Perspectivas de incremento de la pobreza debido a las políticas económicas de austeridad expansiva

En la compleja lucha contra la inseguridad que enfrenta Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa encontró la situación perfecta para adoptar medidas económicas neoliberales que en años anteriores eran rechazadas por la población, bajo el discurso de la política de ajuste económico para financiar el conflicto armado interno. Estas políticas tienen que ver con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), seguido por el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y, finalmente, la eliminación de los subsidios a los combustibles. El 31 de mayo de 2024, el FMI aprobó un crédito de 4.000 millones de dólares que será distribuido en el presupuesto general del Estado a lo largo de cuatro años. El préstamo fue solicitado por el gobierno de Ecuador bajo el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF por sus siglas en inglés), este condiciona al país a implementar reformas estructurales profundas y duraderas que, en teoría, resuelvan las deficiencias institucionales o económicas, además de políticas que mantengan la estabilidad económica. Entre las medidas se encuentra la reducción del déficit de recursos en el presupuesto del Estado mediante el aumento IVA (que rige desde el 1 de abril de 2024), pasando del 12% al 15%, con este incremento el gobierno espera recaudar 1.300 millones de dólares al año.

En este mismo paquete de medidas solicitado por el FMI se encuentran la eliminación de los subsidios a los combustibles, que en el 2023 sumaron 3.000 millones de dólares. La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de junio de 2024, el incremento es de USD 0,26 por galón en los precios de las gasolinas extra y ecopaís. Desde esta cartera de Estado se informó a la ciudadanía acerca de un mecanismo para que la variación de los precios no sea abrupta, pues, solo podría incrementarse en un 5% y disminuir en un 10%. Ahora bien, para justificar el incremento, el ministro de economía y finanzas Juan Carlos Vega recurrió -nuevamente- al argumento básico del gobierno “no hay fondos para financiar la guerra interna contra los grupos terroristas”.

Al respecto, y de acuerdo con los cálculos de esta cartera de Estado, se requieren 1.020 millones de dólares al año para sostener las operaciones que ejecutan las Fuerzas Armadas. Mientras que, el déficit bordea los 5.000 millones de dólares y los fondos están agotados. En este sentido, desde el gobierno se observa una apuesta comunicacional que intenta posicionar la efectividad de los más de 75.000 operativos desplegados en el territorio nacional. La forma de presentar los resultados del trabajo de los agentes policiales y militares no es coincidencia, de hecho, busca sostener en el corto plazo el apoyo popular para los comicios del próximo año.

Retomando el tema del incremento en el valor de los combustibles, el gobierno nacional pactó con el gremio de transportistas para entregar bonos o compensaciones (dependiendo de la actividad específica). No obstante, desde otros sectores sociales, como el movimiento indígena, sindicatos y estudiantes se generaron diferentes reacciones y se planteó una marcha para el 4 de julio de 2024. Aunque, a diferencia de otros años el temor a la violencia Estatal se amplifica por la declaratoria del conflicto armado interno y la posibilidad de la criminalización de las personas que participen en este tipo de manifestaciones.

No obstante, el FMI tiene otros requerimientos para la entrega del préstamo, estos se encuentran en los espacios históricamente disputados por los diferentes grupos de poder como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador (IESS) y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, más conocida como Petroecuador. En esta misma línea se busca la reestructuración del sector energético que actualmente se encuentra en crisis por la incertidumbre que generan los cortes de energía, afectando a la productividad del país. El FMI también solicitó la aprobación de una nueva legislación contra el lavado de activos, así como otras demandas de corte neoliberal. Estas políticas impactan directamente en la economía, ya que se prevé una contracción del gasto público y la inversión, así como el encarecimiento de los costos de vida que afectarán a los sectores más vulnerables. Aquí se encuentran los más de 7 millones de personas que viven con menos de 3 dólares diarios y 2 millones de ellas con menos de 1,70 al día.

Estos impactos también alcanzan a un marco de relaciones de trabajo caracterizado, estructuralmente hablando, por la ocultación, precarización y vulneración de derechos. Los procesos de industrialización y modernización productiva del país se sostuvieron, durante décadas, en redes informales de explotación laboral. A través de estas redes, los empresarios, sobre todo los que tienen más capacidad de influir en los entramados de producción y distribución, evaden sus responsabilidades. Este tipo de mecanismos se encuentran en todos los sectores económicos del país: en el textil con las maquiladoras, en la agroindustria con los mecanismos de producción bajo contrato y absoluta precarización de las condiciones de vida, en las recicladoras con las familias dedicadas a la recolección y clasificación de la basura, en la venta informal con las grandes comercializadoras valiéndose de trabajadores que ocupan el espacio público, etc. En el siguiente gráfico, se observa la evolución del trabajo precarizado en el país preparado por el Observatorio del Trabajo y el pensamiento crítico de la Universidad Central del Ecuador, en 2023:

Bajo este contexto, las políticas implementadas por el ejecutivo extendieron los mecanismos de precarización y fragmentación del trabajo en el poco más del 20% del total de la población que cuenta con un empleo formal. El ejemplo más paradigmático de esta situación guarda relación con la pregunta E de la última consulta popular sobre el trabajo por horas. A pesar de que la campaña a favor del Sí contaba con el apoyo de los grandes medios de comunicación, el 21 de abril de 2024 el intento de Noboa por esta enmienda constitucional no contó con el respaldo popular, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la pregunta obtuvo un 30,50% de votos. A pesar del pronunciamiento popular, a principios del mes de mayo de 2024 la actual Ministra de Trabajo Ivonne Núñez manifestó públicamente la intención de regular el trabajo por horas vía acuerdo ministerial.

El método para imponer ciertos temas por encima de la Constitución e incluso el mandato popular no es una práctica reciente o exclusiva del gobierno de Daniel Noboa; de hecho, el 20 de agosto de 2023, se efectuaron las elecciones presidenciales adelantadas, así como una consulta popular, una de las preguntas planteaba la posibilidad de enmendar la Constitución para extraer los recursos petroleros disponibles en el Parque Nacional Yasuní69. El 58,59% de la población decidió que el petróleo se quedaba bajo tierra (ver el siguiente gráfico).

No obstante, pocos días después el entonces Ministro de Energía y Minas Fernando Santos Albite declaró a la opinión pública que el gobierno de Guillermo Lasso no acataría los resultados del plebiscito para detener la explotación del yacimiento ubicado en la zona intangible Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocido como el bloque 43. Al respecto, en un informe estadístico del año 2023 preparado por Petroecuador, trascendió que, en octubre de 2023 se explotó la mayor cantidad de petróleo que en todo el año teniendo casi dos millones de barriles. Al respecto, durante el debate presidencial de primera vuelta, el entonces candidato a la presidencia Daniel Noboa dijo que la extracción de crudo en el Yasuní no era rentable para el país, pues, el promedio de ganancias del petróleo ecuatoriano en los próximos 5 años no sería mayor a 70 dólares por cada barril de petróleo. Contradiciendo su discurso en la campaña electoral, actualmente Noboa pretende ampliar el período de explotación y ampliación del plazo para cumplir el mandato popular. Esto a pesar de que, la Corte Constitucional del Ecuador dispuso el desmontaje progresivo de la infraestructura de explotación en el bloque 43 prácticamente hace un año.

Finalmente, en la quinta sección del informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) se presenta un análisis sobre la Criminalización y violencia estatal hacia los jóvenes de las periferias urbanas disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/log51