Durante 2025 el ejercicio de los derechos humanos a nivel mundial se caracterizó por una constante estigmatización por parte de los distintos actores sociales y políticos. Se observó el generalizado retroceso en la protección y garantía de la aplicabilidad del ejercicio de derechos, incidiendo en el acceso a libertades. En los últimos años los informes preparados por organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional advirtieron sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras, enfatizando en que estos son cada vez mayores.

En el informe global 2024/25 de la organización Front Line Defenders (FDL) publicado en mayo de 2025, se conoció que, durante 2024 al menos 324 personas defensoras fueron asesinadas en 32 países. Esta cifra es un claro indicador de la violencia letal que enfrentan quienes defienden derechos y protegen. En su informe, FLD identifica una amplia gama de estrategias enfocadas en debilitar la labor de personas defensoras, como el acoso, las amenazas, las campañas de difamación, las detenciones arbitrarias y la criminalización.

En cuanto al último informe publicado por Amnistía Internacional (AI) en abril de 2026, se identificaron tendencias preocupantes en más de 150 países, incluyendo represión a la disidencia, discriminación estructural y uso indebido de tecnología para vulnerar derechos humanos. Estas acciones reflejan que las amenazas no corresponden a un solo continente, sino que forman parte de un fenómeno mundial.

Con relación al informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2025, se pone en el centro del debate a la criminalización de la protesta y de la acción cívica. Al respecto, se observa la proliferación de leyes diseñadas para convertir la defensa de derechos en delitos. Práctica que se amplifica en toda la región a través de discursos estigmatizantes, hostigamientos judiciales y otros cargos que buscan silenciar voces críticas (CIDH, 2025).

Los informes de AI y CIDH coinciden en cuanto a la propagación de gobiernos autoritarios en la región latinoamericana, así como del asedio sufrido por las personas defensoras, el surgimiento de marcos normativos restrictivos y las recurrentes prácticas punitivas, todas ellas, estrategias para debilitar la participación ciudadana en asuntos de interés público, lo que en última instancia lleva a una reducción de los espacios cívicos en toda la región.

Por su parte, Washington Office on Latin America (WOLA) presentó en junio de 2025 el informe de investigación llamado “Limitando el espacio cívico: el endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil en las Américas”, en el cual se concluye que, la intensificación del control político no es un fenómeno aislado de la región latinoamericana, en su defecto, responde a una reconfiguración más amplia de las relaciones entre Estado y sociedad civil a nivel mundial. Entonces, algunos gobiernos adoptaron marcos normativos que, bajo discursos de transparencia, seguridad o lucha contra la delincuencia organizada, introdujeron mecanismos de vigilancia, registro y control que impactaron directamente en la autonomía de las organizaciones de derechos humanos y en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación.

En América Latina esta tendencia se materializó de forma progresiva, a través de reformas legales y políticas públicas que ampliaron las facultades estatales de supervisión, control y sanción, especialmente sobre organizaciones sociales que generaban un contrapeso a los gobiernos autoritarios. El punto de inflexión regional se identificó en octubre de 2020 en Nicaragua, donde se aprobó la ley que obliga a personas y organizaciones vinculadas a financiamiento internacional a registrarse como “agentes extranjeros”. En 2022 se aprobó la Ley General para la Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, modelo que sirvió como referencia para otras iniciativas muy similares en toda la región latinoamericana (WOLA, 2025).

En octubre de 2024 Paraguay aprobó la Ley N.º 7363 sobre control y rendición de cuentas de organizaciones sin fines de lucro. En noviembre de ese mismo año, Venezuela, aprobó la ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y organizaciones sociales, la cual permitía la disolución de organizaciones bajo categorías amplias y ambiguas. En marzo de 2025 Perú reformó el marco de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) incrementando el control estatal sobre organizaciones que reciben financiamiento internacional (Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción, 2025). En mayo de 2025 El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la cual restringía significativamente las capacidades operativas y financieras de la sociedad civil (WOLA, 2025).

[…] la democracia ha vuelto a los niveles de 1985, según algunas métricas, y el 72 % de la población mundial ahora vive en contextos de autocracia. En Rusia y China hoy hay menos libertad que hace 20 años. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos […] (Bolopion, 2026).

En la siguiente publicación el equipo del OCTE presentan una reflexión sobre el riesgo que enfrentan las personas defensoras en toda la región latinoamericana