CIVICUS define el espacio cívico como el entorno necesario para que la sociedad civil exista, crezca y contribuya. Naciones Unidas hace referencia a su importancia, pues, “propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social […] permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones” (Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, s/f).

Los gobiernos pueden optar por abrir o cerrar los espacios cívicos a través de la creación de marcos jurídicos y política pública. En este sentido, existe una “relación directa entre el grado de apertura del espacio cívico, y el estado de las democracias. Aunque se trata de conceptos diferenciados […] son fenómenos que se desarrollan en paralelo porque se implican mutuamente: a mayor apertura del espacio cívico, mayor calidad democrática; a mayor calidad democrática, mayor apertura del espacio cívico” (Barahona, 2026).

El panorama regional es claro, los últimos informes de CIVICUS, Amnistía Internacional, HRW y otras organizaciones que monitorean el clima del espacio cívico apuntan a un deterioro constante de las condiciones en América Latina. En los últimos años se observa el mismo patrón en algunos países de la región, en donde se utilizan “tácticas represivas (de protestas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos), incluyendo el cierre y acoso de organizaciones civiles, desapariciones forzadas y leyes restrictivas, además de un clima de impunidad generalizado” (Barahona, 2026).

Sobre los mecanismos utilizados para cerrar el espacio cívico siguen vigentes la estigmatización, acoso, ataques, inclusive ejecuciones extrajudiciales, criminalización y procesos judiciales extenuantes para las personas defensoras y las organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza que los acompañan. A lo anteriormente descrito se adhiere una capa de complejidad con el surgimiento de “los métodos jurídicos (leyes restrictivas, acciones judiciales abusivas para penalizar o desincentivar la labor de denuncia de la sociedad civil, trabas administrativas y burocráticas, y sanciones, restricciones financieras) y los métodos tecnológicos (vigilancia, doxing₁, campañas coordinadas de odio para deslegitimar o criminalizar) (Barahona, 2026).

En 2026 el cierre del espacio cívico en Ecuador fue objeto de alertas sostenidas por parte de organismos internacionales. En marzo de 2026 CIVICUS ratificó lo dicho por otras organizaciones sobre la acelerada degradación de los derechos humanos, caracterizada por el cierre del espacio cívico, la criminalización de personas defensoras, el uso de demandas estratégicas contra la participación y la represión violenta de la protesta social. Como veremos en el contexto nacional, este escenario se agravó gracias a la utilización de Estados de Excepción (EE) y declaraciones de conflicto armado interno. Acciones que con el paso del tiempo debilitaron el Estado de derecho y la independencia judicial.

CIVICUS desarrolló una herramienta de investigación interactiva denominada CIVICUS Monitor, cuyo propósito es proporcionar datos casi en tiempo real sobre el estado de la sociedad civil y de las libertades cívicas en 196 países. De acuerdo con información consultada en su sitio web, los datos clasifican el espacio cívico de un país bajo cinco categorías: cerrado, represivo, obstruido, estrecho o abierto.

En marzo de 2026 CIVICUS clasificó a Ecuador nuevamente como un espacio cívico “obstruido”. Desde el 2020 Ecuador se mantiene bajo esta clasificación, generalmente “esta calificación […] se asigna a países donde el espacio cívico está fuertemente atacado por quienes detentan el poder, quienes imponen una combinación de imposiciones legales y prácticas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales” (CIVICUS, 2026). Actualmente Ecuador se encuentra en la lista de vigilancia de CIVICUS por deterioro de derechos humanos y represión de la sociedad civil.

La clasificación responde a tres causas principales, en primer lugar, se encuentra el uso de la fuerza letal y excesiva durante las protestas pacíficas; en segundo orden la presión ejercida sobre personas defensoras, periodistas y medios de comunicación en medio de la pérdida de independencia judicial; y, los permanentes Estados de Excepción, leyes restrictivas y bloqueo arbitrario de cuentas bancarias de personas y organizaciones opositoras al régimen (CIVICUS, 2026).

Este retroceso también fue documentado por Amnistía Internacional, cuyo informe regional de 2026 advierte sobre la expansión de marcos normativos restrictivos hacia las organizaciones sociales, que generan autocensura, debilitan la participación y erosionan el tejido social. En la misma línea, Human Rights Watch señaló que la respuesta estatal a la crisis de seguridad derivó en violaciones graves de derechos humanos, incluyendo afectaciones a las garantías constitucionales.

Finalmente, en el informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2026 de CIVICUS, se alerta sobre el avance global de políticas autoritarias, la expansión de la vigilancia y el debilitamiento de los marcos democráticos, afectando de manera desproporcionada a quienes defienden derechos humanos. Específicamente en el caso ecuatoriano, estos elementos configuran un patrón estructural de restricción del espacio cívico, donde el discurso de seguridad y control se traduce en prácticas que limitan la participación, el escrutinio público y el ejercicio de derechos fundamentales.

En el documento de trabajo “La sociedad civil ante el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe: entre la resistencia y la resiliencia” publicado a inicios de 2026, se presenta una reflexión sobre los métodos utilizados para cerrar el espacio cívico y la forma en que desincentiva la defensa de los derechos: “los efectos del cierre de espacios trasciendan a la sociedad civil organizada y pueden acabar afectando al conjunto de la sociedad […] son una fuente clara del deterioro de la democracia, menguan la capacidad de autoorganización y la articulación entre actores sociales para su implicación colectiva en los asuntos que les competen” (Barahona, 2026).

Con relación a este último punto, es importante mencionar que, a partir de la emisión de la Ley de Transparencia y su reglamento en Ecuador, las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en un momento complejo, pues, la defensa de derechos de personas defensoras vinculados a extractivismo mineros podría representar el cierre de las organizaciones. Tal es el caso de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización que patrocina jurídica y comunicacionalmente a un grupo de más de cuatrocientas personas pertenecientes a Las Naves, San Luis de Pambil y Ventanas en una demanda de Acción de Protección en contra del Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos de la naturaleza del ecosistema Piedra Negra y de sus derechos humanos.

CEDHU enfrentó los primeros efectos del cierre del espacio cívico, entre otros se puede mencionar el aislamiento de las organizaciones sociales a nivel nacional. En la práctica, en contadas excepciones las organizaciones replican en sus redes sociales las iniciativas comunicacionales propuestas por CEDHU. La “autorregulación” y “autocensura” observada entre la gran mayoría de organizaciones nacionales responde a la aplicación del reglamento de la ley de transparencia social. El riesgo de sufrir sanciones como los bloqueos de cuentas, la dificultad de recibir fondos de cooperación internacional y los riesgos del cierre de la personería jurídica son elementos difíciles de ignorar.

Como veremos en la sección de contexto nacional, la construcción del andamiaje legal para impulsar el extractivismo minero en el país tuvo una gran eficacia para neutralizar a todo el ecosistema de organizaciones sociales en Ecuador. Retomando el hilo conductor del espacio cívico, pensado como un conjunto de condiciones legales, políticas y sociales que permiten a la sociedad civil organizarse y participar libremente, se concluye que, Ecuador es un país en donde el espacio cívico es prácticamente inexistente.

Nota al pie:

₁ De acuerdo con Kaspersky, doxeo es la práctica maliciosa de recopilar y publicar información privada de una persona o empresa en internet sin su consentimiento. Su objetivo suele ser intimidar, extorsionar o acosar a la víctima, exponiendo datos como direcciones, teléfonos, documentos o fotografías personales.

Lista de referencias:

Barahona, Rodrigo. 2026. La sociedad civil ante el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe: entre la resistencia y la resiliencia. DT 109. Madrid: Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2026/01/DT109.pdf

CIVICUS. 2026. Informe sobre el estado de la sociedad civil 2026. https://publications.civicus.org/es/publications/informe-sobre-el-estado-de-la-sociedad-civil-2026/

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). s/f. Proteger y ampliar el espacio cívico de la Sociedad Civil ¿Qué es el espacio cívico? https://www.ohchr.org/es/civic-space

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una introducción acercamiento al extractivismo minero en Ecuador y su auge internacional

Fotografía compartida por Alberto Acosta, 2026.

La entrada Reducción del espacio cívico y la democracia en la región Latinoamericana se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

[…] El derecho internacional define las responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre ellos, y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. Sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los derechos humanos, el desarme, el delito internacional, los refugiados, las migraciones, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. También regula los bienes comunes mundiales, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional […] (Naciones Unidas, s/f).

En los últimos años se registra una sistemática violación al derecho internacional. El informe de Amnistía Internacional de 2026, da cuenta que durante el 2025 se cometieron una serie de crímenes de derecho internacional. Entre otros se menciona el “genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Rusia en Ucrania y los crímenes de guerra […] cometidos en Myanmar, Sudán y otras zonas en conflicto […] Estados Unidos y Rusia menoscabaron en 2025 los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, en concreto la Corte Penal Internacional (CPI) […] otros Estados anunciaron su retirada del Estatuto de Roma” (Amnistía Internacional, 2026).

Durante el 2025 la intensificación de las prácticas autoritarias fue recurrente en todo el mundo, tal es así que “los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Kenia, Reino Unido y Venezuela, entre otros países, emplearon la violencia para reprimir protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes de seguridad y antiterroristas o hicieron uso de desapariciones forzadas, ejecuciones y tácticas abusivas de actuación policial” (Amnistía Internacional, 2026).

A nivel latinoamericano también se reconocen varios hitos que marcan la incesante violación al derecho internacional. En el caso ecuatoriano, el punto de inflexión se registró el 5 de abril de 2024, cuando agentes del orden incursionaron en la Embajada de México en la ciudad de Quito para aprehender a Jorge Glas, quién gozaba de asilo político otorgado por México. Glas fue acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016. Tras la incursión en la sede diplomática México y Ecuador rompieron relaciones de forma indefinida.

La incursión en la embajada fue considerada como una violación flagrante al derecho internacional y al Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas₁. Por su parte, la CIDH expresó su preocupación ante la situación y llamó al respeto de las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Además, a través de la Resolución CP/RES. 1253 (2494/24) del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se condenó la intrusión en la Embajada de México.

Lo acontecido en Ecuador, se conecta con la operación militar estadounidense registrada el 3 de enero de 2026 en Caracas, la misma que concluyó con la captura del ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Posteriormente, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales. La incursión militar fue denominada como Operation Absolute Resolve, y, de acuerdo con publicaciones periodísticas se desplegaron cerca de 200 militares. Además, se dieron ataques coordinados sobre infraestructura clave de la capital venezolana y bombardeos (Primicias, 2026).

La respuesta internacional a la intervención estadounidense fue inmediata y tuvo varios matices. Por ejemplo, funcionarios de Washington defendieron la operación como una acción legítima contra un gobierno acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de narcotráfico. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como expertos en derecho internacional y organismos de derechos humanos, denunciaron que la intervención socavó principios fundamentales del derecho internacional, especialmente la prohibición de usar la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de un Estado soberano, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

En esta misma línea, Ravina Shamdasani una portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó lo siguiente: […] La rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral en violación del derecho internacional […] (ONU, 2026).

La intervención militar en Venezuela planteó dilemas complejos. Estados Unidos argumentó la necesidad de responsabilizar a figuras acusadas de abusos. No obstante, usar la acción militar unilateral como instrumento de justicia penal viola normas de protección internacional y agrava las vulnerabilidades de la población civil, especialmente cuando la operación se realiza sin consenso multilateral. Por su parte, Amnistía Internacional expresó preocupación por el impacto de la operación en los derechos humanos del pueblo venezolano y advirtió que la militarización podría provocar nuevas violaciones (Amnistía Internacional, 2026).

Es innegable que la situación de los derechos humanos en Venezuela era alarmante antes de la reciente intervención militar extranjera, ya que existen casos documentados de represión política, restricción a libertades civiles y un marcado deterioro de las condiciones económicas y sociales. Sin embargo, la intervención añade una capa de complejidad al debate sobre la legitimidad y eficacia de respuestas externas a crisis internas. Nuevamente, el riesgo más grave es la normalización de prácticas que erosionan el marco jurídico internacional de protección de derechos humanos y debilitan la soberanía de los Estados (Primicias, 2026).

Bajo este panorama resulta innegable que el derecho internacional sufrió una pérdida de valor sustancial. La intervención de Estados Unidos en Venezuela marcó un precedente que podría justificar posibles intervenciones en contextos similares. Un ejemplo de esta situación lo constituye el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Precisamente, uno de los ejes del conflicto es el control del Estrecho de Ormuz . Al igual que en Venezuela, priman intereses geopolíticos, militares y económicos, sobre el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo iraní.

Nota al pie:

₁ El artículo 22, consta de tres apartados: a. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión; b. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad; c. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

₂ La Resolución fue aprobada el 10 de abril de 2024.

₃ Paso estratégico por donde transita petróleo y gas licuado.

Lista de referencias:

Amnistía Internacional. 2026. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Organización de las Naciones Unidas. 2026. Rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos no se logra mediante una intervención militar unilateral (Noticias ONU). https://news.un.org/es/story/2026/01/1540977

Primicias, “ONU afirma que el ataque de Estados Unidos a Venezuela «socavó un principio fundamental del derecho internacional»”, 2026, https://www.primicias.ec/internacional/ataque-estados-unidos-venezuela-onu-derechos-humanos-intervencion-militar-preocupacion-113133/

Imagen tomada del sitio web del New York Times.

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presenta un análisis de la reducción del espacio cívico y la democracia en la región Latinoamericana

La entrada El derecho internacional en riesgo: sus efectos en la garantía de derechos humanos se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción

De acuerdo con información disponible en el tercer informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas elaborado por CIDH, en 2025 persistían los patrones de violencia, criminalización e impunidad como amenazas sistemáticas a la labor de quienes defienden derechos. En este mismo documento se mencionó que los desafíos para la región todavía son profundos, especialmente si se considera que muchos Estados no han implementado políticas integrales para proteger a las personas defensoras.

En este sentido, una de las principales preocupaciones que recoge la CIDH es la falta de investigación y sanción a los agresores, ya sean personas, empresas u otro tipo de actores presentes en los territorios. La CIDH advierte que la impunidad se mantiene como una causa estructural de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y que no basta con declarar su protección, sino que es imprescindible contar con mecanismos estatales robustos, efectivos y sostenidos en el tiempo.

En su tercer informe, la CIDH se refiere al gran número de solicitudes de medidas cautelares1 presentadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por personas o grupos de personas que enfrentaron graves riesgos durante el 2025. La Comisión informó que recibió 1969 solicitudes y aclaró que:

[…] ese número representa un incremento de 557 solicitudes más que las recibidas en el año anterior, casi el 40%. Se trata de un número récord de solicitudes de medidas cautelares recibidas […] en 2025, las solicitudes aumentaron aproximadamente un 66% en comparación con el volumen medio anual observado entre 2020 y 2024 […] (CIDH, 2026).

Durante el último año la CIDH observó un aumento general en las solicitudes recibidas, aunque, El Salvador tuvo el mayor incremento con el 208,3%, seguido por Cuba 166,6% y Argentina con 113,4%. A pesar de que estos tres países lideraron el crecimiento en términos porcentuales, también se observó incrementos significativos en Brasil, Venezuela, así como en Estados Unidos y Guatemala (CIDH, 2026).

La CIDH también apuntó hacia la necesidad de incorporar un enfoque interseccional en las políticas de prevención y respuesta, lo que implica reconocer que los riesgos no afectan a todas las personas defensoras por igual, sino que se agravan en la convergencia de condiciones como el género, la pertenencia étnica o racial, la orientación sexual, el territorio o la situación socioeconómica. Las mujeres defensoras, las personas indígenas, afrodescendientes y quienes defienden derechos en contextos rurales o extractivos son ejemplo de esta realidad, pues, enfrentan formas muy específicas de violencia.

Como se mencionó previamente, el verdadero reto a nivel regional radica en el fortalecimiento de las políticas públicas de protección, así como de la consolidación de mecanismos nacionales e internacionales para garantizar que las personas defensoras no sean expuestas a la violencia estructural; y, que, en el mejor de los casos, los sistemas de justicia no estén cooptados para que la impunidad deje de ser la norma.

En cuanto al número de personas defensoras asesinadas a nivel regional en 2024, FLD advirtió que América Latina concentró cerca del 80% de los casos a nivel mundial, con al menos 257 asesinatos registrados. Esta tendencia no es reciente, de hecho, Global Witness informó que, desde 2012 se reportaron más de 2.200 asesinatos en el mundo. Lamentablemente, países de la región latinoamericana encabezan la lista. Así mismo, se informó que, los asesinatos -habitualmente- ocurrían en medio de economías extractivas, expansión de grupos de delincuencia organizada y disputas por el territorio.

Por su parte, Global Witness informó que Colombia tenía la cifra más alta del continente con 48 personas asesinadas; seguida por Guatemala con 20 asesinatos, muchos vinculados a conflictos territoriales y a la persecución de líderes comunitarios (Manzoor, 2025). En México se documentó 18 asesinatos relacionados principalmente con disputas por el control de recursos naturales y la presencia de economías criminales. En Brasil fueron asesinadas 12 personas defensoras en un contexto marcado por presiones sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Finalmente, en el último informe de Amnistía Internacional, en Perú se reportó al menos dos asesinatos de defensores indígenas y territoriales (Amnistía Internacional, 2026).

El Salvador, es un caso muy particular, pues, el modelo represivo impulsado por Nayib Bukele desde 2019 se encuentra consolidado. Los Estados de Excepción son permanentes, así como las “detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas” (Amnistía Internacional, 2026). En los informes consultados para este documento, no se identificó personas defensoras asesinadas durante el 2025 en El Salvador, pero, al igual que en otros países de la región se aludió a la intensificación de “la criminalización selectiva de personas defensoras y voces críticas mediante el uso instrumental del sistema penal” (Amnistía Internacional, 2026).

Ecuador

Durante el 2025 Ecuador no figuró entre los países con mayor número de personas defensoras asesinadas a nivel regional. Al igual que en el caso salvadoreño si existieron denuncias de “hostigamiento, estigmatización, persecución y criminalización” (Amnistía Internacional, 2026). Sin perjuicio de aquello, hay que señalar el asesinato de Robinson Del Pezo, un periodista digital oriundo de la provincia de Santa Elena, quién a través de su medio digital denunciaba hechos relacionados a “contratación pública, obras inconclusas y presuntas irregularidades en la administración local. Sus publicaciones, dirigidas principalmente a la fiscalización de las autoridades del cantón La Libertad y de la provincia de Santa Elena, se caracterizaban por un tono frontal, directo y persistente” (Fundamedios, 2026). Debido a esta labor periodística el 20 noviembre de 2025 del Pezo fue víctima de un sicariato. Para entender el asesinato del comunicador comunitario Robinson del Pezo, hay que conocer algunos datos sobre Santa Elena:

[…] entre 2020 y junio de 2025, la tasa de muertes violentas en la provincia aumentó un 1126%, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Interior y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. A ello se suma el crecimiento del control territorial vinculado al narcotráfico y el aumento de la extorsión o “vacuna”, que subió un 83% entre 2023 y 2024. En este entorno de violencia y fragmentación institucional, el conflicto por la tierra y los contratos públicos se ha convertido en el eje central de la disputa política y económica […] (Fundamedios, 2026).

El asesinato del comunicador Del Pezo en noviembre de 2025 no debe interpretarse como un hecho aislado en la provincia de Santa Elena, pues, en junio de 2026 se conoció del deceso de otra activista que también denunciaba hechos de corrupción pública en esta provincia: Monika Silva.

Continuando con la línea temporal, el 24 de febrero 2026 fue asesinado el defensor del agua y el territorio Manuel Cabrera, quién vivía en el cantón El Guabo, perteneciente a la provincia de El Oro. De acuerdo con publicaciones periodísticas Cabrera fue asesinado por proteger una pequeña reserva de bosque estratégica para la provisión de agua en su provincia, oponiéndose al proyecto minero El Paraíso del cual actualmente se extrae oro y plata (Alvarado, 2026). La empresa minera dueña de la concesión es El Paraiso S.A. Minelparsa originaria de Ecuador. La labor de Cabrera como defensor del agua y la naturaleza estuvo marcada por presiones persistentes, ofertas para la compra de su tierra e incluso intimidaciones por parte de actores vinculados a intereses mineros, en un contexto de débil respuesta institucional (Alvardo, 2026).

Posteriormente, el 8 de junio de 2026 la activista de origen polaco Monika Silva fue hallada muerta en su casa ubicada en Montañita, provincia de Santa Elena. De acuerdo con reportajes periodísticos Silva “era presidenta de la Fundación La Integridad, una organización enfocada en la promoción de la transparencia, el control social y participación ciudadana, y había denunciado casos de presunta corrupción, conflictos por la propiedad de tierras, irregularidades administrativas y asuntos ambientales en Santa Elena” (BBC, 2026). En varias ocasiones Silva “denunció ventas irregulares de tierras, nepotismo en la Contraloría, gestión pública en Santa Elena” (Bermeo, 2026). Entre las denuncias realizadas por la activista destacaba la relacionada con el asesinato del periodista comunitario Robinson Del Pezo.

Frente a este acontecimiento, el gobierno nacional a través de su vocero el ministro Interior, John Reimberg, afirmó que la hipótesis inicial del caso era un suicidio. Sin embargo, el 10 de junio el Consul de Polonia en Lima solicitó al gobierno ecuatoriano que se investigue la muerte de la activista. A través de un comunicado oficial el Consul de la República de Polonia manifestó su preocupación por esta muerte y expresó: “la importancia de la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de todas las personas activas en el ámbito de la sociedad civil” (Embajada de la República de Polonia en Lima, 2026).

Por su parte, la UE solicitó al gobierno ecuatoriano que se realice una “investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y garantizar la rendición de cuentas” (BBC, 2026). CIDH exigió una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, además, exhortó al Estado a “esclarecer las circunstancias de su muerte, incluyendo entre sus líneas de investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción” (CIDH, 2026).

De acuerdo a un reportaje periodístico, el 15 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad solicitó a Polonia y Argentina apoyo para esclarecer el fallecimiento de Monika Silva (El Comercio, 2026). El 19 de junio se reportó que, los resultados del informe forense señalaban que las lesiones encontradas en el cuerpo eran “incompatibles con un suicidio […] Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) […] aseguró que los hallazgos periciales apuntan a una muerte violenta” (Lino, 2026). El 7 de julio de 2026, un funcionario de la Fiscalía polaca a cargo de la investigación “informó a la AFP que la activista fue probablemente víctima de un asesinato” (Primicias, 2026).

Por otro lado, es importante mencionar los asesinatos de dos personas defensoras registrados en el país. En noviembre de 2021 Víctor Guaillas fue víctima de una de las tantas masacres carcelarias ocurridas en Ecuador. Guaillas era un agricultor de 50 años, vivía cerca del proyecto minero Río Blanco y al igual que muchos otros campesinos “fue parte de un proceso organizacional comunitario que inició hace más de 30 años para defender de la minería […] cantón Cuenca” (Arellano, 2021). En octubre de 2019 Guaillas participó en el paro nacional. En ese momento fue aprehendido y acusado del delito de sabotaje. Después de un proceso judicial, recibió una sentencia de cinco años de prisión. Guaillas tenía una discapacidad auditiva.

Posteriormente, en febrero de 2023, se registró la muerte de Eduardo Mendúa, dirigente indígena de la nacionalidad A’i Cofán. De acuerdo con información proporcionada por el Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), Mendúa vivía junto a su familia en la comunidad Milenio, ubicada a orillas del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos. El líder era conocido por oponerse a la extracción petrolera en su territorio.
El asesinato de Mendúa profundizó las discrepancias preexistentes por la actividad petrolera al interior de la nacionalidad A’i Cofán. A pesar de que varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron el caso, su asesinato continúa impune. De hecho, en octubre de 2024 se registraron nuevas amenazas dirigidas a la familia de Eduardo Mendúa, quienes intentaban mantener su legado de político y social.

Los asesinatos de Silva y Cabrera en 2026, Del Pezo en 2025, de Mendúa en 2023 y Gualle en 2021 no son hechos aislados de violencia, en su defecto, se inscriben en un patrón más amplio de criminalización y vulnerabilidad de personas defensoras frente a economías extractivas, de procesos judiciales y corrupción. Al igual que en toda la región Latinoamericana, ponen en evidencia la falta de medidas estatales para prevenir ataques y garantizar la protección integral de quienes protegen derechos. En su defecto, el aparato estatal es instrumentalizado para intimidar y desarticular procesos organizativos, incrementando el riesgo para quienes defienden derechos.

El objetivo de este informe es visibilizar la criminalización de personas defensoras en el cantón Las Naves. Como veremos a lo largo del documento, durante el 2025 se produjeron allanamientos, daños a bienes y afectaciones a familias campesinas. Adicionalmente, las fuerzas del orden reprimieron a la población mientras ejercía su legítimo derecho a la resistencia. Por supuesto, este no es un conflicto exclusivo del cantón Las Naves, la situación se repite en otros territorios, como en las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado de la provincia de Cotopaxi.

Nota al pie:

^₁ Este es un mecanismo de protección ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el cual esta solicita a un Estado que proteja a uno o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Lista de referencia

Amnistía Internacional. 2026. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Arellano, Astrid. “Víctor Guaillas: el defensor del agua y los páramos que fue asesinado en la cárcel mientras esperaba su liberación”, Mongabay, 2021, https://es.mongabay.com/2021/12/victor-guaillas-defensor-del-agua-y-paramos-asesinado-en-ecuador/

BBC News Mundo, “Quién era Monika Silva Koniuszek, la activista polaca hallada muerta en Ecuador (y por qué la fiscalía pide ayuda internacional para la investigación)”, 2026, https://www.bbc.com/mundo/articles/cy5vl9wl6ngo

Bermeo, Cindy, “Monika Silva: una muerte en medio de alertas sobre derechos cívicos” Lupa Media, 2026, https://lupa.com.ec/explicativos/monika-silva-activista/

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2025. Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf

El Comercio, “Caso Monika Silva: Fiscalía polaca apunta a “probable” asesinato”, 2026,
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/caso-monika-silva-fiscalia-polaca-apunta-probable-asesinato/

Embajada de la República de Polonia en Lima. “Fallecimiento de la ciudadana polaca Monika Silva”. Facebook. 10 de junio de 2026. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1448751770621198&set=a.332817312214655&locale=es_LA

Fundamedios, “Un crimen contra la palabra: Informe sobre el asesinato de Robinson del Pezo”, 2026, https://fundamedios.org.ec/un-crimen-contra-la-palabra-informe-sobre-el-asesinato-de-robinson-del-pezo/

Lino, Joffre, “Caso Monika Silva: informe forense revela “existencia de lesiones incompatibles con un suicidio””, Expreso, 2026, https://www.expreso.ec/justicia/caso-monika-silva-informe-forense-revela-existencia-lesiones-incompatibles-suicidio-286334.html

Primicias, “Esto dice la fiscalía de Polonia sobre la muerte de Monika Silva en Montañita”, 2026, https://www.primicias.ec/seguridad/muerte-monika-silva-fiscalia-polonia-asesinato-montanita-ecuador-127313/

Manzoor, Umar, “146 Land and Environmental Defenders Killed or Disappeared in 2024”, 2025, https://www.ipsnews.net/2025/09/146-land-and-environmental-defenders-killed-or-disappeared-in-2024/

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan un anális sobre el derecho internacional y sus efectos en la garantía de derechos humanos

Imagen tomada del sitio web de la BBC NEWS.

La entrada Personas defensoras en riesgo: violencia y muerte en toda la región latinoamericana se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Introducción a los informes y reportes las de organizaciones internacionales

En agosto de 2025 Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, la cual se inscribió en esta tendencia regional. La normativa buscaba la transparencia y prevención del uso indebido de recursos en organizaciones sociales. También introdujo mecanismos de registro obligatorio, clasificación por niveles de riesgo, reporte detallado de financiamiento y sistemas de control estatal centralizados sobre las organizaciones sin fines de lucro. En la práctica, estas disposiciones ampliaron las capacidades de supervisión estatal y dificultaron el trabajo de defensa de derechos. A lo anteriormente descrito se adhiere el desarrollo reglamentario de la ley, que incorporó disposiciones para habilitar sanciones y restricciones específicas contra organizaciones que acompañaban y defendían derechos en contextos vinculados a proyectos extractivos.

La ley y su reglamento no solo incrementaron el riesgo de sanción administrativa o cancelación de la personería jurídica, sino que también reforzaron los procesos de estigmatización y criminalización contra organizaciones y personas defensoras que cuestionaban o monitoreaban los impactos de actividades extractivas. En conjunto, el marco normativo y su reglamentación profundizaron un entorno restrictivo que limitaba la acción legítima de la sociedad civil y debilitaba las garantías para la defensa de derechos en Ecuador. En la sección de contexto nacional se profundiza sobre el andamiaje jurídico construido entre 2025 y 2026, así como sobre las repercusiones que trajo para las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, CIDH afirmó que, durante el 2025 las dinámicas de criminalización, amenazas y violencia contra personas defensoras eran mucho más frecuentes y complejas en toda la región. Por su parte, en marzo de 2026 Amnistía Internacional, alertaba sobre un patrón sistemático de adopción de “leyes anti-ONG”, el cual tendría como objetivo controlar, restringir e incluso desmantelar a las organizaciones. Estas normativas no solo limitan el acceso a financiamiento y aumentan la vigilancia estatal, sino que están acompañadas por campañas de estigmatización que presentan a las organizaciones como “enemigos internos” o “agentes extranjeros”, generando entornos de miedo, autocensura, debilitamiento del tejido social y desmovilización (Amnistía Internacional, 2026).

Lejos de fortalecer la transparencia o la rendición de cuentas, estas leyes y sus reglamentos tan solo legitiman y consolidan prácticas autoritarias que restringen la libertad de asociación, aumentan los riesgos de persecución y exposición de personas defensoras, reducen la capacidad de las comunidades para exigir derechos, de imponer límites al derecho a la participación social y acceder a mecanismos de protección. Como veremos más adelante, este fenómeno es parte de una estrategia más amplia.

Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial de 2026 menciona que la democracia se encuentra en una suerte de recesión, cayendo en una espiral iniciada antes de las últimas elecciones presidenciales registradas en Estados Unidos. En este sentido, el director ejecutivo de HRW Philippe Bolopion, presenta algunos datos que revelan el marcado retroceso de la democracia experimentado en las últimas décadas, enfatizando en aquellos países considerados como potencias mundiales:

[…] la democracia ha vuelto a los niveles de 1985, según algunas métricas, y el 72 % de la población mundial ahora vive en contextos de autocracia. En Rusia y China hoy hay menos libertad que hace 20 años. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos […] (Bolopion, 2026).

Lo dicho por Bolopion, es ratificado al analizar y comparar los informes de organizaciones internacionales sobre la situación regional. Precisamente, uno de los patrones más recurrentes es la degradación de la democracia. Mientras esto sucede a nivel mundial, en la región latinoamericana se observa una convergencia de al menos tres elementos: gobiernos autoritarios que imponen una agenda securitista, acompañada por signos de violencia estatal y leyes restrictivas, el abuso del derecho para criminalizar a personas defensoras; en segundo orden, la gran influencia económica y política de capitales nacionales y extranjeros sobre las decisiones de lo público; y, la dominancia de grupos de delincuencia organizada en diferentes escalas.

Lista de referencias

Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo: abril 2026. https://www.amnesty.org/es/annual-report-global-analysis/

Bolopion, Philippe, “¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpiano? Los avances autoritarios amenazan el orden basado en normas” en Informe Mundial 2026, Human Rights Watch, 2026, https://www.hrw.org/es/world-report/2026

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. https://media.business-humanrights.org/media/documents/Tercer-informe-personas-defensoras-DDHH.pdf

WOLA (Oficina de Washington para América Latina). 2025. Limitando el espacio cívico: el endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil en las Américas. https://www.wola.org/wp-content/uploads/2025/07/Limitando-el-espacio-civico-el-endurecimiento-de-las-restricciones-a-la-sociedad-civil-en-las-Americas.pdf

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una reflexión sobre el riesgo que enfrentan las personas defensoras en toda la región latinoamericana

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