río Cayapas en la provincia de Esmeraldas. En esta misma provincia, se conoció sobre la afectación sistemática de los derechos de campesinos de origen afrodescendiente en la comuna San Javier de Barranquilla de Esmeraldas. En esta misma línea, familias campesinas que viven en la sierra subtropical de las provincias de Bolívar y Cotopaxi experimentaron la arbitraria entrada de instituciones del Estado, quienes ingresaron al territorio con el acompañamiento de agentes del orden para instalar consultas ambientales con muy poca legitimidad. Además, tanto en Bolívar como en Cotopaxi, se utilizó la estrategia de señalar a los líderes y lideresas como terroristas para así restar fuerza a la organización que protege el territorio. Además, en el informe más amplio se recogen dos incidentes cometidos en contra de funcionarios y funcionarias de organizaciones de la sociedad civil.
3. Conclusiones generales.
Los casos de vulneración de derechos humanos registrados en este informe guardan profunda relación con la frase de la filósofa de origen argentino Verónica Gago: la gran mayoría de cuestiones se repiten, reaparecen, vuelven e insisten […] son siempre las mismas cuestiones las que se ponen en juego, pero bajo un tono, un modo de luz y una velocidad que las hace diferir. Entonces, el miedo que sentía la población frente a la inusitada violencia, proporcionó a Daniel Noboa la legitimidad para actuar «con mano dura» frente a los grupos de delincuencia organizada, que en adelante serán categorizados como terroristas. Aunque, en esta categoría puedan entrar enemigos políticos o personas «incómodas» para el poder. En los últimos 7 meses el esquema del gobierno es el mismo: estados de excepción focalizados, presencia policial y militar en las calles y barrios suburbanos de ciertas ciudades, toma de control de cárceles y operativos retransmitidos por los canales de televisión. El esquema incluyó medidas económicas como el alza del impuesto al valor agregado, más recientemente la subida de la gasolina. En esta misma línea, llama la atención la liberación de impuestos para la importación de armas al país, un tema bastante polémico para varios sectores de la ciudadanía, ya que la decisión es contradictoria si lo que se busca es tener ciudades más seguras y menos violentas.
Ahora bien, frente a la incesante violencia registrada en los últimos años, el discurso securitista es una alternativa que siempre ganará adeptos. De hecho, Noboa y su séquito más cercano, permanentemente intentan posicionar la idea de un gobierno que combate la delincuencia y que tiene resultados palpables. Aunque, las cifras, las estadísticas y la cotidianidad no concuerden con el discurso, si lo hacen los medios de comunicación más tradicionales, los noticieros permanentemente ensalzan el discurso del gobierno. Más allá de los discursos que glorifican la gestión de los líderes de turno, no se debe olvidar que el crecimiento de lo «criminal» en el país, también es responsabilidad del gobierno, pues, la ausencia estatal de décadas, dejó a poblaciones enteras como la provincia de Esmeraldas a merced de la delincuencia organizada. Estos grupos, tuvieron buena llegada entre aquellos sectores de la sociedad más vulnerables: en las periferias y en las ruralidades. Entonces, en estos espacios de precariedad, los grupos delictivos tienen una ventana amplia de oportunidad, al ofrecer no sólo dinero, sino pertenecer a algo más grande.
Al respecto, un punto clave es que, al contar con tanta legitimidad, el gobierno de Noboa tiene
facilidades para enfrentar a los grupos que le resultan incómodos y que por muchos años impidieron la llegada de proyectos extractivos a sus territorios. Además, con estas estrategias, el gobierno intenta neutralizar y romper los procesos organizativos al catalogar a familias campesinas como terroristas, mientras, se abren complejos, largos y costosos procesos jurídicos, que, en última instancia podrían llevar a personas inocentes a centros de privación de la libertad.
Por otro lado, la apuesta neoliberal del gobierno, busca la reprimarización de la economía, entregando los territorios y sus recursos a empresas de capital transnacional, dejando por fuera a las personas y sus planes de vida. Nos encontramos frente a dos formas paradójicas de gobernar, por un lado, cuando existe inversión extranjera y oposición de la ciudadanía a la instalación de proyectos extractivos el Estado está muy presente, a través de las instituciones públicas, también envía a sus fuerzas represoras policiales y militares, y, si es necesario utiliza al sistema judicial para criminalizar a los opositores. Paralelamente, en aquellos espacios territoriales racializados, donde no existe interés minero internacional, pero si minería “informal”, el Estado permanece distante, y, las instituciones públicas tienen poca o nula injerencia. La ley en estos lugares es otra, es la impuesta por los grupos de delincuencia organizada, la de los grupos irregulares.
Para muestra de ello, el informe recoge la situación de sectores profundamente empobrecidos en la provincia de Esmeraldas, donde la necropolítica es la clave en la que se desarrolla la vida. La administración de quienes viven y quienes mueren, de quienes son considerados como desechables para los diferentes niveles de gobierno. Este informe es el fiel testimonio de cómo los cuerpos racializados no son importantes para los gobiernos de turno, porque a pesar de tener muchísimas señales de alerta de lo que sucedía en Esmeraldas, especialmente con relación a la falta de oportunidades, la pobreza, el crimen organizado, la desterritorialización, la presencia grandes empresas extractivas, la contaminación ambiental, se ignoraron las causas. Cuando los problemas son insostenibles y permearon a otras provincias, la única respuesta que tienen es sospechar, criminalizar y violentar a ciertos sectores por su condición racial, social y económica. A lo largo del texto se presentan las voces de las personas afectadas por esta forma de administrar la vida y la muerte.
El informe de vulneración de derechos humanos cierra con un acercamiento a la Estrategia de Integridad para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Al analizar el trasfondo de la «estrategia de integridad” planteada por los funcionarios más cercanos al presidente Noboa, surgen dudas sobre la construcción de la propuesta. Resulta evidente que el documento fue construido sin la participación de las OSC ni ONG o de las personas que habitan los territorios. De tal suerte que, la estrategia y su afán por pedir cuentas a las organizaciones esconde un instrumento punitivo al servicio de los gobiernos de turno, para en última instancia renovar o no la personería jurídica de las organizaciones.
Se repite aquella lógica mencionada en secciones previas en donde lo que resulta incómodo para el gobierno debe ser disminuido, acallado, censurado, declarado terrorista, deslegitimado o dado de baja (como institución). Resulta muy llamativo que la «estrategia de integridad» este atravesada por el autoritarismo, especialmente si se considera que las organizaciones a las que intenta regular son aquellas que exigen ante el Estado el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza.
La estrategia incluye medidas administrativas, civiles e incluso penales, lo que hace suponer que, el gobierno busca restar independencia a las organizaciones en sus ámbitos de acción. Esto resulta contradictorio si se consideran que son organizaciones que funcionan en el marco de la ley, que, en muchas ocasiones acompañan a poblaciones en situación de vulnerabilidad y que proponen alternativas precisamente por la ausencia estatal. La pregunta que surge es ¿el gobierno de Noboa pretende subsumir todas las iniciativas de la sociedad civil bajo un marco homogéneo?
La estrategia de Noboa de regularizar organizaciones que hacen un contrapeso a su gobierno no es novedad, ya se utilizó durante otros gobiernos. El correísmo se valió de las instituciones públicas para disolver o castigar a aquellas organizaciones que le eran incómodas y aunque todavía no hay evidencias de este tipo de aprovechamiento por parte del gobierno de turno, es importante conocer que la historia y las estrategias se repiten. Además, se observa que, con ciertos sectores de la sociedad el término terrorismo queda a discrecionalidad de la fuerza pública y ahora cualquier persona puede ser etiquetada como tal4. Bajo las condiciones de violencia que atraviesa el país, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos no gubernamentales, los defensores y las defensoras de derechos humanos se encuentran en permanente riesgo y vulneración de grupos de delincuencia organizada. Por tanto, el Estado debería garantizar la seguridad de las personas que laboran en este tipo de organizaciones y de la sociedad en su conjunto.
Bajo el esquema de violencia instalado especialmente en zonas abandonadas a discreción por el gobierno, la labor de las organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales que acompañan a líderes y lideresas comunitarios, es cuando menos compleja. De hecho, las condiciones de trabajo se volvieron altamente riesgosas, tanto para el personal de las organizaciones, como para aquellas personas que buscan proteger sus espacios territoriales. En última instancia, el permanente deterioro de las condiciones podría limitar ostensiblemente las actividades de acompañamiento en espacios que requieren más que nunca apoyo frente a iniciativas extractivistas impulsadas por el Estado.
