Presentación

El presente documento es el resumen del diagnóstico de conflictividad socioambiental relacionado con la extracción de recursos naturales para la provincia de Sucumbíos. El diagnóstico fue elaborado en el marco del proyecto “Apoyo de la UE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales”, ejecutado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El insumo fue elaborado por un equipo de personas que integra el Colectivo Geografía Crítica (CGC). El diagnóstico en su versión más amplia contiene información actualizada relacionada con la problemática socioambiental en siete provincias de Ecuador: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana y Sucumbíos. Por su parte, el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), recogió la información preparada por el CGC, a fin de difundir los problemas socio ambientales de Sucumbíos en su sitio web y en una versión impresa.

Introducción

El OCTE es un espacio de reflexión, en donde se recoge información pública sobre la creciente inmersión en lógicas de expropiación y despojo en Ecuador, registrados en territorios campesinos, indígenas y populares. Sobre el presente documento, el equipo que integra el OCTE debe mencionar que, en la versión ampliada se tejen varias dimensiones, con el propósito de componer una radiografía provincial que aterrice en los espacios de conflictividad. El diagnóstico parte de un relato general sobre la conflictividad que atraviesa la provincia. El equipo del CGC utilizó cartografía actualizada, para espacializar los principales vectores de tensión territorial. Al respecto, Sucumbíos es una provincia con una gran diversidad geográfica, étnica y cultural, pero también una de las más afectadas por la explotación de recursos y conflictos socio ambientales.

La convivencia entre comunidades indígenas, población mestiza y empresas extractivas, así como la presencia de grupos irregulares relacionados al narcotráfico, guerrilla y paramilitares generó dinámicas complejas que marcaron el rumbo de la región Amazónica. De otro lado, Sucumbíos como espacio freonterizo con Colombia marcó significativamente la forma en que se configuró el territorio. Por un lado, el conflicto armado colombiano tuvo un impacto en la provincia, teniendo personas desplazadas y refugiadas, así como la consolidación de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico. Aspectos que en los últimos años se fortalecieron por dos factores: la falta de regulación y el crecimiento de la actividad minera. Esta situación vulneró el derecho a la seguridad y la paz de la población, así mismo, se afectó el derecho a la movilidad, pues, se produjeron nuevos desplazamientos de familias enteras por la violencia; y, también se registró la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente por el reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales.

En el presente resumen se intenta transmitir los elementos clave del diagnóstico, para la provincia de Sucumbíos, utilizando para esto la siguiente estructura: caracterización territorial de la provincia; un esbozo de la conflictividad territorial a nivel provincial; criminalización y vulneración de derechos; rol del Estado en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en el territorio; y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.

1. Caracterización territorial de Sucumbíos

La provincia de se ubica en la región amazónica de Ecuador, actualmente tiene una extensión de 18.612 km² aproximadamente, siendo una de las provincias con mayor territorio en el país. Geográficamente se caracteriza por la presencia de selva tropical, ríos caudalosos y suelos ricos en recursos naturales, lo que favoreció el desarrollo de actividades extractivas como la explotación petrolera, la agricultura intensiva y, más recientemente la minería. Sucumbíos es una provincia fronteriza con Colombia, precisamente, su posición geográfica la convierte en un territorio estratégico para el intercambio comercial. Aunque, esta característica también trae conflictividad, pues, históricamente en la zona estuvieron presentes grupos irregulares, cercanos al narcotráfico o a la guerrilla colombiana, situación que marcó significativamente la forma en que se territorializa la provincia.

Según el censo de población más reciente, Sucumbíos tiene aproximadamente 176.000 habitantes, con una densidad de población baja debido a la gran extensión de su territorio y a la predominancia de ecosistemas amazónicos de difícil acceso. En este sentido, gran parte de la población se concentra en su capital Nueva Loja, también conocida como Lago Agrio. Otras ciudades y poblados importantes de la provincia incluyen al Coca, Shushufindi, Cuyabeno, Putumayo y Cascales. En términos de composición étnica, Sucumbíos es una provincia diversa, pues, se registra una importante población es mestiza, descendiente de migrantes provenientes de la región sierra y costa, quienes llegaron durante las oleadas de colonización agraria en el siglo XX, motivadas en gran medida por la explotación petrolera y la búsqueda de tierras agrícolas.

Así mismo, Sucumbíos alberga al menos a cuatro nacionalidades indígenas amazónicas, entre las que destacan: el pueblo Cofán, uno de los grupos indígenas más antiguos de la región, históricamente dedicados a la pesca, la caza y al uso de los recursos forestales, estos se ubican principalmente cerca del río Aguarico en la comunidad Cofán-Dureno; Pueblo Kichwa de la Amazonía, este grupo indígena, descendiente de los Kichwas andinos, desarrolló un sistema de vida en la selva basado en la agricultura, la caza y el comercio de productos tradicioanles, sus comunida des están repartidas en varios sectores de la provincia; Pueblo Siekopai (Secoya), grupo indígena que habita principalmente en la zona de Cuyabeno y la frontera con Perú, conocidos por su profundo conocimiento de la biodiversidad amazónica y su resistencia a la colonización; y, Pueblo Siona, localizado principalmente en el territorio de Cuyabeno, cerca de la frontera con Colombia, los Siona mantuvieron un estilo de vida tradicional basado en la recolección, la pesca y la agricultura de pequeña escala.

De forma general se puede mencionar que, a pesar de su riqueza cultural, los pueblos indígenas de Sucumbíos enfrentan múltiples amenazas, especialmente, en cuanto a la forma de habitar el territorio, estas incluyen la contaminación ambiental provocada principalmente por la presencia de la industria petrolera. Así mismo, se observa una creciente presión estatal para el desarrollo de proyectos extractivos y la expansión de la frontera agrícola. Derivado de esta situación, muchas familias perdieron parte de los territorios habitados por pueblos y nacionalidades indígenas, mientras esto sucedía se adaptaron a las nuevas dinámicas económicas y sociales impuestas, poniendo en riesgo su identidad y las formas de vida tradicionales.

Con estos antecedentes, Sucumbíos es una provincia con una gran diversidad geográfica, étnica y cultural, pero también una de las más afectadas por la explotación de recursos y conflictos socio ambientales. La convivencia entre comunidades indígenas, población mestiza y empresas extractivas, así como la presencia de grupos irregulares relacionados al narcotráfico, guerrilla y paramilitares generó dinámicas complejas que marcan el rumbo de la región Amazónica.

2. Conflictividad territorial en Sucumbíos

Como se mencionó previamente, Sucumbíos es un territorio que históricamente fue marcado por la presencia de conflictos sociales, ambientales, económicos y políticos relacionados a explotación petrolera, posteriormente, se registró la expansión de monocultivos, y, en los últimos años se extendió la actividad minera. Todo esto se conjugó con la presencia de grupos de delincuencia organizada, relacionados al narcotráfico y otro tipo de grupos irregulares. En el caso de la contaminación petrolera, la afectación a las comunidades empezó en la década de los sesenta del siglo XX, cuando llegó a la zona la compañía Texaco, a partir de ese momento se presentaron los incipientes signos del deterioro de las condiciones ambientales y sociales, pues, se registraron los primeros derrames de petróleo, la quema de gas y el vertido de desechos tóxicos en ríos y suelos.

Los conflictos impactaron directamente en los derechos de las personas, en este sentido, se limitó el acceso a un ambiente sano, la contaminación de agua y suelo afectaron la salud de todos los grupos etarios, incluso de niños, niñas y adolescentes, pues, registraron enfermedades en la población, como problemas cutáneos, respiratorios e incluso cáncer. En esta misma línea, se perjudicó el derecho a la alimentación, pues, la contaminación de fuentes de agua redujo significativamente la disponibilidad de peces en los ríos y deteriorando la seguridad alimentaria de las comunidades.

Por otro lado, la estructura territorial de la provincia en todo este proceso consiste en una zona con mayor densidad poblacional alrededor de Lago Agrio yShushufindi, las dos ciudades-estación petrolera, así como las interconexiones viales con Coca y Quito, de forma secundaria con Puerto del Carmen en el noreste de la provincia. La estructura de bloques petroleros cambió ligeramente, haciéndose cargo de los bloques de Texaco la empresa estatal Petroecuador hasta hoy, con ciertas variaciones en la estructura con empresa estatal Petroamazonas durante la década del gobierno de Rafael Correa, y regresando a Petroecuador recientemente.

En diferentes momentos algunos bloques de la provincia fueron concedidos aempresas chinas y cataríes, así mismos, tuvieron lugar privatizaciones parciales deciertas operaciones con fraccionamiento de conjuntos de bloques específicos paraconsorcios ecuatoriano-colombianos. Sin embargo, la provincia de Sucumbíos no registró fuertes variaciones, de hecho, el desarrollo de nuevos campos petroleros hasido poco frecuente. Petroecuador, la empresa nacional que opera en la zona, se dedicó a repotenciar pozos, maximizar la producción, y para ello contratar adiferentes empresas chinas, estadounidenses y de otros orígenes.

Por otro lado, la presencia de colonización agraria en Sucumbíos inició alrededor de las infraestructuras petroleras. Como se aprecia en el siguiente mapa, en 1990 el mosaico agropecuario indicaba la presencia de actividad campesina diversificada,propia de la forma en la que el IERAC concedió las tierras al campesinado: fincas de 50 hectáreas donde al menos 30 debían ser desmontadas, y donde normalmente hay una multiplicidad de café, frutales, pastos y bosque. Esta se encuentra entre Lago Agrio y la vía al oeste a Quito, hacia el sur a Coca, al norte hasta la frontera con Colombia, alrededor de Shushufindi y más marginalmente a lo largo del campo petrolero libertador y hacia Puerto del Carmen. Como veremos más adelante, en el mapa llama la atención que desde los años 80 del siglo XX, se desarrolló como cultivo permanente la actividad palmicultora, esto debido a una mega concesión entregada por el Estado a “Palmeras del Ecuador”.

En los últimos años, la presión sobre las comunidades indígenas Amazónicas, por la imposición de proyectos extractivos estuvo en aumento y puso en peligro territorios ancestrales de nacionalidades indígenas, especialmente de los Cofán, Siekopai, Siona y Kichwa. Todo esto a pesar de que, en la Constitución se reconoce el derecho a la consulta previa. En la práctica muchos de los proyectos extractivistas impulsados por los gobiernos ignoraron el me- canismo, permitiendo la explotación de los recursos sin el consentimiento de las personas que habitan los territorios. Al respecto, un caso emblemático es el del pueblo Cofán de Dureno, cuyos territorios fueron obje-to de concesiones petroleras sin ser consultados. El ingreso de las petroleras en el territorio no pasó desapercibi-do, de hecho, se produjeron divisiones dentro de la comunidad a favor y en contra del extractivismo. Los conflictos impactaron directamente en el derecho de la autodeterminación, pues, los pueblos y nacionalidades indígenas perdieron autonomía para decidir sobre el destino de su territorio; así mismo, la intervención petrolera vulneró el derecho a la identidad cultural, ya que se alteraron las formas de vida tradicionales.

Como se mencionó previamente, otro elemento de conflictividad en la provincia de Sucumbíos fue la llegada de grandes empresas agroindustriales que buscaron lugares para expandirel monocultivo de palma africana. No obstante, llama la atención que desde los años ochenta del siglo XX, se desarrolló este monocultivo. Precisamente, la compañía colombiana “Palmeras del Ecuador”, que recibió una concesión de cientos de hectáreas por parte del Estado ecuatoriano, cuenta con un historial propio de contaminación, usurpación de territorios, sicariato, con gran influencia local.

Lamentablemente, la necesidad de grandes extensiones de tierra para cultivar palma africana no solo tuvo repercusiones ambientales en espacios tan frágiles y diversos como la Amazonía ecuatoriana por la deforestación, sino que, además, genera procesos de desterritorialización de comunidades indígenas y campesinas pautadas por la compra masiva de tierras por parte de las palmicultoras y la contaminación del suelo. Por otro lado, las grandes extensiones de palma fueron reemplazando los cultivos tradicionales de la región Amazónica, comprometiendo la soberanía alimentaria de la población, y, en última instancia generando dependencia económica hacia este tipo de cultivos. A lo anteriormente descrito se adhieren las denuncias dirigidas hacia las empresas agroindustriales por la vulneración de derechos laborales (las condiciones laborales en las plantaciones suelen ser precarias, con largas jornadas y bajos salarios).

De hecho, en el siguiente periodo de tiempo alrededor del año 2000, se observa un importante incremento de la mancha de palma africana, especialmente por la presencia de la empresa “Palmeras del Ecuador”, los encadenamientos productivos, y diversos mecanismos que presionaron fuertemente a territorios Siekopai y Sionas, incluso hasta la actualidad. Mientras que, en la categorización actual de 2020, no se aprecia la extensión palmicultora, pero, se observa cómo se registró un importante crecimiento de las áreas dedicadas a tierra agropecuaria, que surgieron alrededorde las vías, colmatando el espacio en el triángulo entre Shushufindi, Lago Agrio y Pacayacu. En este mapa, es plenamente identificable el territorio Cofán que ha quedado en Cofán-Dureno como una mancha verde, que llama la atención respecto al proceso agropecuario general, y de nuevo, un poco más al sureste, los territorios indígenas Sionas y Siekopai son la siguiente isla en el área. Por su parte, los territorios Cofanes de la parte alta de la provincia son de nuevo el límite de la frontera agrícola.

Aproximadamente en el año 2000 (ver mapa 2) se observa un importante incremento de la mancha de palma africana, especialmente por la presencia de la empresa “Palmeras del Ecuador”, los encadenamientos productivos,y diversos mecanismos que presionaron fuertemente a territorios Siekopai y Sionas,incluso hasta la actualidad. Mientras que, en la categorización actual de 2020, no seaprecia la extensión palmicultora, pero, se aprecia cómo se registró un importante crecimiento de las áreas dedicadas a tierra agropecuaria, que surgieron alrededor de las vías, colmatando el espacio en el triángulo entre Shushufindi, Lago Agrio y Pacayacu. En este mapa, es plenamente identificable el territorio cofán que haquedado en Cofán-Dureno como una mancha verde, que llama la atención respecto al proceso agropecuario general, y de nuevo, un poco más al sureste, los territorios indígenas Sionas y Siekopai son la siguiente isla en el área. Por su parte, los territorios Cofanes de la parte alta de la provincia son de nuevo el límite de la frontera agrícola.

3. Criminalización y vulneración de derechos en Sucumbíos

Desde el llamado boom petrolero, Sucumbíos fue el escenario de múltiples vulneraciones de derechos humanos, principalmente debido a la imposición deproyectos extractivos, lo que en última instancia se traduce en violencia estructural,que sistemáticamente vulnera los derechos no solo de las comunidades indígenas, sino de aquellas familias campesinas y población de las ciudades que habitan en esta zona del país. Como se mencionó previamente, las principales formas devulneración de derechos incluyeron: la falta de consulta previa (ignorado sistemáticamente); desplazamientos forzados, pérdida de territorio e identidad territorial (por la contaminación y violencia); militarización del territorio (garantizando la operatividad de las empresas extractivistas, mientras se intimida y amenaza a la población que se opone a los proyectos extractivos).

En esta provincia se observa como el derecho a la vida y a un ambiente sano fueron vulnerados por las operaciones de las empresas petroleras. Un ejemplo claro es el caso Texaco, compañía que durante décadas vertió desechos de su producción en ríos y suelos, sin que su accionar tuviera mayor consecuencia. No obstante, las poblaciones adyacentes a los pozos petroleros documentaron numerosos casos de enfermedades respiratorias, así como problemas dermatológicos e incluso cáncer. Estos problemas de salud probablemente responden al consumo de agua contaminada por los derrames de crudo y residuos industriales. La presión sobre los territorios no solo se debe a la explotación petrolera, a este fenómeno se adhiere la expansión de la frontera agrícola y extractiva minera. Con relación a este último, las nacionalidades Siona y Siekopai, denunciaron la pérdida progresiva de su territorio debido a las concesiones otorgadas por el Estado sin su consentimiento. Sobre este tema, llama la atención la criminalización que experimentan líderes y lideresas indígenas que defienden sus territorios.

Se observa que al igual que con otras provincias, las personas que lideran grupos de resistencia comunitaria han sido acusados de sabotaje y terrorismo. En este mismo orden de cosas, en los últimos años se registraron amenazas a la vida de defensores y defensoras; de hecho, en febrero de 2023 Eduardo Mendúa líder de la nacionalidad Cofán, opuesto a la extracción petrolera fue asesinado. En 2024, el caso de Mendúa continuaba impune, pero, además, se observó una fractura al interior de la nacionalidad Cofán. En contraposición al legado de Eduardo Mendúa, también existe un grupo de familias que apoyan el ingreso de la empresa Petroecuador al territorio, especialmente, por los ofrecimientos económicos realizados.

4. Rol del Estado en la legitimación de las actividades extractivas en Sucumbíos

A lo largo de las décadas el Estado ecuatoriano jugó un papel clave en la expansión y consolidación del modelo extractivista en todo el país. En el caso de la Amazonía norte, los distintos gobiernos promovieron y facilitaron la explotación de recursos naturales, favoreciendo a empresas petroleras, mineras y agroindustriales a través de marcos normativos flexibles, concesiones irregulares y el uso de la fuerza pública para reprimir la resistencia de las comunidades. Retomando el tema de la creación de un marco legal que favorece a las empresas extractivistas, en este apartado se puede mencionar algunos mecanismos como la ley de hidrocarburos (la cual permitió la expansión de bloques petroleros en la Amazonía); la ley de minería incentivó la entrega de territorios indígenas (sin consulta previa). En esta misma línea se encuentran los decretos ejecutivos y reformas legales que se adaptaron para flexibilizar las regulaciones ambientales vigentes, así se redujo el margen de acción de las comunidades para defender sus territorios; en cuanto a las llamadas zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE), bajo esta figura el Estado intentó atraer la inversión extrajera, a través de la promoción de proyectos estratégicos en la provincia, ofreciendo beneficios tributarios, a a la vez que, se reducen los controles ambientales.

Por otro lado, bajo el pretexto de la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico, el Estado desplegó fuerzas militares en la provincia, protegiendo la infraestructura petrolera y reprimiendo a quienes se oponen a la extracción de recursos. De esta forma se garantiza el acceso de las compañías a los territorios indígenas y campesinos. En algunos casos, como estrategia para afectar a la resistencia, se acusó de delitos como sabotaje y terrorismo por protestar en contra de la explotación petrolera, estas acusaciones habitualmente se centran en aquellas personas que lideran la defensa del territorio. Como se mencionó previamente, la intervención del Estado en favor de las empresas extractivas no pasó desapercibida, pues, se gestaron divisiones dentro de las comunidades indígenas. Mientras algunas personas han aceptado compensaciones económicas, otras han resistido la explotación de sus territorios, lo que ha provocado conflictos internos y el debilitamiento de las estructuras comunitarias.

5. Conclusiones

La conflictividad territorial en Sucumbíos es el resultado de la interacción de múltiples factores, no obstante, predomina la conflictividad petrolera. Aunque, la explotación de otros recursos naturales complejizó aún más el panorama, en esta línea se encuentra la expansión de actividades agroindustriales, la minería, la falta de garantías estatales para la protección de los derechos de las comunidades. A lo anteriormente descrito se entrelaza la presencia histórica de grupos armados vinculados al conflicto colombiano, que los últimos años derivaron en bandas narcotraficantes que controlan el territorio. Bajo este panorama, los derechos humanos y de la naturaleza se han visto gravemente afectados, especialmente en lo que respecta al acceso a un ambiente sano, la seguridad, la autodeterminación de los pueblos indígenas y la estabilidad social. La falta de intervención efectiva del Estado permitió que estas problemáticas persistan, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente. La lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales y ambientales en la provincia es un proceso permanente, pero enfrenta grandes obstáculos debido a la falta de voluntad política, la influencia de las empresas extractivas y la violencia estructural en la región. En este sentido, el Estado ecuatoriano tiene responsabilidad en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en la provincia, pues, se priorizó el desarrollo económico basado en la explotación de recursos naturales por sobre los derechos de las comunidades indígenas y de otros sectores afectados, lo hizo a través de un marco legal permisivo, la militarización del territorio y la criminalización de la protesta. Bajo este modelo los gobiernos de turno aseguraron la continuidad del modelo extractivista. A pesar de este escenario adverso, las comunidades desarrollaron múltiples formas de resistencia, defendiendo sus territorios y denunciando la vulneración de sus derechos ante instancias nacionales e internacionales.

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Una explotación que data de décadas

El descubrimiento de reservas significativas de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, incluyendo en la provincia de Sucumbíos, marcó el inicio de una nueva era de conflictos sociales y ambientales y debates sobre el futuro energético y ambiental en Ecuador. La apertura del pozo Lago Agrio 1 en 1967 por parte de la empresa estadounidense Texaco, que provoca el desfile del primer barril del petróleo y el inicio de la explotación en toda el área, se conjuga con el inició de la ocupación de territorios de la nacionalidad cofán y, en los años posteriores, con despojos que implicó el genocidio de dos pueblos indígenas, Tetetes y Sansahuaris, y una serie de violencias contra los territorios indígenas.

En el siguiente mapa se puede apreciar el aproximado de la nacionalidad cofán, y cómo los campos petroleros, incluidos los de Lago Agrio, Bermejo, Guanta, Parahuaco o Libertador, eran parte del territorio ancestral. Procesos similares de despojo y violencia vivió la nacionalidad en su parte norte del lado de la nación colombiana.

Texaco domina la extracción y devasta la selva

La rápida expansión por todo el territorio cofán de la actividad petrolera fue un hecho profundamente traumático para la nacionalidad en su conjunto, con la fragmentación del territorio, la llegada de trabajadores, la construcción de vías y la colonización agraria. La tecnología utilizada por Texaco incluía que las piscinas estuviesen provocando continuos derrames de crudo y aguas de formación, el quemado periódico de las piscinas, el “asfaltado” de las vías con crudo que drenaron las lluvias para que no saliese tanto polvo, etc. En los años 80 del S.XX los efectos de toda esta contaminación eran ya muy palpables, y comenzó a constituirse el Frente de Defensa de la Amazonía, que fue integrando a diferentes actores sociales campesinos, de iglesia e indígenas, que progresivamente fueron formulando contra la Texaco un juicio al que se sumaron 30.000 personas en Sucumbíos y Orellana.

En el siguiente mapa se muestra los bloques petroleros a cargo de la empresa Texaco a 1990

Este juicio resultó con una sentencia que obliga a la empresa Texaco a una indemnización histórica, que hasta ahora ha sido evadida con mecanismos de impunidad empresarial y arbitraje internacional. En medio del incumplimiento de la sentencia, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco – UDAPT – ha continuado con procesos de mediación judicial, y demanda frente al Estado ecuatoriano de remediación. Cuando la empresa Texaco, a raíz de este juicio, dejó el país en 1990, la empresa estatal CEPE, llamada tras el proceso de neoliberalización Petroecuador, asume los campos petroleros, su tecnología y prácticas abusivas.

El Estado facilita la vuelta a la extracción

En el año 2008, los cambios institucionales con el nuevo gobierno de la revolución ciudadana y la nueva Constitución, el Estado ecuatoriano lanza una serie de ofertas de inclusión a las comunidades afectadas por la contaminación petrolera. De esta forma, se abre un proceso de negociación entre las comunidades y el Estado ecuatoriano para la reapertura de nuevos pozos, especialmente Dureno-1, a cambio de inversiones, contratos y empleos, ante una percepción generalizada de que la postura antipetrolera no estaba generando un desarrollo económico.

El siguiente mapa muestra la situación territorial en ese momento de debate:

En esta fase de acuerdos con el Estado ecuatoriano se maneja una duplicidad entre la mejora material de la comunidad, llegando la emblemática obra de la Ciudad del Milenio a Cofán-Dureno, se amplían y modernizan las plataformas petroleras existentes en el campo Guanta, se abren varias vías más, así como se suscribe el programa sociobosque. En el ámbito más urbano en Lago Agrio, también se produce una reapertura de pozos petroleros en barrios consolidados que genera un incremento de la conflictividad. Al mismo tiempo, las obras públicas de espacio verde, la llegada del agua potable o la dinamización cultural implican una nueva forma de ciudadanía en la ciudad que dejan atrás simbólicamente periodos dominados por la presencia de los grupos armados colombianos y dinámicas de sicariato.

Esta fase provoca fuertes tensiones internas en la comunidad de Cofán-Dureno, generándose una variedad de posturas en diferentes familias, con algunas que mantienen vínculos más cotidianos con las posturas antipetroleras, en minoría, y una mayoritaria alrededor de las inversiones y el trabajo, provocando una serie de rupturas entre diferentes familias. Sin embargo, el manejo interno de los contratos y los puestos de trabajo, genera tensiones y divisiones entre el sector más proclive a pactar con el Estado ecuatoriano, especialmente cuando el acuerdo de 2014 a 2018 se acaba, y comienza una nueva ronda de negociación con la empresa petrolera.

La siguiente negociación con la empresa se realiza entre la última fase del gobierno de Rafael Correa y el nuevo gobierno de Lenin Moreno, desde 2018, en el que la empresa Petroecuador regresa a posturas de mínima inversión en las comunidades, disolución de Petroamazonas y abandono del apoyo a la demanda de la UDAPT contra Texaco. En este contexto, la tensión interna se multiplica, con el sector más cercano al ambientalista que migra fuera de Cofán-Dureno, la dirigencia pierde la mayoría, y se divide en dos el grupo negociador con el Estado, entre quienes demandan una rotación de los puestos de trabajo, y quienes demandan una negociación que piense especialmente en la obra pública y colectiva como compensación.

La extracción en la actualidad

En la actualidad, el sujeto comunitario está muy fragmentado, y aunque de forma oficial se encuentran suspendidas las propuestas de Petroecuador, se mantiene la propuesta de realizar una vía que entre en el territorio de Cofán-Dureno y construya tres plataformas en el interior del territorio, algo inédito en la historia del lugar, y que tendría una fuerte impronta territorial, como puede apreciarse en el siguiente mapa realizado por el equipo provincial del FEPP:

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