El asedio de la palma africana a San Javier de Cachaví

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Introducción

La comunidad de San Javier de Cachaví lleva décadas defendiendo su territorio frente a las tentativas de avance de las empresas de palma africana. Situada en el cantón San Lorenzo, Esmeraldas, esta comunidad ha tenido que luchar contra el despojo corporativo de sus tierras, la explotación de su gente por cuenta de las compañías. Actualmente, a estas violencias tenemos que añadir la presencia de bandas criminales que atemorizan a la población.

En esta publicación queremos esbozar algunos trazos de la conflictividad de San Javier debido a la expansión de las palmicultoras1. Sobre este tema se ha escrito bastante durante los últimos años en verdad. Nuestra principal intención en esta pieza, es tratar de posicionar la voz de los comuneros a los que entrevistamos durante varias visitas de campo. No pretendemos por tanto ser sistemáticos a la hora de retratar la complejidad de este caso. Por ello, a lo largo del texto usaremos extensamente citas literales de los mismos moradores.  Del mismo modo, a lo largo de la publicación haremos referencia a otras publicaciones que puedan situar mejor al lector y ofrecer un contexto más amplio.

Fuente: gk.city. Fotografía de Gustavo Redín.

Explotación de los trabajadores

La empresa que llegó por primera vez al territorio de la comunidad se llamaba Palmeras del Pacífico. “Es una historia que muchas personas hoy no saben”, nos comenta un morador de la comunidad. La empresa cambió de nombre varias veces, hasta quedarse como Energy & Palma, para no pagar las liquidaciones a los trabajadores, muchos de la comunidad, que en ese entonces laburaban para la compañía. El mismo morador completaba su relato contándonos cómo “pusieron una tercerizadora, así nunca iban liquidando a las personas2. Hablamos de unos 23 años de esta lucha, desde que llegó Palmeras del Pacífico. Es un atropello, todos los años que toca dar las utilidades a los trabajadores, la empresa dice que está de quiebra. A la final no sabemos si es verdad o no. Pero sí sabemos que son malas mañas, como ellos tienen a las autoridades del cantón y de la provincia metidas en sus bolsillos, hacen lo que les da la gana”.

Despojo territorial

Debido en parte a las tensiones provocadas por este maltrato laboral, actualmente la empresa no emplea a gente local. Pero la causa mayor de luchas contra la palmicultora tiene que ver con las tentativas de despojo de tierras comunitarias por parte de esta última. En el siguiente mapa podemos ver el área aproximada de la comunidad, dentro de la cual se encuentran monoculitvos propiedad de Enery & Palma.

Fuente: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador

Esta penetración de la empresa en territorio comunitario ha sido progresiva durante las últimas dos décadas. Los comuneros con los que conversamos nos contaban, en relación a la disputa por un área de 251 hectáreas que la empresa reivindica como suya, que los representantes de la compañía les enseñan unos documentos en los que “ni siquiera los apellidos coinciden”, afirmaban indignados los moradores3. En estos documentos, basados en títulos de tierra emitidos de manera fraudulenta después del reconocimiento del título colectivo4, aparecen como vendedores personas que no son de la comunidad. “Son apellidos de gente de Manabí, no coinciden” añaden las personas a las que pudimos entrevistar. En esta disputa, la empresa se valió de los trabajadores de la comunidad que en ese entonces aún contaban en sus filas, para crear división interna y fragmentar la unidad de los moradores.
Con todo, el título de propiedad de la comuna, registrado en el Ministerio de Agricultura, es colectivo. “Ellos [las personas de la comunidad empleados por la empresa], iban a trabajar en la empresa, pero no podíamos regalarle a la compañía 251 hectáreas. No podíamos ceder a cambio de trabajo nuestros territorios”, reflexionaba uno de los habitantes de San Javier de Cachaví.

Violencia y socavamiento de los medios de vida

Ante la determinación de la comunidad, en 2020, en plena pandemia, la empresa optó por criminalizar a siete representantes comunitarios, con una demanda de 350,000 dólares5. Adicionalmente, nos relatan, intimidaron a uno de los dirigentes de aquel momento “volando en raso con un helicóptero de la empresa, desbaratándole el techo de su casa”. Afortunadamente, los moradores de San Javier tenían contacto con otras organizaciones que de inmediato los prestaron apoyo jurídico y organizativo. “Esperemos pues que el juez de la provincia nos dé a favor”, comentan los moradores, con un tono que trasluce cierta resignación y desconfianza en las instituciones estatales.

“Antes vivíamos de la agricultura, lo que era el plátano y otros cultivos. Pero desde que se posesionó la empresa hay muchos químicos, fumigaban con avioneta, ahora los productos no se pueden desarrollar como antes, todo lo que usted siembra ahí, le cae peste”. La empresa usa avionetas para fumigar, lo que afecta a la salud de los trabajadores y de los moradores comunitarios cuyos cultivos colindan con la compañía.

“Ya no podemos producir el verde al 100%, hemos dejado de sacar el coco. Ahora nuestra gente está ahí con el palito de cacao, aunque también le afecta. Pero de esto se mantiene la gente. Los ríos están contaminados, los pescados están con pus, con peste. Así están las cosas hoy en día.

Fuente: Mongabay.

Detrás del problema de contaminación de las aguas está la ingente cantidad de agrotóxicos que vierten las palmicultoras en los ríos. Existen otras actividades, como la minería aluvial, que también contribuyen a esta contaminación, pero los moradores nos cuentan que es más itinerante, “los mineros cogen y luego se van. Quienes están acá permanentemente son las empresas”.

En efecto, parece que las empresas no tienen intención de marcharse por lo pronto. La lucha, que ya se viene sosteniendo por bastante tiempo, parece que todavía será más larga.

  1. Si bien el caso de San Javier es un de los más conocidos, los conflictos territoriales provocados por la expansión de la palma africana también se registran en otras partes del país. Puede encontrarse más información sobre esto en: https://www.labarraespaciadora.com/medio-ambiente/palmicultoras-ecuador/
  2. Las denuncias por explotación laboral y despidos improcedentes por parte de la compañía también han sido registrados en otros espacios. Más información en: https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3227/5/TFLACSO-03-2009VCB.pdf .
  3. Para entender mejor el proceso de penetración de la empresa en territorio comunitario y las disputas de los moradores para defender su tierra, remítase a https://es.mongabay.com/2020/12/palma-en-esmeraldas-ecuador-comunidad-afro-contra-palmicultora/
  4. Puede leer más sobre estos vacíos y fraudes legales de los que se sirvieron la compañía en: https://es.mongabay.com/2021/11/la-palma-aceitera-desnuda-la-ausencia-de-fiscalizacion-en-un-mercado-clave-en-ecuador/
  5. En primera instancia, el juez de San Lorenzo falló a favor de la empresa determinando una indeminización de 150.000 dólares a favor de la misma. Más información en: https://wambra.ec/defensores-ambiente-sentenciados-a-pagar-151-mil-dolares-a-palmicultora/ .

Tabla de contenidos

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La misma población esmeraldeña que sufre el racismo y el empobrecimiento estructural desde hace generaciones, se encuentra organizada para defender sus derechos y medios de vida. Entre las principales entidades podemos situar a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE). La UOCE viene sosteniendo por años un trabajo de formación política y agroecología con jóvenes y mujeres cuyos territorios han sido afectados por las camaroneras y las palmicultoras. También nos encontramos a colectivos como Mujeres de Asfalto, organización que integra a mujeres de la provincia que buscan incidir tejiendo espacios de construcción y deconstrucción feminista, en los que los derechos humanos de las mujeres y su implementación sean exigidos desde la incidencia efectiva con herramientas de innovación política y comunitaria.

La minería informal en Buenos Aires opera desde 2017. La extracción ilegal de oro conlleva una compleja organización social en la que están involcurados, de manera asimétrica, peones ecuatorianos, colombianos y venezolanos, bandas criminales y otros grupos encargados del transporte y el procesamiento del oro. Esta actividad se lleva a cabo en la conocida como mina vieja, área concesionada a la empresa australiana Hanrine, una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en Buenos Aires. La minería informal trae consigo también formas de violencia mafiosas que pasan por la extorsión, los asesinatos y amenazas a aquellas personas que disputan las rentas generadas o a las que se oponen directamente a su presencia en Buenos Aires. Además, esta minería tiene efectos destructivos también en el propio tejido comunitario local, debido a que estimula el involucramiento de no pocas familias, quienes les proveen de servicios e insumos. De esta manera, la población queda polarizada alrededor de la minería informal, generándose conflictos que terminan con el grado relativo de cohesión social existente hasta entonces.

Buenos Aires está situada en el norte de la provincia de Imbabura, colindando con Esmeraldas, por detrás del volcán Cotacachi. Existen varias formas de llegar a esta parroquia, a pesar de su difícil acceso. La principal parte de una desviación a la altura del puesto de control de la policía en el KM de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Con todo, también se puede llegar por Urcuquí, la cabecera cantonal, y por caminos no carrozables cruzando los páramos de El Piñan.
La formación de la cabecera parroquial comenzó en 1912, con la llegada de personas procedentes de Cahuasqui que huían de las condiciones de explotación y sometimiento impuesto por el sistema de haciendas. La parroquia se constituye como tal en 1941.

La empresa responsable por el proyecto el Domo es la minera Curimining. Sus accionistas son empresas mineras canadienses. La concesión del proyecto abarca alrededor de las 1500 hectáreas. Curimining planea extraer oro y cobre principalmente. Debido a la cantidad de minerales existentes, la concesión está catalogada bajo el régimen de mediana minería. Este proyecto es considerado uno estratégico por parte de las élites estatales a la hora de apuntalar a la minería como uno de los vectores principales de obtención de divisas, con la tendencia a la caída de las exportaciones petroleras.

Las Naves es un cantón con una producción agrícola campesina increíblemente diversificada. En sus fincas, las familias producen, entre otros, cacao, naranja, verde, banano, café, caña y limón. Además, crían ganado para carne y algunos productores han implementado proyectos turísticos, especialmente en las zonas de bosque, alrededor de cascadas y ríos.

La producción agropecuaria de Las Naves se ve beneficiada también por la relativa disponibilidad de tierras, por la fertilidad de sus suelos y por el clima favorable. Adicionalmente, y a diferencia de otras zonas rurales del país, los jóvenes campesinos de Las Naves tienden a quedarse trabajando con sus familias, dado que, la agricultura aún es un medio de vida que ofrece dignidad y perspectivas de futuro. No obstante, esta diversidad productiva está amenazada por la minería. La instalación del proyecto El Domo trae consigo el alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua del cantón, lo que supondría un duro golpe para la continuidad de los medios de vida de gran parte de su población.

La ocupación del cantón de Las Naves es relativamente reciente. En ella confluyen diversos procesos históricos, entre los que destacamos la llegada de migrantes procedentes de las zonas altas de la sierra que salieron en busca de tierras para el cultivo a partir de la década de 1960. A Las Naves también llegó población oriunda de la costa en la segunda mitad del siglo XX que buscaba nuevos espacios en los que asentarse. Fue reconocido como cantón en 1992. Por otro lado, la minería también tiene antecedentes históricos reseñables en la región. En la década de 1990 la empresa Rio Tinto realizó varias exploraciones del potencial minero. Esta experiencia marcó un precedente, la empresa fue expulsada de las zonas en las que había incursionado y algunos de los líderes que encabezaron esa resistencia siguen presentes en la oposición al proyecto Curipamba – El Domo.

Las Naves es un cantón perteneciente a la provincia de Bolívar, ubicada en la sierra centro del país. Está situado en las faldas occidentales de Los Andes, y cuenta con un clima subtropical, con mucho calor y humedad. El cantón colinda también con la provincia de Los Ríos.

El proyecto minero pretende emplazarse en la zona alta, en una de las montañas más icónicas del cantón, conocida como El Domo. De este lugar nacen diferentes ríos que abastecen de agua a la población para su consumo y para el sostenimiento de la producción agrícola campesina no solo de Las Naves, sino también de Los Ríos.