1. Introducción
La provincia de Orellana es una de las más recientes en su creación en la Amazonía y tiene su historia vinculada a la llegada de órdenes religiosas, la explotación petrolera y la colonización agraria, que en los últimos 60 años han catalizado un sistema de infraestructuras y asentamientos que han dado como resultado una sociedad con diversidades múltiples y una serie de características propias. En cuanto a las poblaciones indígenas que habitan la provincia, destacan de forma principal las nacionalidades kichwa y waorani.
La explotación petrolera desde la segunda mitad del S.XX se ha ido consolidando territorialmente de norte a sur a lo largo de la provincia. Primero, la empresa Texaco fue abriendo la vía de Lago Agrio a Joya de los Sachas, y desde ahí hasta Dayuma y más allá por la vía Auca, como forma de penetración inicial del petróleo, que afectó principalmente a la nacionalidad waorani.
La llegada de la empresa estadounidense Texaco en los años 60 del S.XX generó una serie de conexiones viales con Lago Agrio y con Baeza vía la Y de Narupa, que catalizaron dos importantes procesos: la llegada de infraestructura petrolera y de población campesina procedente de diferentes lugares del país, especialmente de la región costera y el sur de la Sierra.
En un segundo momento tras la salida de la Chevron-Texaco y la concesión a nuevas empresas de Europa y Norteamérica, la explotación petrolera se expandió hacia el este por el río Napo: la vía maxus primero hasta el bloque 16 que también afectó a la nacionalidad waorani, y posteriormente los bloques 12 y 15 en tierras ribereñas kichwas. Hacia el sur, los bloques 14, 17 y 21 impactaron en territorialidades waorani y de los pueblos indígenas no contactados.
Estas zonas son hasta la actualidad áreas de fuertes tensiones territoriales porque el marco de derechos territoriales indígenas fue mayor tras las movilizaciones nacional de 1990 y amazónica de 1992, que permitió generar mejoras en la lucha contra la colonización agraria. De esta forma, son bloques que mayoritariamente tienen una mayor negociación con las nacionalidades indígenas por parte de las empresas petroleras.
Los bloques 31 y 43 en la parte baja del Napo en la zona de Tiputini (Parque Nacional Yasuní) fueron abierta recientemente, con una mayor participación de empresas chinas, junto con los bloques 55, 14 y 17 otorgados a empresas bielorrusas y chinas. Otros bloques han recibido el rechazo de las nacionalidades sápara y kichwa como el 79, 83, y 77.
El desarrollo del bloque 43-ITT genera fuertes tensiones no solamente en el ámbito comunitario y provincial, sino que se vuelve una cuestión de la política nacional e internacional al proclamarse la Iniciativa Yasuní-ITT que pretendía dejar el petróleo bajo el suelo a cambio de una contribución internacional. Abandonada la iniciativa por parte del Estado ecuatoriano en 2013, es retomada por la sociedad civil nacional situada en los grandes centros urbanos, encarnada por Yasunidos. En 2023 se llevó a cabo la consulta que decidió dejar el petróleo bajo el suelo, quedando el bloque 43 como pendiente de desmontaje.
Estos ejes de penetración petrolera han generado cuatro grandes formas de conflicto:
1. la negociación de mejores condiciones laborales e inversiones estatales en lugares de actividad petrolera consolidada donde no existen territorialidades indígenas, especialmente al norte de la provincia;
2. la negociación de empleo petrolero en entornos urbanos plurinacionales en forma de paros, como los generados en Dayuma en los últimos años;
3. la disputa de servicios, empleos y regalías en territorios indígenas, protagonizados por los pueblos waorani, kichwa y shuar;
4. la oposición a la entrada del petróleo, especialmente en las áreas waorani donde no llegó la explotación petrolera en las sucesivas oleadas.
Además de estos conflictos es imprescindible considerar la presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en la provincia de Orellana, que suponen una prohibición de entrada a sus territorios y la imposibilidad formal de generar proyectos en sus tierras. Ha habido en los últimos lustros apertura de pozos petroleros en sus áreas, pero también ha habido una disputa muy fuerte para su protección, tanto de parte de organizaciones de derechos humanos locales y nacionales, como desde organizaciones ecologistas de ámbito nacional y global en la protección del Parque Nacional Yasuní.
