Análisis de contexto

Los primeros seis meses del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador transcurrieron en medio de complejas amenazas a la estabilidad y la seguridad interna debido al crecimiento de grupos vinculados al narcotráfico y la violencia que permean la sociedad ecuatoriana y las instituciones estatales.

En el 2023, Ecuador se convirtió en el país más violento de Latinoamérica y pasó a ser uno de los más violentos del mundo. Las estadísticas oficiales registran 7.878 personas fallecidas de forma violenta lo que representa una tasa de 42,6 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Esto significa un aumento de más del 500% con respecto al 20196 (Gráfico No.1). En barrios como la Nueva Prosperina, al sur de Guayaquil, la tasa alcanza 114 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del planeta.

De acuerdo con, el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, en su Boletín anual No. 1 del año 2023, en donde se reportaron los homicidios intencionales en Ecuador, se hacía referencia a que, la población más afectada se encuentra entre los 25 y 29 años, con el 20,03% del total de homicidios en el periodo enero – octubre de 2023, seguida por las personas entre 20 y 24 años (18,76%), entre 30 y 34 (16,74%) y 35 y 39 años (11,06%). No obstante, si se comparan los datos del año 2019 con los de 2023 para la población entre los 0 a 19 años, se observa un incremento de muertes violentas del 640,38%, pues, en 2019 se tenían 104 y en 2023 el número se incrementó a 770 homicidios intencionales. La mayoría de estos se realizaron con armas de fuego, esto podría indicar el avance de los grupos delictivos y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes como una de sus prácticas. En este sentido, el Ministerio del Interior reportó que, entre 2022 y 2023 las provincias que tenían un mayor crecimiento de homicidios en el país pertenecían a zonas de la Amazonía sur, estas provincias se caracterizan por ser lugares de extracción minera: Zamora Chinchipe, Pastaza, Morona Santiago. Al respecto, llama la atención que la tasa de crecimiento de homicidios es inconmensurable con 300%, 275% y 233% respectivamente. Por su parte UNICEF mencionó que, junto al aumento de las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, también se reporta un incremento en el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de grupos armados, principalmente en instalaciones médicas y escuelas. Además de la situación de la niñez, preocupa el creciente número de personal médico, maestros y directores de escuelas amenazados, extorsionados y asesinados por grupos armados. Entre otros factores de tipo estructural, la exacerbación de la violencia e inseguridad y el cierre temporal de escuelas y colegios en todo el país, privaron a más de 4.3 millones de niños, niñas y adolescentes de servicios educativos15. Esta afectación a la educación refuerza los factores estructurales que contribuyen a la participación y reclutamiento de jóvenes en agrupaciones delictivas.

Por su parte, el gobierno de Daniel Noboa asumió el poder con la promesa de restaurar la seguridad, fortalecer las instituciones democráticas y revitalizar la economía. Durante estos primeros siete meses de gestión, el gobierno tomó medidas para abordar una serie de desafíos, aunque, inevitablemente persisten interrogantes sobre la eficacia y la sostenibilidad de las políticas implementadas, entre otras, las que guardan relación con el ejercicio de los derechos humanos. La crisis de seguridad en el país se profundizó en enero de 2024 tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar alias “Fito” de la cárcel regional de Guayaquil. Macías es uno de los cabecillas del grupo “Los Choneros”, una de las agrupaciones delictivas más prominentes en el país, aunque, actualmente se desconoce su paradero. El sistema penitenciario en el Ecuador es reconocido como un lugar donde se concentra el poder de las agrupaciones vinculadas al crimen organizado que, en los últimos años incrementó su influencia sobre barrios periféricos de las principales urbes, así como territorios rurales desatendidos por el Estado ecuatoriano, en una clara disputa del monopolio de la fuerza. Mientras los funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no admitía la fuga de “Fito”, el país vivía momentos de tensión, pues, en varias ciudades -ubicadas principalmente en la Costa ecuatoriana- se registraron incidentes y hechos de violencia. Así mismo, se suscitaron amotinamientos de forma simultánea en siete cárceles distribuidas en todo el país con la retención de 178 personas.

Como se mencionó en la introducción, el 9 de enero de 2024 el presidente Daniel Noboa emitió el decreto No. 111 en el cual reconocía la existencia de un “Estado de conflicto armado interno” que dispone la movilidad e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes. Además, ordenaba la ejecución de operaciones militares para neutralizar a 22 grupos identifi cados en el decreto, al tiempo afirmaba que las operaciones se llevarían “bajo el estricto derecho internacional humanitario y el respeto de los derechos humanos.

Después de ese primer Decreto Ejecutivo, el presidente emitió al menos ocho Decretos más relacionados a Estados de excepción. Precisamente, en la infografía 1 se presentan los Decretos emitidos entre el 9 de enero y el 4 de abril. Sin embargo, en esta imagen se excluyeron los dos últimos: el primero es el Decreto Ejecutivo No 275 del 22 de mayo de 2024, el cual fue declarado como inconstitucional por la Corte Constitucional del Ecuador19. Mientras que, el 2 de julio de 2024 se emitió el Decreto Ejecutivo No 318, el cual planteaba un nuevo Estado de Excepción focalizado en cinco provincias de la costa; una
provincia perteneciente a la región amazónica; y para un cantón de Azuay.

En un comunicado oficial emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se informó a la opinión pública que la medida tendría una vigencia de 60 días y esta buscaba continuar con “la lucha contra el terrorismo, con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas”. La mencionada Asociación, elaboró un informe para respaldar el Decreto de Noboa frente al marco constitucional vigente. El aval de WJA responde a que, a inicios de mayo de 2024 la Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional la movilización e intervención de Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que se dispuso en los Decretos Ejecutivos No. 229 y 230 respectivamente. Así como, a mediados de junio se declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No 275 de Estado de Excepción focalizado. Por tanto, existía la posibilidad de que el Decreto No 318 también sea declarado inconstitucional.

Es importante recordar que, el “conflicto armado interno” se lo conoce en el ámbito internacional y, en concreto en el derecho internacional humanitario, como un conflicto armado no internacional, en donde se llega a un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con otros grupos organizados, y bajo la dirección de un mando responsable, estas ejercen un control que les permite realizar operaciones militares sostenidas. Es decir, que un conflicto armado interno implica una movilización total de las Fuerzas Armadas para dar control al país. Después de un mes de la emisión del Decreto Ejecutivo No. 111, el 15 de febrero el presidente Daniel Noboa, firmó dos Decretos Ejecutivos con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad, relativos al Estatuto de las Fuerzas y del Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas. En teoría, estos acuerdos permitirían la ejecución de operaciones militares conjuntas para el combate a los grupos delictivos que inciden en Ecuador. Los acuerdos, entre otras cosas, concedían al personal estadounidense ciertos privilegios, como son exenciones e inmunidades. Así mismo, en caso de que funcionarios cometieran alguna infracción, los Estados Unidos ejercerían jurisdicción penal sobre su personal, por tanto, no podrían ser imputados en Ecuador por el cometimiento de delitos. La firma de estos acuerdos garantiza la libre movilidad de aeronaves, buques y vehículos operados por el personal del Departamento de Defensa de EE.UU., así como, la libre contratación de pertrechos, suministros, equipos y servicios. Junto a estos privilegios se autorizó el uso del espectro radioeléctrico, la operación de sistemas de telecomunicaciones y frecuencias para asegurar plena capacidad de ejecución. Sin embargo, desde la firma del convenio hasta la fecha en que se elabora este informe, se desconoce la incidencia de las Fuerzas Armadas de EEUU en el territorio nacional.

En marzo de 2024, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 193 donde renovó por treinta días más la declaratoria del Estado de Excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna y por conflicto armado interno. En este decreto se incluyó a todos los centros de privación de la libertad que forman parte del SNAI. Mientras que, en abril de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo No. 250, se declaró el Estado de Excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Con los decretos de “conflicto armado interno” y “Estado de Excepción” total o focalizado en el territorio nacional, se reportó una reducción de más de 300 muertes violentas a escala nacional, en comparación con el 2023. Al respecto, en el primer cuatrimestre del año 2024 se registraron 1.876 muertes violentas; mientras que, en ese mismo lapso en 2023, se inscribieron 2.301 asesinatos, es decir una reducción del 18,5%. En ese mismo periodo, nueve provincias incrementaron sus cifras de homicidios intencionales, de estás las más afectadas son Los Ríos, Orellana y Manabí, que tienen un excedente de 36, 35 y 22 muertes respectivamente.

A nivel cantonal, en 127 de los 221 cantones del país, se registraron muertes violentas en los primeros cuatro meses de 202427 (Ver mapa No. 1). El caso más dramático es el de La Joya de los Sachas, en Orellana: que pasó de 0 a 22 asesinatos. Mientras que, en la provincia de Manabí en los cantones Chone, Rocafuerte y Pichincha se registró un incremento de las muertes violentas de un 400%.

Frente a la ola de violencia y permanente inseguridad registrada en las vías del país, la Federación Nacional de Transportistas de Cooperativas de Transporte Público (FENACOTIP) anunció que tomaría como medida de hecho un “apagón de motores”. La protesta para exigir más seguridad en las vías estaba prevista para el 17 y 18 de julio. Finalmente, la medida no se aplicó, porque funcionarios del gobierno negociaron con el gremio de transportistas. A pocos días del ofrecimiento de mayor seguridad se registró una nueva masacre en las vías. Precisamente, el 18 de julio de 2024 en Los Ríos -una de las provincias declaradas en Estado de excepción en el último decreto del 30 de abril de 2024- un bus fue interceptado por individuos armados, quiénes acabaron con la vida de cinco personas, entre ellas se encontraba un menor de edad. Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron los asesinatos. A pesar de que el discurso del gobierno nacional apunta hacia avances en materia de seguridad, que hace eco en los medios de comunicación tradicionales, se observa que estos actos de violencia no son hechos aislados, sino que, ponen en evidencia el grado de indefensión en el que se encuentra la población.

Ahora bien, dentro de las estadísticas de muertes violentas o también llamados homicidios intencionales se registran aquellos crímenes que trascendieron a la opinión pública. Un ejemplo son todos aquellos actores políticos asesinados desde julio de 2023 hasta la actualidad. En la infografía 2 se recoge información sobre seis personas -dedicadas a la política- que fue ron ejecutadas. Esta trágica línea de tiempo inicia en julio de 2023 cuando asesinaron a Agustín Intriago, quien fue el alcalde de Manta. Esta última es una urbe caracterizada por su dinamismo económico, pero también por una profunda complejidad, al ser una ciudad puerto, tuvo conexiones tempranas con estructuras delincuenciales y luego con grupos vinculados al narcotráfico transnacional. Sobre la muerte de Intriago se conoce muy poco. A menos de un mes del asesinato del alcalde de Manta, a las afueras de un mitin político fue abatido el polémico candidato presidencial Fernando Villavicencio. El hecho convulsionó a la ciudad de Quito, en esta ocasión se detuvo a 7 personas (6 de ellos jóvenes de escasos recursos de origen colombiano y 1 ecuatoriano). Lamentablemente, un par de meses después los supuestos sicarios fueron asesinados en dos centros de privación de libertad ubicados en Quito y Guayaquil. A todos se los abatió de la misma manera. Retomando el caso del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 12 de julio de 2024, en un proceso del que se conoce poco, cinco personas fueron halladas culpables por ser autores materiales y cómplices de su asesinato. Los cinco procesados enfrentan penas privativas de la libertad que van desde los 12 hasta los 34 años. Por su parte, los familiares del ex candidato y el movimiento político que lo acogió para las elecciones presidenciales del 2023, exigen a las autoridades que investiguen a los autores intelectuales.

Entre enero y julio de 2024 se presentaron 4 asesinatos de figuras relacionadas con el mundo de la política y también un fiscal especializado en casos de corrupción. Tres eran alcaldes representantes de pequeños poblados como San Vicente, Ponce Enríquez y Portovelo. Sobre los dos últimos, se destaca que son poblaciones relacionadas al mundo minero, lugares, que hoy por hoy se encuentran en disputa por el crimen organizado al representar una oportunidad en varios sentidos. De hecho, a toda la zona de la sierra sur del país y la parte amazónica donde se desarrollan mega proyectos se los conoce como un enclave productivo ilegal. El último abatimiento se registró a inicios de julio y apagó la vida de un aspirante a la alcaldía de Portoviejo. En este sentido, se apunta que “tres de los cuatro políticos más votados de los últimos comicios de Portoviejo han sido víctimas del crimen desde el 2022. El actual alcalde Javier Pincay sufrió un atentado armado, Byron Joza fue secuestrado; y José Miguel Mendoza fue asesinado”38. Bajo esta misma lógica, el 14 de mayo de 2023 el actual alcalde de Durán Luis Chonillo fue víctima de un atentado en contra de su vida, el evento se registró al día siguiente de su posesión.

Por otro lado, los casos de secuestros y extorsiones crecieron en Ecuador dramáticamente en el primer trimestre de 2024. Según un informe estadístico de la Policía Nacional, de enero a marzo, se registraron 1.543 casos de secuestros en el país. De estos, en lo que va del año en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), se registraron 215 casos. En cuanto a raptos, en todo el 2023 se registraron 138, mientras que, entre enero y marzo de 2024 se tienen un total de 38. El despliegue de las fuerzas de seguridad en el marco de un estado de excepción reiterado significó un incremento alarmante en los reportes de vulneraciones de los derechos humanos de las poblaciones más desprotegidas, tal como lo demuestran varios informes y reportajes publicados en los últimos meses. Estos dan cuenta del alcance de la vulneración de derechos humanos en diversos espacios de la sociedad en el contexto de un conflicto armado interno. En el apartado «Cárceles, tratos inhumanos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales» se hace referencia a diferentes fuentes como son organismos no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos e instituciones del Estado que recogen los sucesos más destacados.

Finalmente, en la tercera sección del informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) se presenta un análisis sobre las Cárceles, tratos inhumanos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/09aktp