Informe de vulneración de derechos humanos en Ecuador: Quinta sección

La declaración de un conflicto armado interno en el país, bajo el que se considera a las bandas criminales vinculadas al narcotráfico como combatientes, tuvo una repercusión directa en los barrios más pobres de las grandes ciudades del país. Numerosas organizaciones entre las que destacan la Iglesia Católica y los colectivos de familiares de presos, denunciaron en reiteradas ocasiones los abusos cometidos por las operaciones militares y policiales que se desarrollan en estos sectores urbanos marginales. No sorprende que las persecuciones están dirigidas a varones jóvenes de los espacios urbanos más empobrecidos.

Además, las autoridades señalan y amenazan a estos jóvenes a partir de prefiguraciones fuertemente sesgadas en términos de raza. De esta manera, jóvenes racializados son arrestados sin que necesariamente existan motivos fundados para ello. En los allanamientos realizados, los familiares y parejas de estas personas se ven también expuestas a la violencia de las fuerzas estatales. Como veremos en el siguiente testimonio esta realidad se experimenta con mayor énfasis en los barrios periféricos de Esmeraldas. Aunque, no es una realidad ajena a Guayaquil e incluso la capital Quito, sí se puede hablar de patrones de conducta que se repiten en los barrios marginales en todo el país.

Como se mencionó en la introducción del informe, la crisis de seguridad que atraviesa el país no es algo reciente, de hecho, los síntomas estuvieron a la vista de la ciudadanía por un largo período. Los indicios aparecían a diario en los noticieros, en donde se hablaba de balaceras, sicariatos, ajustes de cuentas de bandas, extorsiones. Para los espectadores -distantes- esta realidad era ajena, correspondía a esas provincias de la “periferia”, donde siempre “pasaba algo”, sin que eso altere el rumbo del país. Luego, se presentaron las llamadas “crisis del sistema penitenciario”, las matanzas, donde una vez más se pensaba en que el gobierno tenía el control o se naturalizaba la violencia entre personas privadas de la libertad.

A pesar de que, la pobreza en el país siempre existió, es innegable que la crisis sanitaria provocada por el COVD-19 fue un punto de inflexión, especialmente, para aquellas familias que vivían en situación de pobreza y extrema pobreza. Por supuesto, el COVI-19 permitió reconocer las brechas entre los ricos y pobres, las marcadas diferencias de acceso a oportunidades y de servicios entre las personas que viven en las ciudades principales, de las periferias y la ruralidad.

Precisamente, en algún punto el confinamiento dejó de ser una opción para la gente del campo y de las periferias, las familias que dependían de su trabajo diario no podían esperar, la necesidad competía con la enfermedad. Reflejo de esta situación es que durante el 2020 el 38% de los ecuatorianos y ecuatorianas bordeaban la pobreza multidimensional, sin tener acceso a salud y empleo. Mientras que, en enero 2024 el INEC reportó que el 26% de la población vivía en situación de pobreza (aproximadamente 4,8 millones de personas vivían con menos de 90 dólares al mes). En esta misma línea, la pobreza extrema ascendía al 9,8% (una familia vivía con casi 51 dólares al mes). Los datos de 2020 y 2024 dan cuenta que, la crisis económica y social aún continúa para un grueso importante de la población ecuatoriana.

Con estos antecedentes, resulta obvio que, la falta de oportunidades de todo tipo (educacionales, laborales, de ascenso social y económico), la pobreza, la discriminación, deterioro de las condiciones de vida, la ausencia estatal, entre otros factores, empujaron a un gran número de jóvenes integrarse a grupos delictivos. En contraposición estos grupos ofrecían a los jóvenes: seguridad, redes de apoyo, acceso a beneficios, reconocimiento social, entre otros beneficios. Lo anteriormente descrito posiblemente tenga una estructura mucho más compleja y arraigada a elementos que escapan de este informe, sin embargo, dan cuenta de la alta vulnerabilidad a la que se enfrentan los jóvenes en estos sectores urbanos marginales.

[…] hay muchos de esos jóvenes que quieren salir a progresar a buscar un trabajo al centro, cuando los ven mal vestidos, o lo ven que fue delincuente ya lo echan para la pared o le dicen bájate para tú barrio, no lo dejan subir ¿por qué? Porque piensan que va a hacer algún daño, que va a delinquir. Esos jóvenes en una etapa puede que hayan sido así, pero cambian […] muchos han salido a estudiar. Ahí abajo
hay muchos jóvenes que en su tiempo estuvieron en una pandilla, y hoy por hoy son trabajadores en el municipio, en la prefectura, en el ministerio de salud. Trabajan porque tuvieron programas para que esos jóvenes salieran, ahora no hay un proyecto, que vaya marcando por ese orden que se siga sacando más jóvenes […] (Testimonio hombre afroesmeraldeño,
13 de febrero de 2024).

La grave vulneración de derechos humanos tuvo lugar el mismo día en que el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno. Este se registró a las 4 de la tarde, cuando un grupo integrado por aproximadamente 70 militares y 30 agentes de la Policía Nacional irrumpieron en un barrio popular de la ciudad de Esmeraldas. El sonido de varias detonaciones puso en alerta a los vecinos, en ese momento un grupo de uniformados ingresaban a una casa de color celeste, en su interior dos perros ladraban y un agente descargó su arma sobre los animales. Este hecho de violencia, totalmente innecesario, fue uno de los desencadenantes del abuso de poder que evidencia la forma en que los jóvenes racializados son criminalizados en las periferias de la ciudad de Esmeraldas.

Inmediatamente otro grupo de agentes ingresó a un domicilio donde hallaron solo a mujeres. A continuación, entraron a una casa donde se encontraban tres personas, dos de ellos eran hermanos y la tercera persona se identificó como un primo, todos tenían un poco más de 20 años. Sobre estas tres personas se conoce que dos se desempeñaban como albañiles y uno era mototaxista. En ese punto se sacó a los tres hombres de la vivienda para requisarlos. Paralelamente, los familiares exigían a las autoridades una justificación para intervenir sus hogares, pero no obtuvieron respuesta.

Uno de los tres hombres, recomendó a su hermano y primo mantener la calma y colaborar con las autoridades, especialmente porque no hicieron nada. Una vez en la calle, son agredidos por agentes del orden con insultos y golpes. Al mismo tiempo, en otro domicilio de la misma calle aprehenden a dos personas más, un pescador de 53 años y un dependiente de un negocio de 36 años.

Al terminar las requisas en las viviendas y no encontrar nada sospechoso, las cámaras de seguridad de la zona son desconectadas. Como argumento para justificar este hecho, los agentes del orden presumieron que esos equipos eran utilizados por grupos de delincuencia organizada. Aunque, de acuerdo al testimonio recabado, frente a la imperante violencia e inseguridad, el uso de cámaras de vigilancia es una práctica habitual en la provincia de Esmeraldas.

Es importante mencionar que los agentes policiales que se encontraban en el sitio, informaron a la población que los responsables del operativo eran los militares.

Este no es un dato menor pues, la violencia empleada era desmedida. Por ejemplo, durante esta incursión, los militares apuntaban con sus armas -incluso a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores-. Bajo este mismo esquema de violencia, los cinco hombres detenidos -sin justificación alguna- fueron forzados a subir a un camión, mientras, sus allegados quienes intentaban acompañar el recorrido recibieron balas de goma en sus cuerpos.

Inicialmente, los familiares de las personas detenidas se trasladaron al Comando de Esmeraldas, esperando regularizar la situación de sus parientes. Pero, las autoridades les informaron que no tenían registradas a personas con esos nombres y características. En ese momento, un taxista que pasaba por la zona les informó que “estaban tirando muchachos” en Santa Martha (este es un punto de la ciudad de Esmeraldas donde se encuentran dos colectores de aguas servidas); también desde el puente de Tachina ubicado a las afueras de la ciudad. La infraestructura que tiene 42 pilotes conecta la parroquia rural Tachina con la Av. Luis Vargas Torres y tiene 42 pilotes en los que se asienta.

Sobrevivir a la violencia del Estado en una
de las provincias más olvidadas del Ecuador

El taxista que dio alerta a los familiares tenía razón, los hombres fueron trasladados hacia el puente de Tachina, este se encuentra a las afueras de la ciudad de Esmeraldas. Al respecto es importante mencionar que, en época de invierno la distancia desde las bases del puente hacia el lecho del río es de aproximadamente 30 metros. Como se mencionó previamente, este hecho ocurrió en enero de 2024, en plena época lluviosa, por lo que el río se encontraba crecido y correntoso. Finalmente, se destaca que la desembocadura del río Esmeraldas hacia el océano Pacífico se encuentra a 5 km aproximadamente.

De acuerdo al relato de las personas que sobrevivieron presunta ejecución extrajudicial de los militares junto con las personas detenidas, arribaron al puente de Tachina a las 6:30 pm aproximadamente. En el trayecto recibieron insultos y amenazas.

Al bajarse del camión colocaron a los hombres en la baranda del puente, uno de los sobrevivientes recuerda que uno de los militares se acercó por la espalda y trató de golpearlo en la nuca. El hombre, para no recibir más golpes y caer inconsciente al agua decide saltar al río Esmeraldas. Un segundo hombre emuló al pescador y se lanzó al río. Mientras todo esto ocurría, los vecinos y vecinas del sector gritaban para que la violencia terminara, pero los militares amenazaron a la población informando que no debían salir o también serían interceptados.

Mientras el primer hombre nadaba hacia la orilla, reconoció los gritos de terror de dos de sus sobrinos, estos fueron sucedidos por ese golpe seco que se escucha cuando un cuerpo golpea el agua. Uno de los jóvenes nadó hacia las orillas, pero fue capturado y arrojado desde el puente. Además, el mismo hombre refiere que escuchó la caída de otro cuerpo, la persona presume que se trataba de su tercer sobrino, quién probablemente estaba inconsciente producto de los golpes en la nuca.

La persona que relató esta historia, decidió esconderse en el mangle del río Esmeraldas y esperar hasta que los militares se retiraran de la zona para salir de su escondite. Desorientado, caminó por el malecón de Tachina y se encontró con otro de los sobrevivientes, quién también pudo nadar y escapar del abuso militar. Finalmente, a las 9:30 pm se comunican con sus familiares e inician la búsqueda de los tres jóvenes, esta se extiende hasta la madrugada sin obtener resultados.

Al siguiente día uno de los sobrevivientes, junto con la madre de dos de los jóvenes acuden a la Fiscalía de Esmeraldas para denunciar la desaparición, aunque esta no fue recibida por las autoridades, esto a pesar de que los familiares intentaron en varias oportunidades registrar la vulneración de derechos humanos para recibir ayuda. Con el pasar de los días, la angustia se apoderaba de la familia. Finalmente, el 13 de enero de 2024 en altamar apareció el primer cuerpo; dos días después y en condiciones similares un grupo de pescadores encontró el segundo cuerpo. En la autopsia se reportaba “muerte por ahogamiento”, quedando así ocultas las circunstancias que marcaron el deceso de los jóvenes.

La desaparición, tortura y la posterior muerte de estas personas en manos de las autoridades, así como la ausencia de garantías para acceder al sistema de justicia no fue lo único por lo que tuvieron que atravesar las familias, también lidiaron con la desaparición permanente de uno de los jóvenes que no fue hallado. A esta situación tan patética, se adhiere el hecho de la intimidación y amenazas de las que fueron víctimas.

Recién el 15 de enero de 2024, un Agente Fiscal recibió la denuncia (Por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tipificado en el artículo 293 del COIP, si se produce muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años). Desde ese mismo día los familiares recibieron llamadas y mensajes de WhatsApp amenazantes de personas desconocidas, entre los más alarmantes se tiene: “el que quedó vivo va a morir”. Después de tal intimidación, los sobrevivientes abandonaron sus domicilios por temor a represalias. Sin embargo, por motivos económicos después de unos días regresaron a sus viviendas. A través de las amenazas se busca dejar en la impunidad un acto tan abyecto, que da cuenta de las formas en que se administra la vida y la muerte bajo el discurso de “luchar contra la delincuencia”.

Probablemente, la aprehensión, desaparición y muerte de tres hombres jóvenes de origen afrodescendiente y popular quede en la impunidad. Especialmente porque las instituciones llamadas a velar por la justicia o por los derechos humanos se mantienen distantes y con temor al gobierno. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE), institución que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social de la Administración Pública, es la llamada a brindar protección y tutela de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Precisamente, los familiares de las víctimas buscaron en la delegación de la Defensoría del Pueblo en Esmeraldas orientación y apoyo, pero, los funcionarios informaron que se abriría una investigación después de que finalice el primer Estado de Excepción, es decir el 9 de marzo de 2024.

El 22 de febrero de 2024 las representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y de la fundación INREDH solicitaron se realice la vigilancia al debido proceso dentro de la investigación previa No. 08010182401022, que se sustancia en la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Esmeraldas. Recién el 16 de mayo de 2024 se asignó de Oficio el Trámite Defensorial de vigilancia N° CASODPE-0801-080101-8-2024-002891. Aunque, después de más de 6 meses de registrado el incidente y del envío de la solicitud de las organizaciones se conoce poco sobre el avance de este caso.