Algunos datos sobre el cantón Las Naves

Las Naves es un cantón ubicado en el subtrópico de la provincia de Bolívar, caracterizado por tener una vocación agrícola, en donde se producen una gran variedad de alimentos como cítricos, café, cacao, arroz, maracuyá, banano, yuca, pitahaya, papaya, papa. Las familias naveñas se identifican como mestizas y montubias, la gran mayoría se dedican a las labores del agro, a la ganadería y el comercio.

En Las Naves y las zonas aledañas existe un patrimonio cultural significativo, dada la presencia de grupos humanos asentados desde el período pre incásico, esto se manifiesta en grupos de petroglifos y monolitos terciarios ubicados en distintas localidades. Esta zona del país tiene gran potencial turístico, pues, sus ecosistemas subtropicales están bañados por microcuencas y cuencas de gran importancia ambiental.

Desde el año 2006, el cantón Las Naves enfrenta conflictos socioambientales derivados de la decisión estatal de concesionar el 80% de su territorio para el desarrollo del Proyecto de minería Curipamba Sur₁, cuya concesionaria es la compañía canadiense Curimining S.A. En el mapa 1 se observa la distribución de los títulos mineros en el territorio, estos abarcan siete concesiones, distribuidas geográficamente sobre cuatro cantones: Las Naves, Echandía y Guaranda (parroquia San Luis de Pambil) de la provincia de Bolívar y Ventanas (parroquia Zapotal) de la provincia de Los Ríos. El principal problema radica en que, los habitantes de estos cantones nunca fueron consultados respecto a la decisión estatal de concesionar su territorio para la actividad minera.

Después de la emisión del Decreto Ejecutivo No 754, a mediados de junio de 2023 inició oficialmente el proceso de consulta ambiental en Las Naves. En julio de 2023 personal del antiguo MAATE encabezó el proceso en territorio. En términos generales, no se die¬ron las garantías para la participación ciudadana, en su defecto se presentaron barreras de acceso a la información, intimidando a la po¬blación. Al igual que en el caso de Las Pampas y Palo Quemado, en este territorio se presentaron agentes del orden para reprimir -con mucha violencia- a la población local, utilizando gases la-crimógenos y balas de goma. Producto de este enfrentamiento trece personas resultaron heridas, dos personas fueron detenidas y acusadas del supuesto delito de destrucción de un bien público.

A pesar de la oposición de la población, el proceso administrativo avanzó y la concesión Las Naves El Domo fue autorizada en enero de 2024 para continuar hacia la fase de explotación a cielo abierto y beneficio. Finalmente, en enero de 2025, inició la fase de construcción de la mina previa a la explotación.

Ubicación de la concesión Curipamba El Domo y las afectaciones que tendrían las fuentes de agua

La concesión se ubica en la zona alta del cantón Las Naves. En este sitio se encuentra el cerro Piedra Negra, rebautizado por la compañía Curimining como El Domo. Esta es una zona en donde existen remanentes de Bosque Siempre Verde Piemontano de la Cordillera Occidental de los Andes. De acuerdo al Plan Nacional de Recursos Hídricos del 2021 elaborado por el antiguo Ministerio de Ambiente y Agua, la zona alta del cantón Las Naves es catalogada como una Zona de Alta y Muy Alta Importancia Hídrica con un promedio anual de 2.481,5 mm.

Adicionalmente, las nacientes de las principales fuentes hídricas que abastecen de agua a Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal se ubican en el cerro Piedra Negra. Allí se encuentran varias quebradas perennes, entre ellas, la quebrada El Silencio y la quebrada Naves Chico de las que, aguas abajo, nacen los ríos Naves Chico, Naves Medio y Naves Grande, que luego dan origen a los ríos Suquibí, Oncebí y río Ventanas. Este sistema hídrico pertenece a la subcuenca del río Babahoyo y cuenca del río Guayas. Sobre las quebrada Naves Chico y quebrada El Silencio, el MAATE autorizó la construcción del tajo de la mina y de la piscina con lodos de relaves.

El desarrollo de actividades mineras podría afectar gravemente el ecosistema, especialmente la cobertura vegetal de las zonas de remanentes de bosque ubicados en el cerro Piedra Negra, lugar esencial para el desarrollo del ciclo hidrológico del agua. La zona empezó a ser talada a partir de enero de 2025. En un reportaje realizado por la cadena Ecuavisa presentada el 14 de julio de 2025 por la periodista Odett Camacho, se observa la devastación ambiental registrada en el cerro Piedra Negra hasta ese momento.

El florecimiento de la economía en el cantón Las Naves y sus territorios vecinos

Por otro lado, durante el segundo semestre de 2024 la asociación internacional Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) realizó una investigación agroeconómica en el sector. En dicho informe se concluye que la agricultura familiar campesina que se realiza en Las Naves es de pequeña escala, de producción diversificada -cultivos asociados- y adaptada a las condiciones agroecológicas de cada zona, con ganadería y cultivos perennes dominando las zonas media y baja, mientras que en la parte alta predominan los cultivos de ciclo largo y la ganadería menos intensiva; que para la producción se incorporan prácticas sostenibles, que recurre principalmente al trabajo familiar, que permite el autoconsumo y autosuficiencia y que su comercialización se realiza, principalmente, en mercados locales.

En Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal se desarrolló toda una economía local que gira en torno a la agricultura. Las familias campesinas, propietarias de la tierra que producen, con el paso del tiempo se organizaron y constituyeron asociaciones de productores. A su vez, esto generó la necesidad de que existan instituciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS), las cuales garantizan el acceso a servicios financieros, créditos, préstamos agrícolas. Particularmente, el cacao se comercializa en mercados internacionales a través de asociaciones de productores, cuyo principal centro de acopio se encuentra en Zapotal. Estos productos cuentan con la certificación de calidad otorgada por Rainforest Alliance.

Por supuesto, el desarrollo de actividades mineras podría ocasionar la pérdida de la certificación y la posibilidad de mantener esta importante actividad económica. De acuerdo con datos publicados en el Boletín Analítico Trimestral de Comercio Exterior elaborado por el Banco Central del Ecuador, el cacao y los productos elaborados tuvieron un buen año de exportaciones. Por ejemplo, en el último trimestre de 2025 se alcanzaron 1.334,9 millones de dólares en exportaciones, superando al último trimestre de 2024, cuando se obtuvieron 756 millones de dólares en exportaciones.

El acceso al agua como un derecho humano: el sistema de agua en el cantón Las Naves

Antes de profundizar en la afectación sufrida por las familias campesinas del cantón Las Naves por la actividad minera, es preciso mencionar que, el acceso al agua es un derecho humano que debe ser garantizado por los Estados, a pesar de ello, en Las Naves el 55.8% de la población rural no tenga acceso a agua.

Considerando la falta de acceso a agua para consumo humano, el GAD Municipal de Las Naves solicitó en 2018 la autorización de uso de agua para consumo humano, la cual fue concedida en mayo de 2019. En septiembre de 2023 el GAD de Las Naves suscribió un Convenio de Cooperación con las comunidades Jerusalén y Buenos Aires para la construcción del sistema de agua.

Después de obtener los permisos de ley, habitantes de Jerusalén y Buenos Aires se dedicaron a la construcción del sistema de agua para sus comunidades. La construcción no fue algo espontáneo, respondía a la consolidación del diálogo, los acuerdos, la organización, del fortalecimiento de los tejidos comunitarios, del trabajo cotidiano de personas campesinas que asumieron un compromiso y un reto para abastecerse de agua, mientras, intentan proteger su territorio del embate minero.

El sistema empezó a funcionar, pero a inicios de marzo de 2025 se registraron los primeros problemas provocados por la deforestación de árboles nativos, el retiro de material vegetal de la montaña y las detonaciones registradas en la parte alta del cerro. Como resultado, el agua de consumo humano se contaminó con lodo y las personas nuevamente no tuvieron acceso a agua segura.

En junio de 2025, el conflicto se reactivó debido a que Curimining empezó a utilizar una de las vías comunitarias que comunica al recinto La Unión con el cantón Las Naves. Grandes volquetas y otros vehículos empezaron a circular por el sector a pesar de no contar con el consentimiento para su uso. Las familias campesinas iniciaron un proceso de organización para evitar el uso de la vía. El Estado intervino a favor de la minera desplegando a sus agentes policiales y militares en el territorio. A pesar de la evidente diferencia de poder entre la comunidad y la Policía Nacional, se intentó retratar a las personas defensoras como violentas y opuestas al desarrollo. De hecho, en julio de 2025 se abrió un proceso de investigación previa en contra de cuatro personas.

Ataque a persona defensora del cantón Las Naves

Antes de concluir el recorrido por el caso Las Naves, es importante visibilizar la amenaza que sufrió uno de los rostros más visibles de la protección del territorio. A finales de julio de 2025 esta persona fue amedrentada y perseguida por una camioneta, presuntamente utilizada por funcionarios de Curimining. De acuerdo con el testimonio de la persona defensora, el vehículo lo persiguió por una de las vías de segundo orden mientras se trasladaba en una motocicleta. Al percatarse de la amenaza logró evadir al vehículo y sus ocupantes. El testimonio a continuación pone en evidencia como la vida de las personas defensoras en el país está en riesgo. Paralelamente, el Estado permanece ausente y parcializado, sin ofrecer garantías a sus poblaciones campesinas.

[…] Los riesgos los tenemos latentes […] yo ya no estoy saliendo hacia Las Naves […]… una camioneta blanca, que siempre utiliza la minera, sin placas, vidrios poralizados, me lanzó el carro, pero no logró alcanzarme […] más bien hemos tomado la medida de seguridad de no salir […] ese día fui a […] llenar combustible en mi moto […] uno está en el ojo del huracán […] somos un peligro para el interés económico para la minera, incluso para el gobierno que está involucrado en el tema […]
(Testimonio de una persona campesina que vive en el cantón Las Naves, julio 2025)

Nota al pie:

₁ En el cerro Piedra Negra o también conocido como El Domo se encuentra un importan¬te yacimiento de metales de interés comercial como Oro (Au) y Cobre (Cu), así como importantes fuentes de Zinc (Zn), Plomo (Pb), Plata (Ag).

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan la criminalización y vulneración de derechos de personas defensoras en el cantón Las Naves

La entrada Breve recorrido por el proyecto minero Curipamba Sur «El Domo» se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

La reforma a la consulta ambiental durante el gobierno de Guillermo Lasso

El Decreto Ejecutivo No. 754 fue emitido en mayo de 2023 durante la presidencia de Guillermo Lasso. A través del decreto Lasso pretendía reformar el Reglamento del Código del Ambiente, que normaba la participación ciudadana en la consulta ambiental. En última instancia, el Decreto daba paso a que el extinto Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) inicie con el proceso de consulta ambiental en territorios que no necesariamente apoyaban la actividad minera.

La emisión del Decreto Ejecutivo No. 754 no pasó desapercibida, los sectores sociales se organizaron y el 13 de junio de 2023 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), instaló una demanda de inconstitucionalidad frente al Decreto. No obstante, el 19 de junio del 2023 el antiguo MAATE oficialmente inició el proceso de consulta ambiental en Las Naves y el 10 de julio funcionarios del MAATE ingresan al cantón para iniciar un proceso bastante irregular; pues, no se dieron las garantías para la participación ciudadana. En ese momento el MAATE permitió la participación de solo 7 de las 10 comunidades que serían afectadas por la instalación del proyecto minero, lo que implica una primera irregularidad.

Otro aspecto que llamó la atención fue la militarización del territorio, así como la presencia masiva de miembros de la Policía Nacional, destacando entre ellos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). A lo anteriormente descrito, se adhiere el hecho de que, los funcionarios del MAATE se instalaron en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y desde ahí pretendían informar a la población sobre el proyecto minero Curipamba. La estrategia perseguía un solo objetivo, establecer una barrera de acceso a la información a través de la intimidación de la población.

Durante toda la semana el ambiente en Las Naves fue tenso. Finalmente, el 14 de julio de 2023 los agentes de la Policía Nacional -en evidente desigualdad de fuerzas- reprimieron a la población con gases lacrimógenos y balas de goma. Producto de este enfrentamiento
trece personas fueron heridas y dos personas fueron detenidas. Estas personas fueron víctimas de criminalización por defender su territorio, esto a pesar de que les asistía el derecho legítimo y constitucional de resistencia.

La entrada Decreto Ejecutivo No 754 y sus efectos en el proyecto minero Curipamba El Domo – cantón Las Naves se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

El 18 de febrero de 2022 se abrió la investigación previa número 020701822020008 por el supuesto delito de ataque y resistencia. Sin embargo, el 23 de febrero de 2022, la fiscal a cargo de la investigación, Marizol Tapia dispuso que el caso sea reasignado como delito de secuestro (delito grave con penas que varían según la modalidad y agravantes, pero que, en el peor de los casos puede llegar a penas de privación de la libertad de hasta dieciséis años). La acusación se dirigió a cuatro personas campesinas habitantes de diferentes comunidades del cantón Las Naves.

Posteriormente, a inicios de septiembre de 2024 el secretario de la Fiscalía dejó constancia de que habían transcurrido dos años, seis meses y 22 días desde el inicio de la investigación. Dado el tiempo transcurrido y por la naturaleza del delito investigado, dos de las personas involucradas solicitaron el archivo de la investigación previa. Se enviaron dos solicitudes fundamentadas en el artículo 585, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP):

La investigación previa no podrá superar los siguientes plazos,
contados desde la fecha de su inicio:
2 En los delitos sancionados con pena privativa de libertad
de más de cinco años durará hasta dos años.

La Agente Fiscal a cargo de la investigación del supuesto delito de secuestro tomó nota del primer pedido de archivo (solicitado el 8 de agosto de 2024), aunque no dio respuesta porque a su criterio no era el momento procesal oportuno. El segundo pedido (del 15 de octubre de 2024) fue respondido mediante impulso fiscal del 26 de diciembre de 2024, después de una larga exposición argumental la Fiscal no atendió el pedido. En el siguiente apartado se presenta la transcripción de lo dicho por la Agente:

[…] La Constitución de la República ha previsto que exista una etapa pre procesal […] que es llevada a cabo y dirigida por parte de la Fiscalía, esta acción va orientada a investigar hechos presumiblemente constitutivos de delito que permita a dicha entidad recabar los fundamentos suficientes para imputar a una persona la participación en un acto que revista elementos de delito en base a estas disposiciones […] el o la Fiscal es quien toma las decisiones acerca del futuro de la investigación, ya sea para impulsar su continuación, declarar su cierre, decidir su suspensión o cualquier otra que signifique poner término anticipado. De esta redacción se concluye que la acción penal, dentro del proceso acusatorio, la lleva adelante la Fiscalía, entidad que desarrolla una fase pre procesal que le permitirá dar inicio a la acción, siempre y cuando esta no haya prescrito, disposición que guarda completa relación con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República, sobre todo en el hecho del respeto a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con espacial atención al interés social, ante lo referido no se atiende lo requerido […] (Impulso Fiscal de la Agente Marizol Tapia, 2024).

Sobre esta situación, el 26 de febrero de 2025 CEDHU envió un oficio a la entonces Fiscal General del Estado la Dra. Diana Salazar Méndez, informando entre otras cosas que, a criterio del equipo jurídico de la mencionada organización, la Agente Fiscal parece confundir dos aspectos distintos: por un lado, la facultad de la Fiscalía para dar por terminada anticipadamente la investigación, conforme el inciso final del artículo 585 del COIP; y, por otro, su obligación de no prolongar la investigación más allá del plazo máximo establecido de forma expresa en el numeral 2 del mismo artículo.

A lo anteriormente descrito, en el oficio de CEDHU se hace referencia al control abstracto de constitucionalidad del artículo 585 del COIP realizado por la Corte Constitucional, con sentencia No. 54-21-IN/24 emitida el 6 de junio de 2024. Al respecto, la Corte realizó un análisis interpretativo que clarifica el sentido de la norma para que se armonice con el derecho constitucional y la seguridad jurídica. En el siguiente apartado se presenta la idea central de la sentencia:

37. Como se aprecia de las normas que se desprenden del artículo 585 del COIP, el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, ha dispuesto de forma expresa los plazos máximos de duración de una investigación previa y las condiciones para dar por terminada dicha indagación en un plazo menor.
    
38. De modo que, a partir de lo dispuesto en la norma impugnada, las personas involucradas en una investigación penal previa tienen la certeza de que esta no será indefinida, sino que, de forma anterior y determinada, conocen los tiempos máximos a los cuales estarán sujetas a dicha indagación —1 o 2 años—, dependiendo de la pena privativa de libertad correspondiente al delito por el cual se la realiza —menor o mayor a 5 años—. Esto les permite tener certeza sobre la situación jurídica a la cual están sometidas y una expectativa legítima sobre la duración de la etapa previa investigativa, evitando así una indeterminación temporal que genere una incertidumbre prolongada respecto a la situación jurídica de las personas investigadas.

A decir del equipo jurídico de CEDHU, la Agente Fiscal de Las Naves no estaría aplicando el artículo 585, numeral 2 del COIP, lo que podría vulnerar el derecho constitucional a la seguridad jurídica de las cuatro personas investigadas en la etapa pre procesal, al extender la investigación previa más allá del plazo máximo de dos años. En este sentido, la actuación de la Agente Fiscal es más grave aún porque las personas investigadas son campesinas defensoras de derechos humanos, del agua y de la naturaleza, quiénes, en ejercicio de sus derechos a la opinión y libertad de expresión, se oponen abiertamente al desarrollo del proyecto minero Curipamba.

Este caso pone de manifiesto varios elementos que constituyen los procesos de criminalización, los cuales inician con la decisión estatal de concesionar sus territorios, sin que exista una consulta, continúa con la vulneración de sus derechos al agua, al medio ambiente sano, a conservar sus formas de vida campesina basadas en la agricultura, y, que, lógicamente tienen como respuesta la organización local para la protección.

Más allá del temor y la intimidación que generan los procesos jurídicos, suele ser muy problemático el impacto económico derivado de los costos de tramitación de las demandas e investigaciones. En este orden de cosas, la situación económica de las personas defensoras puede limitar el acceso a defensa técnica y muchas veces dejarlas en situación de indefensión. En el caso particular de las personas criminalizadas en Las Naves y que cuentan con el patrocinio de alguna organización dedicada a la defensa de derechos, la protección del agua y la vida, muchas veces los costos de generar pruebas, así como de los honorarios de las personas que llevan las defensas técnicas suelen ser asumidas por estos organismos, a pesar de que los recursos disponibles son cada vez más limitados.

Este panorama se complejiza al contar con un andamiaje jurídico impulsado por el gobierno nacional que promueve el extractivismo a través de sus leyes y reglamentos. Como se mencionó en secciones que preceden, desde agosto de 2025 se encuentra en vigencia la Ley de Transparencia Social, y, en octubre de ese mismo año, se expidió su reglamento. El aspecto más preocupante para las organizaciones que acompañan a los defensores es la prohibición de interferir en el desarrollo de proyectos mineros “legalmente autorizados”. En caso de incumplir esta disposición, las organizaciones corren en riesgo de sufrir la suspensión de su personería jurídica. Aquí cabe la pregunta:

Por su parte, las organizaciones que apuestan por la defensa de derechos humanos se ven intimidadas, pues, existe la posibilidad de que muchas de las personas criminalizadas -no solo en Las Naves- sino en todos los territorios ricos en minerales y recursos naturales de interés transnacional se encuentren a merced de un sistema jurídico que no goza de prestigio, y un sistema carcelario corrupto, caduco y fallido, que desde el año 2020 atraviesa por sucesivas crisis.

Algunos datos alarmantes sobre la crisis en el sistema carcelario

El Ministerio del Interior informó que entre 2014 y 2025 el número de personas asesinadas en el sistema carcelario ascendería a 943 víctimas. En noviembre de 2025 Primicias presentó un informe que da cuenta del inesperado incremento de personas asesinadas. En el 2014 se registraron tres muertes violentas en todo el sistema; en 2020 la cifra escaló a 51 víctimas. Durante el 2021 la cifra ascendió a 337 personas privadas de la libertad (PPL) asesinadas mientras se desarrollaban las llamadas “masacres carcelarias”. En 2022, 2023 y 2024 se registraron 163, 110 y 85 víctimas respectivamente (González, 2025).

Por otro lado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), reveló que el número total de personas fallecidas desde enero hasta septiembre de 2025 llegó a las 760 víctimas, de las cuales 358 fallecieron por causas clasificadas como “naturales”, asociadas a la tuberculosis y desnutrición (Ecuavisa, 2025).

En este mismo período se reportaron 297 muertes clasificadas por el SNAI como “sin causa determinada” (Ecuavisa, 2025). El que 655 personas hayan fallecido bajo estas figuras reflejan el poco control que tiene el gobierno nacional y sus agentes del orden frente a las estructuras delincuenciales que operan al interior de los centros de privación de libertad. A pesar de estas cifras, en abril de 2026 la narrativa gubernamental restaba importancia a las estadísticas oficiales, al afirmar: “nosotros tenemos el control del territorio y fronteras”. Considerando el contexto penitenciario del país, en caso de que la criminalización escale hasta llegar al sistema penitenciaron representa un grave riesgo para las personas defensoras, pues, las expone incluso a la muerte.

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan la demanda de Acción de Protección para familias campesinas: una forma de disputar el territorio

La entrada Uso del tipo penal de secuestro como mecanismo de criminalización: estudio de caso en Las Naves se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

La demanda de Acción de Protección (AP) presentada por 490 personas campesinas de Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal, en contra del Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos de la naturaleza del ecosistema Piedra Negra y de sus derechos humanos, se realizó el 15 de agosto de 2025, es decir, antes de la emisión del reglamento de la Ley de Transparencia Social. De manera que, la ley rige para lo venidero y no sería aplicable para la AP de las 490 personas de Las Naves.

El 19 de agosto de 2025, la jueza Mónica Freire Cuesta, de la Unidad Judicial de Contravenciones Penales de Tumbaco inadmitió la demanda argumentando que los efectos de las vulneraciones alegadas se producirían en Bolívar y Los Ríos y no en la provincia de Pichincha. Ante la decisión de la jueza, las comunidades interpusieron un recurso de apelación y el 29 de abril de 2026, la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó la apelación y dispuso que la jueza Freire convoque a audiencia y resuelva la AP presentada por las comunidades campesinas.

La decisión de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha constituyó un paso importante para garantizar el acceso a la justicia y el derecho de las comunidades a ser escuchadas por la autoridad competente frente a posibles vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza. Sobre la audiencia de AP, esta se convocó inicialmente para el 9 de junio, aunque fue diferida en dos ocasiones, primero para el 17 de junio y finalmente se estableció para el 24 de junio de 2026.

El 18 de junio de 2026, a través del Decreto Ejecutivo No 424 se declaró un nuevo conflicto armado interno. El “conflicto se configura por circunstancias que amenazan la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población” (Cáceres, 2026). Sin embargo, la falta de precisión en la declaratoria concede amplias facultades discrecionales a las fuerzas de seguridad, expone a vulnerabilidad a aquellos sectores y población en general que actúan como contrapesos.

La declaración de un nuevo conflicto armado interno en Ecuador, marcar un punto de inflexión para la labor que realizan las personas defensoras, así como, la posible criminalización, uso del sistema jurídico e impunidad de las violaciones de derechos. La combinación de indultos presidenciales, amnistías legislativas e inmunidad para personal extranjero que participe en acciones militares configura un escenario en donde las violaciones de derechos cometidas durante las operaciones militares quedarían impunes.

Audiencia de Acción de Protección

Bajo este contexto, el presentarse y litigar en una audiencia de Acción de Protección para exigir al Estado la revisión de la concesión minera en los cantones Las Naves, Echandía y Zapotal podría tener una lectura confusa y peligrosa ante los ojos del poder. Lo que nuevamente pone en riesgo de criminalización y cárcel a cientos de personas que disputan el espacio cívico con su participación social; así como el cierre de la organización que acompaña el proceso jurídico.

En este sentido, durante el desarrollo de las audiencias judiciales celebradas entre junio y julio de 2026, el riesgo comenzó a materializarse mediante una serie de hechos que, considerados en su conjunto, evidencian un preocupante patrón de intimidación, vigilancia y estigmatización dirigido tanto contra las personas defensoras y comunitarias y CEDHU.

En primer lugar, el 23 de junio de 2026, un día antes del inicio de la audiencia, un grupo de habitantes del cantón Las Naves, acompañado por su abogado, realizó una solicitud pública para que se investigue a CEDHU por brindar asistencia jurídica a las comunidades campesinas y por las fuentes de financiamiento de dicha defensa. Esta petición fue difundida públicamente a través de un medio de comunicación local .

Si bien es cierto, cualquier persona puede formular denuncias dentro del marco legal, el contexto en que esta solicitud fue realizada, antes de una audiencia constitucional y con difusión pública, constituye un acto de estigmatización que busca desacreditar el trabajo legítimo de una organización de derechos humanos y generar un efecto intimidatorio sobre quienes ejercen la defensa jurídica de comunidades. Para acceder a la información publicada por RTV Las Naves Subtropical puede dar click aquí.

Si bien es cierto, cualquier persona puede formular denuncias dentro del marco legal, el contexto en que esta solicitud fue realizada, antes de una audiencia constitucional y con difusión pública, constituye un acto de estigmatización que busca desacreditar el trabajo legítimo de una organización de derechos humanos y generar un efecto intimidatorio sobre quienes ejercen la defensa jurídica de comunidades.

El 24 de junio de 2026, durante la primera jornada de la audiencia, un autobús que transportaba a personas campesinas accionantes no pudo salir del cantón Las Naves, dificultando significativamente su comparecencia a la diligencia judicial en Quito. Al mismo tiempo, vehículos que transportaban personas que manifestaban su respaldo al proyecto minero se desplazaron sin restricciones. Esta diferencia de trato resulta particularmente preocupante por sus efectos sobre el acceso efectivo a la justicia y la participación de los accionantes en un proceso destinado precisamente a la protección de sus derechos fundamentales.

Posteriormente, el 3 de julio de 2026, durante la continuación de la audiencia de AP, mientras se desarrollaba un plantón pacífico de las comunidades campesinas frente al Complejo Judicial, se realizó un sobrevuelo de dron donde se ubicaron las personas defensoras. Se desconocen detalles sobre este sobrevuelo, cuál fue su fundamento legal, cuál era su finalidad ni cuál fue el destino de la información obtenida. En un contexto caracterizado por la conflictividad socioambiental y la criminalización de personas defensoras, este tipo de vigilancia genera un efecto inhibidor entre los accionantes y su derecho a defender derechos.

Ese mismo día, miembros de la Policía Nacional realizaron registros fotográficos de personas que participaban en el plantón pacífico sin proporcionar explicación sobre las razones de dicha actuación, la base legal que la sustentaba o el uso posterior de las imágenes obtenidas. La recopilación de información sobre personas defensoras sin criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad puede constituir una forma de vigilancia estatal incompatible con las obligaciones internacionales del Ecuador de garantizar un entorno seguro para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, el 5 de julio de 2026 personas de las comunidades acompañadas por CEDHU denunciaron la difusión, a través de redes sociales, de mensajes dirigidos a desalentar la participación ciudadana en acciones judiciales relacionadas con la defensa del territorio. La imagen a continuación se encuentra disponible en la red social Facebook del medio RTV Las Naves Subtropical y estaba acompañada del siguiente texto:

[…] FIRMAR UNA DENUNCIA O DOCUMENTO LEGAL IMPLICA RESPONSABILIDAD

Toda persona tiene derecho a presentar una denuncia cuando considere que sus derechos han sido afectados. Sin embargo, es importante recordar que(,) al firmar cualquier documento dentro de un proceso legal, se asume responsabilidad sobre la información presentada.

Las autoridades competentes son quienes investigan, verifican los hechos y determinan si existen responsabilidades conforme a la ley […]

Dichos mensajes enfatizan las posibles consecuencias legales para quienes respalden denuncias o acciones constitucionales, generando un clima de temor que puede disuadir a personas campesinas de ejercer su derecho a acceder a la justicia y participar en procesos de defensa de sus derechos.

Si bien cada uno de estos hechos podría analizarse de manera aislada, su ocurrencia sucesiva en un corto período de tiempo, durante el desarrollo de un proceso constitucional de interés público, permite advertir un patrón de presión e intimidación dirigido contra quienes defienden el agua, el territorio y los derechos humanos. La estigmatización pública de la CEDHU, las restricciones que enfrentaron las comunidades para acudir a la audiencia, las acciones de vigilancia y registro de personas participantes y la circulación de mensajes intimidatorios producen un efecto acumulativo que restringe el espacio cívico y dificulta el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

Estos hechos resultan especialmente graves porque se producen en un contexto nacional en el cual existen normas que podrían ser utilizadas para sancionar a organizaciones de la sociedad civil por su acompañamiento a comunidades afectadas por proyectos extractivos. En consecuencia, los nuevos acontecimientos refuerzan nuestra preocupación por el ambiente hostil y la posible adopción de represalias contra organizaciones de derechos humanos y personas defensoras que participan en litigios estratégicos relacionados con actividades mineras.

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan algunas reflexiones sobre la criminalización de personas defensoras en contextos extractivos, enfocado principalmente en el caso Las Naves.

Leer más: Acción de Protección para familias campesinas: una forma de disputar el territorio en el cantón Las Naves

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Introducción

Por su parte, la Relatoría Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos menciona que la criminalización se manifiesta en el uso del derecho penal para desacreditar a quienes ejercen la defensa de derechos, especialmente mediante acusaciones falsas, cargos penales infundados, procesos dilatados y restricciones judiciales que buscan desalentar su labor (Informe Relator Especial Michel Forst, 2019).

En un pronunciamiento emitido a inicios de julio de 2025, la organización FLD informó a la opinión pública que en Ecuador al menos 29 defensores ambientales fueron procesados penalmente por delitos de asociación ilícita, ataque o resistencia, utilizando el sistema de justicia para criminalizar la protesta dirigida en contra de proyectos mineros. Según este pronunciamiento, algunos tribunales emitieron condenas sin pruebas sólidas en medio de una presión empresarial y falta de independencia judicial (FLD, 2025).

Ecuador: criminalización de personas defensoras en un contexto extractivo

Considerando el concepto de criminalización de personas defensoras, así como el contexto nacional y el panorama extractivo del país, es oportuno analizar los procesos de criminalización acontecidos en el cantón Las Naves en la provincia de Bolívar, todos ellos vinculados a la imposición arbitraria e inconsulta del proyecto minero Curipamba Sur. Bajo esta perspectiva y frente a las posibles afectaciones sociales, ambientales y económicas provocadas por la actividad minera, la población de Las Naves optó por la organización social, la protesta y la resistencia pacífica. A pesar de contar con las garantías constitucionales para ejercer estos derechos, a partir de 2021 el Estado ecuatoriano recurrió al derecho penal para sancionar la defensa territorial, criminalizando a las personas que lideraban la resistencia comunitaria.

De acuerdo con información proporcionada por CEDHU, hasta mediados de marzo de 2026 el número de personas criminalizadas en el cantón Las Naves ascendía a veinte y cuatro (de las cuales el 75% eran hombres). Es importante señalar que, antes del 2021 las personas investigadas y procesadas, no tenían ningún litigio penal en su contra, en algunos casos tan solo tenían demandas civiles. Resulta lógico pensar que la apertura de investigaciones en contra de personas defensoras respondía al gran impulso que tuvo el proyecto minero Curipamba Sur en 2021, año en el que las autoridades del MAATE otorgaron la Autorización para la Modificación del Régimen de Minería de Pequeña a Mediana.

Como legítima respuesta al avance del proyecto Curipamba Sur, las personas que habitan el cantón Las Naves realizaron múltiples actividades, todas ellas en ejercicio de derechos como el de asociación, reunión, protesta y resistencia. A lo largo de esta publicación se encuentra información cuantitativa sistematizada acerca de los delitos atribuidos a las personas defensoras, así como los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el número de referencia de los procesos, el número de personas involucradas en las imputaciones, y, un pequeño resumen del avance en las investigaciones previas y juicios.

Es ampliamente difundido que la labor de protección expone a las personas defensoras de derechos a largos procesos de criminalización. Al analizar la información cuantitativa presentada en la tabla que precede, se identificaron algunos patrones desde octubre de 2021 hasta mediados de marzo de 2026:

Entre las imputaciones de delitos en contra de personas campesinas del cantón Las Naves se encontraron al menos ocho figuras penales: violación a la propiedad privada; asociación ilícita; daño a bien ajeno; secuestro; robo; ataque y resistencia; lesiones; e intimidación. En la gran mayoría de casos, los delitos imputados cuentan con penas privativas de la libertad que van desde los dos meses hasta los cinco años, con excepción de las figuras robo y secuestro, en ambos casos podrían tener penas más extensas, dependiendo de los agravantes.

Por ejemplo, el secuestro en Ecuador es un delito grave con penas que varían según la modalidad y agravantes. De acuerdo al artículo 161 del COIP, el secuestro simple está sancionado con la privación de la libertad de 5 a 7 años; mientras que; el secuestro extorsivo se sanciona con la privación de la libertad de 13 a 17 años (Artículo 162 del COIP) y la privación de la libertad puede extenderse entre 22 y 27 años si la víctima muere.

Actualmente existen 12 procesos abiertos, de los cuales la figura penal que se registra con mayor frecuencia es violación a propiedad privada (en tres ocasiones). En los 12 procesos abiertos en contra de personas campesinas se encuentran criminalizadas 24 personas. Al respecto, se advierte que, una sola persona tenga varios procesos abiertos al mismo tiempo, por ejemplo, un campesino de la comunidad Buenos Aires presenta hasta cuatro procesos abiertos de forma simultánea.

Por otro lado, se pone de manifiesto el siguiente patrón: de los 12 procesos abiertos tres tuvieron como acusador a la compañía Curimining. Los procesos en referencia son los siguientes: 02334-2022-00170 por el delito de violación a la propiedad privada; 02334-2023-00052 por el delito de asociación ilícita; y, 12281-2022-00492 por el delito de daño a bien ajeno.

Mientras que, cuatro tuvieron como acusador a un miembro de la comunidad. Los procesos en referencia son: 12281-2022-00258 por lesiones; 02334-2022-00170 y 12281-2022-00471 ambos por violación a la propiedad privada; y, 02224-2025-00413 correspondiente a contravención.

Los 7 casos de criminalización que involucran a familias campesinas de Las Naves cuentan con el patrocinio del mismo estudio jurídico. Resulta llamativo que tanto Curimining como los miembros de la comunidad compartan una representación legal de ese nivel, especialmente si se consideran los costos que implica sostener una querella en el tiempo y más aún de esa categoría.

De las 24 personas criminalizadas 4 fueron sentenciadas en primera instancia. De estas una fue declarada culpable oralmente, y, la defensa técnica que acompaña este proceso se encuentra a la espera de la sentencia escrita para solicitar la apelación. En el caso de las apelaciones realizadas hasta el momento, en dos ocasiones se ratificó la sentencia de culpabilidad en segunda instancia. Por tal motivo, una persona acusada por el delito de lesiones fue privada de la libertad por dos meses. También se destaca que, de las apelaciones realizadas hasta marzo de 2026, tan solo en una ocasión se reconoció la inocencia. Actualmente, la defensa técnica se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, instancia que tiene la competencia para ratificar o no la condena.

En cuanto al llamado timing de los procesos penales abiertos en 2021, se observó que, varios casos se reactivaron en 2023 con el llamamiento a juicio y coincidiendo con la instalación de la primera consulta ambiental realizada por el antiguo MAATE en marzo de 2023. Bajo esta misma lógica, el 2025 fue un año de gran actividad para las familias que viven en los recintos Jerusalén y Buenos Aires del cantón Las Naves.

En marzo de 2025 se registraron los primeros problemas de contaminación del sistema de agua construido por los socios y socias de la Junta Administradora de Agua de Jerusalén, provocados por la incursión minera. En este mes Curimining empezó a descapotar El Domo, mientras se realizaban detonaciones en la parte alta del mismo cerro -lugar donde se ubican las fuentes de agua que abastecen al sistema-. Los trabajadores de la compañía repitieron el mismo proceso en la zona de Selva Alegre, contaminando las fuentes de agua que servían a los sectores de Pasaje, Industria, Guabito y Barranco.

Posteriormente, en junio de 2025 el conflicto se reactivó, la empresa Curimining, empezó a utilizar una de las vías comunitarias que comunicaban al recinto La Unión con el cantón Las Naves. De acuerdo con declaraciones de personas vecinas del sector, la vía de segundo orden fue construida por las familias que habitan la zona. Por tanto, su uso se limitaba al transporte de personas y productos agrícolas locales. La situación cambió a partir de junio, cuando grandes volquetas y otros vehículos de Curimining empezaron a circular por el sector, esto a pesar de las evidentes limitaciones de la vía para recibir vehículos de gran envergadura. De acuerdo a testimonios recogidos por CEDHU, este cambio en la dinámica generó preocupación en los residentes, anteriormente la vía soportaba el movimiento de camionetas y motocicletas. A su criterio una vía de segundo orden no está preparada para recibir a otro tipo de vehículos.

Como respuesta a la incursión en el territorio, las familias de La Unión se organizaron para evitar la circulación de esta clase de vehículos. A pesar de que las medidas de hecho implementadas fueron pacíficas, el Estado intervino a favor de la compañía minera, desplegando a sus agentes policiales y militares en el territorio. De acuerdo con testimonios obtenidos en las comunidades afectadas, la Policía Nacional actuaba en coordinación con guardias privados contratados por Curimining.

Durante los operativos se desalojó a las familias campesinas y se quemó una cabaña que la comunidad había construido. A pesar de la evidente diferencia de poder entre la comunidad y los agentes del orden se intentó retratar a las personas opuestas a la incursión minera como personas violentas opuestas al desarrollo. Al finalizar junio de 2025 se abrió el proceso de investigación previa No 02070182506022 en contra de cuatro personas por el delito de robo (dentro de la investigación previa No 020701825060022, con fecha 30 de junio de 2025). Empezando así un nuevo ciclo de criminalización.

Entre 2025 y 2026 varios procesos iniciados en 2021 tuvieron avances significativos, incluso se emitieron sentencias. En esta ocasión la reactivación de los antiguos procesos coincidió con la fase de explotación minera. Por supuesto, las condenas privativas de la libertad en primera y segunda instancia son parte de una estrategia mucho más amplia que busca disuadir a líderes y lideresas que aún impulsan procesos de defensa del territorio y del agua. Los procesos de criminalización para las personas defensoras de derechos no concluyen con la emisión de sentencias, pues, se extienden al plano personal y comunitario. En muchas ocasiones la economía familiar se ve sumamente afectada después de enfrentar este tipo de litigios, el tiempo invertido en la defensa hace que el trabajo en el campo pase a un segundo plano, a la vez que los gastos se multiplican.

Adicionalmente, la entrada de compañías extractivas en los territorios no solo transforma las dinámicas socioeconómicas y ambientales, en su defecto, produce irreparables rupturas en el tejido social. Se introducen lógicas de negociación, compensaciones y ofertas laborales que, en última instancia generan tensiones y divisiones, mientras se establecen relaciones asimétricas entre quienes aceptan la actividad minera y quiénes intentan proteger sus territorios. Sin duda, la fragmentación social, es una ventana de oportunidad para los proyectos extractivos, porque a través de las denuncias y procesos judiciales, se pierden de vista las disputas más amplias que se enfrentan en los territorios.

Mientras esto ocurre, se reproducen discursos estigmatizantes que atentan en contra de la honra y el prestigio de personas defensoras, por expresar públicamente su oposición a la explotación minera en su territorio y organizar protestas pacíficas en contra de las decisiones estatales impuestas de manera arbitraria y que acarrearán la destrucción de sus formas de vida campesina. Por ejemplo, la cabeza del estudio jurídico que acompaña los procesos impulsados tanto por Curimining como por algunos miembros de la comunidad, es uno de los principales promotores de la estigmatización de las personas defensoras de territorio al expresar públicamente las siguientes ideas:

[…] El crimen organizado asalaria a un grupillo de delincuentes, les entrega armas y explosivos y les hace llamarse “grupos ecologistas” […] Los entrenan en guerra de guerrillas y empieza la masacre […] Estas empresas traen dinero de afuera para invertir aquí. Compran camionetas, camiones, materiales, tierras, etc. Pero duran poco, porque los guerrilleros bajan de las montañas e incendian todo, con o sin humanos adentro. Son ecologistas que lanzan gasolina y explosivos en media selva. Y claro, las lesiones, la destrucción a la propiedad privada, los asesinatos, las amenazas, etc. llegan a Fiscalía. ¿Pero a cuál Fiscalía? A la más cercana de los hechos. ¿Y saben quiénes son los fiscales, secretarios y ayudantes de esas fiscalías? Los vecinos de los guerrilleros. Por eso, nadie se atreve, ni desde la justicia, a mover un dedo […] (Rodríguez, 2022 recogido en Primicias).

Referencias bibliográficas

Bolopion, Philippe, “¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpiano? Los avances autoritarios amenazan el orden basado en normas” en Informe Mundial 2026, Human Rights Watch, 2026, https://www.hrw.org/es/world-report/2026

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2015. Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Defensa de la dignidad y reivindicación de derechos: los defensores de derechos humanos se reafirman en los valores universales mientras otros le dan la espalda. Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor. A/HRC/61/40. Ginebra: Naciones Unidas, 23 de febrero de 2026. https://docs.un.org/es/A/HRC/61/40

Front Line Defenders (FLD). 2025. Global Analysis 2024/25. https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/1609_fld_ga24-5_output.pdf

García, Alexander, “Ecuador registra una media de 600 denuncias por desaparición de personas al mes | Este es el desafío cuando interviene el crimen organizado”, Primicias, 2026, https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-personas-desaparecidas-desafio-intervencion-crimen-organizado-119126/

González, Mario, y Celi Estefanía, “El año más violento de Ecuador: 9.216 homicidios en 2025”, Primicias, 2025, https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-homicidios-asesinatos-violencia-crimen-organizado-2025-114304/

Ortiz Sara, “Ecuador registra un descenso del 12 % de asesinatos en el primer trimestre de 2026”, Expreso, 2026, https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-registra-un-descenso-del-12-de-asesinatos-en-el-primer-trimestre-de-2026-277687.html

Rodríguez, Felipe, “¿Quieren invertir en Ecuador? Inviertan en guerrillas”, Primicias, 2022, https://www.primicias.ec/noticias/firmas/quieren-invertir-ecuador-inviertan-guerrillas/#.Yt16UQeASxw.twitter

En la siguiente publicación el equipo del OCTE analiza como se hace uso del tipo penal de secuestro como mecanismo de criminalización en el cantón Las Naves. Disponible en el enlace:

Fotografía: Sebastián Ocaña, 2026.

La entrada El caso Las Naves: Criminalización y vulneración de derechos de personas defensoras se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

CIVICUS define el espacio cívico como el entorno necesario para que la sociedad civil exista, crezca y contribuya. Naciones Unidas hace referencia a su importancia, pues, “propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social […] permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones” (Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, s/f).

Los gobiernos pueden optar por abrir o cerrar los espacios cívicos a través de la creación de marcos jurídicos y política pública. En este sentido, existe una “relación directa entre el grado de apertura del espacio cívico, y el estado de las democracias. Aunque se trata de conceptos diferenciados […] son fenómenos que se desarrollan en paralelo porque se implican mutuamente: a mayor apertura del espacio cívico, mayor calidad democrática; a mayor calidad democrática, mayor apertura del espacio cívico” (Barahona, 2026).

El panorama regional es claro, los últimos informes de CIVICUS, Amnistía Internacional, HRW y otras organizaciones que monitorean el clima del espacio cívico apuntan a un deterioro constante de las condiciones en América Latina. En los últimos años se observa el mismo patrón en algunos países de la región, en donde se utilizan “tácticas represivas (de protestas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos), incluyendo el cierre y acoso de organizaciones civiles, desapariciones forzadas y leyes restrictivas, además de un clima de impunidad generalizado” (Barahona, 2026).

Sobre los mecanismos utilizados para cerrar el espacio cívico siguen vigentes la estigmatización, acoso, ataques, inclusive ejecuciones extrajudiciales, criminalización y procesos judiciales extenuantes para las personas defensoras y las organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza que los acompañan. A lo anteriormente descrito se adhiere una capa de complejidad con el surgimiento de “los métodos jurídicos (leyes restrictivas, acciones judiciales abusivas para penalizar o desincentivar la labor de denuncia de la sociedad civil, trabas administrativas y burocráticas, y sanciones, restricciones financieras) y los métodos tecnológicos (vigilancia, doxing₁, campañas coordinadas de odio para deslegitimar o criminalizar) (Barahona, 2026).

En 2026 el cierre del espacio cívico en Ecuador fue objeto de alertas sostenidas por parte de organismos internacionales. En marzo de 2026 CIVICUS ratificó lo dicho por otras organizaciones sobre la acelerada degradación de los derechos humanos, caracterizada por el cierre del espacio cívico, la criminalización de personas defensoras, el uso de demandas estratégicas contra la participación y la represión violenta de la protesta social. Como veremos en el contexto nacional, este escenario se agravó gracias a la utilización de Estados de Excepción (EE) y declaraciones de conflicto armado interno. Acciones que con el paso del tiempo debilitaron el Estado de derecho y la independencia judicial.

CIVICUS desarrolló una herramienta de investigación interactiva denominada CIVICUS Monitor, cuyo propósito es proporcionar datos casi en tiempo real sobre el estado de la sociedad civil y de las libertades cívicas en 196 países. De acuerdo con información consultada en su sitio web, los datos clasifican el espacio cívico de un país bajo cinco categorías: cerrado, represivo, obstruido, estrecho o abierto.

En marzo de 2026 CIVICUS clasificó a Ecuador nuevamente como un espacio cívico “obstruido”. Desde el 2020 Ecuador se mantiene bajo esta clasificación, generalmente “esta calificación […] se asigna a países donde el espacio cívico está fuertemente atacado por quienes detentan el poder, quienes imponen una combinación de imposiciones legales y prácticas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales” (CIVICUS, 2026). Actualmente Ecuador se encuentra en la lista de vigilancia de CIVICUS por deterioro de derechos humanos y represión de la sociedad civil.

La clasificación responde a tres causas principales, en primer lugar, se encuentra el uso de la fuerza letal y excesiva durante las protestas pacíficas; en segundo orden la presión ejercida sobre personas defensoras, periodistas y medios de comunicación en medio de la pérdida de independencia judicial; y, los permanentes Estados de Excepción, leyes restrictivas y bloqueo arbitrario de cuentas bancarias de personas y organizaciones opositoras al régimen (CIVICUS, 2026).

Este retroceso también fue documentado por Amnistía Internacional, cuyo informe regional de 2026 advierte sobre la expansión de marcos normativos restrictivos hacia las organizaciones sociales, que generan autocensura, debilitan la participación y erosionan el tejido social. En la misma línea, Human Rights Watch señaló que la respuesta estatal a la crisis de seguridad derivó en violaciones graves de derechos humanos, incluyendo afectaciones a las garantías constitucionales.

Finalmente, en el informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2026 de CIVICUS, se alerta sobre el avance global de políticas autoritarias, la expansión de la vigilancia y el debilitamiento de los marcos democráticos, afectando de manera desproporcionada a quienes defienden derechos humanos. Específicamente en el caso ecuatoriano, estos elementos configuran un patrón estructural de restricción del espacio cívico, donde el discurso de seguridad y control se traduce en prácticas que limitan la participación, el escrutinio público y el ejercicio de derechos fundamentales.

En el documento de trabajo “La sociedad civil ante el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe: entre la resistencia y la resiliencia” publicado a inicios de 2026, se presenta una reflexión sobre los métodos utilizados para cerrar el espacio cívico y la forma en que desincentiva la defensa de los derechos: “los efectos del cierre de espacios trasciendan a la sociedad civil organizada y pueden acabar afectando al conjunto de la sociedad […] son una fuente clara del deterioro de la democracia, menguan la capacidad de autoorganización y la articulación entre actores sociales para su implicación colectiva en los asuntos que les competen” (Barahona, 2026).

Con relación a este último punto, es importante mencionar que, a partir de la emisión de la Ley de Transparencia y su reglamento en Ecuador, las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en un momento complejo, pues, la defensa de derechos de personas defensoras vinculados a extractivismo mineros podría representar el cierre de las organizaciones. Tal es el caso de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización que patrocina jurídica y comunicacionalmente a un grupo de más de cuatrocientas personas pertenecientes a Las Naves, San Luis de Pambil y Ventanas en una demanda de Acción de Protección en contra del Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos de la naturaleza del ecosistema Piedra Negra y de sus derechos humanos.

CEDHU enfrentó los primeros efectos del cierre del espacio cívico, entre otros se puede mencionar el aislamiento de las organizaciones sociales a nivel nacional. En la práctica, en contadas excepciones las organizaciones replican en sus redes sociales las iniciativas comunicacionales propuestas por CEDHU. La “autorregulación” y “autocensura” observada entre la gran mayoría de organizaciones nacionales responde a la aplicación del reglamento de la ley de transparencia social. El riesgo de sufrir sanciones como los bloqueos de cuentas, la dificultad de recibir fondos de cooperación internacional y los riesgos del cierre de la personería jurídica son elementos difíciles de ignorar.

Como veremos en la sección de contexto nacional, la construcción del andamiaje legal para impulsar el extractivismo minero en el país tuvo una gran eficacia para neutralizar a todo el ecosistema de organizaciones sociales en Ecuador. Retomando el hilo conductor del espacio cívico, pensado como un conjunto de condiciones legales, políticas y sociales que permiten a la sociedad civil organizarse y participar libremente, se concluye que, Ecuador es un país en donde el espacio cívico es prácticamente inexistente.

Nota al pie:

₁ De acuerdo con Kaspersky, doxeo es la práctica maliciosa de recopilar y publicar información privada de una persona o empresa en internet sin su consentimiento. Su objetivo suele ser intimidar, extorsionar o acosar a la víctima, exponiendo datos como direcciones, teléfonos, documentos o fotografías personales.

Lista de referencias:

Barahona, Rodrigo. 2026. La sociedad civil ante el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe: entre la resistencia y la resiliencia. DT 109. Madrid: Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2026/01/DT109.pdf

CIVICUS. 2026. Informe sobre el estado de la sociedad civil 2026. https://publications.civicus.org/es/publications/informe-sobre-el-estado-de-la-sociedad-civil-2026/

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). s/f. Proteger y ampliar el espacio cívico de la Sociedad Civil ¿Qué es el espacio cívico? https://www.ohchr.org/es/civic-space

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una introducción acercamiento al extractivismo minero en Ecuador y su auge internacional

Fotografía compartida por Alberto Acosta, 2026.

La entrada Reducción del espacio cívico y la democracia en la región Latinoamericana se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

[…] El derecho internacional define las responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre ellos, y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. Sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los derechos humanos, el desarme, el delito internacional, los refugiados, las migraciones, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. También regula los bienes comunes mundiales, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional […] (Naciones Unidas, s/f).

En los últimos años se registra una sistemática violación al derecho internacional. El informe de Amnistía Internacional de 2026, da cuenta que durante el 2025 se cometieron una serie de crímenes de derecho internacional. Entre otros se menciona el “genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Rusia en Ucrania y los crímenes de guerra […] cometidos en Myanmar, Sudán y otras zonas en conflicto […] Estados Unidos y Rusia menoscabaron en 2025 los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, en concreto la Corte Penal Internacional (CPI) […] otros Estados anunciaron su retirada del Estatuto de Roma” (Amnistía Internacional, 2026).

Durante el 2025 la intensificación de las prácticas autoritarias fue recurrente en todo el mundo, tal es así que “los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Kenia, Reino Unido y Venezuela, entre otros países, emplearon la violencia para reprimir protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes de seguridad y antiterroristas o hicieron uso de desapariciones forzadas, ejecuciones y tácticas abusivas de actuación policial” (Amnistía Internacional, 2026).

A nivel latinoamericano también se reconocen varios hitos que marcan la incesante violación al derecho internacional. En el caso ecuatoriano, el punto de inflexión se registró el 5 de abril de 2024, cuando agentes del orden incursionaron en la Embajada de México en la ciudad de Quito para aprehender a Jorge Glas, quién gozaba de asilo político otorgado por México. Glas fue acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016. Tras la incursión en la sede diplomática México y Ecuador rompieron relaciones de forma indefinida.

La incursión en la embajada fue considerada como una violación flagrante al derecho internacional y al Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas₁. Por su parte, la CIDH expresó su preocupación ante la situación y llamó al respeto de las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Además, a través de la Resolución CP/RES. 1253 (2494/24) del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se condenó la intrusión en la Embajada de México.

Lo acontecido en Ecuador, se conecta con la operación militar estadounidense registrada el 3 de enero de 2026 en Caracas, la misma que concluyó con la captura del ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Posteriormente, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales. La incursión militar fue denominada como Operation Absolute Resolve, y, de acuerdo con publicaciones periodísticas se desplegaron cerca de 200 militares. Además, se dieron ataques coordinados sobre infraestructura clave de la capital venezolana y bombardeos (Primicias, 2026).

La respuesta internacional a la intervención estadounidense fue inmediata y tuvo varios matices. Por ejemplo, funcionarios de Washington defendieron la operación como una acción legítima contra un gobierno acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de narcotráfico. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como expertos en derecho internacional y organismos de derechos humanos, denunciaron que la intervención socavó principios fundamentales del derecho internacional, especialmente la prohibición de usar la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de un Estado soberano, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

En esta misma línea, Ravina Shamdasani una portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó lo siguiente: […] La rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral en violación del derecho internacional […] (ONU, 2026).

La intervención militar en Venezuela planteó dilemas complejos. Estados Unidos argumentó la necesidad de responsabilizar a figuras acusadas de abusos. No obstante, usar la acción militar unilateral como instrumento de justicia penal viola normas de protección internacional y agrava las vulnerabilidades de la población civil, especialmente cuando la operación se realiza sin consenso multilateral. Por su parte, Amnistía Internacional expresó preocupación por el impacto de la operación en los derechos humanos del pueblo venezolano y advirtió que la militarización podría provocar nuevas violaciones (Amnistía Internacional, 2026).

Es innegable que la situación de los derechos humanos en Venezuela era alarmante antes de la reciente intervención militar extranjera, ya que existen casos documentados de represión política, restricción a libertades civiles y un marcado deterioro de las condiciones económicas y sociales. Sin embargo, la intervención añade una capa de complejidad al debate sobre la legitimidad y eficacia de respuestas externas a crisis internas. Nuevamente, el riesgo más grave es la normalización de prácticas que erosionan el marco jurídico internacional de protección de derechos humanos y debilitan la soberanía de los Estados (Primicias, 2026).

Bajo este panorama resulta innegable que el derecho internacional sufrió una pérdida de valor sustancial. La intervención de Estados Unidos en Venezuela marcó un precedente que podría justificar posibles intervenciones en contextos similares. Un ejemplo de esta situación lo constituye el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Precisamente, uno de los ejes del conflicto es el control del Estrecho de Ormuz . Al igual que en Venezuela, priman intereses geopolíticos, militares y económicos, sobre el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo iraní.

Nota al pie:

₁ El artículo 22, consta de tres apartados: a. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión; b. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad; c. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

₂ La Resolución fue aprobada el 10 de abril de 2024.

₃ Paso estratégico por donde transita petróleo y gas licuado.

Lista de referencias:

Amnistía Internacional. 2026. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Organización de las Naciones Unidas. 2026. Rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos no se logra mediante una intervención militar unilateral (Noticias ONU). https://news.un.org/es/story/2026/01/1540977

Primicias, “ONU afirma que el ataque de Estados Unidos a Venezuela «socavó un principio fundamental del derecho internacional»”, 2026, https://www.primicias.ec/internacional/ataque-estados-unidos-venezuela-onu-derechos-humanos-intervencion-militar-preocupacion-113133/

Imagen tomada del sitio web del New York Times.

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presenta un análisis de la reducción del espacio cívico y la democracia en la región Latinoamericana

La entrada El derecho internacional en riesgo: sus efectos en la garantía de derechos humanos se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

De acuerdo con información disponible en el tercer informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas elaborado por CIDH, en 2025 persistían los patrones de violencia, criminalización e impunidad como amenazas sistemáticas a la labor de quienes defienden derechos. En este mismo documento se mencionó que los desafíos para la región todavía son profundos, especialmente si se considera que muchos Estados no han implementado políticas integrales para proteger a las personas defensoras.

En este sentido, una de las principales preocupaciones que recoge la CIDH es la falta de investigación y sanción a los agresores, ya sean personas, empresas u otro tipo de actores presentes en los territorios. La CIDH advierte que la impunidad se mantiene como una causa estructural de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y que no basta con declarar su protección, sino que es imprescindible contar con mecanismos estatales robustos, efectivos y sostenidos en el tiempo.

En su tercer informe, la CIDH se refiere al gran número de solicitudes de medidas cautelares1 presentadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por personas o grupos de personas que enfrentaron graves riesgos durante el 2025. La Comisión informó que recibió 1969 solicitudes y aclaró que:

[…] ese número representa un incremento de 557 solicitudes más que las recibidas en el año anterior, casi el 40%. Se trata de un número récord de solicitudes de medidas cautelares recibidas […] en 2025, las solicitudes aumentaron aproximadamente un 66% en comparación con el volumen medio anual observado entre 2020 y 2024 […] (CIDH, 2026).

Durante el último año la CIDH observó un aumento general en las solicitudes recibidas, aunque, El Salvador tuvo el mayor incremento con el 208,3%, seguido por Cuba 166,6% y Argentina con 113,4%. A pesar de que estos tres países lideraron el crecimiento en términos porcentuales, también se observó incrementos significativos en Brasil, Venezuela, así como en Estados Unidos y Guatemala (CIDH, 2026).

La CIDH también apuntó hacia la necesidad de incorporar un enfoque interseccional en las políticas de prevención y respuesta, lo que implica reconocer que los riesgos no afectan a todas las personas defensoras por igual, sino que se agravan en la convergencia de condiciones como el género, la pertenencia étnica o racial, la orientación sexual, el territorio o la situación socioeconómica. Las mujeres defensoras, las personas indígenas, afrodescendientes y quienes defienden derechos en contextos rurales o extractivos son ejemplo de esta realidad, pues, enfrentan formas muy específicas de violencia.

Como se mencionó previamente, el verdadero reto a nivel regional radica en el fortalecimiento de las políticas públicas de protección, así como de la consolidación de mecanismos nacionales e internacionales para garantizar que las personas defensoras no sean expuestas a la violencia estructural; y, que, en el mejor de los casos, los sistemas de justicia no estén cooptados para que la impunidad deje de ser la norma.

En cuanto al número de personas defensoras asesinadas a nivel regional en 2024, FLD advirtió que América Latina concentró cerca del 80% de los casos a nivel mundial, con al menos 257 asesinatos registrados. Esta tendencia no es reciente, de hecho, Global Witness informó que, desde 2012 se reportaron más de 2.200 asesinatos en el mundo. Lamentablemente, países de la región latinoamericana encabezan la lista. Así mismo, se informó que, los asesinatos -habitualmente- ocurrían en medio de economías extractivas, expansión de grupos de delincuencia organizada y disputas por el territorio.

Por su parte, Global Witness informó que Colombia tenía la cifra más alta del continente con 48 personas asesinadas; seguida por Guatemala con 20 asesinatos, muchos vinculados a conflictos territoriales y a la persecución de líderes comunitarios (Manzoor, 2025). En México se documentó 18 asesinatos relacionados principalmente con disputas por el control de recursos naturales y la presencia de economías criminales. En Brasil fueron asesinadas 12 personas defensoras en un contexto marcado por presiones sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Finalmente, en el último informe de Amnistía Internacional, en Perú se reportó al menos dos asesinatos de defensores indígenas y territoriales (Amnistía Internacional, 2026).

El Salvador, es un caso muy particular, pues, el modelo represivo impulsado por Nayib Bukele desde 2019 se encuentra consolidado. Los Estados de Excepción son permanentes, así como las “detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas” (Amnistía Internacional, 2026). En los informes consultados para este documento, no se identificó personas defensoras asesinadas durante el 2025 en El Salvador, pero, al igual que en otros países de la región se aludió a la intensificación de “la criminalización selectiva de personas defensoras y voces críticas mediante el uso instrumental del sistema penal” (Amnistía Internacional, 2026).

Ecuador

Durante el 2025 Ecuador no figuró entre los países con mayor número de personas defensoras asesinadas a nivel regional. Al igual que en el caso salvadoreño si existieron denuncias de “hostigamiento, estigmatización, persecución y criminalización” (Amnistía Internacional, 2026). Sin perjuicio de aquello, hay que señalar el asesinato de Robinson Del Pezo, un periodista digital oriundo de la provincia de Santa Elena, quién a través de su medio digital denunciaba hechos relacionados a “contratación pública, obras inconclusas y presuntas irregularidades en la administración local. Sus publicaciones, dirigidas principalmente a la fiscalización de las autoridades del cantón La Libertad y de la provincia de Santa Elena, se caracterizaban por un tono frontal, directo y persistente” (Fundamedios, 2026). Debido a esta labor periodística el 20 noviembre de 2025 del Pezo fue víctima de un sicariato. Para entender el asesinato del comunicador comunitario Robinson del Pezo, hay que conocer algunos datos sobre Santa Elena:

[…] entre 2020 y junio de 2025, la tasa de muertes violentas en la provincia aumentó un 1126%, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Interior y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. A ello se suma el crecimiento del control territorial vinculado al narcotráfico y el aumento de la extorsión o “vacuna”, que subió un 83% entre 2023 y 2024. En este entorno de violencia y fragmentación institucional, el conflicto por la tierra y los contratos públicos se ha convertido en el eje central de la disputa política y económica […] (Fundamedios, 2026).

El asesinato del comunicador Del Pezo en noviembre de 2025 no debe interpretarse como un hecho aislado en la provincia de Santa Elena, pues, en junio de 2026 se conoció del deceso de otra activista que también denunciaba hechos de corrupción pública en esta provincia: Monika Silva.

Continuando con la línea temporal, el 24 de febrero 2026 fue asesinado el defensor del agua y el territorio Manuel Cabrera, quién vivía en el cantón El Guabo, perteneciente a la provincia de El Oro. De acuerdo con publicaciones periodísticas Cabrera fue asesinado por proteger una pequeña reserva de bosque estratégica para la provisión de agua en su provincia, oponiéndose al proyecto minero El Paraíso del cual actualmente se extrae oro y plata (Alvarado, 2026). La empresa minera dueña de la concesión es El Paraiso S.A. Minelparsa originaria de Ecuador. La labor de Cabrera como defensor del agua y la naturaleza estuvo marcada por presiones persistentes, ofertas para la compra de su tierra e incluso intimidaciones por parte de actores vinculados a intereses mineros, en un contexto de débil respuesta institucional (Alvardo, 2026).

Posteriormente, el 8 de junio de 2026 la activista de origen polaco Monika Silva fue hallada muerta en su casa ubicada en Montañita, provincia de Santa Elena. De acuerdo con reportajes periodísticos Silva “era presidenta de la Fundación La Integridad, una organización enfocada en la promoción de la transparencia, el control social y participación ciudadana, y había denunciado casos de presunta corrupción, conflictos por la propiedad de tierras, irregularidades administrativas y asuntos ambientales en Santa Elena” (BBC, 2026). En varias ocasiones Silva “denunció ventas irregulares de tierras, nepotismo en la Contraloría, gestión pública en Santa Elena” (Bermeo, 2026). Entre las denuncias realizadas por la activista destacaba la relacionada con el asesinato del periodista comunitario Robinson Del Pezo.

Frente a este acontecimiento, el gobierno nacional a través de su vocero el ministro Interior, John Reimberg, afirmó que la hipótesis inicial del caso era un suicidio. Sin embargo, el 10 de junio el Consul de Polonia en Lima solicitó al gobierno ecuatoriano que se investigue la muerte de la activista. A través de un comunicado oficial el Consul de la República de Polonia manifestó su preocupación por esta muerte y expresó: “la importancia de la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de todas las personas activas en el ámbito de la sociedad civil” (Embajada de la República de Polonia en Lima, 2026).

Por su parte, la UE solicitó al gobierno ecuatoriano que se realice una “investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y garantizar la rendición de cuentas” (BBC, 2026). CIDH exigió una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, además, exhortó al Estado a “esclarecer las circunstancias de su muerte, incluyendo entre sus líneas de investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción” (CIDH, 2026).

De acuerdo a un reportaje periodístico, el 15 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad solicitó a Polonia y Argentina apoyo para esclarecer el fallecimiento de Monika Silva (El Comercio, 2026). El 19 de junio se reportó que, los resultados del informe forense señalaban que las lesiones encontradas en el cuerpo eran “incompatibles con un suicidio […] Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) […] aseguró que los hallazgos periciales apuntan a una muerte violenta” (Lino, 2026). El 7 de julio de 2026, un funcionario de la Fiscalía polaca a cargo de la investigación “informó a la AFP que la activista fue probablemente víctima de un asesinato” (Primicias, 2026).

Por otro lado, es importante mencionar los asesinatos de dos personas defensoras registrados en el país. En noviembre de 2021 Víctor Guaillas fue víctima de una de las tantas masacres carcelarias ocurridas en Ecuador. Guaillas era un agricultor de 50 años, vivía cerca del proyecto minero Río Blanco y al igual que muchos otros campesinos “fue parte de un proceso organizacional comunitario que inició hace más de 30 años para defender de la minería […] cantón Cuenca” (Arellano, 2021). En octubre de 2019 Guaillas participó en el paro nacional. En ese momento fue aprehendido y acusado del delito de sabotaje. Después de un proceso judicial, recibió una sentencia de cinco años de prisión. Guaillas tenía una discapacidad auditiva.

Posteriormente, en febrero de 2023, se registró la muerte de Eduardo Mendúa, dirigente indígena de la nacionalidad A’i Cofán. De acuerdo con información proporcionada por el Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), Mendúa vivía junto a su familia en la comunidad Milenio, ubicada a orillas del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos. El líder era conocido por oponerse a la extracción petrolera en su territorio.
El asesinato de Mendúa profundizó las discrepancias preexistentes por la actividad petrolera al interior de la nacionalidad A’i Cofán. A pesar de que varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron el caso, su asesinato continúa impune. De hecho, en octubre de 2024 se registraron nuevas amenazas dirigidas a la familia de Eduardo Mendúa, quienes intentaban mantener su legado de político y social.

Los asesinatos de Silva y Cabrera en 2026, Del Pezo en 2025, de Mendúa en 2023 y Gualle en 2021 no son hechos aislados de violencia, en su defecto, se inscriben en un patrón más amplio de criminalización y vulnerabilidad de personas defensoras frente a economías extractivas, de procesos judiciales y corrupción. Al igual que en toda la región Latinoamericana, ponen en evidencia la falta de medidas estatales para prevenir ataques y garantizar la protección integral de quienes protegen derechos. En su defecto, el aparato estatal es instrumentalizado para intimidar y desarticular procesos organizativos, incrementando el riesgo para quienes defienden derechos.

El objetivo de este informe es visibilizar la criminalización de personas defensoras en el cantón Las Naves. Como veremos a lo largo del documento, durante el 2025 se produjeron allanamientos, daños a bienes y afectaciones a familias campesinas. Adicionalmente, las fuerzas del orden reprimieron a la población mientras ejercía su legítimo derecho a la resistencia. Por supuesto, este no es un conflicto exclusivo del cantón Las Naves, la situación se repite en otros territorios, como en las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado de la provincia de Cotopaxi.

Nota al pie:

^₁ Este es un mecanismo de protección ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el cual esta solicita a un Estado que proteja a uno o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Lista de referencia

Amnistía Internacional. 2026. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Arellano, Astrid. “Víctor Guaillas: el defensor del agua y los páramos que fue asesinado en la cárcel mientras esperaba su liberación”, Mongabay, 2021, https://es.mongabay.com/2021/12/victor-guaillas-defensor-del-agua-y-paramos-asesinado-en-ecuador/

BBC News Mundo, “Quién era Monika Silva Koniuszek, la activista polaca hallada muerta en Ecuador (y por qué la fiscalía pide ayuda internacional para la investigación)”, 2026, https://www.bbc.com/mundo/articles/cy5vl9wl6ngo

Bermeo, Cindy, “Monika Silva: una muerte en medio de alertas sobre derechos cívicos” Lupa Media, 2026, https://lupa.com.ec/explicativos/monika-silva-activista/

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2025. Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf

El Comercio, “Caso Monika Silva: Fiscalía polaca apunta a “probable” asesinato”, 2026,
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/caso-monika-silva-fiscalia-polaca-apunta-probable-asesinato/

Embajada de la República de Polonia en Lima. “Fallecimiento de la ciudadana polaca Monika Silva”. Facebook. 10 de junio de 2026. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1448751770621198&set=a.332817312214655&locale=es_LA

Fundamedios, “Un crimen contra la palabra: Informe sobre el asesinato de Robinson del Pezo”, 2026, https://fundamedios.org.ec/un-crimen-contra-la-palabra-informe-sobre-el-asesinato-de-robinson-del-pezo/

Lino, Joffre, “Caso Monika Silva: informe forense revela “existencia de lesiones incompatibles con un suicidio””, Expreso, 2026, https://www.expreso.ec/justicia/caso-monika-silva-informe-forense-revela-existencia-lesiones-incompatibles-suicidio-286334.html

Primicias, “Esto dice la fiscalía de Polonia sobre la muerte de Monika Silva en Montañita”, 2026, https://www.primicias.ec/seguridad/muerte-monika-silva-fiscalia-polonia-asesinato-montanita-ecuador-127313/

Manzoor, Umar, “146 Land and Environmental Defenders Killed or Disappeared in 2024”, 2025, https://www.ipsnews.net/2025/09/146-land-and-environmental-defenders-killed-or-disappeared-in-2024/

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan un anális sobre el derecho internacional y sus efectos en la garantía de derechos humanos

Imagen tomada del sitio web de la BBC NEWS.

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Introducción a los informes y reportes las de organizaciones internacionales

En agosto de 2025 Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, la cual se inscribió en esta tendencia regional. La normativa buscaba la transparencia y prevención del uso indebido de recursos en organizaciones sociales. También introdujo mecanismos de registro obligatorio, clasificación por niveles de riesgo, reporte detallado de financiamiento y sistemas de control estatal centralizados sobre las organizaciones sin fines de lucro. En la práctica, estas disposiciones ampliaron las capacidades de supervisión estatal y dificultaron el trabajo de defensa de derechos. A lo anteriormente descrito se adhiere el desarrollo reglamentario de la ley, que incorporó disposiciones para habilitar sanciones y restricciones específicas contra organizaciones que acompañaban y defendían derechos en contextos vinculados a proyectos extractivos.

La ley y su reglamento no solo incrementaron el riesgo de sanción administrativa o cancelación de la personería jurídica, sino que también reforzaron los procesos de estigmatización y criminalización contra organizaciones y personas defensoras que cuestionaban o monitoreaban los impactos de actividades extractivas. En conjunto, el marco normativo y su reglamentación profundizaron un entorno restrictivo que limitaba la acción legítima de la sociedad civil y debilitaba las garantías para la defensa de derechos en Ecuador. En la sección de contexto nacional se profundiza sobre el andamiaje jurídico construido entre 2025 y 2026, así como sobre las repercusiones que trajo para las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, CIDH afirmó que, durante el 2025 las dinámicas de criminalización, amenazas y violencia contra personas defensoras eran mucho más frecuentes y complejas en toda la región. Por su parte, en marzo de 2026 Amnistía Internacional, alertaba sobre un patrón sistemático de adopción de “leyes anti-ONG”, el cual tendría como objetivo controlar, restringir e incluso desmantelar a las organizaciones. Estas normativas no solo limitan el acceso a financiamiento y aumentan la vigilancia estatal, sino que están acompañadas por campañas de estigmatización que presentan a las organizaciones como “enemigos internos” o “agentes extranjeros”, generando entornos de miedo, autocensura, debilitamiento del tejido social y desmovilización (Amnistía Internacional, 2026).

Lejos de fortalecer la transparencia o la rendición de cuentas, estas leyes y sus reglamentos tan solo legitiman y consolidan prácticas autoritarias que restringen la libertad de asociación, aumentan los riesgos de persecución y exposición de personas defensoras, reducen la capacidad de las comunidades para exigir derechos, de imponer límites al derecho a la participación social y acceder a mecanismos de protección. Como veremos más adelante, este fenómeno es parte de una estrategia más amplia.

Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial de 2026 menciona que la democracia se encuentra en una suerte de recesión, cayendo en una espiral iniciada antes de las últimas elecciones presidenciales registradas en Estados Unidos. En este sentido, el director ejecutivo de HRW Philippe Bolopion, presenta algunos datos que revelan el marcado retroceso de la democracia experimentado en las últimas décadas, enfatizando en aquellos países considerados como potencias mundiales:

[…] la democracia ha vuelto a los niveles de 1985, según algunas métricas, y el 72 % de la población mundial ahora vive en contextos de autocracia. En Rusia y China hoy hay menos libertad que hace 20 años. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos […] (Bolopion, 2026).

Lo dicho por Bolopion, es ratificado al analizar y comparar los informes de organizaciones internacionales sobre la situación regional. Precisamente, uno de los patrones más recurrentes es la degradación de la democracia. Mientras esto sucede a nivel mundial, en la región latinoamericana se observa una convergencia de al menos tres elementos: gobiernos autoritarios que imponen una agenda securitista, acompañada por signos de violencia estatal y leyes restrictivas, el abuso del derecho para criminalizar a personas defensoras; en segundo orden, la gran influencia económica y política de capitales nacionales y extranjeros sobre las decisiones de lo público; y, la dominancia de grupos de delincuencia organizada en diferentes escalas.

Lista de referencias

Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Bolopion, Philippe, “¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpiano? Los avances autoritarios amenazan el orden basado en normas” en Informe Mundial 2026, Human Rights Watch, 2026, https://www.hrw.org/es/world-report/2026

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf

WOLA (Oficina de Washington para América Latina). 2025. Limitando el espacio cívico: el endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil en las Américas. https://www.wola.org/wp-content/uploads/2025/07/Limitando-el-espacio-civico-el-endurecimiento-de-las-restricciones-a-la-sociedad-civil-en-las-Americas.pdf

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una reflexión sobre el riesgo que enfrentan las personas defensoras en toda la región latinoamericana

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Introducción

La tendencia contemporánea a exportar un mayor volumen de recursos naturales se conoce como la re-primarización de la economía. Ecuador no es ajeno a este fenómeno, de hecho, en las últimas décadas los proyectos de desarrollo fueron impulsados con gran vehemencia por los gobiernos de turno, en donde, la expansión de las industrias relacionadas con los hidrocarburos, la minería, el sector agroindustrial y las hidroeléctricas, afectaron las vidas de las poblaciones que habitan estos territorios. En este sentido, las zonas de sacrificio corresponden a territorios indígenas, afrodescendientes, montubios y campesinos, los mismos que poseen un gran valor a nivel ambiental, social, cultural, religioso y económico.

Cuando en estos territorios se presentan proyectos extractivistas, las empresas suelen tener como práctica el despojo de la tierra, del agua y de las formas de vida tradicionales, la contaminación ambiental y afectaciones sociales, lo que provoca -entre otras cosas- conflictos socioambientales, resistencia comunitaria y la ruptura del tejido social. No obstante, en medio de la conflictividad también se erigen grupos de personas que intentan proteger el territorio y los medios de vida. Como se expondrá a lo largo del informe, las personas defensoras suelen gozar de un gran prestigio en sus territorios, ganando el apoyo de organizaciones que impulsan el ejercicio de sus derechos. Al mismo tiempo suelen ser identificadas, señaladas, criminalizadas por las compañías y los gobiernos de turno.

No resulta novedoso que entre las estrategias más comunes de criminalización en Ecuador y toda la región latinoamericana se encuentre el uso indebido del derecho, especialmente a través de los llamados SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), acciones legales utilizadas por grandes corporaciones, que buscan intimidar y silenciar las voces críticas a través de la criminalización. Estos procesos tienen la intención de desgastar a las personas defensoras con largas batallas legales, con altos costos, así como evidentes daños sociales y psicológicos para las personas defensoras. Bajo este tipo de estrategias pueden abrirse investigaciones previas por delitos vinculados a terrorismo, sabotaje, paralización de servicios públicos, rebelión, entre otros. En esta misma línea, se encuentran las demandas civiles, que buscan la intimidación económica de las personas que lideran la resistencia y protección comunitaria de diferentes territorios.

En este orden de cosas y a pesar de gozar con gran prestigio en el territorio, es común que durante la conflictividad socioambiental generada por los extractivismos, las compañías y el propio Estado estigmaticen y difamen a las personas defensoras y a comunidades enteras. Habitualmente los medios de comunicación -con cercanía o afinidad política con los gobiernos de turno- presentan a las personas que desean mantener sus territorios libres del despojo como violentas o en su defecto, las relaciona con grupos criminales cercanos a minería o tala ilegal. Sin embargo, resulta muy llamativo que durante el último régimen presidencial vigente en Ecuador las estrategias para desarticular la organización social son mucho más articuladas. Estas incluyen mecanismos más sofisticados, como son restricciones administrativas, acoso a organizaciones no gubernamentales, que van desde congelamiento de cuentas hasta el cierre temporal o definitivo.

Autoritarismo

Para análisis es preciso entender lo que implica un sistema autoritario: “aquellos con un pluralismo limitado, sin ideologías elaboradas, sin grandes movilizaciones de masas (con episódicas excepciones) y cuyo jefe, o jefes, ejerce el poder dentro de límites fácilmente previsibles” (Linz, 2010). Precisamente, en los últimos años Ecuador se caracterizó por contar con un régimen político que concentra el poder en una sola élite económica, de tal suerte que las libertades civiles y políticas más básicas se han ido suprimiendo sistemáticamente.

Los autoritarismos vigentes en la región no son como las dictaduras clásicas que invadieron el cono sur en el siglo pasado. En su defecto, tienen una forma más dispersa de concentración de poder y un funcionamiento particular. Retomando el concepto acuñado por Linz en 2010, los autoritarismos actuales carecen de una ideología política. De hecho, los autoritarismos de izquierda o derecha tienen muchas semejanzas. Por ejemplo, El Salvador y Nicaragua, tienen al régimen populista de Nayib Bukele y al ex guerrillero José Daniel Ortega respectivamente. Ambos gobiernos altamente represivos, caracterizados por la vulneración de derechos de sus poblaciones (Pérez, 2026).

También se observa que, muchos de los regímenes considerados como autoritarios fueron electos democráticamente y cuentan con el respaldo de un amplio sector de la población, tal es el caso de Ecuador, El Salvador y Argentina (Pérez, 2026). De hecho, en algunos contextos, los regímenes autoritarios son percibidos como la única posibilidad para afrontar situaciones urgentes. En el caso ecuatoriano, el autoritarismo de Daniel Noboa encontró un terreno fértil en los problemas sociales como la inseguridad, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la minería ilegal, entre otros graves problemas.

En el contexto ecuatoriano, el autoritarismo se fue construyendo de forma paulatina y constante, quizás inició en el momento en que, el Estado utilizó su estructura para potenciar las narrativas polarizantes, en las cuales la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado eran el argumento para justificar una serie de excesos por parte de la fuerza pública y de las instituciones del Estado. Lo anteriormente descrito inició el 9 de enero de 2024 , en ese momento el presidente Daniel Noboa proclamó por primera vez en la historia del país un conflicto interno armado. Lo hizo a través del Decreto Ejecutivo No 111. Con el paso de los años esta narrativa se exacerbó, mientras las instituciones que hacían un contrapeso sufrieron un marcado debilitamiento y otras fueron cooptadas.

En 2026 el autoritarismo se evidenció en los permanentes estados de excepción en diversas provincias del país y en las declaraciones de las autoridades nacionales. Las cuales tiene gran legitimidad en un importante segmento de la población, debido al temor frente a los grupos de delincuencia organizada. Al igual que en 2024, esta narrativa fue la excusa perfecta para vulnerar los derechos de poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y así imponer con el miedo, la violencia y actos punitivos, proyectos extractivos con resistencia de larga data.

En medio de este creciente autoritarismo, resulta urgente analizar de manera crítica la situación de aquellos territorios donde se pretende instalar proyectos extractivos. Las personas defensoras del territorio temen la transformación de sus vidas, de las formas de producir, de generar ingresos, de sostener a sus familias. Tienen temor de perder permanentemente la riqueza de sus suelos y la dignidad de su trabajo, les preocupa el desplazamiento forzado hacia otras provincias y ciudades.

El temor es justificado, si se considera que el cambio ofrecido por la minería no tiene marcha atrás, en donde los suelos no se renuevan y los alimentos dejan de ser aptos para el consumo y la venta. La transformación de los territorios en zonas de “sacrificio” para la extracción de materias primas no es alentadora. El tiempo de vida de una mina es relativamente corto y frecuentemente los empleos generados son temporales o en su defecto, las empresas cuentan con personal especializado ajeno a los territorios. Además, gran parte de las ganancias producidas en las zonas de “sacrificio” no se quedan en los territorios, pues, estas deben retornar a los inversionistas. Tampoco se debe olvidar los riesgos que trae consigo la intervención minera de esta magnitud, como aluviones o desbordes de relaveras provocados por las lluvias propias del territorio nacional.

Lista de referencias

Linz, Juan. Regímenes totalitarios y autoritarios. Vol. 3. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/autoritarismo.htm

Pérez, Lucía. Presentación Claustro del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis (ILAP). Documento de trabajo no publicado, ILAP, 2026.

En la siguiente publicación el equipo del OCTE hará un recorrido por el panorama regional y la situación de los derechos humanos en las Américas.

La entrada Criminalización de personas defensoras frente al creciente autoritarismo y extractivismo en Ecuador se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.