CIVICUS define el espacio cívico como el entorno necesario para que la sociedad civil exista, crezca y contribuya. Naciones Unidas hace referencia a su importancia, pues, “propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social […] permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones” (Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, s/f).
Los gobiernos pueden optar por abrir o cerrar los espacios cívicos a través de la creación de marcos jurídicos y política pública. En este sentido, existe una “relación directa entre el grado de apertura del espacio cívico, y el estado de las democracias. Aunque se trata de conceptos diferenciados […] son fenómenos que se desarrollan en paralelo porque se implican mutuamente: a mayor apertura del espacio cívico, mayor calidad democrática; a mayor calidad democrática, mayor apertura del espacio cívico” (Barahona, 2026).
El panorama regional es claro, los últimos informes de CIVICUS, Amnistía Internacional, HRW y otras organizaciones que monitorean el clima del espacio cívico apuntan a un deterioro constante de las condiciones en América Latina. En los últimos años se observa el mismo patrón en algunos países de la región, en donde se utilizan “tácticas represivas (de protestas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos), incluyendo el cierre y acoso de organizaciones civiles, desapariciones forzadas y leyes restrictivas, además de un clima de impunidad generalizado” (Barahona, 2026).
Sobre los mecanismos utilizados para cerrar el espacio cívico siguen vigentes la estigmatización, acoso, ataques, inclusive ejecuciones extrajudiciales, criminalización y procesos judiciales extenuantes para las personas defensoras y las organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza que los acompañan. A lo anteriormente descrito se adhiere una capa de complejidad con el surgimiento de “los métodos jurídicos (leyes restrictivas, acciones judiciales abusivas para penalizar o desincentivar la labor de denuncia de la sociedad civil, trabas administrativas y burocráticas, y sanciones, restricciones financieras) y los métodos tecnológicos (vigilancia, doxing1, campañas coordinadas de odio para deslegitimar o criminalizar) (Barahona, 2026).
En 2026 el cierre del espacio cívico en Ecuador fue objeto de alertas sostenidas por parte de organismos internacionales. En marzo de 2026 CIVICUS ratificó lo dicho por otras organizaciones sobre la acelerada degradación de los derechos humanos, caracterizada por el cierre del espacio cívico, la criminalización de personas defensoras, el uso de demandas estratégicas contra la participación y la represión violenta de la protesta social. Como veremos en el contexto nacional, este escenario se agravó gracias a la utilización de Estados de Excepción (EE) y declaraciones de conflicto armado interno. Acciones que con el paso del tiempo debilitaron el Estado de derecho y la independencia judicial.
CIVICUS desarrolló una herramienta de investigación interactiva denominada CIVICUS Monitor, cuyo propósito es proporcionar datos casi en tiempo real sobre el estado de la sociedad civil y de las libertades cívicas en 196 países. De acuerdo con información consultada en su sitio web, los datos clasifican el espacio cívico de un país bajo cinco categorías: cerrado, represivo, obstruido, estrecho o abierto.
En marzo de 2026 CIVICUS clasificó a Ecuador nuevamente como un espacio cívico “obstruido”. Desde el 2020 Ecuador se mantiene bajo esta clasificación, generalmente “esta calificación […] se asigna a países donde el espacio cívico está fuertemente atacado por quienes detentan el poder, quienes imponen una combinación de imposiciones legales y prácticas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales” (CIVICUS, 2026). Actualmente Ecuador se encuentra en la lista de vigilancia de CIVICUS por deterioro de derechos humanos y represión de la sociedad civil.
La clasificación responde a tres causas principales, en primer lugar, se encuentra el uso de la fuerza letal y excesiva durante las protestas pacíficas; en segundo orden la presión ejercida sobre personas defensoras, periodistas y medios de comunicación en medio de la pérdida de independencia judicial; y, los permanentes Estados de Excepción, leyes restrictivas y bloqueo arbitrario de cuentas bancarias de personas y organizaciones opositoras al régimen (CIVICUS, 2026).
Este retroceso también fue documentado por Amnistía Internacional, cuyo informe regional de 2026 advierte sobre la expansión de marcos normativos restrictivos hacia las organizaciones sociales, que generan autocensura, debilitan la participación y erosionan el tejido social. En la misma línea, Human Rights Watch señaló que la respuesta estatal a la crisis de seguridad derivó en violaciones graves de derechos humanos, incluyendo afectaciones a las garantías constitucionales.
Finalmente, en el informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2026 de CIVICUS, se alerta sobre el avance global de políticas autoritarias, la expansión de la vigilancia y el debilitamiento de los marcos democráticos, afectando de manera desproporcionada a quienes defienden derechos humanos. Específicamente en el caso ecuatoriano, estos elementos configuran un patrón estructural de restricción del espacio cívico, donde el discurso de seguridad y control se traduce en prácticas que limitan la participación, el escrutinio público y el ejercicio de derechos fundamentales.
En el documento de trabajo “La sociedad civil ante el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe: entre la resistencia y la resiliencia” publicado a inicios de 2026, se presenta una reflexión sobre los métodos utilizados para cerrar el espacio cívico y la forma en que desincentiva la defensa de los derechos: “los efectos del cierre de espacios trasciendan a la sociedad civil organizada y pueden acabar afectando al conjunto de la sociedad […] son una fuente clara del deterioro de la democracia, menguan la capacidad de autoorganización y la articulación entre actores sociales para su implicación colectiva en los asuntos que les competen” (Barahona, 2026).
Con relación a este último punto, es importante mencionar que, a partir de la emisión de la Ley de Transparencia y su reglamento en Ecuador, las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en un momento complejo, pues, la defensa de derechos de personas defensoras vinculados a extractivismo mineros podría representar el cierre de las organizaciones. Tal es el caso de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización que patrocina jurídica y comunicacionalmente a un grupo de más de cuatrocientas personas pertenecientes a Las Naves, San Luis de Pambil y Ventanas en una demanda de Acción de Protección en contra del Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos de la naturaleza del ecosistema Piedra Negra y de sus derechos humanos.
CEDHU enfrentó los primeros efectos del cierre del espacio cívico, entre otros se puede mencionar el aislamiento de las organizaciones sociales a nivel nacional. En la práctica, en contadas excepciones las organizaciones replican en sus redes sociales las iniciativas comunicacionales propuestas por CEDHU. La “autorregulación” y “autocensura” observada entre la gran mayoría de organizaciones nacionales responde a la aplicación del reglamento de la ley de transparencia social. El riesgo de sufrir sanciones como los bloqueos de cuentas, la dificultad de recibir fondos de cooperación internacional y los riesgos del cierre de la personería jurídica son elementos difíciles de ignorar.
Como veremos en la sección de contexto nacional, la construcción del andamiaje legal para impulsar el extractivismo minero en el país tuvo una gran eficacia para neutralizar a todo el ecosistema de organizaciones sociales en Ecuador. Retomando el hilo conductor del espacio cívico, pensado como un conjunto de condiciones legales, políticas y sociales que permiten a la sociedad civil organizarse y participar libremente, se concluye que, Ecuador es un país en donde el espacio cívico es prácticamente inexistente.
Nota al pie:
1 De acuerdo con Kaspersky, doxeo es la práctica maliciosa de recopilar y publicar información privada de una persona o empresa en internet sin su consentimiento. Su objetivo suele ser intimidar, extorsionar o acosar a la víctima, exponiendo datos como direcciones, teléfonos, documentos o fotografías personales.
Lista de referencias:
Barahona, Rodrigo. 2026. La sociedad civil ante el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe: entre la resistencia y la resiliencia. DT 109. Madrid: Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2026/01/DT109.pdf
CIVICUS. 2026. Informe sobre el estado de la sociedad civil 2026. https://publications.civicus.org/es/publications/informe-sobre-el-estado-de-la-sociedad-civil-2026/
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). s/f. Proteger y ampliar el espacio cívico de la Sociedad Civil ¿Qué es el espacio cívico? https://www.ohchr.org/es/civic-space
En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una introducción acercamiento al extractivismo minero en Ecuador y su auge internacional
Fotografía compartida por Alberto Acosta, 2026.
