Inicialmente, el informe temático de criminalización de personas defensoras debía enfocarse en el caso Las Naves. Debido a la creciente tensión en la región y el país, el presente informe recoge aquellos elementos que complejizan la labor de las personas defensoras en diferentes territorios que comparten la amenaza que representa el extractivismo minero, como son la crisis de seguridad; la delincuencia organizada; el incremento de las muertes violentas; el sostenido deterioro de la democracia; así como de las garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos; los discursos polarizantes; y, la marcada tendencia a construir políticas públicas que restringen libertades civiles.
El documento cuenta con cinco secciones, en la primera parte se presenta un análisis de contexto que abarca el ámbito regional y nacional. En el primer caso, se analiza la situación a través de los informes preparados por organizaciones internacionales dedicadas a esta labor. En esta sección se observan algunos patrones aplicables a Ecuador. En cuanto al contexto nacional, el análisis se centra en el extractivismo minero, partiendo de la cotización del oro en los mercados internacionales. Lo que se articula a la construcción de un marco jurídico para facilitar la operación minera en el país.
Para entender la importancia del marco jurídico, el informe temático expone la suscripción de los decretos, leyes y reglamentos emitidos durante 2025 y 2026. La visión panorámica de este proceso permite reconocer que la estrategia del gobierno ecuatoriano podría tener un objetivo claro: retirar los posibles obstáculos en la instalación de proyectos mineros en el país.
En una segunda sección se escriben las múltiples tensiones políticas y sociales experimentadas en el país, como la consulta popular de noviembre de 2025; la crisis energética; y la presión por parte del gobierno hacia los jueces y juezas de la Corte Constitucional. Se analiza la forma en que el gobierno instrumentaliza los procedimientos administrativos disponibles para enfrentar a grupos sociales adversarios. Además, se pone de manifiesto aquellos nuevos elementos asociados al crimen organizado que, complejizan la labor de las personas defensoras en los territorios.
Dentro de la segunda sección se aborda el uso de los Estados de Excepción (EE) en Ecuador. Entre el 8 de enero de 2024 y el 16 de junio de 2026 el gobierno de Noboa decretó 25 EE. Al respecto, la Corte Constitucional anuló el menos en seis ocasiones los EE invocados por la causal de conflicto armado interno. En este informe se incluye un análisis sobre el conflicto armado interno declarado a mediados de junio de 2026, en el documento se cuestiona la falta de efectividad que tienen este tipo de estrategias para solucionar la inseguridad y violencia que vive el país. Más allá de eso, se relaciona los EE con labor de las personas defensoras de derechos y las posibles vulneraciones de derechos que podrían ocurrir.
En una tercera sección se realiza un breve recorrido por ocho proyectos mineros ubicados en territorios rurales y campesinos, los cuales han sido impulsados por el gobierno de Daniel Noboa. En este informe se profundiza en lo que sucede al interior del proyecto Curipamba Sur El Domo. No obstante, se presenta a breves rasgos la situación de los proyectos Llurimagua, Cascabel, Imba, La Plata, Loma Larga, Río Blanco y Cangrejos, la gran mayoría ubicados en la Sierra ecuatoriana.
En la cuarta sección se aterrizar en los casos de criminalización acontecidos en el cantón Las Naves, para cumplir con este fin, se presenta una tabla con el resumen de los casos, se mencionan algunos datos cuantitativos, que permiten visualizar algunos patrones en los procesos de criminalización presentes en este caso. La sección también abarca un análisis del proceso penal por el supuesto delito de secuestro. Este caso de estudio permite observar como la criminalización opera al interior del sistema judicial. Adicionalmente, se hace referencia a una demanda de Hábeas Data en contra de CEDHU, un proceso jurídico que forma parte de una estrategia más amplia de SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), para intimidar y silenciar las voces críticas a la imposición del proyecto minero través de la criminalización o procesos jurídicos engorrosos.
En la quinta sección se presentan algunas reflexiones sobre el informe de criminalización de personas defensoras en contextos extractivos, nuevamente se presentan algunos patrones que se repiten en toda la región latinoamericana y se aterriza en el caso Las Naves.
A través de un enfoque metodológico inductivo que prioriza las voces de las comunidades en el territorio, el informe documenta abusos sistemáticos en diversos frentes. Estos incluyen la precarización y violencia extrema en el sistema carcelario, casos de perfilamiento racial y ejecuciones extrajudiciales, y la represión a poblaciones campesinas e indígenas opuestas a proyectos mineros y de monocultivo. Asimismo, se evidencia cómo el histórico abandono estatal ha dejado a territorios vulnerables expuestos tanto a la violencia de grupos del crimen organizado como a la subsecuente respuesta punitiva del Estado.
La misma población esmeraldeña que sufre el racismo y el empobrecimiento estructural desde hace generaciones, se encuentra organizada para defender sus derechos y medios de vida. Entre las principales entidades podemos situar a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE). La UOCE viene sosteniendo por años un trabajo de formación política y agroecología con jóvenes y mujeres cuyos territorios han sido afectados por las camaroneras y las palmicultoras. También nos encontramos a colectivos como Mujeres de Asfalto, organización que integra a mujeres de la provincia que buscan incidir tejiendo espacios de construcción y deconstrucción feminista, en los que los derechos humanos de las mujeres y su implementación sean exigidos desde la incidencia efectiva con herramientas de innovación política y comunitaria.
La minería informal en Buenos Aires opera desde 2017. La extracción ilegal de oro conlleva una compleja organización social en la que están involcurados, de manera asimétrica, peones ecuatorianos, colombianos y venezolanos, bandas criminales y otros grupos encargados del transporte y el procesamiento del oro. Esta actividad se lleva a cabo en la conocida como mina vieja, área concesionada a la empresa australiana Hanrine, una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en Buenos Aires. La minería informal trae consigo también formas de violencia mafiosas que pasan por la extorsión, los asesinatos y amenazas a aquellas personas que disputan las rentas generadas o a las que se oponen directamente a su presencia en Buenos Aires. Además, esta minería tiene efectos destructivos también en el propio tejido comunitario local, debido a que estimula el involucramiento de no pocas familias, quienes les proveen de servicios e insumos. De esta manera, la población queda polarizada alrededor de la minería informal, generándose conflictos que terminan con el grado relativo de cohesión social existente hasta entonces.
Buenos Aires está situada en el norte de la provincia de Imbabura, colindando con Esmeraldas, por detrás del volcán Cotacachi. Existen varias formas de llegar a esta parroquia, a pesar de su difícil acceso. La principal parte de una desviación a la altura del puesto de control de la policía en el KM de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Con todo, también se puede llegar por Urcuquí, la cabecera cantonal, y por caminos no carrozables cruzando los páramos de El Piñan.
La formación de la cabecera parroquial comenzó en 1912, con la llegada de personas procedentes de Cahuasqui que huían de las condiciones de explotación y sometimiento impuesto por el sistema de haciendas. La parroquia se constituye como tal en 1941.
La empresa responsable por el proyecto el Domo es la minera Curimining. Sus accionistas son empresas mineras canadienses. La concesión del proyecto abarca alrededor de las 1500 hectáreas. Curimining planea extraer oro y cobre principalmente. Debido a la cantidad de minerales existentes, la concesión está catalogada bajo el régimen de mediana minería. Este proyecto es considerado uno estratégico por parte de las élites estatales a la hora de apuntalar a la minería como uno de los vectores principales de obtención de divisas, con la tendencia a la caída de las exportaciones petroleras.
Las Naves es un cantón con una producción agrícola campesina increíblemente diversificada. En sus fincas, las familias producen, entre otros, cacao, naranja, verde, banano, café, caña y limón. Además, crían ganado para carne y algunos productores han implementado proyectos turísticos, especialmente en las zonas de bosque, alrededor de cascadas y ríos.
La producción agropecuaria de Las Naves se ve beneficiada también por la relativa disponibilidad de tierras, por la fertilidad de sus suelos y por el clima favorable. Adicionalmente, y a diferencia de otras zonas rurales del país, los jóvenes campesinos de Las Naves tienden a quedarse trabajando con sus familias, dado que, la agricultura aún es un medio de vida que ofrece dignidad y perspectivas de futuro. No obstante, esta diversidad productiva está amenazada por la minería. La instalación del proyecto El Domo trae consigo el alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua del cantón, lo que supondría un duro golpe para la continuidad de los medios de vida de gran parte de su población.
Las Naves es un cantón perteneciente a la provincia de Bolívar, ubicada en la sierra centro del país. Está situado en las faldas occidentales de Los Andes, y cuenta con un clima subtropical, con mucho calor y humedad. El cantón colinda también con la provincia de Los Ríos.
El proyecto minero pretende emplazarse en la zona alta, en una de las montañas más icónicas del cantón, conocida como El Domo. De este lugar nacen diferentes ríos que abastecen de agua a la población para su consumo y para el sostenimiento de la producción agrícola campesina no solo de Las Naves, sino también de Los Ríos.
