Algunos datos sobre el cantón Las Naves

Las Naves es un cantón ubicado en el subtrópico de la provincia de Bolívar, caracterizado por tener una vocación agrícola, en donde se producen una gran variedad de alimentos como cítricos, café, cacao, arroz, maracuyá, banano, yuca, pitahaya, papaya, papa. Las familias naveñas se identifican como mestizas y montubias, la gran mayoría se dedican a las labores del agro, a la ganadería y el comercio.

En Las Naves y las zonas aledañas existe un patrimonio cultural significativo, dada la presencia de grupos humanos asentados desde el período pre incásico, esto se manifiesta en grupos de petroglifos y monolitos terciarios ubicados en distintas localidades. Esta zona del país tiene gran potencial turístico, pues, sus ecosistemas subtropicales están bañados por microcuencas y cuencas de gran importancia ambiental.

Desde el año 2006, el cantón Las Naves enfrenta conflictos socioambientales derivados de la decisión estatal de concesionar el 80% de su territorio para el desarrollo del Proyecto de minería Curipamba Sur₁, cuya concesionaria es la compañía canadiense Curimining S.A. En el mapa 1 se observa la distribución de los títulos mineros en el territorio, estos abarcan siete concesiones, distribuidas geográficamente sobre cuatro cantones: Las Naves, Echandía y Guaranda (parroquia San Luis de Pambil) de la provincia de Bolívar y Ventanas (parroquia Zapotal) de la provincia de Los Ríos. El principal problema radica en que, los habitantes de estos cantones nunca fueron consultados respecto a la decisión estatal de concesionar su territorio para la actividad minera.

Después de la emisión del Decreto Ejecutivo No 754, a mediados de junio de 2023 inició oficialmente el proceso de consulta ambiental en Las Naves. En julio de 2023 personal del antiguo MAATE encabezó el proceso en territorio. En términos generales, no se die¬ron las garantías para la participación ciudadana, en su defecto se presentaron barreras de acceso a la información, intimidando a la po¬blación. Al igual que en el caso de Las Pampas y Palo Quemado, en este territorio se presentaron agentes del orden para reprimir -con mucha violencia- a la población local, utilizando gases la-crimógenos y balas de goma. Producto de este enfrentamiento trece personas resultaron heridas, dos personas fueron detenidas y acusadas del supuesto delito de destrucción de un bien público.

A pesar de la oposición de la población, el proceso administrativo avanzó y la concesión Las Naves El Domo fue autorizada en enero de 2024 para continuar hacia la fase de explotación a cielo abierto y beneficio. Finalmente, en enero de 2025, inició la fase de construcción de la mina previa a la explotación.

Ubicación de la concesión Curipamba El Domo y las afectaciones que tendrían las fuentes de agua

La concesión se ubica en la zona alta del cantón Las Naves. En este sitio se encuentra el cerro Piedra Negra, rebautizado por la compañía Curimining como El Domo. Esta es una zona en donde existen remanentes de Bosque Siempre Verde Piemontano de la Cordillera Occidental de los Andes. De acuerdo al Plan Nacional de Recursos Hídricos del 2021 elaborado por el antiguo Ministerio de Ambiente y Agua, la zona alta del cantón Las Naves es catalogada como una Zona de Alta y Muy Alta Importancia Hídrica con un promedio anual de 2.481,5 mm.

Adicionalmente, las nacientes de las principales fuentes hídricas que abastecen de agua a Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal se ubican en el cerro Piedra Negra. Allí se encuentran varias quebradas perennes, entre ellas, la quebrada El Silencio y la quebrada Naves Chico de las que, aguas abajo, nacen los ríos Naves Chico, Naves Medio y Naves Grande, que luego dan origen a los ríos Suquibí, Oncebí y río Ventanas. Este sistema hídrico pertenece a la subcuenca del río Babahoyo y cuenca del río Guayas. Sobre las quebrada Naves Chico y quebrada El Silencio, el MAATE autorizó la construcción del tajo de la mina y de la piscina con lodos de relaves.

El desarrollo de actividades mineras podría afectar gravemente el ecosistema, especialmente la cobertura vegetal de las zonas de remanentes de bosque ubicados en el cerro Piedra Negra, lugar esencial para el desarrollo del ciclo hidrológico del agua. La zona empezó a ser talada a partir de enero de 2025. En un reportaje realizado por la cadena Ecuavisa presentada el 14 de julio de 2025 por la periodista Odett Camacho, se observa la devastación ambiental registrada en el cerro Piedra Negra hasta ese momento.

El florecimiento de la economía en el cantón Las Naves y sus territorios vecinos

Por otro lado, durante el segundo semestre de 2024 la asociación internacional Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) realizó una investigación agroeconómica en el sector. En dicho informe se concluye que la agricultura familiar campesina que se realiza en Las Naves es de pequeña escala, de producción diversificada -cultivos asociados- y adaptada a las condiciones agroecológicas de cada zona, con ganadería y cultivos perennes dominando las zonas media y baja, mientras que en la parte alta predominan los cultivos de ciclo largo y la ganadería menos intensiva; que para la producción se incorporan prácticas sostenibles, que recurre principalmente al trabajo familiar, que permite el autoconsumo y autosuficiencia y que su comercialización se realiza, principalmente, en mercados locales.

En Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal se desarrolló toda una economía local que gira en torno a la agricultura. Las familias campesinas, propietarias de la tierra que producen, con el paso del tiempo se organizaron y constituyeron asociaciones de productores. A su vez, esto generó la necesidad de que existan instituciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS), las cuales garantizan el acceso a servicios financieros, créditos, préstamos agrícolas. Particularmente, el cacao se comercializa en mercados internacionales a través de asociaciones de productores, cuyo principal centro de acopio se encuentra en Zapotal. Estos productos cuentan con la certificación de calidad otorgada por Rainforest Alliance.

Por supuesto, el desarrollo de actividades mineras podría ocasionar la pérdida de la certificación y la posibilidad de mantener esta importante actividad económica. De acuerdo con datos publicados en el Boletín Analítico Trimestral de Comercio Exterior elaborado por el Banco Central del Ecuador, el cacao y los productos elaborados tuvieron un buen año de exportaciones. Por ejemplo, en el último trimestre de 2025 se alcanzaron 1.334,9 millones de dólares en exportaciones, superando al último trimestre de 2024, cuando se obtuvieron 756 millones de dólares en exportaciones.

El acceso al agua como un derecho humano: el sistema de agua en el cantón Las Naves

Antes de profundizar en la afectación sufrida por las familias campesinas del cantón Las Naves por la actividad minera, es preciso mencionar que, el acceso al agua es un derecho humano que debe ser garantizado por los Estados, a pesar de ello, en Las Naves el 55.8% de la población rural no tenga acceso a agua.

Considerando la falta de acceso a agua para consumo humano, el GAD Municipal de Las Naves solicitó en 2018 la autorización de uso de agua para consumo humano, la cual fue concedida en mayo de 2019. En septiembre de 2023 el GAD de Las Naves suscribió un Convenio de Cooperación con las comunidades Jerusalén y Buenos Aires para la construcción del sistema de agua.

Después de obtener los permisos de ley, habitantes de Jerusalén y Buenos Aires se dedicaron a la construcción del sistema de agua para sus comunidades. La construcción no fue algo espontáneo, respondía a la consolidación del diálogo, los acuerdos, la organización, del fortalecimiento de los tejidos comunitarios, del trabajo cotidiano de personas campesinas que asumieron un compromiso y un reto para abastecerse de agua, mientras, intentan proteger su territorio del embate minero.

El sistema empezó a funcionar, pero a inicios de marzo de 2025 se registraron los primeros problemas provocados por la deforestación de árboles nativos, el retiro de material vegetal de la montaña y las detonaciones registradas en la parte alta del cerro. Como resultado, el agua de consumo humano se contaminó con lodo y las personas nuevamente no tuvieron acceso a agua segura.

En junio de 2025, el conflicto se reactivó debido a que Curimining empezó a utilizar una de las vías comunitarias que comunica al recinto La Unión con el cantón Las Naves. Grandes volquetas y otros vehículos empezaron a circular por el sector a pesar de no contar con el consentimiento para su uso. Las familias campesinas iniciaron un proceso de organización para evitar el uso de la vía. El Estado intervino a favor de la minera desplegando a sus agentes policiales y militares en el territorio. A pesar de la evidente diferencia de poder entre la comunidad y la Policía Nacional, se intentó retratar a las personas defensoras como violentas y opuestas al desarrollo. De hecho, en julio de 2025 se abrió un proceso de investigación previa en contra de cuatro personas.

Ataque a persona defensora del cantón Las Naves

Antes de concluir el recorrido por el caso Las Naves, es importante visibilizar la amenaza que sufrió uno de los rostros más visibles de la protección del territorio. A finales de julio de 2025 esta persona fue amedrentada y perseguida por una camioneta, presuntamente utilizada por funcionarios de Curimining. De acuerdo con el testimonio de la persona defensora, el vehículo lo persiguió por una de las vías de segundo orden mientras se trasladaba en una motocicleta. Al percatarse de la amenaza logró evadir al vehículo y sus ocupantes. El testimonio a continuación pone en evidencia como la vida de las personas defensoras en el país está en riesgo. Paralelamente, el Estado permanece ausente y parcializado, sin ofrecer garantías a sus poblaciones campesinas.

[…] Los riesgos los tenemos latentes […] yo ya no estoy saliendo hacia Las Naves […]… una camioneta blanca, que siempre utiliza la minera, sin placas, vidrios poralizados, me lanzó el carro, pero no logró alcanzarme […] más bien hemos tomado la medida de seguridad de no salir […] ese día fui a […] llenar combustible en mi moto […] uno está en el ojo del huracán […] somos un peligro para el interés económico para la minera, incluso para el gobierno que está involucrado en el tema […]
(Testimonio de una persona campesina que vive en el cantón Las Naves, julio 2025)

Nota al pie:

₁ En el cerro Piedra Negra o también conocido como El Domo se encuentra un importan¬te yacimiento de metales de interés comercial como Oro (Au) y Cobre (Cu), así como importantes fuentes de Zinc (Zn), Plomo (Pb), Plata (Ag).

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan la criminalización y vulneración de derechos de personas defensoras en el cantón Las Naves

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La reforma a la consulta ambiental durante el gobierno de Guillermo Lasso

El Decreto Ejecutivo No. 754 fue emitido en mayo de 2023 durante la presidencia de Guillermo Lasso. A través del decreto Lasso pretendía reformar el Reglamento del Código del Ambiente, que normaba la participación ciudadana en la consulta ambiental. En última instancia, el Decreto daba paso a que el extinto Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) inicie con el proceso de consulta ambiental en territorios que no necesariamente apoyaban la actividad minera.

La emisión del Decreto Ejecutivo No. 754 no pasó desapercibida, los sectores sociales se organizaron y el 13 de junio de 2023 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), instaló una demanda de inconstitucionalidad frente al Decreto. No obstante, el 19 de junio del 2023 el antiguo MAATE oficialmente inició el proceso de consulta ambiental en Las Naves y el 10 de julio funcionarios del MAATE ingresan al cantón para iniciar un proceso bastante irregular; pues, no se dieron las garantías para la participación ciudadana. En ese momento el MAATE permitió la participación de solo 7 de las 10 comunidades que serían afectadas por la instalación del proyecto minero, lo que implica una primera irregularidad.

Otro aspecto que llamó la atención fue la militarización del territorio, así como la presencia masiva de miembros de la Policía Nacional, destacando entre ellos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). A lo anteriormente descrito, se adhiere el hecho de que, los funcionarios del MAATE se instalaron en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y desde ahí pretendían informar a la población sobre el proyecto minero Curipamba. La estrategia perseguía un solo objetivo, establecer una barrera de acceso a la información a través de la intimidación de la población.

Durante toda la semana el ambiente en Las Naves fue tenso. Finalmente, el 14 de julio de 2023 los agentes de la Policía Nacional -en evidente desigualdad de fuerzas- reprimieron a la población con gases lacrimógenos y balas de goma. Producto de este enfrentamiento
trece personas fueron heridas y dos personas fueron detenidas. Estas personas fueron víctimas de criminalización por defender su territorio, esto a pesar de que les asistía el derecho legítimo y constitucional de resistencia.

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CIVICUS define el espacio cívico como el entorno necesario para que la sociedad civil exista, crezca y contribuya. Naciones Unidas hace referencia a su importancia, pues, “propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social […] permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones” (Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, s/f).

Los gobiernos pueden optar por abrir o cerrar los espacios cívicos a través de la creación de marcos jurídicos y política pública. En este sentido, existe una “relación directa entre el grado de apertura del espacio cívico, y el estado de las democracias. Aunque se trata de conceptos diferenciados […] son fenómenos que se desarrollan en paralelo porque se implican mutuamente: a mayor apertura del espacio cívico, mayor calidad democrática; a mayor calidad democrática, mayor apertura del espacio cívico” (Barahona, 2026).

El panorama regional es claro, los últimos informes de CIVICUS, Amnistía Internacional, HRW y otras organizaciones que monitorean el clima del espacio cívico apuntan a un deterioro constante de las condiciones en América Latina. En los últimos años se observa el mismo patrón en algunos países de la región, en donde se utilizan “tácticas represivas (de protestas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos), incluyendo el cierre y acoso de organizaciones civiles, desapariciones forzadas y leyes restrictivas, además de un clima de impunidad generalizado” (Barahona, 2026).

Sobre los mecanismos utilizados para cerrar el espacio cívico siguen vigentes la estigmatización, acoso, ataques, inclusive ejecuciones extrajudiciales, criminalización y procesos judiciales extenuantes para las personas defensoras y las organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza que los acompañan. A lo anteriormente descrito se adhiere una capa de complejidad con el surgimiento de “los métodos jurídicos (leyes restrictivas, acciones judiciales abusivas para penalizar o desincentivar la labor de denuncia de la sociedad civil, trabas administrativas y burocráticas, y sanciones, restricciones financieras) y los métodos tecnológicos (vigilancia, doxing₁, campañas coordinadas de odio para deslegitimar o criminalizar) (Barahona, 2026).

En 2026 el cierre del espacio cívico en Ecuador fue objeto de alertas sostenidas por parte de organismos internacionales. En marzo de 2026 CIVICUS ratificó lo dicho por otras organizaciones sobre la acelerada degradación de los derechos humanos, caracterizada por el cierre del espacio cívico, la criminalización de personas defensoras, el uso de demandas estratégicas contra la participación y la represión violenta de la protesta social. Como veremos en el contexto nacional, este escenario se agravó gracias a la utilización de Estados de Excepción (EE) y declaraciones de conflicto armado interno. Acciones que con el paso del tiempo debilitaron el Estado de derecho y la independencia judicial.

CIVICUS desarrolló una herramienta de investigación interactiva denominada CIVICUS Monitor, cuyo propósito es proporcionar datos casi en tiempo real sobre el estado de la sociedad civil y de las libertades cívicas en 196 países. De acuerdo con información consultada en su sitio web, los datos clasifican el espacio cívico de un país bajo cinco categorías: cerrado, represivo, obstruido, estrecho o abierto.

En marzo de 2026 CIVICUS clasificó a Ecuador nuevamente como un espacio cívico “obstruido”. Desde el 2020 Ecuador se mantiene bajo esta clasificación, generalmente “esta calificación […] se asigna a países donde el espacio cívico está fuertemente atacado por quienes detentan el poder, quienes imponen una combinación de imposiciones legales y prácticas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales” (CIVICUS, 2026). Actualmente Ecuador se encuentra en la lista de vigilancia de CIVICUS por deterioro de derechos humanos y represión de la sociedad civil.

La clasificación responde a tres causas principales, en primer lugar, se encuentra el uso de la fuerza letal y excesiva durante las protestas pacíficas; en segundo orden la presión ejercida sobre personas defensoras, periodistas y medios de comunicación en medio de la pérdida de independencia judicial; y, los permanentes Estados de Excepción, leyes restrictivas y bloqueo arbitrario de cuentas bancarias de personas y organizaciones opositoras al régimen (CIVICUS, 2026).

Este retroceso también fue documentado por Amnistía Internacional, cuyo informe regional de 2026 advierte sobre la expansión de marcos normativos restrictivos hacia las organizaciones sociales, que generan autocensura, debilitan la participación y erosionan el tejido social. En la misma línea, Human Rights Watch señaló que la respuesta estatal a la crisis de seguridad derivó en violaciones graves de derechos humanos, incluyendo afectaciones a las garantías constitucionales.

Finalmente, en el informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2026 de CIVICUS, se alerta sobre el avance global de políticas autoritarias, la expansión de la vigilancia y el debilitamiento de los marcos democráticos, afectando de manera desproporcionada a quienes defienden derechos humanos. Específicamente en el caso ecuatoriano, estos elementos configuran un patrón estructural de restricción del espacio cívico, donde el discurso de seguridad y control se traduce en prácticas que limitan la participación, el escrutinio público y el ejercicio de derechos fundamentales.

En el documento de trabajo “La sociedad civil ante el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe: entre la resistencia y la resiliencia” publicado a inicios de 2026, se presenta una reflexión sobre los métodos utilizados para cerrar el espacio cívico y la forma en que desincentiva la defensa de los derechos: “los efectos del cierre de espacios trasciendan a la sociedad civil organizada y pueden acabar afectando al conjunto de la sociedad […] son una fuente clara del deterioro de la democracia, menguan la capacidad de autoorganización y la articulación entre actores sociales para su implicación colectiva en los asuntos que les competen” (Barahona, 2026).

Con relación a este último punto, es importante mencionar que, a partir de la emisión de la Ley de Transparencia y su reglamento en Ecuador, las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en un momento complejo, pues, la defensa de derechos de personas defensoras vinculados a extractivismo mineros podría representar el cierre de las organizaciones. Tal es el caso de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización que patrocina jurídica y comunicacionalmente a un grupo de más de cuatrocientas personas pertenecientes a Las Naves, San Luis de Pambil y Ventanas en una demanda de Acción de Protección en contra del Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos de la naturaleza del ecosistema Piedra Negra y de sus derechos humanos.

CEDHU enfrentó los primeros efectos del cierre del espacio cívico, entre otros se puede mencionar el aislamiento de las organizaciones sociales a nivel nacional. En la práctica, en contadas excepciones las organizaciones replican en sus redes sociales las iniciativas comunicacionales propuestas por CEDHU. La “autorregulación” y “autocensura” observada entre la gran mayoría de organizaciones nacionales responde a la aplicación del reglamento de la ley de transparencia social. El riesgo de sufrir sanciones como los bloqueos de cuentas, la dificultad de recibir fondos de cooperación internacional y los riesgos del cierre de la personería jurídica son elementos difíciles de ignorar.

Como veremos en la sección de contexto nacional, la construcción del andamiaje legal para impulsar el extractivismo minero en el país tuvo una gran eficacia para neutralizar a todo el ecosistema de organizaciones sociales en Ecuador. Retomando el hilo conductor del espacio cívico, pensado como un conjunto de condiciones legales, políticas y sociales que permiten a la sociedad civil organizarse y participar libremente, se concluye que, Ecuador es un país en donde el espacio cívico es prácticamente inexistente.

Nota al pie:

₁ De acuerdo con Kaspersky, doxeo es la práctica maliciosa de recopilar y publicar información privada de una persona o empresa en internet sin su consentimiento. Su objetivo suele ser intimidar, extorsionar o acosar a la víctima, exponiendo datos como direcciones, teléfonos, documentos o fotografías personales.

Lista de referencias:

Barahona, Rodrigo. 2026. La sociedad civil ante el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe: entre la resistencia y la resiliencia. DT 109. Madrid: Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2026/01/DT109.pdf

CIVICUS. 2026. Informe sobre el estado de la sociedad civil 2026. https://publications.civicus.org/es/publications/informe-sobre-el-estado-de-la-sociedad-civil-2026/

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). s/f. Proteger y ampliar el espacio cívico de la Sociedad Civil ¿Qué es el espacio cívico? https://www.ohchr.org/es/civic-space

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una introducción acercamiento al extractivismo minero en Ecuador y su auge internacional

Fotografía compartida por Alberto Acosta, 2026.

La entrada Reducción del espacio cívico y la democracia en la región Latinoamericana se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

De acuerdo con información disponible en el tercer informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas elaborado por CIDH, en 2025 persistían los patrones de violencia, criminalización e impunidad como amenazas sistemáticas a la labor de quienes defienden derechos. En este mismo documento se mencionó que los desafíos para la región todavía son profundos, especialmente si se considera que muchos Estados no han implementado políticas integrales para proteger a las personas defensoras.

En este sentido, una de las principales preocupaciones que recoge la CIDH es la falta de investigación y sanción a los agresores, ya sean personas, empresas u otro tipo de actores presentes en los territorios. La CIDH advierte que la impunidad se mantiene como una causa estructural de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y que no basta con declarar su protección, sino que es imprescindible contar con mecanismos estatales robustos, efectivos y sostenidos en el tiempo.

En su tercer informe, la CIDH se refiere al gran número de solicitudes de medidas cautelares1 presentadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por personas o grupos de personas que enfrentaron graves riesgos durante el 2025. La Comisión informó que recibió 1969 solicitudes y aclaró que:

[…] ese número representa un incremento de 557 solicitudes más que las recibidas en el año anterior, casi el 40%. Se trata de un número récord de solicitudes de medidas cautelares recibidas […] en 2025, las solicitudes aumentaron aproximadamente un 66% en comparación con el volumen medio anual observado entre 2020 y 2024 […] (CIDH, 2026).

Durante el último año la CIDH observó un aumento general en las solicitudes recibidas, aunque, El Salvador tuvo el mayor incremento con el 208,3%, seguido por Cuba 166,6% y Argentina con 113,4%. A pesar de que estos tres países lideraron el crecimiento en términos porcentuales, también se observó incrementos significativos en Brasil, Venezuela, así como en Estados Unidos y Guatemala (CIDH, 2026).

La CIDH también apuntó hacia la necesidad de incorporar un enfoque interseccional en las políticas de prevención y respuesta, lo que implica reconocer que los riesgos no afectan a todas las personas defensoras por igual, sino que se agravan en la convergencia de condiciones como el género, la pertenencia étnica o racial, la orientación sexual, el territorio o la situación socioeconómica. Las mujeres defensoras, las personas indígenas, afrodescendientes y quienes defienden derechos en contextos rurales o extractivos son ejemplo de esta realidad, pues, enfrentan formas muy específicas de violencia.

Como se mencionó previamente, el verdadero reto a nivel regional radica en el fortalecimiento de las políticas públicas de protección, así como de la consolidación de mecanismos nacionales e internacionales para garantizar que las personas defensoras no sean expuestas a la violencia estructural; y, que, en el mejor de los casos, los sistemas de justicia no estén cooptados para que la impunidad deje de ser la norma.

En cuanto al número de personas defensoras asesinadas a nivel regional en 2024, FLD advirtió que América Latina concentró cerca del 80% de los casos a nivel mundial, con al menos 257 asesinatos registrados. Esta tendencia no es reciente, de hecho, Global Witness informó que, desde 2012 se reportaron más de 2.200 asesinatos en el mundo. Lamentablemente, países de la región latinoamericana encabezan la lista. Así mismo, se informó que, los asesinatos -habitualmente- ocurrían en medio de economías extractivas, expansión de grupos de delincuencia organizada y disputas por el territorio.

Por su parte, Global Witness informó que Colombia tenía la cifra más alta del continente con 48 personas asesinadas; seguida por Guatemala con 20 asesinatos, muchos vinculados a conflictos territoriales y a la persecución de líderes comunitarios (Manzoor, 2025). En México se documentó 18 asesinatos relacionados principalmente con disputas por el control de recursos naturales y la presencia de economías criminales. En Brasil fueron asesinadas 12 personas defensoras en un contexto marcado por presiones sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Finalmente, en el último informe de Amnistía Internacional, en Perú se reportó al menos dos asesinatos de defensores indígenas y territoriales (Amnistía Internacional, 2026).

El Salvador, es un caso muy particular, pues, el modelo represivo impulsado por Nayib Bukele desde 2019 se encuentra consolidado. Los Estados de Excepción son permanentes, así como las “detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas” (Amnistía Internacional, 2026). En los informes consultados para este documento, no se identificó personas defensoras asesinadas durante el 2025 en El Salvador, pero, al igual que en otros países de la región se aludió a la intensificación de “la criminalización selectiva de personas defensoras y voces críticas mediante el uso instrumental del sistema penal” (Amnistía Internacional, 2026).

Ecuador

Durante el 2025 Ecuador no figuró entre los países con mayor número de personas defensoras asesinadas a nivel regional. Al igual que en el caso salvadoreño si existieron denuncias de “hostigamiento, estigmatización, persecución y criminalización” (Amnistía Internacional, 2026). Sin perjuicio de aquello, hay que señalar el asesinato de Robinson Del Pezo, un periodista digital oriundo de la provincia de Santa Elena, quién a través de su medio digital denunciaba hechos relacionados a “contratación pública, obras inconclusas y presuntas irregularidades en la administración local. Sus publicaciones, dirigidas principalmente a la fiscalización de las autoridades del cantón La Libertad y de la provincia de Santa Elena, se caracterizaban por un tono frontal, directo y persistente” (Fundamedios, 2026). Debido a esta labor periodística el 20 noviembre de 2025 del Pezo fue víctima de un sicariato. Para entender el asesinato del comunicador comunitario Robinson del Pezo, hay que conocer algunos datos sobre Santa Elena:

[…] entre 2020 y junio de 2025, la tasa de muertes violentas en la provincia aumentó un 1126%, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Interior y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. A ello se suma el crecimiento del control territorial vinculado al narcotráfico y el aumento de la extorsión o “vacuna”, que subió un 83% entre 2023 y 2024. En este entorno de violencia y fragmentación institucional, el conflicto por la tierra y los contratos públicos se ha convertido en el eje central de la disputa política y económica […] (Fundamedios, 2026).

El asesinato del comunicador Del Pezo en noviembre de 2025 no debe interpretarse como un hecho aislado en la provincia de Santa Elena, pues, en junio de 2026 se conoció del deceso de otra activista que también denunciaba hechos de corrupción pública en esta provincia: Monika Silva.

Continuando con la línea temporal, el 24 de febrero 2026 fue asesinado el defensor del agua y el territorio Manuel Cabrera, quién vivía en el cantón El Guabo, perteneciente a la provincia de El Oro. De acuerdo con publicaciones periodísticas Cabrera fue asesinado por proteger una pequeña reserva de bosque estratégica para la provisión de agua en su provincia, oponiéndose al proyecto minero El Paraíso del cual actualmente se extrae oro y plata (Alvarado, 2026). La empresa minera dueña de la concesión es El Paraiso S.A. Minelparsa originaria de Ecuador. La labor de Cabrera como defensor del agua y la naturaleza estuvo marcada por presiones persistentes, ofertas para la compra de su tierra e incluso intimidaciones por parte de actores vinculados a intereses mineros, en un contexto de débil respuesta institucional (Alvardo, 2026).

Posteriormente, el 8 de junio de 2026 la activista de origen polaco Monika Silva fue hallada muerta en su casa ubicada en Montañita, provincia de Santa Elena. De acuerdo con reportajes periodísticos Silva “era presidenta de la Fundación La Integridad, una organización enfocada en la promoción de la transparencia, el control social y participación ciudadana, y había denunciado casos de presunta corrupción, conflictos por la propiedad de tierras, irregularidades administrativas y asuntos ambientales en Santa Elena” (BBC, 2026). En varias ocasiones Silva “denunció ventas irregulares de tierras, nepotismo en la Contraloría, gestión pública en Santa Elena” (Bermeo, 2026). Entre las denuncias realizadas por la activista destacaba la relacionada con el asesinato del periodista comunitario Robinson Del Pezo.

Frente a este acontecimiento, el gobierno nacional a través de su vocero el ministro Interior, John Reimberg, afirmó que la hipótesis inicial del caso era un suicidio. Sin embargo, el 10 de junio el Consul de Polonia en Lima solicitó al gobierno ecuatoriano que se investigue la muerte de la activista. A través de un comunicado oficial el Consul de la República de Polonia manifestó su preocupación por esta muerte y expresó: “la importancia de la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de todas las personas activas en el ámbito de la sociedad civil” (Embajada de la República de Polonia en Lima, 2026).

Por su parte, la UE solicitó al gobierno ecuatoriano que se realice una “investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y garantizar la rendición de cuentas” (BBC, 2026). CIDH exigió una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, además, exhortó al Estado a “esclarecer las circunstancias de su muerte, incluyendo entre sus líneas de investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción” (CIDH, 2026).

De acuerdo a un reportaje periodístico, el 15 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad solicitó a Polonia y Argentina apoyo para esclarecer el fallecimiento de Monika Silva (El Comercio, 2026). El 19 de junio se reportó que, los resultados del informe forense señalaban que las lesiones encontradas en el cuerpo eran “incompatibles con un suicidio […] Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) […] aseguró que los hallazgos periciales apuntan a una muerte violenta” (Lino, 2026). El 7 de julio de 2026, un funcionario de la Fiscalía polaca a cargo de la investigación “informó a la AFP que la activista fue probablemente víctima de un asesinato” (Primicias, 2026).

Por otro lado, es importante mencionar los asesinatos de dos personas defensoras registrados en el país. En noviembre de 2021 Víctor Guaillas fue víctima de una de las tantas masacres carcelarias ocurridas en Ecuador. Guaillas era un agricultor de 50 años, vivía cerca del proyecto minero Río Blanco y al igual que muchos otros campesinos “fue parte de un proceso organizacional comunitario que inició hace más de 30 años para defender de la minería […] cantón Cuenca” (Arellano, 2021). En octubre de 2019 Guaillas participó en el paro nacional. En ese momento fue aprehendido y acusado del delito de sabotaje. Después de un proceso judicial, recibió una sentencia de cinco años de prisión. Guaillas tenía una discapacidad auditiva.

Posteriormente, en febrero de 2023, se registró la muerte de Eduardo Mendúa, dirigente indígena de la nacionalidad A’i Cofán. De acuerdo con información proporcionada por el Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), Mendúa vivía junto a su familia en la comunidad Milenio, ubicada a orillas del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos. El líder era conocido por oponerse a la extracción petrolera en su territorio.
El asesinato de Mendúa profundizó las discrepancias preexistentes por la actividad petrolera al interior de la nacionalidad A’i Cofán. A pesar de que varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron el caso, su asesinato continúa impune. De hecho, en octubre de 2024 se registraron nuevas amenazas dirigidas a la familia de Eduardo Mendúa, quienes intentaban mantener su legado de político y social.

Los asesinatos de Silva y Cabrera en 2026, Del Pezo en 2025, de Mendúa en 2023 y Gualle en 2021 no son hechos aislados de violencia, en su defecto, se inscriben en un patrón más amplio de criminalización y vulnerabilidad de personas defensoras frente a economías extractivas, de procesos judiciales y corrupción. Al igual que en toda la región Latinoamericana, ponen en evidencia la falta de medidas estatales para prevenir ataques y garantizar la protección integral de quienes protegen derechos. En su defecto, el aparato estatal es instrumentalizado para intimidar y desarticular procesos organizativos, incrementando el riesgo para quienes defienden derechos.

El objetivo de este informe es visibilizar la criminalización de personas defensoras en el cantón Las Naves. Como veremos a lo largo del documento, durante el 2025 se produjeron allanamientos, daños a bienes y afectaciones a familias campesinas. Adicionalmente, las fuerzas del orden reprimieron a la población mientras ejercía su legítimo derecho a la resistencia. Por supuesto, este no es un conflicto exclusivo del cantón Las Naves, la situación se repite en otros territorios, como en las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado de la provincia de Cotopaxi.

Nota al pie:

^₁ Este es un mecanismo de protección ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el cual esta solicita a un Estado que proteja a uno o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Lista de referencia

Amnistía Internacional. 2026. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Arellano, Astrid. “Víctor Guaillas: el defensor del agua y los páramos que fue asesinado en la cárcel mientras esperaba su liberación”, Mongabay, 2021, https://es.mongabay.com/2021/12/victor-guaillas-defensor-del-agua-y-paramos-asesinado-en-ecuador/

BBC News Mundo, “Quién era Monika Silva Koniuszek, la activista polaca hallada muerta en Ecuador (y por qué la fiscalía pide ayuda internacional para la investigación)”, 2026, https://www.bbc.com/mundo/articles/cy5vl9wl6ngo

Bermeo, Cindy, “Monika Silva: una muerte en medio de alertas sobre derechos cívicos” Lupa Media, 2026, https://lupa.com.ec/explicativos/monika-silva-activista/

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2025. Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf

El Comercio, “Caso Monika Silva: Fiscalía polaca apunta a “probable” asesinato”, 2026,
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/caso-monika-silva-fiscalia-polaca-apunta-probable-asesinato/

Embajada de la República de Polonia en Lima. “Fallecimiento de la ciudadana polaca Monika Silva”. Facebook. 10 de junio de 2026. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1448751770621198&set=a.332817312214655&locale=es_LA

Fundamedios, “Un crimen contra la palabra: Informe sobre el asesinato de Robinson del Pezo”, 2026, https://fundamedios.org.ec/un-crimen-contra-la-palabra-informe-sobre-el-asesinato-de-robinson-del-pezo/

Lino, Joffre, “Caso Monika Silva: informe forense revela “existencia de lesiones incompatibles con un suicidio””, Expreso, 2026, https://www.expreso.ec/justicia/caso-monika-silva-informe-forense-revela-existencia-lesiones-incompatibles-suicidio-286334.html

Primicias, “Esto dice la fiscalía de Polonia sobre la muerte de Monika Silva en Montañita”, 2026, https://www.primicias.ec/seguridad/muerte-monika-silva-fiscalia-polonia-asesinato-montanita-ecuador-127313/

Manzoor, Umar, “146 Land and Environmental Defenders Killed or Disappeared in 2024”, 2025, https://www.ipsnews.net/2025/09/146-land-and-environmental-defenders-killed-or-disappeared-in-2024/

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan un anális sobre el derecho internacional y sus efectos en la garantía de derechos humanos

Imagen tomada del sitio web de la BBC NEWS.

La entrada Personas defensoras en riesgo: violencia y muerte en toda la región latinoamericana se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción a los informes y reportes las de organizaciones internacionales

En agosto de 2025 Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, la cual se inscribió en esta tendencia regional. La normativa buscaba la transparencia y prevención del uso indebido de recursos en organizaciones sociales. También introdujo mecanismos de registro obligatorio, clasificación por niveles de riesgo, reporte detallado de financiamiento y sistemas de control estatal centralizados sobre las organizaciones sin fines de lucro. En la práctica, estas disposiciones ampliaron las capacidades de supervisión estatal y dificultaron el trabajo de defensa de derechos. A lo anteriormente descrito se adhiere el desarrollo reglamentario de la ley, que incorporó disposiciones para habilitar sanciones y restricciones específicas contra organizaciones que acompañaban y defendían derechos en contextos vinculados a proyectos extractivos.

La ley y su reglamento no solo incrementaron el riesgo de sanción administrativa o cancelación de la personería jurídica, sino que también reforzaron los procesos de estigmatización y criminalización contra organizaciones y personas defensoras que cuestionaban o monitoreaban los impactos de actividades extractivas. En conjunto, el marco normativo y su reglamentación profundizaron un entorno restrictivo que limitaba la acción legítima de la sociedad civil y debilitaba las garantías para la defensa de derechos en Ecuador. En la sección de contexto nacional se profundiza sobre el andamiaje jurídico construido entre 2025 y 2026, así como sobre las repercusiones que trajo para las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, CIDH afirmó que, durante el 2025 las dinámicas de criminalización, amenazas y violencia contra personas defensoras eran mucho más frecuentes y complejas en toda la región. Por su parte, en marzo de 2026 Amnistía Internacional, alertaba sobre un patrón sistemático de adopción de “leyes anti-ONG”, el cual tendría como objetivo controlar, restringir e incluso desmantelar a las organizaciones. Estas normativas no solo limitan el acceso a financiamiento y aumentan la vigilancia estatal, sino que están acompañadas por campañas de estigmatización que presentan a las organizaciones como “enemigos internos” o “agentes extranjeros”, generando entornos de miedo, autocensura, debilitamiento del tejido social y desmovilización (Amnistía Internacional, 2026).

Lejos de fortalecer la transparencia o la rendición de cuentas, estas leyes y sus reglamentos tan solo legitiman y consolidan prácticas autoritarias que restringen la libertad de asociación, aumentan los riesgos de persecución y exposición de personas defensoras, reducen la capacidad de las comunidades para exigir derechos, de imponer límites al derecho a la participación social y acceder a mecanismos de protección. Como veremos más adelante, este fenómeno es parte de una estrategia más amplia.

Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial de 2026 menciona que la democracia se encuentra en una suerte de recesión, cayendo en una espiral iniciada antes de las últimas elecciones presidenciales registradas en Estados Unidos. En este sentido, el director ejecutivo de HRW Philippe Bolopion, presenta algunos datos que revelan el marcado retroceso de la democracia experimentado en las últimas décadas, enfatizando en aquellos países considerados como potencias mundiales:

[…] la democracia ha vuelto a los niveles de 1985, según algunas métricas, y el 72 % de la población mundial ahora vive en contextos de autocracia. En Rusia y China hoy hay menos libertad que hace 20 años. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos […] (Bolopion, 2026).

Lo dicho por Bolopion, es ratificado al analizar y comparar los informes de organizaciones internacionales sobre la situación regional. Precisamente, uno de los patrones más recurrentes es la degradación de la democracia. Mientras esto sucede a nivel mundial, en la región latinoamericana se observa una convergencia de al menos tres elementos: gobiernos autoritarios que imponen una agenda securitista, acompañada por signos de violencia estatal y leyes restrictivas, el abuso del derecho para criminalizar a personas defensoras; en segundo orden, la gran influencia económica y política de capitales nacionales y extranjeros sobre las decisiones de lo público; y, la dominancia de grupos de delincuencia organizada en diferentes escalas.

Lista de referencias

Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Bolopion, Philippe, “¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpiano? Los avances autoritarios amenazan el orden basado en normas” en Informe Mundial 2026, Human Rights Watch, 2026, https://www.hrw.org/es/world-report/2026

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf

WOLA (Oficina de Washington para América Latina). 2025. Limitando el espacio cívico: el endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil en las Américas. https://www.wola.org/wp-content/uploads/2025/07/Limitando-el-espacio-civico-el-endurecimiento-de-las-restricciones-a-la-sociedad-civil-en-las-Americas.pdf

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una reflexión sobre el riesgo que enfrentan las personas defensoras en toda la región latinoamericana

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