Introducción

Al igual que en otros territorios en La Merced de Buenos Aires, la estrategia de criminalización de los defensores y defensoras del agua, la naturaleza y el territorio llegó a instancias jurídicas. De hecho, en 2022 el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador concedió amnistía a 268 personas, entre ellas se encontraban 39 de La Merced de Buenos Aires, procesadas por proteger sus territorios. El mensaje enviado por un representante del sector minero (expuesto en el párrafo que precede), contribuye a esa construcción del imaginario del terrorista, del enemigo interno al que hay que combatir, que, por supuesto tiene amplia resonancia en una época de conflicto interno armado. Posiblemente, la construcción de un imaginario en donde las personas opuestas a la minería en La Merced de Buenos Aires son violentas, cercanas a grupos irregulares presentes en la zona o simplemente calificados como “atrasa pueblos” facilita el regreso de la empresa minera en el territorio.

En este documento no se pretende desconocer las repercusiones y desafíos que implica la minería “legal”. Habitualmente, su presencia genera gran conflictividad social especialmente de cara a fiscalizar las actividades, imputar responsabilidades por contaminación, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, pero sobre todo el tener que desarrollar las vidas en medio de una violencia permanente que no parece tener fin. Tampoco se desconoce la complejidad que encierra la minería ilegal, de hecho, el que las comunidades tengan que lidiar con la delincuencia organizada y grupos irregulares es una tarea imposible de lograr sin el apoyo del Estado.

Por otro lado, los impactos ambientales provocados por la minería informal resultan evidentes. Especialmente en los ríos que se ubican cerca de las zonas de extracción de minerales, en ellos se descargan sin consideración a la población todos los productos químicos utilizados para la obtención de los minerales. Este tipo de minería utiliza sin reparo metales pesados como mercurio, así como otros productos muy nocivos para la salud humana como arsénico, cianuro y otros elementos de alta toxicidad para los seres vivos. De hecho, las familias mineras “ilegales” que trabajan con este tipo de materiales, probablemente sufran afectaciones en un futuro por el mal manejo de estos productos.

Al analizar las similitudes y diferencias entre la minería legal e ilegal, resalta que, en las últimas décadas y frente a la oposición que genera la actividad minera, las grandes transnacionales se presentan con una “renovada” responsabilidad corporativa. Cuando llegan a un territorio, posicionan la idea del uso de tecnología de punta para minimizar los daños ambientales durante la intervención. Pero la experiencia en el sur global nos lleva a pensar que el discurso no corresponde con la práctica. Los sistemas ecológicos están conectados, por tanto, es inevitable generar daños ambientales, esto es más grave aún porque los proyectos mineros tienen una vida corta, pero los territorios y sus habitantes quedan con secuelas permanentes, y, así los proyectos de vida inevitablemente cambian.

Si se observa otros aspectos como el jurídico, habitualmente, las transnacionales mineras tienen muchos blindajes para evitar conflictos legales. En este sentido, el gobierno de Noboa, en un intento por privilegiar la inversión en el sector minero, en la última consulta popular y referendo celebrado en abril de 2024, planteó una modificación en el artículo 422 de la Constitución de la República (ver imagen que precede). Lo hizo a través de la pregunta D sobre el “arbitraje internacional”, aunque la pregunta no tuvo acogida entre el electorado, pues, el 65,16% de la población le dijo no a esta modificación constitucional. Pero, sí llama la atención el intento del gobierno por invisibilizar las voces que, legítimamente se oponen a proyectos extractivos.

En este mismo orden de cosas, se conoce que las empresas -en ocasiones- intimidan y amenazan a aquellos que les resulten incómodos para sus proyectos. Esta violencia corporativa ha sido objeto de análisis en otros espacios, por tanto, se conocen sus patrones. Sin embargo, las formas de intimidación y de violencia ejercida por la minería informal son mucho más impredecibles y menos rastreables. Un ejemplo paradigmático de esto es el caso de una persona que hace parte del gobierno parroquial de Buenos Aires y es conocida a nivel local por su férrea oposición al extractivismo en todas sus formas. La persona en cuestión es consciente de las graves amenazas que pesan sobre su vida, especialmente porque la población es muy pequeña y la información se expande rápidamente.

Entonces, retomando el argumento de lo impredecible que puede resultar las reacciones de las personas que operan la minería informal, la vida de esta funcionaria está en riesgo permanente y los mecanismos de protección y organización de la población son diferenciados. Todo esto nos remite a la complejidad de la transformación de la gramática de la violencia minera en muchos territorios del país, y a los desafíos consecuentes para la población local y las organizaciones a la hora de hacerle frente. Además, estos hechos lógicos, nos llevan a pensar que, tanto la minería legal como la ilegal comparten mucho más de lo que se piensa, pues, ninguna se hace cargo a nivel jurídico del impacto social, económico y ambiental que deja sobre los proyectos de vida en las comunidades. Quizás la mayor diferencia entre la “legal” e ilegal es que los impactos de la informal se tornan explícitos, sus efectos son exhibidos sin tapujos, sin necesidad de tentativas de remediación, camuflaje o compensación alguna, sin ningún tipo de maquillaje o campaña de marketing social que presente los “beneficios” de desarrollo tradicional para las comunidades.

Mientras que la minería “legal” aprovecha aquellos espacios donde el Estado no tiene presencia o se mantiene distante para ganar voluntades y consentimientos. Por tanto, es muy común encontrar subcentros de salud potenciados, dotados con insumos e implementos, en esta misma lógica se intervienen escuelas y colegios, con la entrega de materiales y equipos. Así mismo, se observan campañas para profesionalizar a personal minero y el ofrecimiento de capacitaciones para fortalecer emprendimientos locales. Se apela a temas más cotidianos como el impulso a equipos deportivos, la creación de clubes “ecológicos”, y, también el fortalecimiento de organizaciones, que habitualmente se convierten en los grupos antagonistas que apoyan la minería en el territorio.

Las secuelas del abandono del Estado en La Merced de Buenos Aires: las bandas y los grupos irregulares en el territorio

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Este resumen sintetiza el contenido del diagnóstico socioambiental elaborado dentro del marco del proyecto “Apoyo de la UE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales”, ejecutado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). A través del proyecto se intentó responder a las crecientes tensiones sociales que impactan a Ecuador, motivadas por las contradicciones en las formas de regulación de las dinámicas espaciales de acumulación en lo que tiene que ver con grandes proyectos extractivos. Estas contradicciones hacen referencia tanto al campo político como al del derecho. En relación a este último, la incongruencia del marco normativo vigente se manifiesta en la falta de aplicación de los instrumentos garantistas establecidos en la Constitución y en la normativa internacional de protección de derechos suscrita por el Ecuador. Estos instrumentos son ignorados en favor de normativa de menor rango que incentiva la inversión privada en proyectos extractivos, modificando las condiciones de ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza.

Llama la atención que, el grave conflicto social sobre la explotación de estos recursos en territorios comunitarios obedece a los impactos ambientales, la falta de consulta ambiental y la persecución y criminalización de la protesta social. Las personas defensoras de derechos humanos, cuyo activismo se centra en la protección del medio ambiente y las comunidades afectadas por actividades industriales, extractivas o de desarrollo, enfrentan cada vez más patrones de criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores involucrados. A lo largo del diagnóstico, examinamos los casos más emblemáticos de criminalización a defensores durante los últimos años. Una revisión exhaustiva de los cargos imputados y la evolución de los procesos judiciales permitió concebir ciertos patrones:

 

• • Tipificación vaga de delitos;

• • Judicialización selectiva;

• • Estigmatización mediática y judicial;

• • Falta de imparcialidad en las investigaciones;

• • Detenciones preventivas injustificadas;

• • Ataque a la protesta social;

• • Amenazas y hostigamiento;

• • Falta de protección efectiva por parte del Estado

Una de las prioridades de diagnóstico nacional es el análisis de la expansión de la agroindustria y sus impactos. Aquí se destaca la producción de bienes como el camarón, que tal vez sea uno de los productos que mayor consolidación ha experimentado en las últimas décadas, y la palma africana que se concentra en al menos cuatro clústeres: Pichincha-Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Los Ríos y Sucumbíos-Orellana. Estos dos últimos, junto con el norte de la provincia de Esmeraldas, son los espacios de expansión de la palma más recientes. Por otro lado, Ecuador es el primer exportador mundial de banano que presenta una estructura oligopsónica dominada por unas pocas compañías exportadoras que consiguen imponer sus precios y estándares a los productores más pequeños. También se destaca la producción de abacá que se esparce por Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos. El 75% de la producción se concentra en las zonas de la Concordia y Santo Domingo con más de 14,831 hectáreas.

La expansión de la agroindustria en el Ecuador no se puede entender por otra parte sin el papel del Estado. Esta expansión se trata de un proyecto estratégico de Estado, junto con la consolidación de la minería a gran escala. Las estrategias de los grupos económicos han fluctuado, según la coyuntura, entre la cooptación directa de las instituciones y el direccionamiento de los tomadores de decisión mediante grupos de presión. Estas diversas formas de ejercer influencia se traducen a lo largo del tiempo en la emisión de decretos ejecutivos para la conversión de decenas de miles de hectáreas de bosque para las empresas, las puertas giratorias a través de las cuales los directivos de las empresas entraban y salían de puestos claves en los ministerios, el diseño de programas y políticas crediticios y de fomento, el establecimiento de mecanismos selectivos de exención
tributaria.

Los impactos socioambientales principales asociados a la expansión de la agroindustria se evidencian en la destrucción de manglares, atentando contra la soberanía de las comunidades recolectoras; la esclavitud de muchos de los trabajadores de las plantaciones, denunciada en reiteradas ocasiones, debido a las condiciones de precariedad, la falta de cobertura social y la inexistenciade libertad de sindicalización de los trabajadores; diversas formas de control, subordinación y explotación como el caso de la empresa Furukawa; la expulsión de poblaciones y la destrucción de cientos de hectáreas de selva para para plantaciones de palma.

Ecuador enfrenta también la fiebre de los minerales donde los gobiernos y el sector empresarial impulsan la megaminería como un proyecto estratégico. El discurso que legitima esta conversión tiene que ver con el conseguir asegurar condiciones de estabilidad macroeconómicas en un país dolarizado, en el que los pronósticos sobre el declive de las exportaciones petroleras y su pérdida de importancia en la balanza comercial no han hecho sino aumentar en los últimos años.

El impulso otorgado por el Estado para el apuntalamiento de la minería como vector macroeconómico central del país está dirigido hacia ciertos proyectos estratégicos y de segunda generación, catalogados bajo los regímenes de mediana y gran minería. La conflictividad social y la creciente preocupación ecológica de la población alrededor de estos proyectos se entienden mejor cuando se analiza la distribución espacial de las concesiones con las zonas nacionales de importancia hídrica. El 79% de las áreas concesionadas para la minería en el país se solapan con Zonas de Importancia Hídrica Alta o Muy Alta. Estas zonas, son fundamentales para la vida de la población rural y urbana de norte a sur del país. Para el sostenimiento de la agricultura campesina y para las formas de vida en las ciudades. No es de extrañar, por tanto, que la conflictividad desatada por los intentos de convertir al Ecuador en un país mega-minero esté aumentando, especialmente en las provincias en donde los proyectos estratégicos están tratando de ser implementados. A continuación, repasaremos esta conflictividad para las provincias más representativas.

 

Cotopaxi

 

Los conflictos socioambientales en la provincia de Cotopaxi son el resultado de actividades mineras, agroindustria, explotación forestal, entre otros. Los proyectos con mayor conflictividad son: el proyecto Pegasus, ubicado en el cantón Pangua, que se encuentra en una fase de exploración inicial para identificar si es factible construir una mina y explotar oro, plata o cobre en la zona. El proyecto de cobre La Plata, ubicado en el cantón Sigchos, está en fase de concesión y exploración. Los conflictos socioambientales más visibles en la provincia de Cotopaxi son atribuidos a la presencia de la minería metálica en la zona de Palo Quemado y Las Pampas. El 16 de marzo de este año, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) inició el proceso de consulta ambiental en Palo Quemado sobre la fase de explotación minera. En este contexto, las comunidades se movilizaron frente a las acciones del MAATE, pero la presencia de la fuerza militar generó enfrentamientos que han dejado al menos 20 miembros de la comunidad resultando en heridos y 70 personas acusadas de terrorismo. Entre las víctimas, el campesino Mesías Robayo, quien se encontraba en estado crítico.

Las estrategias del Estado para prevenir la resistencia contra los proyectos mineros en Palo Quemado y Las Pampas incluyen el uso de instituciones públicas, como el MAATE, para facilitar y legitimar las actividades extractivas. El gobierno también ha estado involucrado en los procesos judiciales contra las empresas mineras. La Cámara Minera juega un papel crucial en la legitimación de la minería en zonas de conflicto. Presenta perspectivas de las empresas mineras sobre la consulta, argumentando que el Estado no puede romper su jurisdicción unitaria, hay abuso de garantías en la justicia y el sector minero es “radical” en Ecuador. El gobierno está impulsando proyectos mineros a nivel internacional, y el presidente Daniel Noboa se ha comprometido a invertir más de 4.800 millones de dólares en minería.

 

Bolívar

 

En la provincia de Bolívar existen 79 autorizaciones mineras, que significa el 31% de su territorio concesionado. La presencia de la minera metálica se encuentra en todos los cantones de Bolívar, incluyendo empresas como Curimining S.A., Valle Rico Resources VVR S.A., Ecuador Fortescue S.A., y Odin Mining del Ecuador S.A. La mayor presencia de la minería en Las Naves se encuentra en Guaranda, Chillanes, Las Naves y Caluma. El principal cantón con conflictos referentes a la minería es Las Naves donde se localiza el proyecto Curimining S.A. que abarca sectores poblados y zonas de cultivo de todo el cantón y que afecta principalmente a poblaciones campesinas y montubias, incluyendo mujeres, niñas, adolescentes, adultas y adultos mayores, y colectivos enteros de trabajadores y trabajadores. Durante los 18 años de presencia de Curimining S.A. en la provincia de Bolívar, la empresa ha operado por fuera del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. La intervención de la empresa con obras para mejoras en las comunidades y otras actividades para captar el apoyo en favor del proyecto minero es muy recurrente en la provincia.

 

Imbabura

 

Los conflictos socioambientales en la provincia de Imbabura han sido marcados por la minería en los últimos 30 años. La evolución del uso y cobertura de la tierra en la provincia es evidente, y se encuentra en zonas donde la frontera agrícola ha sido mayor, como el valle de Intag y la parroquia de La Merced de Buenos Aires. Las luchas antimineras en el valle del río Intag son una de las más icónicas del Ecuador. La presencia de yacimientos ricos en cobre provocó varios momentos de arremetida minera. La organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) se forma en 1995 para este propósito. El DECOIN y la Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag (AACRI) se convirtieron en organizaciones centrales en la resistencia de la comunidad contra los proyectos agroforestales y la conservación ecológica.

Tanto en Intag como en La Merced de Buenos Aires, la minería ha provocado el aumento de los niveles de metales pesados en los ríos y la vulnerabilidad de los derechos, entre ellos, la consulta ambiental. En Buenos Aires, la minería ilegal presenta desafíos en fiscalizar las actividades, imputar responsabilidades por contaminación y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. La minería se impone bajo modos de regulación social basados en la ley mafiosa. En Buenos Aires, los mineros ilegales llegaron en 2017 y en los primeros años hubo constantes disputas internas por el control de la producción. La mayor parte de los mineros se instalaron cerca de las minas antiguas de la parroquia, ubicadas en una de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Hanrine. La minería informal se marca por la precariedad de las viviendas, condiciones de explotación y falta de seguridad en el trabajo. La minería también provoca impactos ambientales, como la contaminación de los ríos y el agravamiento de los impactos ecosistémicos.

 

Sucumbíos

 

Los principales conflictos en la provincia de Sucumbíos se deben a la actividad petrolera que ha cambiado drásticamente el mosaico agropecuario, que indicaba la presencia de actividad campesina diversificada. El caso Cofán-Dureno es un ejemplo de los conflictos alrededor del petróleo que ha creado un paisaje territorial complejo, con conflictividades ligadas a territorios ancestrales, como usurpación, contaminación y conflictos de propiedad. El área de la comunidad es la reserva de tierra más grande y el área de los campos petroleros es la más degradada debido a los pastizales y la modificación del suelo.

El Estado ecuatoriano tiene una fuerte responsabilidad en los episodios de vulneración de derechos humanos vinculados a la actividad petrolera, especialmente en Cofán-Dureno. La reapertura de pozos petroleros en la década de 2010 se enfrentó sin un proceso de consulta previa, libre e informada ajustada a formas culturalmente adecuadas por parte del Estado ecuatoriano. Esta negociación implicó rupturas comunitarias, acuerdos que no respetaron la autonomía indígena ni comunitaria, imponiéndose de facto la forma de ejecución y entrega de obras de compensación, y generar una serie de conflictividades alrededor de los acuerdos y el reparte de los empleos con la empresa petrolera.

En la segunda negociación, estas rupturas y conflictos se multiplicaron en un contexto de incremento de la escasez percibida, y se limitó a generar acuerdos con las familias consideradas por la empresa como más nfluyentes para reducir los costes de operación y compensación. Los llamamientos de distintos sectores de la comunidad para minimizar la tensión a través de obras públicas y obligaciones históricas han sido marginados por parte del Estado ecuatoriano.

 

Orellana

 

La provincia de Orellana tiene una historia arraigada en las órdenes religiosas, la explotación petrolera y la colonización agrícola. Durante los últimos 60 años, ha catalizado un sistema de infraestructuras y asentaciones, dando como resultado una sociedad con diversidad múltiple y características únicas. Las poblaciones indígenas de Orellana, particularmente los kichwa y waorani, han sido influenciadas principalmente por sucesivas colonizaciones, particularmente la explotación del caucho y el contacto violento durante el auge petrolero de Texaco. La empresa Texaco abrió los ríos Lago Agrio y Baeza, catalizando la llegada de infraestructura petrolera y una población waorani. Esto ha dado como resultado la mayor densidad poblacional de la zona y el territorio más asentado, con comunidades kichwas y waorani en la red vial.

Tras el cierre de Chevron-Texaco y la adquisición de nuevas empresas europeas y norteamericanas, la explotación petrolera en Ecuador comenzó a escalar, impactando los territorios waorani y kichwas. Estas áreas han sido áreas de fuertes tensiones territoriales debido al aumento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas tras los movimientos nacional y amazónico de 1990 y 1992. Actualmente, la explotación petrolera ha llevado a cuatro grandes formas de conflicto:

Negociación de mejores condiciones laborales e inversiones estatales en áreas sin territorios indígenas;

 

• • Negociaciones laborales en entornos urbanos plurinacionales;

• • Disputas por servicios;

• • Empleos y regalos en territorios indígenas, y oposición a explotación petrolera

La expansión de la explotación petrolera en Ecuador también ha generado conflictos con los pueblos indígenas del Aislamiento Voluntario en Orellana, quienes han sido amenazados por la explotación ilegal y el avance de las tierras agrícolas. El conflicto actual resalta la necesidad de un enfoque integral para la explotación petrolera en Ecuador. La actividad petrolera en Ecuador provoca una serie de contaminaciones, como derrames de crudo y aguas de formación alrededor de los pozos de extracción. Los derrames más específicos en la nacionalidad waorani son el derrame que realizó Repsol en 2008 y el reciente derrame de 2021 sobre el río Shiripuno. Estos derrames contaminan el aire y tienen un impacto cotidiano en las dinámicas de los ecosistemas, teniendo un mayor impacto en pueblos indígenas.

La problemática petrolera no se limita a los lugares donde se perforan pozos petroleros y las comunidades aledañas, sino también el transporte petrolero ha supuesto un vector de impacto y confl ictividad. El más grande derrame reciente fue durante la pandemia en 2020, y en la región ha sido una ausencia de responsabilidad del Estado y las empresas petroleras responsables de los oleoductos. En los últimos años, ha habido un cambio de actores en la región que es necesario apuntar. En la provincia, la explotación petrolera fue abierta por empresas privadas, como Chevron-Texaco. En los años 2000, llegaron empresas privadas españolas, francesas y estadounidenses, que operaron en relaciones de “responsabilidad” corporativa directamente con las comunidades. En la década de 2010, se dio una estatización de la gestión comunitaria a través de Petroecuador y Petroamazonas, así como la presencia de empresas chinas y bielorrusas. La generación de la Empresa Pública Ecuador Estratégica dio pie a una nueva forma de relación con los pueblos campesinos, urbanos e indígenas. El Estado está desempeñando ahora un papel más modesto en la promoción del petróleo, con un papel más reactivo, privatizado y facilitador que el de una apisonadora territorial. Las comunidades enfrentan un fuerte abandono de sus derechos sociales, y cada comunidad está en caminos diferentes hacia un futuro mejor.

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Presentación

El presente documento es el resumen del diagnóstico de conflictividad socioambiental relacionado con la extracción de recursos naturales para la provincia de Imbabura. El diagnóstico fue elaborado enel marco del proyecto “Apoyo de laUE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción derecursos naturales”, ejecutado por la Comisión Ecuménica de DerechosHumanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El insumo fue elaborado por un equipo de personas que integranel Colectivo Geografía Crítica (CGC). El diagnóstico en su versión más amplia contiene información actualizada relacionada con la problemática socioambiental en siete provincias de Ecuador: Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana e Imbabura.Por su parte, el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), recogió la información preparada por el CGC, a fin de difundir los problemas socio ambientales de Imbabura en su sitio web y en unaversión impresa.

Introducción

El Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) es un espacio de reflexión, en donde se recoge información pública sobre la creciente inmersión en lógicas de expropiación y despojo en Ecuador, principalmente registrados en territorios campesinos, indígenas y populares. Sobre el presente documento, el equipo que integra el OCTE debe mencionar que, en la versión ampliada, se tejen varias dimensiones, con el propósito de componer una radiografía provincial que aterrice en los espacios de conflictividad. El diagnóstico permite observar el contexto de provincial de Imbabura, para esto, analiza la situación socioeconómica, marcada por la diversidad de sus recursos naturales y la presencia de comunidades que dependen de estos para su subsistencia. Además, se analizan los datos demográficos, las condiciones de pobreza y los medios de vida de los actores locales. La minería y la agroindustria son actividades productivas clave que generan tanto oportunidades como conflictos. La caracterización territorial incluye un examen de los espacios afectados por la actividad minera, especialmente en áreas como el valle de Intag y la parroquia de Buenos Aires.

En el documento ampliado se presenta una caracterización socioeconómica básica para reflejar las condiciones de vida de la población. La caracterización permite entender mejor las dificultades cotidianas de comuneras y moradores en general, los desafíos que enfrentan para dar mejores oportunidades a sus familias para mantener
o mejorar sus medios de vida, o, para acceder a servicios básicos. Así mismo, en el documento ampliado se presentan algunos casos de criminalización, aquellos con mayor visibilidad o importancia. Mientras que, en el presente resumen se intenta transmitir los elementos clave del diagnóstico, para la provincia de Imbabura, utilizando para esto la siguiente estructura: caracterización territorial de la provincia; un esbozo de la conflictividad territorial a nivel provincial; criminalización y vulneración de derechos; rol del Estado en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en el territorio; y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.

1. Caracterización territorial de Imbabura

Imbabura se sitúa al norte del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra, su capital es Ibarra, la cual es su urbe más grande y poblada. La provincia ocupa un territorio de unos 4.712,37 km². Limita al norte con Carchi, al sur con Pichincha, por el occidente con Esmeraldas y al este con Sucumbíos. La provincia cuenta con una población de 469.879 personas. El 48% de ellas viven en las zonas rurales, mientras que el 52% en entornos urbanos. La mayor parte de esta población, se concentra en torno a Otavalo, Cotacachi e Ibarra. Así mismo, en las dos primeras ciudades citadas y sus espacios aledaños es donde más se concentra la población indígena de la provincia, que representa un 28% del total. Un 5,8% de la población de la provincia se autoidentifica como afrodescendiente, su distribución se concentra sobre todo a lo largo del valle del Chota y en los espacios fronterizos con Esmeraldas. Por otro lado, de acuerdo a ENEMDU del 2023, en Imbabura la tasa de pobreza por ingresos es del 30,6% y la de extrema pobreza del 13%. En 2023, la pobreza por NBI en Imbabura alcanzó el 25,82% de acuerdo con datos de ENEMDU. En los sectores urbanos la pobreza alcanzó el 55%, mientras que, en las zonas rurales llegó al 82%.

En cuanto cambio en el uso del suelo en las últimas décadas, se observa que, la provincia de Imbabura experimentó una transformación significativa, marcada por el avance de la minería y el crecimiento de la frontera agrícola. La minería se consolidó en dos zonas clave: el Valle de Intag y la parroquia de Buenos Aires. Estas regiones han sido objeto de concesiones mineras con gran impacto en sus ecosistemas, economía y estructura social. Así mismo, la apertura de vías facilitó la llegada de actores externos, acelerando la presión sobre los recursos naturales y alterando las dinámicas tradicionales de producción y subsistencia de las comunidades locales. Además, el uso intensivo del suelo para actividades agroindustriales contribuyó a la degradación ambiental y generó disputas por elacceso y uso del agua.

2. Conflictividad territorial en Imbabura

Los conflictos socioambientales en Imbabura están directamente relacionados con la expansión de la minería. Pero antes de profundizar sobre este aspecto, vale la pena reconocer cuales son los principales cambios en el uso del suelo en los últimos 30 años. En el mapa 1, 2 y 3 se observa la evolución en el uso y cobertura de la tierra a nivel provincial. Desde 1990 se destacan las zonas en las que el avance de la frontera agrícola fue mayor: el valle de Intag y la parroquia la Merced de Buenos Aires . Estas son áreas en donde la minería provocó la mayor conflictividad territorial. Por otro lado, el uso del suelo en las áreas más densamente pobladas y de ocupación más antigua, las que abarcan el conglomerado urbano entre Cotacachi, Otavalo e Ibarra, no presentan variaciones significativas. Mientras que, las transformaciones socioespaciales introducidas por la construcción de las vías Ibarra – San Lorenzo, y la vía que conecta el valle de Intag con Cotacachi, trajeron colonos y campesinos, así como empresas mineras. En el mapa 3, se ilustran las concesiones mineras en Imbabura, con mayor detalle las zonas de Buenos Aires e Intag. En este sentido, las luchas antimineras registradas en el valle del río Intag son de gran importancia para el país.

En este valle, la presencia de yacimientos ricos en cobre provocó momentos de profunda tensión entre las empresas mineras, el Estado ecuatoriano y la población local. Los cuales se extienden desde 1990 con la llegada de la empresa de origenjaponés Bishimetals hasta el 2023. La presencia de esta compañía trajo los primeros conflictos, invadiendo propiedad privada y contaminando ríos que brindaban servicios ecosistémicos a las poblaciones. Con estos antecedentes, en 1997, pobladores de la zona se organizaron y quemaron el campamento de la minera, después de este incidente, la compañía dejó Junín.

El segundo momento de avance minero en Intag tuvo lugar entre 2002 y 2014. En ese período, el Estado ecuatoriano concesionó la parte alta del valle al intermediario de proyectos mineros Roque Bustamante. La concesión fue revendida a la empresa Ascendant Exploration, transformada poco después en Ascendant Copper y finalmente renombrada como Copper Mesa Mining Corporation. El período en el que Ascendant ejerció como titular de la concesión, se observó un aumento cualitativo de las formas de ejercicio de la violencia para sacar adelante el proyecto minero. Entre otras estrategias se conocen las amenazas de muerte a líderes locales; asaltos de las fuerzas de seguridad privadas; campañas de acoso y difamación; tentativas de división comunitaria mediante el soborno y la creación de organizaciones supuestamente locales financiadas por la compañía; interferencias en las asambleas y reuniones comunitarias; bloqueo arbitrario de vías por parte de la empresa; corte de los servicios de comunicación locales, como las antenas de radio comunitarias.

La fotografía que se presenta a continuación, da cuenta de una de las agresiones más representativas de este segundo momento, en ella se observa a los miembros de una compañía que brindaba seguridad, la cual fue contratada por la empresa. El personal agredió a la población local tras intentar acceder al territorio comunitario. En última instancia, y, después de sistemáticos abusos y violaciones de derechos, la población de Intag se organizó para enfrentar los atropellos de las mineras. En 2005, alrededor de 300 habitantes de Intag asumieron la responsabilidad de la quema del campamento de Ascentant Copper. La empresa reaccionó tratando de procesar selectivamente a varios líderes, atribuyéndoles crímenes que de acuerdo a declaraciones de las personas involucradas, no tuvieron lugar durante la acción de resistencia. Sin embargo, En el 2008 con el mandato minero, se revocaron muchas de las concesiones concedidas por falta de cumplimiento con las normativas socioambientales y la licencia de Ascendant Copper fue anulada.

Paramilitares contratados por la compañía Ascendant Cooper
Elisabeth Weydt, 2006

El tercer acercamiento minero en la zona comenzó en 2014, cuando el estado otorgó a la empresa chilena CODELCO, en convenio con ENAMI, la concesión de Llurimagua. Las empresas trataron de sacar adelante el proyecto minero a través de una combinación de prácticas como la compra de consensos y de coerción directa. En relación a lo primero sus estrategias no variaron demasiado respecto a sus predecesoras: ofertas de empleo selectivamente dirigidas, pequeños emprendimientos locales y la promesa de desarrollo a partir de las regalías que recibirían los GADs. Sobre el segundo aspecto -el ejercicio directo de la violencia- es donde se encuentran diferencias en los métodos empleados, se observa un impulso a la institucionalización estatal desde el 2006, de tal forma que, las empresas utilizaban a policías y militares para reprimir a la población. Esta característica imprimió en los conflictos dimensiones adicionales: la violencia estaba legitimizada por el Estado.

La lucha contra el proyecto Llurimagua escaló e Intag se convirtió en un lugar en el que confluyeron comunidades locales, académicos y movimientos sociales. En 2020 se ingresó una Acción de Protección, a favor de los moradores de Junín. Recién el 29 de marzo de 2023, la Corte Provincial de Imbabura revocó la licencia a EMSAEC, que es la filial de CODELCO en Ecuador y a ENAMI. Al respecto se destacan dos aspectos que fueron claves para la reversión de la licencia: el primero tiene que ver con la alianza que se forjó entre biólogos y ambientalistas locales. Esta alianza dio lugar al redescubrimiento de una especie de rana endémica de la que no se reportaban ejemplares desde hace décadas (la conocida como Arlequín Hocicuda) y el descubrimiento de un nuevo tipo de ejemplar de anfibio, nombrado como Resistencia. Estos hallazgos permitieron que en los tribunales se acepte el cuestionamiento a las condiciones bajo las que se emitió la licencia ambiental. La documentación de estos anfibios fue crucial en la sentencia emitida por la Corte Provincial.

Sin embargo, otro elemento que contribuyó decisivamente a la valoración del tribunal fue el monitoreo ambiental de la calidad del agua, el cual se desarrolló gracias a una alianza entre academia y población local. Durante cinco años, los moradores de Intag monitorearon cada 15 días los parámetros básicos de calidad del
agua de los ríos de la microcuenca del Junín, con el propósito de crear una base local de información y detectar la contaminación provocada por la minería. La información levantada, admitida a consideración por la Corte Provincia de Imbabura, da cuenta de los diferentes momentos en los que las perforaciones de la empresa alteraron el agua de los ríos.

Por otro lado, es importante destacar que, en Imbabura tuvo lugar una de las victorias de la lucha antimineras más icónicas del Ecuador: el bosque protector Los Cedros. En 2021, la Corte Constitucional del Ecuador se pronunció a favor de la acción de protección presentada por el GAD de Cotacachi para suspender las actividades de la empresa ENAMI. Esta empresa trabajaba dentro del bosque protector, situado en la zona de amortiguamiento de la reserva Cotacachi – Cayapas. La concesión otorgada en 2017 por el entonces Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) a ENAMI fue suspendida debido a los impactos en una zona de importancia hídrica estratégica y que cuenta con varias especies de flora y fauna endémicas. Por tanto, el bosque protector Los Cedros es considerado uno de los últimos bosques que conserva la Región Biogeográfica del Corredor Chocó Ecuatoriano, y, por tanto una de las regiones megadiversas a nivel mundial.

En cuanto al caso de la parroquia rural La Merced Buenos Aires, la minería corporativa llegó a a través de la entrega de la concesión del título minero a la empresa de capital australiano Hanrine. Sin embargo, la minería “formal”, rápidamente se conjugó con la minería “informal”, teniendo consecuencias no dimensionadas a nivel socioambiental. En La Merced de Buenos Aires existen profundos conflictos entre las comunidades, exacerbados por el abandono estatal, la violencia de las poblaciones involucradas en la minería informal y la presencia de grupos de delincuencia organizada en la zona. La situación es tan compleja que, la irregularidad de la actividad minera escapa de todo control militar o policial. Las familias se sienten en total indefensión. La mirada sobre la minería informal es la estrategia de la empresa minera Hanrine para ganar legitimidad en la consolidación del proyectos El discurso que manejan los representantes de las mineras, es un intento por distanciarse de los efectos devastadores causados en la parroquia. Argumentan que los daños no tendrían cabida bajo una minería basada en contratos con el Estado. El discurso corporativo se basa en el cumplimiento formal de la ley y en la capacidad de “dominio” sobre la naturaleza de una minería basada en las últimas prácticas científico-técnicas, así la dimensión del riesgo queda reducida. Finalmente, las empresas atacan a toda población que se resiste a la minería, tildándola de ilegal.

La minería ilegal trae consigo una serie de problemáticas que, presenta importantes desafíos a la hora de fiscalizar las actividades, imputar responsabilidades por contaminación y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Los mineros ilegales llegaron a La Merced de Buenos Aires en 2017, los primeros años fueron una sucesión constante de disputas internas por el control de la extracción de minerales. En ese período, diferentes facciones luchaban por determinar las normas en la operación de la extracción y el reparto del excedente, luchas que implicaron asesinatos, mutilaciones y ocultación de cadáveres bajo fosas comunes. Esta información se conoce gracias a entrevistas realizadas al equipo jurídico que acompaña a la APT Norte, grupo que acompaña a la comunidad de Buenos Aires y a BUPROE. En ese mismo año, la mayor parte de las personas se instalaron cerca de las antiguas minas ubicadas en la parroquia, que, fueron concesionadas a la compañía Hanrine. Estos asentamientos humanos, se conocen como la ciudad del plástico, los cuales son sumamente, ya que no cuentan con ningún servicio básico, lo que complejiza la situación de cientos de personas que ahí habitan.

En el 2019 se ejecutó el operativo militar “Amanecer Radiante”, durante la intervención, se expulsó a los mineros y se destruyó parte de la infraestructura instalada. Semanas después retomaron las actividades ilegales. Es importante mencionar que la minería ilegal genera condiciones de explotación laboral. Al respecto se conoce que, la mano de obra está compuesta por población de la parroquia, así como de localidades vecinas, de personas de otras provincias y de migrantes de otras nacionalidades. Un parte de las personas que trabajan en la extracción son mujeres y sus hijos. El pago es a destajo y las jornadas de trabajo alcanzan un promedio de 10 horas.

Para ciertos grupos de La Merced de Buenos Aires, la minería ilegal representa una opción para superar la pobreza de la zona, una promesa de superación en el corto plazo. Aunque, dista de la realidad, pues, la minería informal está lejos de ser un negocio en el que cada cual extrae para sí mismo y recibe ganancias acordes con su propio trabajo. De hecho, las formas de reparto de las rentas de esta actividad distan del modelo del cuentapropista o del empresario de sí mismo adoptado por muchas personas para justificar su participación en las mismas. En conversaciones con la población local y con el equipo jurídico que acompaña la lucha contra la empresa, se conoció que después de los primeros años de pugnas y crímenes para consolidar el control de los flujos de valor, la minería ilegal está regida por relaciones de poder más consolidadas.

El control ejercido por estos grupos implica también, al igual que cuando la minería es realizada por las empresas, una apropiación de rentas extraordinarias. Los peones que trabajan para la minería informal ganan por destajo o por jornal. Los excedentes son capturados por los eslabones superiores, permitiendo el enriquecimiento de estas organizaciones criminales. Además, en torno a las actividades de extracción en La Merced de Buenos Aires, se generó una economía que incluye el intercambio de servicios como son talleres mecánicos, alimentación, hospedaje, distracción. En cuanto a la organización social que se opone a la presencia de la minería legal o ilegal, es importante mencionar que, suele ser una estrategia de las empresas la intimidación, las amenazas o incluso la violencia contra aquellas personas que resulten incómodas para la ejecución de los proyectos. Es decir, la violencia corporativa tiene claros patrones y formas de operar. Sin embargo, las formas de intimidación y de violencia ejercida por la minería informal son impredecibles y menos rastreables. Para las personas defensoras resulta en una dificultad de lectura, de anticipación y de respuesta estratégica frente a estas lógicas.

4. Rol del Estado en la legitimación de las actividades extractivas en Imbabura

El Estado ecuatoriano juega un papel clave en la facilitación de los proyectosextractivos, presentándolos como iniciativas estratégicas para el desarrollo del país. Através de la modificación de marcos normativos y el uso de fuerzas de seguridad paragarantizar la operación minera, se debilitó la capacidad de las comunidades paraejercer su derecho a la consulta previa. Además, a lo largo del tiempo fue posibledocumentar la connivencia entre actores estatales y grupos mineros ilegales, lo queexacerbó la conflictividad en la región. La falta de una política clara de protecciónambiental y social dio pie a que las empresas operen con escasos controles y sin unaadecuada fiscalización. En muchos casos, las instituciones gubernamentales actúancomo intermediarias en la negociación de proyectos mineros, dejando de lado su rolde garantes de derechos y priorizando el impulso de inversiones privadas en detrimento de los intereses comunitarios y ambientales.

El Estado como uno de los mayores detentadores del poder de producción simbólica, aplicó en Intag todo su arsenal a la hora de tornar legítimo el proyecto Llurimagua. Utilizó estrategias de legitimación para facilitar el avance de la explotación minera. Por ejemplo, en un proceso jurídico presentando ante la Corte Constitucional, al realizaruna revisión de los procesos de licenciamiento ambiental fue posible comprobar que varias instituciones estatales como el anteriormente MAE hoy MAATE, ARCOM, SENAGUA y ENAMI operaron negligentemente, al no considerar los mínimos controles ambientales y jurídicos. Situación que se puso en evidencia, cuando la Contraloría General del Estado, realizó un examen sobre las autorizaciones relacionadas al manejo del agua, pues, se observó que, mucha de la información técnica sometida a análisis tenía errores de cálculo o no correspondía al área de estudio.

Por supuesto, estos “errores” no son involuntarios, sino que tenían el objetivo de facilitar la implementación del proyecto. En el caso de La Merced de Buenos Aires, durante la operación “Amanecer Radiante” de 2019, que buscaba expulsar a la minería ilegal de la zona. Se conoce que, una vez que los policías y militares dejaron la zona, los mineros volvieron a operar como antes, recuperado gran parte de las incautaciones registradas durante la operación. Dentro de las irregularidades, la población local recuerda con indignación los siguientes casos: las buenas relaciones que entablaron los mineros ilegales y los agentes de control; en esta misma línea, se conoció que, un capitán fue descubierto robando piedras con oro; y, el de «suplantación de rocas» en un depósito de la ARCOM en Ibarra.

5. Conclusiones

Taller de fortalecimiento organizativo en La Mercedde Buenos Aires
Fotografía: Rossana Torres, 2024

El caso de Imbabura refleja las contradicciones del modelo extractivo en Ecuador, donde la promoción de la minería como estrategia de desarrollo, generó conflictividad social y ambiental. La minería formal e informal coexiste en un contexto de violencia, corrupción y criminalización de la resistencia. A medida que las concesiones mineras avanzan, los derechos de las comunidades son vulnerados sistemáticamente, reduciendo su capacidad de autodeterminación y afectando su bienestar socioeconómico. Es fundamental el fortalecimiento de mecanismos de protección para las comunidades, la garantía de sus derechos frente a los impactos de la minería y la construcción de alternativas económicas sostenibles que prioricen la conservación del entorno y el respeto a los modos de vida locales. El establecimiento de diálogos efectivos y la implementación de políticas públicas que incorporen la voz de las comunidades son esenciales para evitar la profundización de la conflictividad en la región.

El Estado juega un papel crucial en la legitimación de las actividades extractivas. A través de un marco normativo que prioriza la inversión privada sobre los derechos de las comunidades, se perpetúan situaciones de vulnerabilidad. La falta de aplicación de instrumentos de protección de derechos humanos y la ausencia de voluntad política para promover un desarrollo inclusivo contribuyen a agravar la conflictividad. Este contexto de polarización política y social se enmarca dentro de una ecología política que favorece la devastación ambiental en detrimento de las comunidades locales.

La entrada Resumen del diagnóstico de la conflictividad socioambiental relacionada con la extracción de recursos naturales: Caso Imbabura se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

En la pieza anterior de esta publicación profundizamos sobre cómo la presencia de la minería informal contribuye a la transformación de las formas que cobran los conflictos por minería en espacios como Buenos Aires. Con esta última entrega, quisiéramos cerrar este análisis sobre las formas de hibridación de la violencia minera corporativa e informal con algunos apuntes que atañen a la población local que resiste la entrada de cualquier tipo de minería en sus espacios de vida. Estas personas están atravesadas por una situación llena de tensiones, angustias y contradicciones.

Una capilaridad minera que tensiona.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que si por lo general, la llegada de la minería corporativa suele provocar fracturas al interior de las poblaciones, como ocurre por ejemplo en el caso de Las Naves (Imbabura), las polarizaciones causadas por la minería informal adquieren otras connotaciones en términos cualitativos y de escala.

Hay que considerar que, para que la minería ilegal logre consolidarse en un espacio como Buenos Aires, es necesario cierto grado de involucramiento local.

Hay que considerar que, para que la minería ilegal logre consolidarse en un espacio como Buenos Aires, es necesario cierto grado de involucramiento local. Muchas personas de la comunidad participan directa -las menos- o indirectamente -las más- en esta actividad. Las empresas, por lo general, reservan algunos servicios para la contratación local, pero tienen autonomía y capacidad para organizar los suministros vinculados con sus operaciones. La minería informal, sin embargo, necesita establecer una densidad mayor de relaciones locales a la hora de garantizarse hospedaje, alimentación, servicios de mantenimiento de vehículos y equipamientos, materiales, etc. Esto suele terminar haciendo que este tipo de minería construya una nada desdeñable capilaridad en el tejido social local.

Adicionalmente, la penetración de la minería informal provoca tensiones al interior de las propias familias de la comunidad. Para el caso de Buenos Aires, por ejemplo, la presidenta de la Junta Parroquial nos explicaba que parte de su familia, con la que ha roto relaciones, arrienda unos terrenos para las operaciones de los mineros informales. Estas divisiones minan el grado de cohesión local característico de comunidades como Buenos Aires y generan mucho sufrimiento para las y los implicados.

Las amenazas a la integridad de quienes rechazan la minería.

Otro aspecto crítico para aquellas personas que se oponen a cualquier tipo de minería en este tipo de contextos está relacionado con su seguridad física. Es bien sabido que las empresas se valen de sicarios a sueldo a la hora de intimidar, amenazar o asesinar a aquellos que les resulten demasiado incómodos para sus proyectos.

las formas de intimidación y de violencia ejercida por la minería informal son más impredecibles y menos rastreables.

Esta violencia corporativa ha sido bien analizada y conocemos sus patrones, sus fases. Sin embargo, las formas de intimidación y de violencia ejercida por la minería informal son más impredecibles y menos rastreables. Podríamos decir que genera, para los que nos dedicamos a apoyar a las comunidades que resisten y para los que ejercen este tipo de resistencia, una dificultad de lectura, de anticipación y de respuesta estratégica.

Colocando nuevamente a Buenos Aires como ejemplo de esto último, la presidenta de la Junta Parroquial es perfectamente consciente de las amenazas de muerte vertidas sobre ella en la forma de rumores que se propagan en un ámbito social muy reducido. Nos es más fácil identificar a una empresa como la fuente de violencia y planear acciones para ponerla en evidencia, como campañas mediáticas y de incidencia en la opinión pública. Sin embargo, cuándo se trata de la minería informal, con frecuencia únicamente podemos interpelar al estado. Y esa estrategia, aunque irrenunciable, está cargada de problemas.

Al final, la vieja pregunta, ¿qué hacer?

Podríamos decir que las tensiones a las que están sometidos los moradores que resisten a la minería en contextos como el de Buenos Aires pueden ser formuladas bajo la siguiente pregunta: ¿con quién estamos menos mal? Si el objetivo final, ideal, es librarse de la minería en su territorio, los pasos, las decisiones concretas que tienen que tomar para avanzar hacia el mismo están atravesadas por esta pregunta.

Vemos esto último cuando pensamos en la estrategia seguida por Buproe y el equipo jurídico que acompaña a esta organización local que resiste a la minería.

Una militarización del territorio podría suponer por tanto un puente de plata para la eventual retomada de la empresa. ¿Qué otros caminos quedan?

Buproe está muy centrada en la confrontación jurídica con Hanrine, sobre todo a raíz de los intentos de penetración de la compañía de la mano de la policía en abril-junio del 2021. Esta pelea jurídica se intensificó a partir de los enfrentamientos con funcionarios de la minera y con las autoridades, en los quevarios comuneros fueron criminalizados. Posteriormente, con la acumulación de evidencias y documentación sobre las irregularidades en el proceso de la titularización de la concesión, Buproe y sus abogados decidieron presentar una acción de protección que hoy en día está en la Corte Constitucional.

Con todo, hoy por hoy, los mayores problemas que enfrentan los que resisten al extractivismo en Buenos Aires tienen que ver con la minería informal. Una minería a la que ni el ejército, ni la policía, ni la ARCOM han logrado expulsar definitivamente. Cada operativo ha resultado en una retomada de los mineros ilegales poco tiempo después. La contaminación actual en la parroquia proviene principalmente de esta actividad, y las mayores amenazas para los representantes comunitarios también.

¿Qué significaría para la presencia de este tipo de minería una victoria contra Hanrine? ¿Provocaría un aumento de la llegada de mineros, tal y como ya ocurrió cuando la empresa paró sus operaciones hace un par de años? Al mismo tiempo, ¿qué consecuencias tendría, de cara a un potencial avance de la minería corporativa, un mayor compromiso del Estado para expulsar a los mineros informales de Buenos Aires? La gente local que lucha contra la minería es perfectamente consciente de que el estado tiene a la minería empresaria en Buenos Aires como uno de los proyectos estratégicos para la consolidación del sector en el país. Una militarización del territorio podría suponer por tanto un puente de plata para la eventual retomada de la empresa. ¿Qué otros caminos quedan? La eterna pregunta: ¿qué hacer? Trabajar sobre esto en el corto-mediano plazo nos parece central para el futuro.

La entrada Transformaciones en las formas de violencia minera, parte III: la resistencia anti-minera en la encrucijada. se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

En la primera entrega de esta publicación hemos visto que las empresas aprovechan el avance de la minería ilegal en el país, siendo Buenos Aires un caso paradigmático de ello, para diferenciarse y obtener legitimidad. Sin embargo, esto no quiere decir que los efectos devastadores señalados por las compañías sean inexistentes. En verdad, tal y como apuntan las corporaciones, la problemática de la minería mineral presenta importantes desafíos a la hora de fiscalizar, imputar responsabilidades por contaminación y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

El imperio de la ley mafiosa y la precariedad.

Con frecuencia, la minería informal se impone bajo modos de regulación sociales basados en la ley mafiosa. En Buenos Aires, los mineros ilegales llegaron en 2017 y los primeros años fueron una sucesión constante de disputas internas por el control de la producción. Diferentes facciones luchaban por determinar las normas en la operación de la extracción y el reparto del excedente, luchas que implicaron asesinatos, mutilaciones y ocultación de cadáveres bajo fosas comunes. 

La mayor parte de los mineros se instalaron cerca de las minas antiguas de la parroquia, ubicadas en una de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Hanrine. Las imágenes mostradas más abajo de los asentamientos precarios conformados, conocidos como la ciudad de plástico, dan cuenta del grado de precariedad en la que viven estas personas, incluyendo a familias con niños.

Estas imágenes fueron tomadas en 2019, tras la ejecución del por parte de los militares del operativo “Amanecer Radiante”. En esta intervención, las fuerzas armadas expulsaron a los mineros y destruyeron parte de su infraestructura, sin que esto impidiera que, semanas después, estos últimos retomasen sus actividades nuevamente.

Además de la precariedad de las viviendas, las condiciones de explotación y la falta de seguridad en el trabajo marcan la minería informal. La mano de obra se compone de población de Buenos Aires y de localidades vecinas, así como de personas de otras provincias y de inmigrantes extranjeros. Muchas de ellas son mujeres que vienen con sus hijos, quienes también trabajan en la extracción del mineral. El pago es a destajo y las jornadas de trabajo alcanzan un promedio de 10 horas.

Devastación ambiental de la minería informal.

Las imágenes anteriores también nos permiten apreciar parte de los impactos ambientales provocados por la minería. En Buenos Aires, el oro se encuentra disponible prácticamente en la superficie, por lo que los mineros suelen desmatar y excavar túneles de baja profundidad para acceder al mineral. Sin embargo, la concentración del mineral no es muy alta: de una tonelada de roca extraída se obtiene, aproximadamente, 50g de oro. Al comienzo, la roca era extraída en bruto para su procesamiento posterior en diversas zonas del país. Sin embargo, conforme la minería informal se fue expandiendo, esta operación pasó a darse localmente con el uso de arsénico. Tal y como relata un informe oficial:

En el trayecto de la vía de Buenos Aires a La Vicera, se encuentran instaladas alrededor de 100 cilindros amalgamadores, más conocidos como “chanchas”, con una capacidad de 80 a 90 kilos de mineral y aproximadamente unas 40 piscinas de cianuración con capacidad de 20 ton/mes. Ambos procesos son ineficientes (40% de recuperación) y altamente contaminantes.

Todo esto ha llevado a la contaminación de los ríos y al agravamiento de los impactos ecosistémicos de la minería en la parroquia. Como veíamos en el punto anterior, esta contaminación se encuentra en áreas de concesión de la empresa minera, quien se exime de cualquier responsabilidad. La minería informal recrudece los impactos socioambientales inherentes a la actividad, exponiéndolos de manera abierta. Las piscinas de lavado, el tráfico de personas, los asesinatos y la precariedad también se hacen presentes con la minería corporativa, aunque podríamos pensar que con la minería informal adquieren un carácter más pornográfico. Las formas por las que se despliega y sus efectos son exhibidos sin tapujos, sin necesidad de tentativas de remediación, camuflaje, compensación.

La falta de alternativas empuja a la minería informal.

Con toda esta crudeza, ¿cómo se explica la afluencia y persistencia de la minería ilegal en zonas como Buenos Aires? Gran parte de los mineros informales pertenecen a una masa flotante de personas que transite en diferentes frentes de avance de la minería ilegal en Ecuador. Algunos son oriundos de provincias del sur como Zamora, mientras que otros provienen de Colombia y Venezuela. Los mineros mencionan recurrentemente la falta de alternativas a la hora de dar sentido a sus actividades. Hay, en efecto, un caldo de cultivo regional que permite que mucha mano de obra termine siendo reclutada para esta actividad. Del mismo modo, existen también personas de la propia parroquia de Buenos Aires que perciben a la minería informal como una posibilidad ante la ausencia de mejores oportunidades

Al no haber trabajo al haber pobreza […] y sin embargo, la minería está ahí botada, no se puede minar. Siendo dueños nosotros de estas tierras no nos permiten minar, pero en cambio, sí están entrando las empresas grandes a extraer los minerales.

Este tipo de declaraciones muestran también un rechazo a la minería corporativa, entendida como expolio de empresas extranjeras de recursos que, en primer lugar, deberían beneficiar a la población local, a los dueños de la tierra. La minería informal es vista así como una salida ante lo inevitable, ante lo dado -la pobreza generalizada y la existencia de un “tesoro bajo el subsuelo” que promete la superación de la primera. Sin embargo, la minería informal está lejos de representar un negocio en el que cada cual extrae para sí mismo y se lleva ganancias acorde con su propio trabajo. Las formas de reparto de las rentas de esta actividad distan del modelo del cuentapropista o del empresario de sí mismo adoptado por muchas personas para justificar su participación en las mismas. En conversaciones con la población local y con el equipo jurídico que acompaña la lucha contra la empresa, nos explicaban que, tras estos primeros años de pugnas y crímenes para consolidar el control de los flujos de valor, la minería ilegal está regida por relaciones de poder más consolidadas. Nuestros informantes nos comentaban que varios grupos han participado en el comando de las redes de extracción y financiamiento de la minería, desde guerrillas colombianas desmovilizadas tras los acuerdos de paz hasta grupos vinculados al narcotráfico como Los Lobos, encargados de la custodia del oro hasta los puntos de venta en varias partes del país. Esta información también aparece de manera fragmentada en publicaciones en la prensa.

Así, el control ejercido por estos grupos implica también, al igual que cuando la minería es realizada por las empresas, una apropiación de rentas extraordinarias. Los peones que trabajan para la minería informal ganan por destajo o por jornal. Los excedentes son capturados en los eslabones superiores, permitiendo el enriquecimiento de estas organizaciones criminales. Esto no quita, sin embargo, que las ganancias obtenidas por los mineros informales rasos no sean mayores que las que obtendrían realizando cualquier otra actividad. Además, en torno a las actividades de extracción, muchas personas trabajan ofreciendo servicios de diferente índole, como talleres mecánicos, alimentación u hospedaje. De hecho, la población local suele participar más a menudo de este tipo de servicios que de la extracción directa del mineral. Finalmente, nos comentaban nuestros interlocutores, los dueños de las tierras en donde se extrae el oro también arriendan sus propiedades a la minería a precios muy tentadores.

Todo esto configura un escenario muy complicado para los procesos de resistencia a la minería en estos espacios. En la tercera y última entrega de esta publicación daremos cuenta de ello.

La entrada Transformaciones en las formas de violencia minera, parte II: las novedades de la minería informal. se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Intentando enmarcar las causas y los efectos de la minería informal

En Buenos Aires, la presencia de los mineros ilegales ha sido criticada por los portavoces de la empresa Hanrine y por los representantes del sector minero en general con el objetivo de diferenciarse de los efectos devastadores causados en la parroquia por esta actividad. Estos efectos, argumentan los empresarios, no tendrían cabida bajo una minería basada en contratos con el estado y que tiene que cumplir con la regulación ambiental.

Como no debería sorprender, para la patronal, el motivo de la existencia de la minería informal tiene que ver con la corrupción del estado y la excesiva carga burocrática de los trámites para conseguir las licencias ambientales. “Por un lado, [el Estado] estresa al sector minero formal mientras que, por otro, tiene una mirada complaciente con la minería ilegal”, afirmaba Franklin Soria, uno de los portavoces más mediáticos del sector.

Si lo anterior está referido a las causas de la minería informal, en relación a sus efectos, los representantes de las empresas apuntan, no sin razón, al desastre ambiental que este tipo de actividad provoca y se eximen de cualquier responsabilidad, a pesar de que, como en el caso de Buenos Aires, estos pasivos ambientales tuvieron lugar en áreas de concesión que les fueron otorgadas. 

La búsqueda de distinción corportiva

Por otro lado, la empresa busca colocarse como la única con capacidades para llevar a cabo una actividad minera capaz de “prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales y favorecer a la población con los proyectos”. Los portavoces de las empresas hacen hincapié de mostrar este carácter responsable de la minería corporativa especialmente cuando son preguntados sobre las afectaciones a las aguas, uno de los temas que más sensibles para la opinión pública.

El discurso corporativo se basa por tanto en el cumplimiento formal con la ley y en la capacidad de dominio sobre la naturaleza de una minería basada en las últimas prácticas científico-técnicas. La dimensión del riesgo queda reducida, desaparecida del horizonte. De hecho, los riesgos son reconocidos en los estudios de impacto ambiental de algunos proyectos emblemáticos de segunda generación como El Domo (Bolívar). En el estudio se valora que el riesgo de ruptura o desborde de las relaveras es alto, para lo cual recomiendan un tipo construcción que supuestamente ofrece las garantías máximas de seguridad. Esto no anula el riesgo, sin embargo. No obstante, el discurso patronal cierra esta brecha existente presentando un horizonte de certeza para algo que no cierra, que no puede cerrar. Todo esto, además, sin contar con la otra gran brecha existente, igual de importante,  entre lo que las empresas dicen o proyectan que van a hacer y lo que terminan haciendo realmente, tal y como el caso de la relavera de Mirador (Zamora) nos muestra. En este gran proyecto de minería a cielo abierto, el agua tóxica iba a ser contenida en una obra que ofrecía las mejores condiciones de seguridad posibles. Sin embargo, un grupo de científicos norteamericanos inspeccionó la infraestructura realmente construída y no coincidía con los planos: la empresa china había optado por un diseño más barato y más vulnerable a la catástrofe.

Difamación de la resistencia anti-minera

Finalmente, las empresas no dudan en atacar en sus discursos a toda la población que se resiste a la minería, tildándola de mineros ilegales. Los representantes de la empresa Hanrine fueron categóricos en esto, al acusar a la organización local Buproe de tener intereses en la extracción ilegal:

Otro representante del sector realizaba en relación a esto una argumentación general más amplia y cargada de tintes clasistas y racistas:

Vemos así que los discursos del sector empresarial minero, cargados de racismo, clasismo y mala fe, se dirigen a diferenciarse explícitamente de la minería informal. Las compañías trazan de esta forma posiciones binarias: si los mineros ilegales contaminan, ellas cumplen estrictamente con la regulación ambiental; si la minería ilegal trae conflicto y división, ellas tejen “excelentes relacionamientos comunitarios” para asegurarse de que con la minería todos salen ganando; si la minería ilegal se compone siempre de gente ajena a la comunidad que la terminan pervirtiendo, las empresas mineras se presentan como “un vecino más”, impulsando las iniciativas agropecuarias locales a nuevos niveles a través de capacitaciones, dotación de equipos. Estos mensajes son replicados fuertemente por la prensa dominante, quien colabora también con la patronal en comprometer a las luchas contra los grandes proyectos mineros con los intereses de la minería ilegal. De esta forma se consolida una imagen unificada de las personas que se oponen a las corporaciones, una imagen sobre la cual, en el actual estado de conflicto armado interno, se proyecta la figura del terrorista. Las nuevas gramáticas de la violencia provocada por la minería van cobrando formas más imbricadas.

En la segunda parte de esta publicación, exploraremos más el papel de la minería informal en sí en las transformaciones de las formas de la violencia minera.

La entrada Transformaciones en las formas de violencia minera, parte I: las corporaciones contra la minería informal en busca de legitimidad. se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.