Introducción

 

El actual presidente Daniel Noboa Azín forma parte de la élite empresarial del país. Su abuelo el señor Luis Noboa Naranjo, quién siempre tuvo conexiones con el poder político de la época, fundó en 1947 la Bananera Noboa S.A. Mientras que, en 1976 apostó por la diversificación de la cartera de negocios y creó la Industria Molinera S.A. A mediados de la década de los noventa del siglo XX, Luis Noboa falleció y el conglomerado se fraccionó. En 1997 surge Nobis Holding de Inversiones de propiedad de Isabel Noboa Pontón, la tía del presidente Daniel Noboa. Al respecto, se conoce que el grupo Nobis cuenta con seis unidades de negocio entre las que se destacan: agroindustria, inmobiliaria, centros comerciales, consumo masivo y agroexportación.

Por su parte, Álvaro Noboa Pontón, es el padre de Daniel Noboa, este controla más de 100 empresas que conforman el Grupo de Empresas Noboa y la Corporación Noboa, relacionadas con la producción de alimentos para el mercado interno, la agroexportación y la importación de insumos. El número de empresas y la diversificación de actividades económicas con las que cuenta la familia Noboa no es materia de este informe, pero, es relevante dimensionar el poder económico e influencia política que ostentan.

Ahora bien, al igual que Luis Noboa, Álvaro Noboa Pontón siempre mantuvo vínculos con la política ecuatoriana, este último salta a la palestra política de la mano del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) como titular de la Junta Monetaria en el gobierno de Abdalá Bucaram. Después de la caída de Bucaram, Noboa fue el candidato del PRE para las elecciones presidenciales de 1998, sin conseguir un lugar en Carondelet. Pero, como se conoce a nivel público, ese no sería su último intento, posteriormente, Noboa Pontón participó en cinco elecciones más.

La vida de Álvaro Noboa no estuvo exenta de polémicas. Al respecto, se destacan al menos dos aspectos: en noviembre de 2023, el entonces director del Servicio de Rentas Internas (SRI) Francisco Briones, informó que la Exportadora Bananera Noboa mantenía deudas en firme con SRI por un monto que ascendía los 88 millones de dólares. Por supuesto, este tema fue utilizado políticamente en la campaña electoral de 2023, la idea era afectar al entonces candidato Daniel Noboa. Aunque, el dilema ético no fue suficiente para truncar su ascenso a la presidencia de la república. Ya en 2024, y, después de estar casi ocho meses en el mandato -con claras intenciones de presentarse a los comicios de 2025- sobre los avances en el cobro de la deuda con el SRI se conoce muy poco.

Pero no es la primera vez que la familia Noboa enfrenta problemas con el SRI. De hecho, en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa trascendió que la familia Noboa debía al Estado 99 millones de dólares, la deuda correspondía a la evasión del impuesto a la renta del 2005. En su momento, el empresario se negaba a pagar los montos imputados, a la vez que alegaba persecuciones políticas. Finalmente, y, después de varios años de conflictos, en 2013 se efectivizó el embargo de la hacienda bananera La Clementina.

Después de este hecho histórico, se buscó que los ex trabajadores y trabajadoras adquirieran el territorio. Para cumplir con este fin el Estado entregó un préstamo, así como asesoría técnica. Además, los trabajadres contaban con el apoyo administrativo de la empresa Koval. En 2021 trascendió la noticia de que la hacienda La Clementina había regresado a manos del SRI. Aparentemente, los trabajadores y la empresa administradora no pudieron liquidar el préstamo al Estado. Así, en menos de una década el sueño de la asociatividad de las familias bananeras quedó inconcluso.

En segundo orden de cosas, la familia de Álvaro Noboa también ha sido señalada por organismos internacionales como Human Right Watch, que ya en 2002 presentó el informe «Trabajo infantil y obstáculos a la libertad sindical en las plantaciones bananeras de Ecuador». En otro documento  

En segundo orden de cosas, la familia de Álvaro Noboa también ha sido señalada por organismos internacionales como Human Rights Watch, que ya en 2002 presentó el informe “Trabajo infantil y obstáculos a la libertad sindical en las plantaciones bananeras de Ecuador«. En otro documento, la misma organización da cuenta de una serie de vulneraciones registradas al interior de una de las haciendas propiedad de Noboa Pontón:

[…] la violencia se ha concentrado en el grupo de plantaciones de Los Álamos, en la costa del suroeste de Ecuador, donde al menos diez trabajadores en huelga fueron disparados por asaltantes el 16 de mayo. Los Álamos es propiedad de la Corporación Noboa, cuyo propietario es Álvaro Noboa […] el 25 de abril […] publicó […] la cosecha mal habida: Trabajo infantil y obstáculos a la libertad sindical en las plantaciones bananeras en Ecuador […] se exponen […] los impedimentos a la sindicalización y el empleo generalizado de trabajo infantil en condiciones peligrosas en las plantaciones de banano de Ecuador […] 

Daniel Noboa presidente, empresario, agroexportador y las precarias condiciones laborales en el campo ecuatoriano

 

 

Retomando el hilo conductor y la temporalidad de este informe, es preciso ubicarnos en el año 2024, cuando el heredero de los emporios agroexportadores del país ostenta el poder político y los mecanismos para acumular capital que han sido empleados por su grupo familiar a través de los años resultan evidentes. Durante el Gobierno de Daniel Noboa uno de los ejemplos más icónicos -pero no el más alarmante- vio la luz en mayo de 2024, cuando un grupo de personas que viven en la comuna de Olón, una población ubicada en la provincia de Santa Elena, denunciaron el inicio de un proyecto inmobiliario en el estero Oloncillo. Este lugar es considerado de gran importancia para la comunidad, especialmente porque alberga una especie fundamental para el cuidado de las costas frente al cambio climático: los manglares.

En el país es muy común encontrar proyectos de todo tipo en los que se ignora aspectos básicos a nivel ambiental. No obstante, esta iniciativa llamó la atención de la opinión pública porque la empresa VinAnzin S.A., impulsora del proyecto “ECHO Olon”, es propiedad de Lavina Valbonesi (actual esposa de Daniel Noboa). Desde 2022 la mencionada compañía se dedica a la comercializaciónde bienes raíces y realizar consultorías de marketing. En este sentido, se identifican dos aspectos claves con relación al conflicto de intereses y el uso del poder político para favorecer al poder económico: en primer lugar, la zona en cuestión es un área protegida desde el 2001; en segundo lugar, el MAATE, a través de su Dirección Provincial emitió los permisos ambientales para iniciar con la construcción de exclusivos lofts en tan solo siete días.

El caso no pasó desapercibido, después del escarnio público la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una indagación previa para revisar lo denunciado por la comuna y verificar si existió o no un delito ambiental por la tala de manglar en un área protegida y las responsabilidades de funcionarios del MAATE en la emisión del permiso ambiental. En este mismo orden de cosas, la Asamblea Nacional del Ecuador solicitó la comparecencia de la entonces ministra Sade Fritschi quién es la máxima autoridad ambiental en el país. Después de la exposición mediática y la crítica de ciertos sectores, la empresa VinAnzin S.A. declinó la ejecución del proyecto. Al igual que en otras ocasiones, Noboa intentó minimizar los hechos e incluso invitó a la FGE a realizar investigaciones. También argumentó que la polémica era parte de un plan de sus opositores de cara a las elecciones del 2025.

 

 

Una vez que el caso dejó de ser mediático, en el mes de junio de 2024 surgió otra polémica: un posible conflicto de intereses por la provisión de desayunos escolares. En esta ocasión, la Corporación Ecuatoriana de Alimentos y Bebidas ganó la subasta inversa publicada en el portal de compras públicas. Pero, esta empresa guarda relación directa con Isabel Noboa, la tía del presidente. De este caso no se habló demasiado y rápidamente quedó fuera del ojo mediático. Estos dos últimos casos, nos permiten entender cómo se articulan las lógicas de acumulación con el poder político, cómo tienden a monopolizar los espacios de producción, sin que esto signifique el anhelado “desarrollo” para las clases trabajadoras. En contraste, se encuentran las familias campesinas rurales quienes entregan su trabajo y vida al agro. Como veremos en la siguiente sección, lo hacen en condiciones sumamente precarias y de contado están excluidas del “desarrollo”.

La entrada La élite agroindustrial y su relación con el poder político en Ecuador se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

Al igual que en otros territorios en La Merced de Buenos Aires, la estrategia de criminalización de los defensores y defensoras del agua, la naturaleza y el territorio llegó a instancias jurídicas. De hecho, en 2022 el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador concedió amnistía a 268 personas, entre ellas se encontraban 39 de La Merced de Buenos Aires, procesadas por proteger sus territorios. El mensaje enviado por un representante del sector minero (expuesto en el párrafo que precede), contribuye a esa construcción del imaginario del terrorista, del enemigo interno al que hay que combatir, que, por supuesto tiene amplia resonancia en una época de conflicto interno armado. Posiblemente, la construcción de un imaginario en donde las personas opuestas a la minería en La Merced de Buenos Aires son violentas, cercanas a grupos irregulares presentes en la zona o simplemente calificados como “atrasa pueblos” facilita el regreso de la empresa minera en el territorio.

En este documento no se pretende desconocer las repercusiones y desafíos que implica la minería “legal”. Habitualmente, su presencia genera gran conflictividad social especialmente de cara a fiscalizar las actividades, imputar responsabilidades por contaminación, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, pero sobre todo el tener que desarrollar las vidas en medio de una violencia permanente que no parece tener fin. Tampoco se desconoce la complejidad que encierra la minería ilegal, de hecho, el que las comunidades tengan que lidiar con la delincuencia organizada y grupos irregulares es una tarea imposible de lograr sin el apoyo del Estado.

Por otro lado, los impactos ambientales provocados por la minería informal resultan evidentes. Especialmente en los ríos que se ubican cerca de las zonas de extracción de minerales, en ellos se descargan sin consideración a la población todos los productos químicos utilizados para la obtención de los minerales. Este tipo de minería utiliza sin reparo metales pesados como mercurio, así como otros productos muy nocivos para la salud humana como arsénico, cianuro y otros elementos de alta toxicidad para los seres vivos. De hecho, las familias mineras “ilegales” que trabajan con este tipo de materiales, probablemente sufran afectaciones en un futuro por el mal manejo de estos productos.

Al analizar las similitudes y diferencias entre la minería legal e ilegal, resalta que, en las últimas décadas y frente a la oposición que genera la actividad minera, las grandes transnacionales se presentan con una “renovada” responsabilidad corporativa. Cuando llegan a un territorio, posicionan la idea del uso de tecnología de punta para minimizar los daños ambientales durante la intervención. Pero la experiencia en el sur global nos lleva a pensar que el discurso no corresponde con la práctica. Los sistemas ecológicos están conectados, por tanto, es inevitable generar daños ambientales, esto es más grave aún porque los proyectos mineros tienen una vida corta, pero los territorios y sus habitantes quedan con secuelas permanentes, y, así los proyectos de vida inevitablemente cambian.

Si se observa otros aspectos como el jurídico, habitualmente, las transnacionales mineras tienen muchos blindajes para evitar conflictos legales. En este sentido, el gobierno de Noboa, en un intento por privilegiar la inversión en el sector minero, en la última consulta popular y referendo celebrado en abril de 2024, planteó una modificación en el artículo 422 de la Constitución de la República (ver imagen que precede). Lo hizo a través de la pregunta D sobre el “arbitraje internacional”, aunque la pregunta no tuvo acogida entre el electorado, pues, el 65,16% de la población le dijo no a esta modificación constitucional. Pero, sí llama la atención el intento del gobierno por invisibilizar las voces que, legítimamente se oponen a proyectos extractivos.

En este mismo orden de cosas, se conoce que las empresas -en ocasiones- intimidan y amenazan a aquellos que les resulten incómodos para sus proyectos. Esta violencia corporativa ha sido objeto de análisis en otros espacios, por tanto, se conocen sus patrones. Sin embargo, las formas de intimidación y de violencia ejercida por la minería informal son mucho más impredecibles y menos rastreables. Un ejemplo paradigmático de esto es el caso de una persona que hace parte del gobierno parroquial de Buenos Aires y es conocida a nivel local por su férrea oposición al extractivismo en todas sus formas. La persona en cuestión es consciente de las graves amenazas que pesan sobre su vida, especialmente porque la población es muy pequeña y la información se expande rápidamente.

Entonces, retomando el argumento de lo impredecible que puede resultar las reacciones de las personas que operan la minería informal, la vida de esta funcionaria está en riesgo permanente y los mecanismos de protección y organización de la población son diferenciados. Todo esto nos remite a la complejidad de la transformación de la gramática de la violencia minera en muchos territorios del país, y a los desafíos consecuentes para la población local y las organizaciones a la hora de hacerle frente. Además, estos hechos lógicos, nos llevan a pensar que, tanto la minería legal como la ilegal comparten mucho más de lo que se piensa, pues, ninguna se hace cargo a nivel jurídico del impacto social, económico y ambiental que deja sobre los proyectos de vida en las comunidades. Quizás la mayor diferencia entre la “legal” e ilegal es que los impactos de la informal se tornan explícitos, sus efectos son exhibidos sin tapujos, sin necesidad de tentativas de remediación, camuflaje o compensación alguna, sin ningún tipo de maquillaje o campaña de marketing social que presente los “beneficios” de desarrollo tradicional para las comunidades.

Mientras que la minería “legal” aprovecha aquellos espacios donde el Estado no tiene presencia o se mantiene distante para ganar voluntades y consentimientos. Por tanto, es muy común encontrar subcentros de salud potenciados, dotados con insumos e implementos, en esta misma lógica se intervienen escuelas y colegios, con la entrega de materiales y equipos. Así mismo, se observan campañas para profesionalizar a personal minero y el ofrecimiento de capacitaciones para fortalecer emprendimientos locales. Se apela a temas más cotidianos como el impulso a equipos deportivos, la creación de clubes “ecológicos”, y, también el fortalecimiento de organizaciones, que habitualmente se convierten en los grupos antagonistas que apoyan la minería en el territorio.

Las secuelas del abandono del Estado en La Merced de Buenos Aires: las bandas y los grupos irregulares en el territorio

La entrada La minería en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

A pesar de que el 25 de marzo de 2024 el juez multicompetente del cantón Sigchos suspendió provisionalmente la consulta ambiental, y, que, el 26 de marzo de 2024 la Gobernación de Cotopaxi informó a la opinión pública que la Policía Nacional no utilizó armas letales en la zona de conflicto, el 27 de marzo de 2024 se conoció lo siguiente: la fuerza pública continuaba con la violenta represión de la población en el territorio, pues, permanentemente se escuchaban detonaciones y un helicóptero sobrevoló en varias oportunidades el territorio. Por otro lado, se conoció que la conexión de internet empeoró considerablemente, limitando la capacidad de las campesinas y campesinos de compartir los hechos de violencia.

El estado de salud de la persona herida por un perdigón en el rostro era crítico, pues, tenía comprometido los maxilares y su cervical. Además, los médicos hablaban sobre posibles contusiones en el cerebro. El 28 de marzo de 2024, los médicos del hospital Gustavo Domínguez aceptaron que no contaban con la capacidad para atender el crítico estado de salud, pues, no disponían de las especialidades de maxilofacial, cirugía de cabeza y cuello. El hospital tampoco contaba con los materiales, insumos y equipos para dar la atención requerida. Finalmente, el paciente fue trasladado hacia una clínica particular en la ciudad de Quito. Al ingresar al centro de salud de la capital, los médicos informaron que el paciente tenía múltiples fracturas que afectaban su rostro. El 29 de marzo 2024, el estado seguía siendo crítico y se informó a la familia que la persona estaba al borde de la muerte. En cuanto a los familiares del herido, al no contar con recursos y redes de apoyo en Quito, enfrentaron situaciones muy complejas a nivel económico y social. Después de permanecer hospitalizado por más de dos meses, el comunero fue dado de alta el 3 de junio de 2024. Aunque, en julio todavía se trasladaba a Quito para recibir atención médica de calidad. Entre las secuelas presentadas están: debilidad extrema, dificultad para hablar, disminución de la movilidad, pérdida de la independencia económica que se conjuga con la imposibilidad de retomar sus labores como agricultor. Por el momento, depende de su familia paterna para mantenerse, lo que resulta más complejo porque recientemente fue padre de una niña. En este “conteo de repercusiones” no se puede dejar por fuera las profundas heridas psíquicas que se extienden al núcleo familiar y comunitario.

Las estrategias del Estado para disuadir la protestasocial: criminalización de defensores y defensorasdel territorio y la naturaleza en Palo Quemado y LasPampas

Por otro lado, y al igual que el caso Las Naves, se iniciaron procesos de criminalización. En donde más de 70 personas fueron acusadas por el delito de terrorismo al ejercer su derecho a la resistencia y por oponerse al proceso de consulta ambiental promovido por varias instituciones del gobierno nacional. Resulta paradójico que, la denuncia por terrorismo la realizó una de las personas que lidera la “Confederación Nacional de Juntas de Campesinado del Ecuador” (se abordó este tema en la Sección minería III). Al respecto, no se puede olvidar que, el denunciante de los actos de terrorismo es la misma persona mencionada bajo graves acusaciones en el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 2011.

Desde marzo hasta el mes de julio las cosas volvieron a la normalidad, aunque, en el ambiente existe el temor del regreso de la represión, y, finalmente, la imposición de la consulta ambiental y el proyecto minero. Al respecto, una de las mujeres lideresas de la parroquia Galápagos, quién sufrió en primera persona la violencia física, a través de los ataques de policías y militares, y, una violencia más simbólica pautada por las denuncias y la criminalización de su núcleo familiar manifestó lo siguiente:

[…] No queremos exponer la vida de nadie
más. Ahora hay varios heridos leves y uno de
gravedad. Ya no queremos seguir. Cuando la
gente presiona la policía dispara balas. No
quiero ver más sangre de ningún familiar, ver
sufrir. Tengo impotencia, porque atacan a gente
campesina, por defender la vida, el agua.
Esas guaguas son como las aves, juegan, salen
y regresan sin peligro. Tal vez algún día tenemos
la esperanza de que si podemos ganar a la
empresa (Testimonio de lideresa comunitaria,
29 de marzo de 2024).

Finalmente, en el informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) presenta un análisis de la minería en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/wivdu

La entrada La invisibilización de la violencia en contra de familias campesinas: los discursos oficiales se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

La entrada Criminalización y represión estatal en Las Pampas y Palo Quemado, Cotopaxi se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

La sentencia del Tribunal de Garantías Penales evidencia como el derecho penal es utilizado por las empresas mineras para criminalizar la labor de defensores del agua, naturaleza y derechos humanos. También pone en evidencia al Estado ecuatoriano que, en lugar de construir un sistema de protección garantista del legítimo derecho a defender derechos, posibilita e incluso promueve que líderes y lideresas comunitarias, montubias y campesinas sean víctimas de este tipo de prácticas abusivas que solo pretenden obstaculizar su labor.

No obstante, en el siguiente apartado se pone en evidencia cómo la agencia de las poblaciones juega un rol fundamental en la protección del territorio. En el cantón Las Naves un grupo de familias se organizó para construir un sistema de agua que nace de las entrañas del cerro El Domo, lugar que guarda los minerales. La estrategia, aparte de dotar de agua a dos mil personas de las comunidades Jerusalén y Buenos Aires, dignifica a las personas que trabajaron para su consolidación, y constituye un motor para la transformación de un sistema que vulnera derechos consagrados. A pesar de ello, a mediados de julio de 2024 se presentó un gran inconveniente para la consecución del proyecto: por una sugerencia del ARCA, el MAATE solicitó la reversión de la autorización de agua para consumo otorgada en mayo de 2023. El pedido pone en evidencia cómo los intereses económicos están sobre las necesidades básicas de las familias en el país; pero, además, demuestra cómo las instituciones públicas pueden ser maleables al poder de turno.

Defensores y defensoras del agua y la naturaleza: la cristalización del sistema de agua de Las Naves

Antes de analizar la forma en que los pobladores del cantón Las Naves tratan de subvertir la violencia a la imposición del proyecto minero Curipamba-El Domo, es preciso detenerse en la infografía 3, en la cual se presentan algunos datos de la población y el acceso a servicios básicos. Por un lado, destaca que más del 70% se ubica en la zona rural del cantón. Así mismo, se observa que el acceso a servicios es limitado. Por ejemplo, el acceso a agua proveniente de la red pública no llega al 60%, esto a pesar de que este servicio es fundamental. Por otro lado, es llamativo que el 55.8% de la población rural de Las Naves no tenga acceso a agua.

Actualización del caso Las Naves: El sistema de agua para las comunidades Jerusalén y Buenos Aires en riesgo por acción Estatal

El martes 16 de julio de 2024 el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) inició el procedimiento para la reversión de la autorización de agua para consumo que fue otorgada por esta misma cartera de Estado en mayo de 2023, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Las Naves. Con esta arbitraria decisión se despojaría de agua a más de dos mil personas que habitan las comunidades Jerusalén, Buenos Aires y Bellavista. El accionar de los funcionarios del ministerio se da en el marco de una Acción de Protección presentada el 5 de junio de 2024 en contra del MAATE por violar el derecho a la consulta ambiental de habitantes de tres comunidades, pues, en 2023 Buenos Aires y Bellavista fueron excluidas de la consulta ambiental liderada por esa cartera de Estado. Como se mencionó previamente, la consulta ambiental es un procedimiento que se realiza previo a la entrega de la licencia ambiental para pasar a la fase de explotación minera. Al respecto, la audiencia pública sobre la Acción de Protección estaba prevista para el martes 23 de julio de 2024.

Por su parte, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) también tuvo un rol en este proceso, pues, el 28 de junio de 2024 hizo una inspección de oficio al punto de captación y obras del sistema. Al respecto, se advierte que solo los funcionarios de la empresa minera Curimining participaron en el proceso de control efectuado por esta institución pública. De esta forma, se dejó por fuera al personal del GAD y a los beneficiarios de la obra. Posteriormente, el 5 de julio de 2024 la isma agencia notificó que el Municipio no estaría haciendo uso del caudal autorizado, a la vez que, advirtió de una posible sanción administrativa dirigida a la Junta de Agua Potable por ejecutar obras de construcción de un sistema sin autorización. Finalmente, ARCA recomendó al MAATE iniciar el procedimiento de reversión.

El 16 de julio de 2024 el GAD Municipal fue notificado con el inicio del procedimiento de reversión de la autorización de agua para consumo. Paralelamente, ARCA convocó a una audiencia para el 23 de julio de 2024, mismo día en que se desarrolló la audiencia de Acción de Protección instaurada por los comuneros y comuneras de Las Naves. Esto no es una coincidencia, el objetivo es claro, eliminar la autorización de agua y así restar la fuerza argumentativa de la acción de protección, a la vez que se intenta justificar la exclusión de las comunidades Buenos Aires y Bellavista de participar en la consulta ambiental. Se observa que, la decisión del MAATE de iniciar el proceso de reversión de autorización sin causa legal, pone en riesgo el derecho al acceso al agua de al menos dos mil personas. Estos derechos están consagrados en el artículo 12 de la Constitución de la República: el agua es un derecho humano fundamental de uso público, el agua para consumo humano está en el primer lugar del orden de prelación constitucional, que el MAATE no puede limitar arbitrariamente el acceso al agua para consumo humano, peor aún cuando el solicitante es la autoridad seccional con la competencia constitucional.

En este caso se observa la diversificación de estrategias para lograr los objetivos planteados. También se advierte un uso indebido del poder de las instituciones del Estado para cumplir con un “requisito” que, dicho sea de paso, cuenta con aprobación implícita desde el primer momento: el permiso ambiental. Desde hace muchos años el MAATE es una institución sin autonomía, cuyos funcionarios se alinean con el poder y los intereses de turno. Después de la notificación del MAATE cientos de familias se encuentran en riesgo, podrían perder el acceso al agua para consumo humano. Además, se enfrentan a la incertidumbre que plantea la imposición de un proyecto minero en su territorio.

Finalmente, en el informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) presenta un análisis sobre la minería y la Criminalización y represión estatal en Las Pampas y Palo Quemado, Cotopaxi , provincia de Cotopaxi, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/h4fm5

La entrada Proyecto El Domo, Las Naves, provincia de Bolívar se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Estos relatos se mantuvieron -y aún lo hacen- a lo largo de los años y se sustentan en cifras oficiales. Al respecto, en el gráfico 5 se observa la evolución de las exportaciones de los productos mineros a partir del 2003 y resulta evidente el sostenido crecimiento de la minería en el país, convirtiéndose en uno de los principales rubros de exportación no petrolera. Al respecto, es importante mencionar que las exportaciones están compuestas principalmente por cobre 44% y oro 56%. En 2021 la extracción nacional de productos mineros provenía de dos grandes proyectos, Mirador (40%), y Fruta del Norte (35%). Mientras que, las concesiones en régimen de pequeña minería contribuyeron con un 25%, un total nada desdeñable. De acuerdo a los datos del catastro minero, la mayoría de las concesiones mineras pertenecen al régimen de pequeña minería. Además, en estas cifras no se incluye los datos de la actividad minera informal o ilegal, que por su puesto cada vez tiene mayor relevancia, sobre todo en algunas partes del país como las provincias de Napo, Esmeraldas y Azuay.

Como se mencionó previamente, el impulso otorgado por el Estado para el apuntalamiento de la minería como vector macroeconómico central del país está dirigido hacia ciertos proyectos declarados como “estratégicos” y de segunda generación, catalogados bajo los regímenes de mediana y gran minería. En el siguiente mapa preparado por la Dirección de Minería Industrial perteneciente al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, actualizado en 2023 se observan las provincias que con actividad minera, así como aquellos espacios territoriales donde todavía existe una disputa con la población por la imposición de los proyectos extractivistas.

Para comprender la confl ictividad provocada por los proyectos mineros, el Colectivo Geografía Crítica (CGC) elaboró el mapa que se presenta a continuación, para esto utilizó información del catastro minero y los datos de un estudio preparado por la extinta Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). Con relación a la información de SENAGUA, aproximadamente en el año 2017 en el gobierno de Lenin Moreno, cuando el director de la Secretaría era Humberto Cholango, personal del CGC solicitó un estudio para conocer los espacios territoriales que debían ser priorizados para la creación de áreas de protección hídrica (APH). Al concluir el estudio, los resultados no fueron oficializados, sin embargo, en octubre de 2023 el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), institución que se fusionó con SENAGUA en 2020, presentó a la ciudadanía dos APH: El Pangui y Yantzaza82 ambas ubicadas en Zamora Chinchipe.

En el mapa se observa que el 79% de las áreas concesionadas a la minería en el país se solapan con zonas de importancia hídrica alta o muy alta (categorías establecidas por el propio estudio de SENAGUA). Entonces, estos espacios son fundamentales para la vida de la población rural y urbana en todo el país. Para el sostenimiento de la agricultura campesina y para las formas de vida en las ciudades. Por tanto, no es de extrañar, que la conflictividad social y ambiental desatada por los intentos de convertir al Ecuador en un país mega minero sea una constante en los últimos años. Bajo estas condiciones ambientales y sociales, a inicios de marzo de 2024 el presidente Daniel Noboa visitó Canadá. De acuerdo con información oficial publicada por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Noboa participó en varias reuniones a fin de promover al país como un destino minero. Entre otras cosas, la agenda del presidente incluyó un encuentro con el primer ministro de Canadá el señor Justin Trudeau, esta reunión tuvo lugar el 5 de marzo en la ciudad de Ottawa. Según el reporte de la misma Secretaría, los representantes de los gobiernos canadiense y ecuatoriano discutieron sobre los siguientes tópicos: un posible tratado de libre comercio (TLC), inversión en “energías limpias”, transición ecológica (el gobierno canadiense anunció la transferencia de $88,4 millones de dólares para impulsar la transición energética a través de la expansión de energías renovables para el Ecuador), crecimiento económico inclusivo, paz y seguridad.

Los medios de comunicación nacionales cubrieron la gira del presidente Noboa y su comitiva, la cual estuvo integrada por figuras como la canciller Gabriela Sommerfeld, el secretario de la administración pública David Félix y la ex ministra de Energía y Minas, la señora Andrea Arrobo. Al respecto, se puede mencionar que, durante la crisis energética registrada en abril de 2024 Arrobo fue defenestrada de su cargo tras acusaciones de sabotaje en contra del gobierno nacional. La visita de Noboa a Canadá dejó como saldo la suscripción de seis compromisos de inversión minera por un monto de $4.800 millones de dólares. El hecho de que Ecuador adquiera obligaciones con Canadá refleja la voluntad del gobierno nacional para impulsar -aún más- al país hacia un acelerado
extractivismo.

Tras la visita de Noboa a Canadá se presentaron una serie de acontecimientos para dar paso a los proyectos mineros estancados desde mediados de 2023: Las Pampas – Palo Quemado en Cotopaxi y Las Naves en Bolívar. Entonces, se dispuso un monto de 4,8 millones de dólares para brindar asistencia técnica vinculada a la actividad minera. Por su parte, el gobierno ecuatoriano a través de la ex Ministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, se comprometió a abrir el catastro minero, el cual oficialmente está cerrado desde 2018. En este mismo orden de cosas, el Ministerio de Energía y Minas, emitió el Acuerdo Ministerial MEM-MEM-2024-0002-AM del 5 de marzo de 2024, a través del cual se promulgó el manual para la operativización de las consultas previas, libres e informadas. De igual forma, durante la visita a Canadá Noboa acudió a la feria minera PDAC, en Toronto, en la que presentó las reformas que está adoptando para atraer inversión para minería, como la creación de un mecanismo de resolución de disputas entre el Estado y los inversores. El presidente aseguró que su Gobierno considera al sector minero como una prioridad económica. Señaló que, “la minería es un motor de desarrollo nacional y es por eso por lo que estamos aquí, agradeciendo su apoyo e interés en Ecuador”.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por impulsar la minería, el Índice de Atracción de Inversión Minera reportado por el Instituto Fraser de Canadá no posiciona a Ecuador en un buen lugar. En un documento publicado a mediados de mayo de 2024 por el mencionado instituto, se reveló que el país es percibido como un territorio que perdió el atractivo. Precisamente, en 2022 Ecuador ocupaba la posición 27 de un total de 62 países y jurisdicciones, pero, en 2023 ocupó la posición 64 de 86 países y jurisdicciones. Es decir, retrocedió 37 puestos de un año a otro. Posiblemente, esto responde a la incertidumbre sobre la administración pública, interpretación y aplicación de las regulaciones. Con relación a esta variable el país ocupa la posición 80 entre 86 naciones y jurisdicciones.

No obstante, el 16 de julio de 2024 trascendió en varios medios de comunicación que los precios al contado del oro subieron un nuevo máximo histórico de 2.450 dólares la onza. Además, se informó que el precio aumentó casi 30 dólares con relación al 15 de julio, lo que supone un aumento del 1,19%89. Por supuesto que este tipo de noticias, son un claro incentivo para que el gobierno de turno promueva la instalación de los proyectos mineros ubicados en la sierra centro del país. Así como, la extracción de oro en los yacimientos informales. En la siguiente sección se repasarán tres casos icónicos de la forma en que opera el Estado para promover estos proyectos o una suerte de Estado paralelo en donde la violencia impera: Las Naves, Las Pampas – Palo Quemado y La Merced de Buenos Aires.

Finalmente, en el informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) presenta un análisis sobre la minería y Proyecto minero El Domo, ubicado en Las Naves, provincia de Bolívar, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/moi5r

La entrada Criminalización y vulneraciones de derechos en espacios atravesados por la conflictividad socioambiental se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

[…] hay muchos de esos jóvenes que quieren salir a progresar a buscar un trabajo al centro, cuando los ven mal vestidos, o lo ven que fue delincuente ya lo echan para la pared o le dicen bájate para tú barrio, no lo dejan subir ¿por qué? Porque piensan que va a hacer algún daño, que va a delinquir. Esos jóvenes en una etapa puede que hayan sido así, pero cambian […] muchos han salido a estudiar. Ahí abajo
hay muchos jóvenes que en su tiempo estuvieron en una pandilla, y hoy por hoy son trabajadores en el municipio, en la prefectura, en el ministerio de salud. Trabajan porque tuvieron programas para que esos jóvenes salieran, ahora no hay un proyecto, que vaya marcando por ese orden que se siga sacando más jóvenes […] (Testimonio hombre afroesmeraldeño,
13 de febrero de 2024).

Esto resulta irónico si se considera que, a pesar de que el Estado expuso a generaciones completas de niños, niñas y adolescentes a las garras de grupos delictivos, cuando llega al territorio, lo hace tarde, y solo busca arremeter con la fuerza pública, estigmatizando, criminalizando y marginando aún más a personas que necesitan oportunidades laborales y acceso a educación de calidad. Precisamente, durante el levantamiento de información para preparar el presente informe, se registraron varios casos de perfilamiento racial, criminalización y violencia. No obstante, el incidente más lamentable, pero también el más signifi cativo es el que se presenta en la siguiente sección.

Del perfilamiento racial, criminalización y violencia: asesinato de jóvenes en los barrios populares de Esmeraldas

Al bajarse del camión colocaron a los hombres en la baranda del puente, uno de los sobrevivientes recuerda que uno de los militares se acercó por la espalda y trató de golpearlo en la nuca. El hombre, para no recibir más golpes y caer inconsciente al agua decide saltar al río Esmeraldas. Un segundo hombre emuló al pescador y se lanzó al río. Mientras todo esto ocurría, los vecinos y vecinas del sector gritaban para que la violencia terminara, pero los militares amenazaron a la población informando que no debían salir o también serían interceptados.

Mientras el primer hombre nadaba hacia la orilla, reconoció los gritos de terror de dos de sus sobrinos, estos fueron sucedidos por ese golpe seco que se escucha cuando un cuerpo golpea el agua. Uno de los jóvenes nadó hacia las orillas, pero fue capturado y arrojado desde el puente. Además, el mismo hombre refiere que escuchó la caída de otro cuerpo, la persona presume que se trataba de su tercer sobrino, quién probablemente estaba inconsciente producto de los golpes en la nuca.

La persona que relató esta historia, decidió esconderse en el mangle del río Esmeraldas y esperar hasta que los militares se retiraran de la zona para salir de su escondite. Desorientado, caminó por el malecón de Tachina y se encontró con otro de los sobrevivientes, quién también pudo nadar y escapar del abuso militar. Finalmente, a las 9:30 pm se comunican con sus familiares e inician la búsqueda de los tres jóvenes, esta se extiende hasta la madrugada sin obtener resultados.

Al siguiente día uno de los sobrevivientes, junto con la madre de dos de los jóvenes acuden a la Fiscalía de Esmeraldas para denunciar la desaparición, aunque esta no fue recibida por las autoridades, esto a pesar de que los familiares intentaron en varias oportunidades registrar la vulneración de derechos humanos para recibir ayuda. Con el pasar de los días, la angustia se apoderaba de la familia. Finalmente, el 13 de enero de 2024 en altamar apareció el primer cuerpo; dos días después y en condiciones similares un grupo de pescadores encontró el segundo cuerpo. En la autopsia se reportaba “muerte por ahogamiento”, quedando así ocultas las circunstancias que marcaron el deceso de los jóvenes.

La desaparición, tortura y la posterior muerte de estas personas en manos de las autoridades, así como la ausencia de garantías para acceder al sistema de justicia no fue lo único por lo que tuvieron que atravesar las familias, también lidiaron con la desaparición permanente de uno de los jóvenes que no fue hallado. A esta situación tan patética, se adhiere el hecho de la intimidación y amenazas de las que fueron víctimas.

Recién el 15 de enero de 2024, un Agente Fiscal recibió la denuncia (Por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tipificado en el artículo 293 del COIP, si se produce muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años). Desde ese mismo día los familiares recibieron llamadas y mensajes de WhatsApp amenazantes de personas desconocidas, entre los más alarmantes se tiene: “el que quedó vivo va a morir”. Después de tal intimidación, los sobrevivientes abandonaron sus domicilios por temor a represalias. Sin embargo, por motivos económicos después de unos días regresaron a sus viviendas. A través de las amenazas se busca dejar en la impunidad un acto tan abyecto, que da cuenta de las formas en que se administra la vida y la muerte bajo el discurso de “luchar contra la delincuencia”.

Probablemente, la aprehensión, desaparición y muerte de tres hombres jóvenes de origen afrodescendiente y popular quede en la impunidad. Especialmente porque las instituciones llamadas a velar por la justicia o por los derechos humanos se mantienen distantes y con temor al gobierno. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE), institución que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social de la Administración Pública, es la llamada a brindar protección y tutela de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Precisamente, los familiares de las víctimas buscaron en la delegación de la Defensoría del Pueblo en Esmeraldas orientación y apoyo, pero, los funcionarios informaron que se abriría una investigación después de que finalice el primer Estado de Excepción, es decir el 9 de marzo de 2024.

El 22 de febrero de 2024 las representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y de la fundación INREDH solicitaron se realice la vigilancia al debido proceso dentro de la investigación previa No. 08010182401022, que se sustancia en la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Esmeraldas. Recién el 16 de mayo de 2024 se asignó de Oficio el Trámite Defensorial de vigilancia N° CASODPE-0801-080101-8-2024-002891. Aunque, después de más de 6 meses de registrado el incidente y del envío de la solicitud de las organizaciones se conoce poco sobre el avance de este caso.

Finalmente, en el informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) presenta un análisis sobre la minería y su relación con la Criminalización y vulneraciones de derechos en espacios atravesados por la conflictividad socioambiental, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/fkgfy

La entrada Criminalización y violencia estatal hacia los jóvenes de las periferias urbanas se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

En la compleja lucha contra la inseguridad que enfrenta Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa encontró la situación perfecta para adoptar medidas económicas neoliberales que en años anteriores eran rechazadas por la población, bajo el discurso de la política de ajuste económico para financiar el conflicto armado interno. Estas políticas tienen que ver con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), seguido por el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y, finalmente, la eliminación de los subsidios a los combustibles. El 31 de mayo de 2024, el FMI aprobó un crédito de 4.000 millones de dólares que será distribuido en el presupuesto general del Estado a lo largo de cuatro años. El préstamo fue solicitado por el gobierno de Ecuador bajo el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF por sus siglas en inglés), este condiciona al país a implementar reformas estructurales profundas y duraderas que, en teoría, resuelvan las deficiencias institucionales o económicas, además de políticas que mantengan la estabilidad económica. Entre las medidas se encuentra la reducción del déficit de recursos en el presupuesto del Estado mediante el aumento IVA (que rige desde el 1 de abril de 2024), pasando del 12% al 15%, con este incremento el gobierno espera recaudar 1.300 millones de dólares al año.

En este mismo paquete de medidas solicitado por el FMI se encuentran la eliminación de los subsidios a los combustibles, que en el 2023 sumaron 3.000 millones de dólares. La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de junio de 2024, el incremento es de USD 0,26 por galón en los precios de las gasolinas extra y ecopaís. Desde esta cartera de Estado se informó a la ciudadanía acerca de un mecanismo para que la variación de los precios no sea abrupta, pues, solo podría incrementarse en un 5% y disminuir en un 10%. Ahora bien, para justificar el incremento, el ministro de economía y finanzas Juan Carlos Vega recurrió -nuevamente- al argumento básico del gobierno “no hay fondos para financiar la guerra interna contra los grupos terroristas”.

Al respecto, y de acuerdo con los cálculos de esta cartera de Estado, se requieren 1.020 millones de dólares al año para sostener las operaciones que ejecutan las Fuerzas Armadas. Mientras que, el déficit bordea los 5.000 millones de dólares y los fondos están agotados. En este sentido, desde el gobierno se observa una apuesta comunicacional que intenta posicionar la efectividad de los más de 75.000 operativos desplegados en el territorio nacional. La forma de presentar los resultados del trabajo de los agentes policiales y militares no es coincidencia, de hecho, busca sostener en el corto plazo el apoyo popular para los comicios del próximo año.

Retomando el tema del incremento en el valor de los combustibles, el gobierno nacional pactó con el gremio de transportistas para entregar bonos o compensaciones (dependiendo de la actividad específica). No obstante, desde otros sectores sociales, como el movimiento indígena, sindicatos y estudiantes se generaron diferentes reacciones y se planteó una marcha para el 4 de julio de 2024. Aunque, a diferencia de otros años el temor a la violencia Estatal se amplifica por la declaratoria del conflicto armado interno y la posibilidad de la criminalización de las personas que participen en este tipo de manifestaciones.

No obstante, el FMI tiene otros requerimientos para la entrega del préstamo, estos se encuentran en los espacios históricamente disputados por los diferentes grupos de poder como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador (IESS) y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, más conocida como Petroecuador. En esta misma línea se busca la reestructuración del sector energético que actualmente se encuentra en crisis por la incertidumbre que generan los cortes de energía, afectando a la productividad del país. El FMI también solicitó la aprobación de una nueva legislación contra el lavado de activos, así como otras demandas de corte neoliberal. Estas políticas impactan directamente en la economía, ya que se prevé una contracción del gasto público y la inversión, así como el encarecimiento de los costos de vida que afectarán a los sectores más vulnerables. Aquí se encuentran los más de 7 millones de personas que viven con menos de 3 dólares diarios y 2 millones de ellas con menos de 1,70 al día.

Estos impactos también alcanzan a un marco de relaciones de trabajo caracterizado, estructuralmente hablando, por la ocultación, precarización y vulneración de derechos. Los procesos de industrialización y modernización productiva del país se sostuvieron, durante décadas, en redes informales de explotación laboral. A través de estas redes, los empresarios, sobre todo los que tienen más capacidad de influir en los entramados de producción y distribución, evaden sus responsabilidades. Este tipo de mecanismos se encuentran en todos los sectores económicos del país: en el textil con las maquiladoras, en la agroindustria con los mecanismos de producción bajo contrato y absoluta precarización de las condiciones de vida, en las recicladoras con las familias dedicadas a la recolección y clasificación de la basura, en la venta informal con las grandes comercializadoras valiéndose de trabajadores que ocupan el espacio público, etc. En el siguiente gráfico, se observa la evolución del trabajo precarizado en el país preparado por el Observatorio del Trabajo y el pensamiento crítico de la Universidad Central del Ecuador, en 2023:

Bajo este contexto, las políticas implementadas por el ejecutivo extendieron los mecanismos de precarización y fragmentación del trabajo en el poco más del 20% del total de la población que cuenta con un empleo formal. El ejemplo más paradigmático de esta situación guarda relación con la pregunta E de la última consulta popular sobre el trabajo por horas. A pesar de que la campaña a favor del Sí contaba con el apoyo de los grandes medios de comunicación, el 21 de abril de 2024 el intento de Noboa por esta enmienda constitucional no contó con el respaldo popular, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la pregunta obtuvo un 30,50% de votos. A pesar del pronunciamiento popular, a principios del mes de mayo de 2024 la actual Ministra de Trabajo Ivonne Núñez manifestó públicamente la intención de regular el trabajo por horas vía acuerdo ministerial.

El método para imponer ciertos temas por encima de la Constitución e incluso el mandato popular no es una práctica reciente o exclusiva del gobierno de Daniel Noboa; de hecho, el 20 de agosto de 2023, se efectuaron las elecciones presidenciales adelantadas, así como una consulta popular, una de las preguntas planteaba la posibilidad de enmendar la Constitución para extraer los recursos petroleros disponibles en el Parque Nacional Yasuní69. El 58,59% de la población decidió que el petróleo se quedaba bajo tierra (ver el siguiente gráfico).

No obstante, pocos días después el entonces Ministro de Energía y Minas Fernando Santos Albite declaró a la opinión pública que el gobierno de Guillermo Lasso no acataría los resultados del plebiscito para detener la explotación del yacimiento ubicado en la zona intangible Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocido como el bloque 43. Al respecto, en un informe estadístico del año 2023 preparado por Petroecuador, trascendió que, en octubre de 2023 se explotó la mayor cantidad de petróleo que en todo el año teniendo casi dos millones de barriles. Al respecto, durante el debate presidencial de primera vuelta, el entonces candidato a la presidencia Daniel Noboa dijo que la extracción de crudo en el Yasuní no era rentable para el país, pues, el promedio de ganancias del petróleo ecuatoriano en los próximos 5 años no sería mayor a 70 dólares por cada barril de petróleo. Contradiciendo su discurso en la campaña electoral, actualmente Noboa pretende ampliar el período de explotación y ampliación del plazo para cumplir el mandato popular. Esto a pesar de que, la Corte Constitucional del Ecuador dispuso el desmontaje progresivo de la infraestructura de explotación en el bloque 43 prácticamente hace un año.

Finalmente, en la quinta sección del informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) se presenta un análisis sobre la Criminalización y violencia estatal hacia los jóvenes de las periferias urbanas disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/log51

La entrada Perspectivas de incremento de la pobreza debido a las políticas económicas de austeridad expansiva se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

De acuerdo con un informe preparado por Human Rights Watch América Latina, se reportó un significativo número de personas detenidas, de las cuales 13.000 nunca fueron llevadas a un fiscal o juez, es decir que no se cumplió con el debido proceso. En este mismo informe, se reportaron casos graves de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles. En el marco del Estado de Excepción y conflicto armado interno, quizás lo más notorio es que de las 216 sentencias que reportó la fiscalía 215 eran en flagrancia. Este dato podría tener varias lecturas, una de ellas es que no existe un proceso de judicialización efectivo. En este sentido, se considera que todavía falta mucho camino para contar con investigaciones efectivas que, en última instancia permitan desmantelar la estructura del crimen organizado, para cortar el lavado de activos, de corrupción, tráfico de armas o reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otras aristas relacionadas con la problemática.

De tal suerte que, las familias ecuatorianas se encuentran frente a la persecución de lo más básico, una flagrancia por porte de armas aquí y allá43. Al respecto, Juanita Goebertus de Human Rights Watch América Latina afirma que, para hacer frente a un problema tan complejo como las redes del crimen organizado, se debe ir más allá de la emisión de decretos que militarizan el país por unos meses y con mayor fuerza en ciertos sectores. Se requiere la profunda transformación de una política de seguridad en una fuerza pública volcada sobre la protección de la ciudadanía, pero, además, demanda inversión en la capacidad de judicialización. Dicho en otras palabras, se requiere el desarrollo de capacidades técnicas y forenses que permitan el desmantelamiento de estos entramados criminales. Entonces, se proponen investigaciones de alto calibre sobre el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, sobre las redes de corrupción. De esta forma, se podría -en cierta medida- desestabilizar en su sentido más amplio la operación de estas redes. La funcionaria añade que, en Ecuador lo que estamos viendo, por un lado, es una falta de efectividad y capacidad de la fuerza pública, de los encargados de hacer cumplir la ley, de la capacidad de judicialización efectiva para desmantelar el crimen organizado. Y, en segundo lugar, lo que estamos viendo son unos llamados a la militarización, una declaración de conflicto armado interno por fuera de estándares internacionales que en la práctica abre el camino para la violación sistemática de derechos humanos como procura documentar el presente informe.

Por su parte, el movimiento global Amnistía Internacional expresó su preocupación frente a las denuncias sobre posibles violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional relacionados con la declaración del estado de excepción y a la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. De hecho, emitió un informe en el que coincide con muchos de los señalamientos del reporte de Human Rights Watch, señalando que, “la intervención de las fuerzas armadas ecuatorianas en la seguridad pública y la gestión de las prisiones, de conformidad con el fracasado discurso de “guerra contra las drogas”, ha dado lugar a numerosos informes de tortura y otros malos tratos infligidos a personas privadas de libertad”.

El informe de Amnistía Internacional recoge datos proporcionados por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Al respecto, entre el 9 de enero y el 27 de febrero de 2024 está institución recibió 35 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas45. Estas alertas incluían denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos en centros de detención46. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó a Amnistía Internacional que, entre el 8 de enero y el 5 de junio, se abrieron 31 investigaciones sobre tortura. Al igual que Human Rights Watch América Latina, Amnistía Internacional presenta algunas recomendaciones, entre otras, insta al gobierno de Daniel Noboa a adoptar inmediatamente medidas para prevenir y detener la tortura, los malos tratos, y, garantizar el acceso de la población reclusa a las necesidades básicas, como agua segura, alimentos y medicinas.

Por su parte, casi al finalizar el mes de julio de 2024 el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó los hallazgos sobre la situación de Ecuador después de la declaración del conflicto interno armado . Al respecto, el CAT mostró su preocupación por las graves deficiencias del sistema penitenciario del Ecuador, en términos de trato a las personas privadas de libertad y gestión de las prisiones. Además, el Comité mostró preocupación por la situación de autogobierno y extorsión, falta de personal penitenciario y de seguridad, corrupción, entrada de armas de fuego y drogas, así como frecuentes disturbios y otros incidentes violentos que causaron numerosas muertes.

En el ámbito nacional también se realizaron pronunciamientos sobre la situación en el sistema penitenciario del país. Por ejemplo, desde que la crisis carcelaria se desató en 2019, el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil permanece alerta sobre los acontecimientos. En sus reportes da cuenta de los tratos inhumanos y degradantes ejercidos desde ese momento. Actualmente, los reportes de CDH ponen en evidencia la violencia practicada por los agentes del orden, a través de castigos corporales, uso de ahogamiento con gas pimienta, incluso violaciones sexuales con penetración de objetos y rifles.

También se registró el uso de violencias más simbólicas, como la privación de alimentos, la restricción de servicios de aseo e higiene, la destrucción de bienes personales, la restricción de la atención en salud. Además, se elaboraron varios reportes de muertes por inanición, falta de atención en salud y la desaparición de algunas personas en custodia del Estado, que no se presentaron en audiencias y procesos legales en los que estaban inmersos. A esto se suma la vulneración sistemática de las personas trans y de diversidades sexo-genéricas bajo prácticas de tortura de los militares que además les niegan la expresión de su identidad. Muchas de las denuncias fueron recogidas entre los familiares de personas privadas de libertad. En este sentido, después de las masacres carcelarias registradas en el país, en 2022 nace el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. El Comité es una iniciativa apoyada por el personal de CDH y a través de su plataforma exige justicia, restitución y reparación para las familias de las personas privadas de la libertad por los daños y la vulneración de derechos ejercidos por el Estado.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) emitió un informe sobre la situación de derechos humanos en las cárceles del país. Como antecedente, es importante mencionar que la DPE inició la investigación bajo el pedido expreso de un juez, quién ordenó investigar las denuncias presentadas por varias organizaciones de la sociedad civil y grupos de familiares de Personas Privadas de Libertad (PPL). En el informe emitido el 29 de mayo de 2024 la DPE exhortó a varias instituciones del Estado para que ejecuten acciones que garanticen los derechos de las PPL, pues, la institución reportó casos de muertes violentas en cárceles que se encontraban bajo control militar: “por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura”. Lamentablemente, en el informe elaborado por el personal de esta institución, se reportó presuntos decesos de reclusos con cuadros de desnutrición. De tal suerte que, entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024 la DPE contabilizó la muerte de 24 PPL al interior de centros de privación de libertad.

Al contrastar los informes de los organismos internacionales de derechos humanos, las alertas del Comité en contra la Tortura de la ONU; así como, los preparados por CDH y la DPE a nivel nacional se concluye que, las denuncias de abusos, malos tratos, vulneración de derechos e inclusive muerte de personas privadas de la libertad no son hechos aislados, sino una práctica sistemática. En su defecto, la duda que surge se relaciona con el subregistro de casos. En este sentido, es muy probable que la falta de registro o subestimación de casos responda a uno o varios de los siguientes factores: la falta de garantías para las PPL y sus familiares; temor a las amenazas y repercusiones; a la desconfi anza del sistema judicial; al desconocimiento de los derechos; a la falta de recursos económicos y sociales.

La imposibilidad de denunciar los excesos también es consecuencia de la falta de interés de una sociedad que, frente al crimen organizado, al incremento de la inseguridad, de la impunidad como parte inherente a los sistemas de justicia, naturaliza los excesos y violaciones hacia los derechos de las personas privadas de la libertad, o incluso de aquellas criminalizadas injustamente. En algunos casos se justifi ca la tortura, los malos tratos, -la muerte lenta- por falta de alimentos e inclusive los asesinatos extrajudiciales. Lo anteriormente descrito asegura, en cierto modo, la impunidad de la violencia estatal sobre poblaciones profundamente empobrecidas, racializadas y “descartables” para un Estado ausente.

Cuando el Estado aparece en escena asume un discurso securitista, profundizando sus políticas punitivas, para en teoría garantizar la seguridad y defensa del territorio, y, en última instancia mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas. Todo esto a pesar de los constantes llamados de las organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos e inclusive el sector académico sobre la necesidad de ofrecer respuestas de carácter estructural a la crisis de violencia del país y abordar “la […] precarización de las condiciones materiales de vida […] que […] dejó a la niñez y juventud sumidas en la pobreza más abyecta, a merced de las organizaciones criminales”.

El esquema de violencia promovido por el gobierno en las cárceles del país: muerte y la ausencia absoluta de garantías procesales

[…] Tras varias horas de requisa en la cárcel, con un pa-
tio rendido a los militares y policías, a eso del mediodía
apareció una persona muerta. Con signos visibles de
violencia contusiones, sangre, cuerpo magullado y en
estado rígido (Testimonio hombre presente en el CPL,
enero de 2024).

Después de la declaratoria de conflicto armado interno del 9 de enero, el 13 de enero los militares tomaron el control del centro de privación de libertad de varones de Esmeraldas. Inicialmente, los medios de comunicación, presentaban los “beneficios” de la militarización de los centros de privación de la libertad (CPL). Constantemente se enfatiza que, las personas privadas de la libertad ya no eran extorsionadas y recibían alimentos sin restricciones. Además, los medios de comunicación realizaban una requisa de armas o de sustancias sujetas a fiscalización hasta espectacularizar los hechos y así captar la atención y el apoyo de la opinión pública. No obstante, esta narrativa dista de los testimonios obtenidos en el CPL de Esmeraldas, pues, desde el primer momento se registraron torturas físicas y psicológicas. En los cuartos de castigos la práctica iniciaba con golpes, pero podía escalar rápidamente hacia castigos con mayor intensidad, utilizando electricidad e incluso gases. Así mismo, se conoció que estos “castigos” eran recurrentes y propinados de modo aleatorio.

De hecho, durante el primer día de toma de control del CPL por parte de los militares, se registró un homicidio intencionado de una persona privada de la libertad (PPL). De acuerdo a los testimonios está persona fue brutalmente golpeada y luego recibió disparos que acabaron con su vida. El acto ocurrió frente a la mirada atónita de otros privados de la libertad. Dos miembros de una organización externa a la cárcel -que se encontraban en el recinto intentando disminuir la violencia ejercida por los agentes del orden- presenciaron el traslado del cadáver.

En cuanto a la tortura psicológica se conoció que los “castigos” incluían el retiro de víveres, vestimenta y colchones. En esta misma línea, los PPL que sufrían de golpes y torturas tenían restricciones para recibir asistencia médica en el policlínico del centro. La violencia psicológica también se desplegaba hacia el ámbito de los alimentos, pues, desde que los militares tomaron el control, los víveres escaseaban. Los pocos recursos disponibles eran mancillados con lodo y así los internos comían. Por supuesto, estas humillantes estrategias perseguían un objetivo claro: “modelar” la psiquis, y desmoralizar a los PPL. El cruel trato descrito era propinado por igual a personas relacionadas con grupos delictivos o personas que estaban en el CPL por otros motivos. Aparentemente, la consigna era obtener información sobre el proceder de las bandas en el territorio. Con el paso del tiempo, se sintió con mayor fuerza la carencia de medicamentos y alimentos. De acuerdo a los testimonios recabados, la privación sistemática de alimentos, sumada a la violencia física, la falta de asistencia médica y el estado anímico provocó el deceso de 7 personas de la tercera edad. Además, se informó que otras 15 personas habrían fallecido bajo el mismo esquema de violencia.

Frente a este panorama, se destaca la forma en que las familias de las personas detenidas se organizaron, pues, una vez que conocieron de la escasez de alimentos intentaron recoger víveres para sus allegados. Ante las recurrentes denuncias de familiares, de varias organizaciones de la sociedad civil de índole nacional e internacional, y de voces de la iglesia católica relacionadas con el trabajo en cárceles, finalmente saltó a la palestra pública la falta de pago a los proveedores del Estado que brindan alimentación a los PPL, situación amplificada en varios centros de privación de la libertad del país.

Así el diario El País de España mencionaba que “la empresa que alimentaba a 11.000 internos deja de prestar su servicio por una deuda de 30 millones contraída con el Gobierno, a lo que se suman las denuncias por torturas” . Así mismo, Amnistía Internacional mencionaba que, la suspensión de alimentos y medicamentos estaba vigente desde el 24 de abril. Después de la exposición pública internacional, el gobierno de Noboa buscó el apoyo de organizaciones y empresas para alimentar a las personas que se encontraban encarceladas, sin que esto signifique una mejora sostenible en el tiempo de las condiciones de vida. De hecho, en este período el rol de ciertos sectores y personas que integran la iglesia católica, así como otras organizaciones de la sociedad civil fueron fundamentales para la sobrevivencia de las personas privadas de la libertad, pues, durante la crisis gestionaron grandes contingentes de alimentos. Para cerrar esta sección, es importante retomar la narrativa planteada por los medios de comunicación nacionales acerca de la labor desplegada por los militares en las cárceles. Esta debería ser debatida y complejizada, para que trascienda que, el trabajo de las fuerzas armadas en los centros de privación de libertad, como en el caso de Esmeraldas siguió el camino que perpetúa la violencia y no favorece la reintegración social. Por el momento, no son las bandas las que ejercen violencia física y psicológica para imponer voluntades, ahora es el Estado a través de sus agentes del orden el que vulnera derechos sistemáticamente.

Además, como lo sostienen muchos sectores, el no atacar los problemas estructurales de la sociedad (pobreza extrema, desempleo y subempleo, poca regularización del campo con trabajos precarios, mezclado con escaso acceso a educación, a salud, entre otros), abona para que la única apuesta sea la construcción de más cárceles (incluso en altamar) para encerrar a personas que, de una u otra forma, nacieron en medio de un círculo de pobreza y violencia, sin más opciones de vida.

Finalmente, en la cuarta sección del informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) se presenta un análisis sobre las Perspectivas de incremento de la pobreza debido a las políticas económicas de austeridad expansiva, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/fkgfy

La entrada Cárceles, tratos inhumanos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

Los primeros seis meses del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador transcurrieron en medio de complejas amenazas a la estabilidad y la seguridad interna debido al crecimiento de grupos vinculados al narcotráfico y la violencia que permean la sociedad ecuatoriana y las instituciones estatales.

En el 2023, Ecuador se convirtió en el país más violento de Latinoamérica y pasó a ser uno de los más violentos del mundo. Las estadísticas oficiales registran 7.878 personas fallecidas de forma violenta lo que representa una tasa de 42,6 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Esto significa un aumento de más del 500% con respecto al 20196 (Gráfico No.1). En barrios como la Nueva Prosperina, al sur de Guayaquil, la tasa alcanza 114 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del planeta.

De acuerdo con, el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, en su Boletín anual No. 1 del año 2023, en donde se reportaron los homicidios intencionales en Ecuador, se hacía referencia a que, la población más afectada se encuentra entre los 25 y 29 años, con el 20,03% del total de homicidios en el periodo enero – octubre de 2023, seguida por las personas entre 20 y 24 años (18,76%), entre 30 y 34 (16,74%) y 35 y 39 años (11,06%). No obstante, si se comparan los datos del año 2019 con los de 2023 para la población entre los 0 a 19 años, se observa un incremento de muertes violentas del 640,38%, pues, en 2019 se tenían 104 y en 2023 el número se incrementó a 770 homicidios intencionales. La mayoría de estos se realizaron con armas de fuego, esto podría indicar el avance de los grupos delictivos y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes como una de sus prácticas. En este sentido, el Ministerio del Interior reportó que, entre 2022 y 2023 las provincias que tenían un mayor crecimiento de homicidios en el país pertenecían a zonas de la Amazonía sur, estas provincias se caracterizan por ser lugares de extracción minera: Zamora Chinchipe, Pastaza, Morona Santiago. Al respecto, llama la atención que la tasa de crecimiento de homicidios es inconmensurable con 300%, 275% y 233% respectivamente. Por su parte UNICEF mencionó que, junto al aumento de las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, también se reporta un incremento en el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de grupos armados, principalmente en instalaciones médicas y escuelas. Además de la situación de la niñez, preocupa el creciente número de personal médico, maestros y directores de escuelas amenazados, extorsionados y asesinados por grupos armados. Entre otros factores de tipo estructural, la exacerbación de la violencia e inseguridad y el cierre temporal de escuelas y colegios en todo el país, privaron a más de 4.3 millones de niños, niñas y adolescentes de servicios educativos15. Esta afectación a la educación refuerza los factores estructurales que contribuyen a la participación y reclutamiento de jóvenes en agrupaciones delictivas.

Por su parte, el gobierno de Daniel Noboa asumió el poder con la promesa de restaurar la seguridad, fortalecer las instituciones democráticas y revitalizar la economía. Durante estos primeros siete meses de gestión, el gobierno tomó medidas para abordar una serie de desafíos, aunque, inevitablemente persisten interrogantes sobre la eficacia y la sostenibilidad de las políticas implementadas, entre otras, las que guardan relación con el ejercicio de los derechos humanos. La crisis de seguridad en el país se profundizó en enero de 2024 tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar alias “Fito” de la cárcel regional de Guayaquil. Macías es uno de los cabecillas del grupo “Los Choneros”, una de las agrupaciones delictivas más prominentes en el país, aunque, actualmente se desconoce su paradero. El sistema penitenciario en el Ecuador es reconocido como un lugar donde se concentra el poder de las agrupaciones vinculadas al crimen organizado que, en los últimos años incrementó su influencia sobre barrios periféricos de las principales urbes, así como territorios rurales desatendidos por el Estado ecuatoriano, en una clara disputa del monopolio de la fuerza. Mientras los funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no admitía la fuga de “Fito”, el país vivía momentos de tensión, pues, en varias ciudades -ubicadas principalmente en la Costa ecuatoriana- se registraron incidentes y hechos de violencia. Así mismo, se suscitaron amotinamientos de forma simultánea en siete cárceles distribuidas en todo el país con la retención de 178 personas.

Como se mencionó en la introducción, el 9 de enero de 2024 el presidente Daniel Noboa emitió el decreto No. 111 en el cual reconocía la existencia de un “Estado de conflicto armado interno” que dispone la movilidad e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes. Además, ordenaba la ejecución de operaciones militares para neutralizar a 22 grupos identifi cados en el decreto, al tiempo afirmaba que las operaciones se llevarían “bajo el estricto derecho internacional humanitario y el respeto de los derechos humanos.

Después de ese primer Decreto Ejecutivo, el presidente emitió al menos ocho Decretos más relacionados a Estados de excepción. Precisamente, en la infografía 1 se presentan los Decretos emitidos entre el 9 de enero y el 4 de abril. Sin embargo, en esta imagen se excluyeron los dos últimos: el primero es el Decreto Ejecutivo No 275 del 22 de mayo de 2024, el cual fue declarado como inconstitucional por la Corte Constitucional del Ecuador19. Mientras que, el 2 de julio de 2024 se emitió el Decreto Ejecutivo No 318, el cual planteaba un nuevo Estado de Excepción focalizado en cinco provincias de la costa; una
provincia perteneciente a la región amazónica; y para un cantón de Azuay.

En un comunicado oficial emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se informó a la opinión pública que la medida tendría una vigencia de 60 días y esta buscaba continuar con “la lucha contra el terrorismo, con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas”. La mencionada Asociación, elaboró un informe para respaldar el Decreto de Noboa frente al marco constitucional vigente. El aval de WJA responde a que, a inicios de mayo de 2024 la Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional la movilización e intervención de Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que se dispuso en los Decretos Ejecutivos No. 229 y 230 respectivamente. Así como, a mediados de junio se declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No 275 de Estado de Excepción focalizado. Por tanto, existía la posibilidad de que el Decreto No 318 también sea declarado inconstitucional.

Es importante recordar que, el “conflicto armado interno” se lo conoce en el ámbito internacional y, en concreto en el derecho internacional humanitario, como un conflicto armado no internacional, en donde se llega a un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con otros grupos organizados, y bajo la dirección de un mando responsable, estas ejercen un control que les permite realizar operaciones militares sostenidas. Es decir, que un conflicto armado interno implica una movilización total de las Fuerzas Armadas para dar control al país. Después de un mes de la emisión del Decreto Ejecutivo No. 111, el 15 de febrero el presidente Daniel Noboa, firmó dos Decretos Ejecutivos con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad, relativos al Estatuto de las Fuerzas y del Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas. En teoría, estos acuerdos permitirían la ejecución de operaciones militares conjuntas para el combate a los grupos delictivos que inciden en Ecuador. Los acuerdos, entre otras cosas, concedían al personal estadounidense ciertos privilegios, como son exenciones e inmunidades. Así mismo, en caso de que funcionarios cometieran alguna infracción, los Estados Unidos ejercerían jurisdicción penal sobre su personal, por tanto, no podrían ser imputados en Ecuador por el cometimiento de delitos. La firma de estos acuerdos garantiza la libre movilidad de aeronaves, buques y vehículos operados por el personal del Departamento de Defensa de EE.UU., así como, la libre contratación de pertrechos, suministros, equipos y servicios. Junto a estos privilegios se autorizó el uso del espectro radioeléctrico, la operación de sistemas de telecomunicaciones y frecuencias para asegurar plena capacidad de ejecución. Sin embargo, desde la firma del convenio hasta la fecha en que se elabora este informe, se desconoce la incidencia de las Fuerzas Armadas de EEUU en el territorio nacional.

En marzo de 2024, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 193 donde renovó por treinta días más la declaratoria del Estado de Excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna y por conflicto armado interno. En este decreto se incluyó a todos los centros de privación de la libertad que forman parte del SNAI. Mientras que, en abril de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo No. 250, se declaró el Estado de Excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Con los decretos de “conflicto armado interno” y “Estado de Excepción” total o focalizado en el territorio nacional, se reportó una reducción de más de 300 muertes violentas a escala nacional, en comparación con el 2023. Al respecto, en el primer cuatrimestre del año 2024 se registraron 1.876 muertes violentas; mientras que, en ese mismo lapso en 2023, se inscribieron 2.301 asesinatos, es decir una reducción del 18,5%. En ese mismo periodo, nueve provincias incrementaron sus cifras de homicidios intencionales, de estás las más afectadas son Los Ríos, Orellana y Manabí, que tienen un excedente de 36, 35 y 22 muertes respectivamente.

A nivel cantonal, en 127 de los 221 cantones del país, se registraron muertes violentas en los primeros cuatro meses de 202427 (Ver mapa No. 1). El caso más dramático es el de La Joya de los Sachas, en Orellana: que pasó de 0 a 22 asesinatos. Mientras que, en la provincia de Manabí en los cantones Chone, Rocafuerte y Pichincha se registró un incremento de las muertes violentas de un 400%.

Frente a la ola de violencia y permanente inseguridad registrada en las vías del país, la Federación Nacional de Transportistas de Cooperativas de Transporte Público (FENACOTIP) anunció que tomaría como medida de hecho un “apagón de motores”. La protesta para exigir más seguridad en las vías estaba prevista para el 17 y 18 de julio. Finalmente, la medida no se aplicó, porque funcionarios del gobierno negociaron con el gremio de transportistas. A pocos días del ofrecimiento de mayor seguridad se registró una nueva masacre en las vías. Precisamente, el 18 de julio de 2024 en Los Ríos -una de las provincias declaradas en Estado de excepción en el último decreto del 30 de abril de 2024- un bus fue interceptado por individuos armados, quiénes acabaron con la vida de cinco personas, entre ellas se encontraba un menor de edad. Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron los asesinatos. A pesar de que el discurso del gobierno nacional apunta hacia avances en materia de seguridad, que hace eco en los medios de comunicación tradicionales, se observa que estos actos de violencia no son hechos aislados, sino que, ponen en evidencia el grado de indefensión en el que se encuentra la población.

Ahora bien, dentro de las estadísticas de muertes violentas o también llamados homicidios intencionales se registran aquellos crímenes que trascendieron a la opinión pública. Un ejemplo son todos aquellos actores políticos asesinados desde julio de 2023 hasta la actualidad. En la infografía 2 se recoge información sobre seis personas -dedicadas a la política- que fue ron ejecutadas. Esta trágica línea de tiempo inicia en julio de 2023 cuando asesinaron a Agustín Intriago, quien fue el alcalde de Manta. Esta última es una urbe caracterizada por su dinamismo económico, pero también por una profunda complejidad, al ser una ciudad puerto, tuvo conexiones tempranas con estructuras delincuenciales y luego con grupos vinculados al narcotráfico transnacional. Sobre la muerte de Intriago se conoce muy poco. A menos de un mes del asesinato del alcalde de Manta, a las afueras de un mitin político fue abatido el polémico candidato presidencial Fernando Villavicencio. El hecho convulsionó a la ciudad de Quito, en esta ocasión se detuvo a 7 personas (6 de ellos jóvenes de escasos recursos de origen colombiano y 1 ecuatoriano). Lamentablemente, un par de meses después los supuestos sicarios fueron asesinados en dos centros de privación de libertad ubicados en Quito y Guayaquil. A todos se los abatió de la misma manera. Retomando el caso del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 12 de julio de 2024, en un proceso del que se conoce poco, cinco personas fueron halladas culpables por ser autores materiales y cómplices de su asesinato. Los cinco procesados enfrentan penas privativas de la libertad que van desde los 12 hasta los 34 años. Por su parte, los familiares del ex candidato y el movimiento político que lo acogió para las elecciones presidenciales del 2023, exigen a las autoridades que investiguen a los autores intelectuales.

Entre enero y julio de 2024 se presentaron 4 asesinatos de figuras relacionadas con el mundo de la política y también un fiscal especializado en casos de corrupción. Tres eran alcaldes representantes de pequeños poblados como San Vicente, Ponce Enríquez y Portovelo. Sobre los dos últimos, se destaca que son poblaciones relacionadas al mundo minero, lugares, que hoy por hoy se encuentran en disputa por el crimen organizado al representar una oportunidad en varios sentidos. De hecho, a toda la zona de la sierra sur del país y la parte amazónica donde se desarrollan mega proyectos se los conoce como un enclave productivo ilegal. El último abatimiento se registró a inicios de julio y apagó la vida de un aspirante a la alcaldía de Portoviejo. En este sentido, se apunta que “tres de los cuatro políticos más votados de los últimos comicios de Portoviejo han sido víctimas del crimen desde el 2022. El actual alcalde Javier Pincay sufrió un atentado armado, Byron Joza fue secuestrado; y José Miguel Mendoza fue asesinado”38. Bajo esta misma lógica, el 14 de mayo de 2023 el actual alcalde de Durán Luis Chonillo fue víctima de un atentado en contra de su vida, el evento se registró al día siguiente de su posesión.

Por otro lado, los casos de secuestros y extorsiones crecieron en Ecuador dramáticamente en el primer trimestre de 2024. Según un informe estadístico de la Policía Nacional, de enero a marzo, se registraron 1.543 casos de secuestros en el país. De estos, en lo que va del año en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), se registraron 215 casos. En cuanto a raptos, en todo el 2023 se registraron 138, mientras que, entre enero y marzo de 2024 se tienen un total de 38. El despliegue de las fuerzas de seguridad en el marco de un estado de excepción reiterado significó un incremento alarmante en los reportes de vulneraciones de los derechos humanos de las poblaciones más desprotegidas, tal como lo demuestran varios informes y reportajes publicados en los últimos meses. Estos dan cuenta del alcance de la vulneración de derechos humanos en diversos espacios de la sociedad en el contexto de un conflicto armado interno. En el apartado «Cárceles, tratos inhumanos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales» se hace referencia a diferentes fuentes como son organismos no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos e instituciones del Estado que recogen los sucesos más destacados.

Finalmente, en la tercera sección del informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) se presenta un análisis sobre las Cárceles, tratos inhumanos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/09aktp

La entrada Análisis de contexto del Informe de vulneración de derechos humanos en Ecuador se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.