Resumen del diagnóstico de la conflictividad socioambiental relacionada con la extracción de recursos naturales: Caso Bolívar

Presentación

El documento que se presenta a continuación es el resumen del diagnóstico de conflictividad socioambiental relacionado con la provincia de Bolívar. El diagnóstico fue elaborado en el marco del proyecto «Apoyo de la UE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales», ejecutado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El insumo fue elaborado por un equipo de personas que integran el Colectivo Geografía Crítica (CGC). El diagnóstico en su versión más amplia contiene información actualizada relacionada con la problemática socioambiental en siete provincias de Ecuador: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Orellana. Por su parte, el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), recogió la información preparada por el CGC, a fin de difundir los problemas socioambientales de Bolívar en su sitio web y en una versión impresa, la cual fue distribuida en las comunidades y los diferentes grupos de interés.

Introducción

El Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) es un espacio de reflexión, en donde se recoge información pública sobre la creciente inmersión en lógicas de expropiación y despojo en Ecuador, principalmente registrados en territorios campesinos, indígenas y populares. Sobre el presente documento, el equipo que integra el OCTE debe mencionar que, en la versión ampliada se tejen varias dimensiones, con el propósito de componer una radiografía provincial que aterrice en los espacios de conflictividad. El diagnóstico permite ver las formas en que el Estado intenta contrarrestar a la población que se manifiesta, mediante la judicialización y criminalización de la protesta utilizando las leyes «antiterroristas y otras leyes relativas a la seguridad del Estado en contra de defensores y defensoras bajo el proteger el bien público». Para ello, se usa tipos penales como ataque o resistencia, paralización de un servicio público, incitación a la discordia entre ciudadanos o terrorismo para criminalizar acciones de defensa de derechos humanos y la naturaleza o la protesta social.

En el documento ampliado se presenta una caracterización socioeconómica básica para reflejar las condiciones de vida de la población. La caracterización permite entender mejor las dificultades cotidianas de comuneras y moradores en general, los desafíos que enfrentan para dar mejores oportunidades a su familias para mantener o mejorar sus medios de vida, o, para acceder a servicios básicos. Así mismo, en el documento ampliado se presentan algunos casos de criminalización, aquellos con mayor visibilidad o importancia. Mientras que, en el presente resumen se intenta transmitir los elementos clave del diagnóstico para la provincia de Bolívar, utilizando para esto la siguiente estructura: caracterización territorial de la provincia; un esbozo de la conflictividad territorial a nivel provincial; criminalización y vulneración de derechos; rol del Estado en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en el territorio; y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.

1. Caracterización territorial de la provincia de Bolívar

Bolívar se ubica en la región sierra centro de Ecuador, y está conformada por 7cantones: Chillanes, Chimbo, San Miguel, Guaranda, Caluma, Las Naves y Echeandía. El principal eje productivo de la provincia es el agrícola y pecuario. En la provincia predomina el minifundio pues el 47% del total de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPAS) tienen menos de 5 hectáreas de extensión, mientras el 2% de las UPAS tiene sobre las 100 hectáreas. La desigualdad en la distribución de la tierra agrava la situación económica, ya que, las pequeñas parcelas están situadas en suelos menos fértiles y de fuerte pendiente. La provincia de Bolívar cuenta con un área de 50.006 hectáreas dedicadas a la producción de cultivos permanentes y cultivos transitorios. Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2018), la provincia aporta, en mayor porcentaje a la producción nacional de maíz suave, con el cultivo de cacao y cítricos en el subtrópico de Bolívar.

De acuerdo al censo nacional de población de 2022, Bolívar tenía 199.078 habitantes. Los cantones más poblados son Guaranda y San Miguel. La mayor parte de habitantes (72%) se asientan en la zona rural, condición que está determinada por algunos factores como la importancia de la producción agrícola que constituye el sustento para la manutención de las familias y las pocas fuentes de trabajo en la cabecera provincial que frena los procesos de migración interna. La mayoría de la población se autoidentifica como mestiza 69,6%; el 25,4% se autoidentifica como indígena; el 2,7% como blanca; el 2,7 como montubia; y, el 1,1 como afro ecuatoriana.

La pobreza afecta a gran parte del territorio de la provincia. Según la Encuesta Nacional de Empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU), en el área urbana la pobreza llegó al 17,2% y la pobreza extrema a 4,3%; mientras que, en el área rural la pobreza alcanzó el 41,8% y la pobreza extrema el 18,7%. En todos los cantones, la situación de pobreza (76,34%) es más alta que la situación definida como no pobreza. En los cantones Las Naves 85,20% y Chillanes 80% se concentra los índices más altos de pobreza. Estos aspectos se reflejan también en las restricciones en el acceso a la salud, la educación y en el déficit de vivienda a nivel provincial.

2. Conflictividad territorial en Bolívar

Los principales conflictos socio ambientales y territoriales en la provincia de Bolívar se relacionan con la presencia de grandes proyectos de desarrollo. En primer lugar, se destaca la construcción del proyecto Hidroeléctrico Hidrotambo S.A. El conflicto inició en el año 2005, en el cantón Chillanes, en este año las comunidades denunciaron impactos en los caudales y el curso natural del río Dulcepamba. En 2015, la comunidad de San Pablo de Amalí denunció el desvió del río, lo cual generó una inundación que arrasó con 12 casas y acabó con la vida de tres personas. Las comunidades alegaron que la hidroeléctrica acapara toda el agua y que esto ponía en riesgo el aprovechamiento para consumo humano, la soberanía alimentaria y para garantizar el caudal ecológico del río. El proyecto está en fase de construcción y amenaza los medios de vida, lugares sagrados, de recreación y al ambiente.

El acaparamiento de agua , con el permiso estatal, enfrentó a la empresa con las comunidades cercanas al río. En este contexto, un acontecimiento que marcó a las familias de estas localidades, y en específico a San Pablo de Amalí, fue la criminalización y las acusaciones de “terrorismo” por parte de Hidrotambo S.A. y de la policía nacional a personas defensoras del agua y los territorios. No obstante, el punto máximo de estas inculpaciones fue la apertura de un proceso legal y una sentencia en contra de dos personas por “terrorismo organizado”. Por otro lado, la empresa Hidrotambo S.A. fue construida sin realizar la consulta ambiental a las comunidades de la zona, así como lo exige la normativa. Como ya se mencionó, tiene un aprovechamiento de agua, concedido en su momento por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y este es mayor al que puede ofrecer el río Dulcepamba. Lo anteriormente descrito, deja a las poblaciones de las áreas aledañas al río sin acceso a agua para consumo humano, ni siquiera para solventar las actividades agrícolas que son su principal medio de vida.

En cuanto a la minería, en Bolívar se establecieron 79 autorizaciones mineras. Casi el31% de su territorio está concesionado a la minería metálica. Según el GAD provincial,la extensión de estas concesiones es de 1.214,42 km². Las empresas mineras con mayorpresencia en la provincia operan, sobre todo, en los cantones Guaranda, Chillanes, Las Naves y Caluma. Las compañías son Curimining S.A. (Guaranda y Las Naves), Valle RicoResources VVR S.A. (Guaranda y Caluma), Ecuador Fortescue S.A (Chillanes), y OdinMining del Ecuador S.A. (parroquias rurales de Guaranda).

El caso del cantón Las Naves es llamativo, ahí la empresa Curimining S.A. pretende instalar el proyecto Curipamba – El Domo. La minera de origen ecuatoriano, es financiada por capitales canadienses. En el proyecto también participan las empresas Adventus Mining Corporation y Salazar Resources Limited. Actualmente se encuentra en una fase de exploración avanzada concluida. En enero de 2024 obtuvo la licencia ambiental otorgada por el MAATE para la construcción de la mina. De instalarse el proyecto, sería la tercera operación minera industrial en Ecuador.

La extensión de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Curiminig S.A. abarca a sectores poblados y a zonas de cultivo de todo el cantón Las Naves, así como a sectores aledaños como Echeandía y parroquias rurales vecinas que pertenecen al cantón Guaranda como Salinas y San Luis de Pambil. La empresa Curimining S.A. es la la titular de 7 autorizaciones mineras, el área que contiene las 7 concesiones es de12.000 hectáreas aproximadamente, de un total de 15.990 hectáreas que conforman elcantón. No obstante, la empresa invisibiliza a las comunidades y recintos de Las Naves,y sostiene que los lugares en que opera son áreas no pobladas. Habitantes de Las Naves manifestaron que la existencia de este proyecto minero en elcantón perjudicaría a la actividad agrícola de tres provincias: Bolívar, Guayas y LosRíos. Actualmente, la agricultura permite tener una vida digna para cada comunidad.Entre los recintos que sufrirían mayor afectación por la presencia de la minería en elcantón se encuentran: Jerusalén, Bellavista, Buenos Aires, La Unión, Voluntad de Dios,Selva Alegre, Panecillo, y otros cercanos al yacimiento.

La presencia del proyecto minero “Curipamba” El Domo afecta principalmente apoblaciones campesinas y montubias, entre las que se encuentran mujeres, niñas y niños, adolescentes, adultas y adultos mayores, y a colectivos enteros de trabajadoras y trabajadores que viven de la agricultura. En este sentido, habitantes del cantón Las Naves manifestaron que la existencia minería, perjudicaría a la actividad agrícola de almenos tres provincias: Bolívar, Guayas y Los Ríos, la cual permite disfrutar de una vida digna a sus comunidades. De acuerdo con lo dicho por una persona entrevistada en Las Naves, los recintos que recibirían mayores afectaciones son: Jerusalén, Bellavista, Buenos Aires, La Unión, Voluntad de Dios, Selva Alegre, Panecillo, y otros cecanos al yacimiento El Domo, lugar donde se construirá la mina del proyecto.

3. Criminalización y vulneración de derechos en Bolívar

Desde 2005 se presentaron enfrentamientos entre Hidrotambo, las comunidades cercanas al río Dulcepamba y la policía nacional. Como se mencionó previamente, una estrategia de la compañía para desarticular la organización de las familias, especialmente de aquellas ubicadas en San Pablo de Amalí, fue acusar a dos personas que lideraban a la comunidad en la defensa del agua y el territorio de “terrorismo”. Las acusaciones de la compañía y la policía nacional, se tejieron alrededor de supuestas agresiones en contra de varios policías en agosto de 2012. Los agentes argumentaron enfrentarse contra integrantes de las localidades cercanas al proyecto hidroeléctrico, para proteger a los trabajadores y a la maquinaria de la empresa de ataques. También se acusó a estas personas de liderar la destrucción de un patrullero de la PolicíaNacional. Finalmente, los hechos no fueron comprobados y en enero de 2016 las dos personas fueron declaradas inocentes del cargo de “terrorismo organizado”.

En el caso de Las Naves, desde el 2006, las personas que habitan en el cantón, se organizaron para proteger el agua y el ambiente frente a las decisiones gubernamentales de autorizar concesiones mineras en la mayoría de su territorio. Desde el 2008 hasta la actualidad, debido a los procesos organizativos, varias personas de Las Naves fueron criminalizadas y viven una persecución constante. En este sentido, desde hace varios años se registran procesos legales en contra de campesinos por ejercer su legítimo derecho a la resistencia frente a la presencia de la minería. En ciertos casos, una misma persona afronta varias acusaciones. Por ejemplo, existe un juicio por violación a la propiedad privada, en el cual se encuentran procesadas tres personas de Las Naves.

La criminalización de personas en Las Naves también se desató con la emisión del Decreto No 754 y la aplicación de la consulta ambiental. El 14 de julio de 2023, durante la consulta ambiental y en medio de expresiones de rechazo de la población del cantón frente al Decreto, varias personas fueron heridas y dos detenidas. Al respecto, una de las dos personas arrestadas, informó que fue agredida durante su detención, y se registraron varias irregularidades que violaron las garantías de acceso a la justicia.

4. Rol. del Estado en la legitimación de las actividades extractivas en Bolívar

En el cantón Chillanes, las instituciones públicas brindaron todas las facilidades para la ejecución del proyecto hidroeléctrico, se destaca el papel de la Policía Nacional y la gobernación de Bolívar que desarrollaron estrategias para la legitimación de las actividades extractivistas. La gobernación considera a este tipo de proyectos como programas de interés de la administración nacional y desplegó lo que define como “alertas de conflictividad” frente a la resistencia en Chillanes, y en las parroquias Balsapamba y Telimbela. Como estrategias frente a estas alertas, estableció la intervención de la fuerza pública en los espacios de conflicto, y ejecutó “socializaciones”, así como mesas de trabajo con las poblaciones y con los GAD locales.

En el caso Las Naves, la empresa Curimining S. A. utilizó diferentes medios paralegitimar sus operaciones, que se muestran como beneficios para las familias del cantón, generando división en la población. Entre las estrategias de legitimación de laempresa se encuentran la entrega de equipamientos médicos a centros de salud, ofrecimientos de plazas de empleo local, la entrega de becas a través de concursos realizados en unidades educativas de Las Naves, y visitas de unidades educativas locales a las instalaciones de la empresa. Además, la empresa logró la división de la población, generando una polarización interna con respecto a la presencia del proyecto minero y se estableció la presencia de grupos “anti mineros” y “pro mineros”o “pro desarrollo”.

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) es una institución que, a pesar de no tener una dependencia en el cantón Las Naves es laentidad encargada de ejecutar la consulta ambiental. En este sentido, familias del cantón denunciaron irregularidades en la realización de este proceso, entre otras, se tiene el considerar únicamente a 6 de los 17 recintos o sectores del cantón en los pasos que contempla la consulta. Así mismo, en julio de 2024 e MAATE inició el procedimiento para la reversión de la autorización de agua para consumo que fue otorgada por esta misma cartera de Estado en mayo de 2023 a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Las Naves. Con esta decisión se despojaría de agua a más de dos mil personas que habitan las comunidades Jerusalén, Buenos Aires y Bellavista. Precisamente, en julio de 2024 el MAATE inició el procedimiento para la reversión de la autorización de agua para consumo, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Las Naves.

Por su parte, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) tuvo un rol en este proceso, pues, el 28 de junio de 2024 hizo una inspección de oficio al punto de captación y obras del sistema. Al respecto, se advierte que solo los funcionarios de la empresa minera Curimining participaron en el proceso de control. Se dejó por fuera al personal del GAD y a los beneficiarios de la obra. Posteriormente, el 5 de julio de 2024 la misma agencia notificó que el Municipio no estaría haciendo uso del caudal autorizado. Advirtió de una posible sanción administrativa dirigida a la Junta de Agua Potable por ejecutar obras de construcción de un sistema sin autorización. Finalmente, ARCA recomendó al MAATE iniciar el procedimiento de reversión.

El 16 de julio de 2024 el GAD Municipal fue notificado con el inicio del procedimiento de reversión de la autorización de agua para consumo. Paralelamente, ARCA convocó a una audiencia para el 23 de julio de 2024, mismo día en que se desarrolló la audiencia de Acción de Protección instaurada por los comuneros y comuneras de Las Naves. Esto no fue una coincidencia, el objetivo era claro, eliminar la autorización de agua y así restar la fuerza argumentativa de la acción de protección, a la vez que se intentaba justificar la exclusión de las comunidades Buenos Aires y Bellavista de participar en la consulta ambiental.

El día 22 de julio de 2024, representantes de las comunidades rurales de Buenos Aires, Bellavista y Jerusalén del cantón Las Naves, acompañados por organizaciones de derechos humanos, dieron una rueda de prensa y realizaron un plantón en los exteriores del MAATE para exigir ser escuchados por las autoridades. Fueron recibidos por el personal del MAATE que se comprometieron a diferir la audiencia que estaba convocada el 23 de julio en Guayaquil para dar inicio al proceso de reversión a la autorización de agua.

Como se mencionó previamente, la decisión del MAATE de iniciar el proceso de reversión de la autorización sin causa legal, pone en riesgo el derecho al acceso al agua de al menos dos mil personas. Estos derechos están consagrados en el artículo 12 de la Constitución de la República: el agua es un derecho humano fundamental de uso público, el agua para consumo humano está en el primer lugar del orden de prelación constitucional, que el MAATE no debería limitar el acceso al agua para consumo humano, peor aun cuando el solicitante es la autoridad seccional con la competencia constitucional.

Finalmente, en este caso se observa la diversificación de estrategias para lograr losobjetivos planteados. También se advierte un uso indebido del poder de lasinstituciones del Estado para cumplir con un “requisito” que, dicho sea de paso,cuenta con aprobación implícita desde el primer momento: el permiso ambiental.Desde hace muchos años el MAATE es una institución sin autonomía, cuyosfuncionarios se alinean con el poder y los intereses de turno. Después de lanotificación del MAATE cientos de familias se encuentran en riesgo, podrían perder elacceso al agua para consumo humano. Además, las familias se enfrentan a laincertidumbre que plantea la imposición de un proyecto minero en su territorio.

A esto se suma que, el 24 de julio 2024, un juez rechazó la acción de protección planteada por las comunidades contra el MAATE, para evitar el avance del proyecto minero El Domo por lo que, la empresa Curimining, antendrá la licencia ambiental para construir una mina de cobre a mediana escala, tras el fallo judicial. El 29 julio, habitantes de Las Naves interpusieron un recurso de apelación ante decisión de juez, demostrando la interferencia de la empresa minera en el proceso de consulta ambiental y la falta de procedimiento que respete la interculturalidad de las poblaciones campesinas a las cuales se les exigió justificaciones técnicas complejas para ser considerados como sujetos consultados.

5. Conclusiones

Históricamente, Bolívar se caracteriza por tener una vocación agrícola y ganadera, sin embargo, esta condición va cambiando debido a la presencia de actividades extractivas. Los conflictos socioambientales en la provincia están relacionados con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Hidrotambo y la presencia de la mineríametálica a mediana escala. Estas actividades están generando significativos impactos a nivel socio ambiental. Desde el 2005, el caso del proyecto hidroeléctrico San José del Tambo regido por la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. perjudicó a las comunidades que habiaban en la cuenca del río Dulcepamba. Especialmente, aquellas ubicadas en el área subtropical del cantón Chillanes y en la parroquia San José del Tambo. Entre los daños causados por esta empresa se encuentran el acaparamiento de agua; iniciar la construcción y el funcionamiento del proyecto sin la consulta a las comunidades de la zona; así como, las inundaciones registradas en San Pablo de Amalí, ocasionada por los desvíos provocados en los cauces del río. La tragedia dejó víctimas humanas, pérdidas materiales e impactos en las vidas de las personas que habitan el territorio.

En el caso de la minería metálica, esta se concentra en el cantón Las Naves, aunque también se registra la actividad minera en el cantón Chillanes. La explotación amenaza a estos territorios con grandes daños ambientales, afectaciones en los modos de vida y subsistencia de las poblaciones, profundización de los conflictos socioambientales. En el caso del proyecto minero Curipamba, este se encuentra en la fase de exploración, sin embargo, ya se evidencian impactos debido al retiro dela vegetación en los taludes de las vías y la toma de muestras de sedimento fluvial. Sin embargo, el daño más grave es la fragmentación del tejido social al interior de los diferentes recintos y sectores, lo que poco a poco podría generar polarización al interior de la población local.