Introducción a los informes y reportes las de organizaciones internacionales

En agosto de 2025 Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, la cual se inscribió en esta tendencia regional. La normativa buscaba la transparencia y prevención del uso indebido de recursos en organizaciones sociales. También introdujo mecanismos de registro obligatorio, clasificación por niveles de riesgo, reporte detallado de financiamiento y sistemas de control estatal centralizados sobre las organizaciones sin fines de lucro. En la práctica, estas disposiciones ampliaron las capacidades de supervisión estatal y dificultaron el trabajo de defensa de derechos. A lo anteriormente descrito se adhiere el desarrollo reglamentario de la ley, que incorporó disposiciones para habilitar sanciones y restricciones específicas contra organizaciones que acompañaban y defendían derechos en contextos vinculados a proyectos extractivos.

La ley y su reglamento no solo incrementaron el riesgo de sanción administrativa o cancelación de la personería jurídica, sino que también reforzaron los procesos de estigmatización y criminalización contra organizaciones y personas defensoras que cuestionaban o monitoreaban los impactos de actividades extractivas. En conjunto, el marco normativo y su reglamentación profundizaron un entorno restrictivo que limitaba la acción legítima de la sociedad civil y debilitaba las garantías para la defensa de derechos en Ecuador. En la sección de contexto nacional se profundiza sobre el andamiaje jurídico construido entre 2025 y 2026, así como sobre las repercusiones que trajo para las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, CIDH afirmó que, durante el 2025 las dinámicas de criminalización, amenazas y violencia contra personas defensoras eran mucho más frecuentes y complejas en toda la región. Por su parte, en marzo de 2026 Amnistía Internacional, alertaba sobre un patrón sistemático de adopción de “leyes anti-ONG”, el cual tendría como objetivo controlar, restringir e incluso desmantelar a las organizaciones. Estas normativas no solo limitan el acceso a financiamiento y aumentan la vigilancia estatal, sino que están acompañadas por campañas de estigmatización que presentan a las organizaciones como “enemigos internos” o “agentes extranjeros”, generando entornos de miedo, autocensura, debilitamiento del tejido social y desmovilización (Amnistía Internacional, 2026).

Lejos de fortalecer la transparencia o la rendición de cuentas, estas leyes y sus reglamentos tan solo legitiman y consolidan prácticas autoritarias que restringen la libertad de asociación, aumentan los riesgos de persecución y exposición de personas defensoras, reducen la capacidad de las comunidades para exigir derechos, de imponer límites al derecho a la participación social y acceder a mecanismos de protección. Como veremos más adelante, este fenómeno es parte de una estrategia más amplia.

Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial de 2026 menciona que la democracia se encuentra en una suerte de recesión, cayendo en una espiral iniciada antes de las últimas elecciones presidenciales registradas en Estados Unidos. En este sentido, el director ejecutivo de HRW Philippe Bolopion, presenta algunos datos que revelan el marcado retroceso de la democracia experimentado en las últimas décadas, enfatizando en aquellos países considerados como potencias mundiales:

[…] la democracia ha vuelto a los niveles de 1985, según algunas métricas, y el 72 % de la población mundial ahora vive en contextos de autocracia. En Rusia y China hoy hay menos libertad que hace 20 años. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos […] (Bolopion, 2026).

Lo dicho por Bolopion, es ratificado al analizar y comparar los informes de organizaciones internacionales sobre la situación regional. Precisamente, uno de los patrones más recurrentes es la degradación de la democracia. Mientras esto sucede a nivel mundial, en la región latinoamericana se observa una convergencia de al menos tres elementos: gobiernos autoritarios que imponen una agenda securitista, acompañada por signos de violencia estatal y leyes restrictivas, el abuso del derecho para criminalizar a personas defensoras; en segundo orden, la gran influencia económica y política de capitales nacionales y extranjeros sobre las decisiones de lo público; y, la dominancia de grupos de delincuencia organizada en diferentes escalas.

Lista de referencias

Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Bolopion, Philippe, “¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpiano? Los avances autoritarios amenazan el orden basado en normas” en Informe Mundial 2026, Human Rights Watch, 2026, https://www.hrw.org/es/world-report/2026

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf

WOLA (Oficina de Washington para América Latina). 2025. Limitando el espacio cívico: el endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil en las Américas. https://www.wola.org/wp-content/uploads/2025/07/Limitando-el-espacio-civico-el-endurecimiento-de-las-restricciones-a-la-sociedad-civil-en-las-Americas.pdf

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una reflexión sobre el riesgo que enfrentan las personas defensoras en toda la región latinoamericana

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Introducción

En la compleja lucha contra la inseguridad que enfrenta Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa encontró la situación perfecta para adoptar medidas económicas neoliberales que en años anteriores eran rechazadas por la población, bajo el discurso de la política de ajuste económico para financiar el conflicto armado interno. Estas políticas tienen que ver con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), seguido por el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y, finalmente, la eliminación de los subsidios a los combustibles. El 31 de mayo de 2024, el FMI aprobó un crédito de 4.000 millones de dólares que será distribuido en el presupuesto general del Estado a lo largo de cuatro años. El préstamo fue solicitado por el gobierno de Ecuador bajo el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF por sus siglas en inglés), este condiciona al país a implementar reformas estructurales profundas y duraderas que, en teoría, resuelvan las deficiencias institucionales o económicas, además de políticas que mantengan la estabilidad económica. Entre las medidas se encuentra la reducción del déficit de recursos en el presupuesto del Estado mediante el aumento IVA (que rige desde el 1 de abril de 2024), pasando del 12% al 15%, con este incremento el gobierno espera recaudar 1.300 millones de dólares al año.

En este mismo paquete de medidas solicitado por el FMI se encuentran la eliminación de los subsidios a los combustibles, que en el 2023 sumaron 3.000 millones de dólares. La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de junio de 2024, el incremento es de USD 0,26 por galón en los precios de las gasolinas extra y ecopaís. Desde esta cartera de Estado se informó a la ciudadanía acerca de un mecanismo para que la variación de los precios no sea abrupta, pues, solo podría incrementarse en un 5% y disminuir en un 10%. Ahora bien, para justificar el incremento, el ministro de economía y finanzas Juan Carlos Vega recurrió -nuevamente- al argumento básico del gobierno “no hay fondos para financiar la guerra interna contra los grupos terroristas”.

Al respecto, y de acuerdo con los cálculos de esta cartera de Estado, se requieren 1.020 millones de dólares al año para sostener las operaciones que ejecutan las Fuerzas Armadas. Mientras que, el déficit bordea los 5.000 millones de dólares y los fondos están agotados. En este sentido, desde el gobierno se observa una apuesta comunicacional que intenta posicionar la efectividad de los más de 75.000 operativos desplegados en el territorio nacional. La forma de presentar los resultados del trabajo de los agentes policiales y militares no es coincidencia, de hecho, busca sostener en el corto plazo el apoyo popular para los comicios del próximo año.

Retomando el tema del incremento en el valor de los combustibles, el gobierno nacional pactó con el gremio de transportistas para entregar bonos o compensaciones (dependiendo de la actividad específica). No obstante, desde otros sectores sociales, como el movimiento indígena, sindicatos y estudiantes se generaron diferentes reacciones y se planteó una marcha para el 4 de julio de 2024. Aunque, a diferencia de otros años el temor a la violencia Estatal se amplifica por la declaratoria del conflicto armado interno y la posibilidad de la criminalización de las personas que participen en este tipo de manifestaciones.

No obstante, el FMI tiene otros requerimientos para la entrega del préstamo, estos se encuentran en los espacios históricamente disputados por los diferentes grupos de poder como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador (IESS) y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, más conocida como Petroecuador. En esta misma línea se busca la reestructuración del sector energético que actualmente se encuentra en crisis por la incertidumbre que generan los cortes de energía, afectando a la productividad del país. El FMI también solicitó la aprobación de una nueva legislación contra el lavado de activos, así como otras demandas de corte neoliberal. Estas políticas impactan directamente en la economía, ya que se prevé una contracción del gasto público y la inversión, así como el encarecimiento de los costos de vida que afectarán a los sectores más vulnerables. Aquí se encuentran los más de 7 millones de personas que viven con menos de 3 dólares diarios y 2 millones de ellas con menos de 1,70 al día.

Estos impactos también alcanzan a un marco de relaciones de trabajo caracterizado, estructuralmente hablando, por la ocultación, precarización y vulneración de derechos. Los procesos de industrialización y modernización productiva del país se sostuvieron, durante décadas, en redes informales de explotación laboral. A través de estas redes, los empresarios, sobre todo los que tienen más capacidad de influir en los entramados de producción y distribución, evaden sus responsabilidades. Este tipo de mecanismos se encuentran en todos los sectores económicos del país: en el textil con las maquiladoras, en la agroindustria con los mecanismos de producción bajo contrato y absoluta precarización de las condiciones de vida, en las recicladoras con las familias dedicadas a la recolección y clasificación de la basura, en la venta informal con las grandes comercializadoras valiéndose de trabajadores que ocupan el espacio público, etc. En el siguiente gráfico, se observa la evolución del trabajo precarizado en el país preparado por el Observatorio del Trabajo y el pensamiento crítico de la Universidad Central del Ecuador, en 2023:

Bajo este contexto, las políticas implementadas por el ejecutivo extendieron los mecanismos de precarización y fragmentación del trabajo en el poco más del 20% del total de la población que cuenta con un empleo formal. El ejemplo más paradigmático de esta situación guarda relación con la pregunta E de la última consulta popular sobre el trabajo por horas. A pesar de que la campaña a favor del Sí contaba con el apoyo de los grandes medios de comunicación, el 21 de abril de 2024 el intento de Noboa por esta enmienda constitucional no contó con el respaldo popular, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la pregunta obtuvo un 30,50% de votos. A pesar del pronunciamiento popular, a principios del mes de mayo de 2024 la actual Ministra de Trabajo Ivonne Núñez manifestó públicamente la intención de regular el trabajo por horas vía acuerdo ministerial.

El método para imponer ciertos temas por encima de la Constitución e incluso el mandato popular no es una práctica reciente o exclusiva del gobierno de Daniel Noboa; de hecho, el 20 de agosto de 2023, se efectuaron las elecciones presidenciales adelantadas, así como una consulta popular, una de las preguntas planteaba la posibilidad de enmendar la Constitución para extraer los recursos petroleros disponibles en el Parque Nacional Yasuní69. El 58,59% de la población decidió que el petróleo se quedaba bajo tierra (ver el siguiente gráfico).

No obstante, pocos días después el entonces Ministro de Energía y Minas Fernando Santos Albite declaró a la opinión pública que el gobierno de Guillermo Lasso no acataría los resultados del plebiscito para detener la explotación del yacimiento ubicado en la zona intangible Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocido como el bloque 43. Al respecto, en un informe estadístico del año 2023 preparado por Petroecuador, trascendió que, en octubre de 2023 se explotó la mayor cantidad de petróleo que en todo el año teniendo casi dos millones de barriles. Al respecto, durante el debate presidencial de primera vuelta, el entonces candidato a la presidencia Daniel Noboa dijo que la extracción de crudo en el Yasuní no era rentable para el país, pues, el promedio de ganancias del petróleo ecuatoriano en los próximos 5 años no sería mayor a 70 dólares por cada barril de petróleo. Contradiciendo su discurso en la campaña electoral, actualmente Noboa pretende ampliar el período de explotación y ampliación del plazo para cumplir el mandato popular. Esto a pesar de que, la Corte Constitucional del Ecuador dispuso el desmontaje progresivo de la infraestructura de explotación en el bloque 43 prácticamente hace un año.

Finalmente, en la quinta sección del informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) se presenta un análisis sobre la Criminalización y violencia estatal hacia los jóvenes de las periferias urbanas disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/log51

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