Criminalización en Las Naves

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Después de la emisión del Decreto Ejecutivo No 754, y, de la entrada del 19 de junio de 2023 del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al cantón Las Naves, el ambiente se tensó, especialmente porque un gran contingente de agentes de la Policía Nacional (PN) y militares se instaló en el cantón, que, dicho sea de paso, se resiste por más de quince años a la imposición del Proyecto minero Curipamba. Después de varias semanas de una resistencia pacífica por parte de la población, el 14 de julio agentes de la Policía Nacional -en evidente desigualdad de fuerzas- reprimieron a la población con gases lacrimógenos y balas de goma. 

Producto de este enfrentamiento trece personas fueron heridas y dos personas resultaron detenidas. Ese mismo día, las personas aprehendidas fueron trasladadas hacia Echandía, en esta población recibieron malos tratos, insultos y golpes por parte de agentes de la PN. Las agresiones fueron tan violentas que provocaron el vómito con sangre de uno de los detenidos. Posteriormente fueron trasladados hacia la ciudad de Guaranda, en donde uno de ellos permaneció con esposas toda la noche (una medida totalmente innecesaria e inhumana). 

Al siguiente día se realizó la audiencia de flagrancia, se acusaba a dos campesinos de la destrucción de un bien público (específicamente la rotura de los vidrios de la Unidad de Policía Comunitaria – UPC). La audiencia se desarrolló sin las garantías mínimas que dispone la ley y fue vulnerado el derecho a la defensa, pues, entre otras cosas, se alejó a las personas del territorio, se los amedrentó física y psicológicamente, estuvieron incomunicados, por lo que no accedieron a asesoría jurídica particular. En su defecto se asignó una Defensora Pública con la que no tuvieron contacto o comunicación mínima para que ejerciera su rol apropiadamente. Sobra decir que la defensa técnica fue limitada y como consecuencia fueron encarcelados. 

Después de pasar una semana como personas privadas de la libertad, el 24 de julio se instaló una nueva audiencia y el juez a cargo de la causa negó la revisión de prisión preventiva y no accedieron a las medidas sustitutivas. El 26 de julio, un abogado particular presentó una solicitud de Hábeas Corpus, que fue negada el 1 de agosto, por este motivo se perdió la posibilidad de defensa de las acusaciones en libertad. Adicionalmente, durante la audiencia, cuando se intentó denunciar el maltrato y la violencia a la que fueron expuestos la noche de la aprehensión, el juez desestimó la denuncia y ni siquiera permitió que las voces de estas personas fueran escuchadas. 

Finalmente, el 3 de agosto, y, asumiendo la gravedad de la condena que podían enfrentar (de 3 a 4 años de prisión), estas personas decidieron acogerse a la opción de un juicio abreviado, es decir, asumieron la culpa del daño al bien público, aún sin haber participado en estos hechos, pero, además, por las afectaciones físicas presentadas por un agente de la PN. Al acogerse a un juicio abreviado, el juez dispuso 8 meses de prisión y una multa económica por reparación que tuvo que ser cancelada para recuperar la libertad. Esto último se logró, gracias a la colaboración de la comunidad y de organizaciones aliadas. 

Con todos estos antecedentes, resulta evidente que estas personas fueron víctimas de criminalización al defender su territorio, esto a pesar de que les asiste el derecho legítimo y constitucional de resistencia. Ahora bien, quizás parezca un error acogerse al proceso abreviado, porque en parte se admite responsabilidad en el daño al bien público y en la agresión al agente, sin embargo, al ir a juicio se exponía a estas dos personas a un sistema carcelario corrupto, caduco y fallido, que desde el año 2020 atraviesa la peor crisis registrada en su historia. Esta incluye matanzas al interior de los centros de privación de la libertad, en dónde la violencia se incrementa cada día. Además, sin acceder a una defensa particular y cancelar la multa impuesta por el juez, en este momento estarían encarcelados por al menos 8 meses y con el violento panorama del sistema carcelario sus vidas estarían en constante riesgo y vulnerabilidad.

Finalmente, a modo de recapitulación, se puede decir que los riesgos de seguridad a los que se enfrentan estos defensores se aglutinan en tres grupos: en primer orden, la criminalización, estigmatización, persecución y asedio de los habitantes de Las Naves, lo que disminuiría (por temor a la repetición del encarcelamiento) y deslegitimizaría (por la difusión negativa en medios de comunicación) la potencia de la lucha. En esta misma línea, la creciente inseguridad del país podría exacerbarse por la presencia de proyectos mineros en la zona; en segundo orden, una posible fragmentación del tejido comunitario por los ofrecimientos de la minera en el territorio, lo que podría provocar enfrentamientos entre diferentes grupos poblacionales; y finalmente, al no contar con recursos para pagar los servicios profesionales del abogado, estaría la posibilidad de acceder a préstamos fuera del sistema financiero tradición, agravando así, la situación económica familiar.

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La misma población esmeraldeña que sufre el racismo y el empobrecimiento estructural desde hace generaciones, se encuentra organizada para defender sus derechos y medios de vida. Entre las principales entidades podemos situar a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE). La UOCE viene sosteniendo por años un trabajo de formación política y agroecología con jóvenes y mujeres cuyos territorios han sido afectados por las camaroneras y las palmicultoras. También nos encontramos a colectivos como Mujeres de Asfalto, organización que integra a mujeres de la provincia que buscan incidir tejiendo espacios de construcción y deconstrucción feminista, en los que los derechos humanos de las mujeres y su implementación sean exigidos desde la incidencia efectiva con herramientas de innovación política y comunitaria.

La minería informal en Buenos Aires opera desde 2017. La extracción ilegal de oro conlleva una compleja organización social en la que están involcurados, de manera asimétrica, peones ecuatorianos, colombianos y venezolanos, bandas criminales y otros grupos encargados del transporte y el procesamiento del oro. Esta actividad se lleva a cabo en la conocida como mina vieja, área concesionada a la empresa australiana Hanrine, una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en Buenos Aires. La minería informal trae consigo también formas de violencia mafiosas que pasan por la extorsión, los asesinatos y amenazas a aquellas personas que disputan las rentas generadas o a las que se oponen directamente a su presencia en Buenos Aires. Además, esta minería tiene efectos destructivos también en el propio tejido comunitario local, debido a que estimula el involucramiento de no pocas familias, quienes les proveen de servicios e insumos. De esta manera, la población queda polarizada alrededor de la minería informal, generándose conflictos que terminan con el grado relativo de cohesión social existente hasta entonces.

Buenos Aires está situada en el norte de la provincia de Imbabura, colindando con Esmeraldas, por detrás del volcán Cotacachi. Existen varias formas de llegar a esta parroquia, a pesar de su difícil acceso. La principal parte de una desviación a la altura del puesto de control de la policía en el KM de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Con todo, también se puede llegar por Urcuquí, la cabecera cantonal, y por caminos no carrozables cruzando los páramos de El Piñan.
La formación de la cabecera parroquial comenzó en 1912, con la llegada de personas procedentes de Cahuasqui que huían de las condiciones de explotación y sometimiento impuesto por el sistema de haciendas. La parroquia se constituye como tal en 1941.

La empresa responsable por el proyecto el Domo es la minera Curimining. Sus accionistas son empresas mineras canadienses. La concesión del proyecto abarca alrededor de las 1500 hectáreas. Curimining planea extraer oro y cobre principalmente. Debido a la cantidad de minerales existentes, la concesión está catalogada bajo el régimen de mediana minería. Este proyecto es considerado uno estratégico por parte de las élites estatales a la hora de apuntalar a la minería como uno de los vectores principales de obtención de divisas, con la tendencia a la caída de las exportaciones petroleras.

Las Naves es un cantón con una producción agrícola campesina increíblemente diversificada. En sus fincas, las familias producen, entre otros, cacao, naranja, verde, banano, café, caña y limón. Además, crían ganado para carne y algunos productores han implementado proyectos turísticos, especialmente en las zonas de bosque, alrededor de cascadas y ríos.

La producción agropecuaria de Las Naves se ve beneficiada también por la relativa disponibilidad de tierras, por la fertilidad de sus suelos y por el clima favorable. Adicionalmente, y a diferencia de otras zonas rurales del país, los jóvenes campesinos de Las Naves tienden a quedarse trabajando con sus familias, dado que, la agricultura aún es un medio de vida que ofrece dignidad y perspectivas de futuro. No obstante, esta diversidad productiva está amenazada por la minería. La instalación del proyecto El Domo trae consigo el alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua del cantón, lo que supondría un duro golpe para la continuidad de los medios de vida de gran parte de su población.

La ocupación del cantón de Las Naves es relativamente reciente. En ella confluyen diversos procesos históricos, entre los que destacamos la llegada de migrantes procedentes de las zonas altas de la sierra que salieron en busca de tierras para el cultivo a partir de la década de 1960. A Las Naves también llegó población oriunda de la costa en la segunda mitad del siglo XX que buscaba nuevos espacios en los que asentarse. Fue reconocido como cantón en 1992. Por otro lado, la minería también tiene antecedentes históricos reseñables en la región. En la década de 1990 la empresa Rio Tinto realizó varias exploraciones del potencial minero. Esta experiencia marcó un precedente, la empresa fue expulsada de las zonas en las que había incursionado y algunos de los líderes que encabezaron esa resistencia siguen presentes en la oposición al proyecto Curipamba – El Domo.

Las Naves es un cantón perteneciente a la provincia de Bolívar, ubicada en la sierra centro del país. Está situado en las faldas occidentales de Los Andes, y cuenta con un clima subtropical, con mucho calor y humedad. El cantón colinda también con la provincia de Los Ríos.

El proyecto minero pretende emplazarse en la zona alta, en una de las montañas más icónicas del cantón, conocida como El Domo. De este lugar nacen diferentes ríos que abastecen de agua a la población para su consumo y para el sostenimiento de la producción agrícola campesina no solo de Las Naves, sino también de Los Ríos.