Después de la emisión del Decreto Ejecutivo No 754, y, de la entrada del 19 de junio de 2023 del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al cantón Las Naves, el ambiente se tensó, especialmente porque un gran contingente de agentes de la Policía Nacional (PN) y militares se instaló en el cantón, que, dicho sea de paso, se resiste por más de quince años a la imposición del Proyecto minero Curipamba. Después de varias semanas de una resistencia pacífica por parte de la población, el 14 de julio agentes de la Policía Nacional -en evidente desigualdad de fuerzas- reprimieron a la población con gases lacrimógenos y balas de goma.
Producto de este enfrentamiento trece personas fueron heridas y dos personas resultaron detenidas. Ese mismo día, las personas aprehendidas fueron trasladadas hacia Echandía, en esta población recibieron malos tratos, insultos y golpes por parte de agentes de la PN. Las agresiones fueron tan violentas que provocaron el vómito con sangre de uno de los detenidos. Posteriormente fueron trasladados hacia la ciudad de Guaranda, en donde uno de ellos permaneció con esposas toda la noche (una medida totalmente innecesaria e inhumana).
Al siguiente día se realizó la audiencia de flagrancia, se acusaba a dos campesinos de la destrucción de un bien público (específicamente la rotura de los vidrios de la Unidad de Policía Comunitaria – UPC). La audiencia se desarrolló sin las garantías mínimas que dispone la ley y fue vulnerado el derecho a la defensa, pues, entre otras cosas, se alejó a las personas del territorio, se los amedrentó física y psicológicamente, estuvieron incomunicados, por lo que no accedieron a asesoría jurídica particular. En su defecto se asignó una Defensora Pública con la que no tuvieron contacto o comunicación mínima para que ejerciera su rol apropiadamente. Sobra decir que la defensa técnica fue limitada y como consecuencia fueron encarcelados.
Después de pasar una semana como personas privadas de la libertad, el 24 de julio se instaló una nueva audiencia y el juez a cargo de la causa negó la revisión de prisión preventiva y no accedieron a las medidas sustitutivas. El 26 de julio, un abogado particular presentó una solicitud de Hábeas Corpus, que fue negada el 1 de agosto, por este motivo se perdió la posibilidad de defensa de las acusaciones en libertad. Adicionalmente, durante la audiencia, cuando se intentó denunciar el maltrato y la violencia a la que fueron expuestos la noche de la aprehensión, el juez desestimó la denuncia y ni siquiera permitió que las voces de estas personas fueran escuchadas.
Finalmente, el 3 de agosto, y, asumiendo la gravedad de la condena que podían enfrentar (de 3 a 4 años de prisión), estas personas decidieron acogerse a la opción de un juicio abreviado, es decir, asumieron la culpa del daño al bien público, aún sin haber participado en estos hechos, pero, además, por las afectaciones físicas presentadas por un agente de la PN. Al acogerse a un juicio abreviado, el juez dispuso 8 meses de prisión y una multa económica por reparación que tuvo que ser cancelada para recuperar la libertad. Esto último se logró, gracias a la colaboración de la comunidad y de organizaciones aliadas.
Con todos estos antecedentes, resulta evidente que estas personas fueron víctimas de criminalización al defender su territorio, esto a pesar de que les asiste el derecho legítimo y constitucional de resistencia. Ahora bien, quizás parezca un error acogerse al proceso abreviado, porque en parte se admite responsabilidad en el daño al bien público y en la agresión al agente, sin embargo, al ir a juicio se exponía a estas dos personas a un sistema carcelario corrupto, caduco y fallido, que desde el año 2020 atraviesa la peor crisis registrada en su historia. Esta incluye matanzas al interior de los centros de privación de la libertad, en dónde la violencia se incrementa cada día. Además, sin acceder a una defensa particular y cancelar la multa impuesta por el juez, en este momento estarían encarcelados por al menos 8 meses y con el violento panorama del sistema carcelario sus vidas estarían en constante riesgo y vulnerabilidad.
Finalmente, a modo de recapitulación, se puede decir que los riesgos de seguridad a los que se enfrentan estos defensores se aglutinan en tres grupos: en primer orden, la criminalización, estigmatización, persecución y asedio de los habitantes de Las Naves, lo que disminuiría (por temor a la repetición del encarcelamiento) y deslegitimizaría (por la difusión negativa en medios de comunicación) la potencia de la lucha. En esta misma línea, la creciente inseguridad del país podría exacerbarse por la presencia de proyectos mineros en la zona; en segundo orden, una posible fragmentación del tejido comunitario por los ofrecimientos de la minera en el territorio, lo que podría provocar enfrentamientos entre diferentes grupos poblacionales; y finalmente, al no contar con recursos para pagar los servicios profesionales del abogado, estaría la posibilidad de acceder a préstamos fuera del sistema financiero tradición, agravando así, la situación económica familiar.