Presentación

El documento que se presenta a continuación es el resumen del diagnóstico de conflictividad socioambiental relacionado con la provincia de Cotopaxi. El diagnóstico fue elaborado en el marco del proyecto «Apoyo de la UE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción de recursos naturales», ejecutado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El insumo fue elaborado por un equipo de personas que integran el Colectivo Geografía Crítica (CGC). El diagnóstico en su versión más amplia contiene información actualizada relacionada con la problemática socioambiental en siete provincias de Ecuador: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Orellana. Por su parte, el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), recogió la información preparada por el CGC, a fin de difundir los problemas socioambientales de Cotopaxi en su sitio web y en una versión impresa, la cual fue distribuida en las comunidades y los diferentes grupos de interés.

Introducción

El Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) es un espacio de reflexión, en donde se recoge información pública sobre la creciente inmersión en lógicas de expropiación y despojo en Ecuador, principalmente registrados en territorios campesinos, indígenas y populares. Sobre el presente documento, el equipo que integra el OCTE debe mencionar que, en la versión ampliada se tejen varias dimensiones, con el propósito de componer una radiografía provincial que aterrice en los espacios de conflictividad. El diagnóstico permite ver las formas en que el Estado intenta contrarrestar a la población que se manifiesta, mediante la judicialización y criminalización de la protesta utilizando las leyes «antiterroristas y otras leyes relativas a la seguridad del Estado en contra de defensores y defensoras bajo el proteger el bien público». Para ello, se usa tipos penales como ataque o resistencia, paralización de un servicio público, incitación a la discordia entre ciudadanos o terrorismo para criminalizar acciones de defensa de derechos humanos y la naturaleza o la protesta social.

En el documento ampliado se presenta una caracterización socioeconómica básica para reflejar las condiciones de vida de la población. La caracterización permite entender mejor las dificultades cotidianas de comuneras y moradores en general, los desafíos que enfrentan para dar mejores oportunidades a su familias para mantener o mejorar sus medios de vida, o, para acceder a servicios básicos. Así mismo, en el documento ampliado se presentan algunos casos de criminalización, aquellos con mayor visibilidad o importancia. Mientras que, en el presente resumen se intenta transmitir los elementos clave del diagnóstico para la provincia de Cotopaxi, utilizando para esto la siguiente estructura: caracterización territorial de la provincia; un esbozo de la conflictividad territorial a nivel provincial; criminalización y vulneración de derechos; rol del Estado en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en el territorio; y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.

1. Caracterización territorial de la provincia de Cotopaxi

La provincia de Cotopaxi representa el 2,8% de la población nacional, según el censo de población y vivienda del año 2022, con 470.210 habitantes. Esto significa un crecimiento del 15,3% con respecto al censo del año 2010. El mayor porcentaje de población se localiza en los cantones de Latacunga, Saquisilí, Pujilí y Salcedo y algunas zonas censales de la Maná. La población rural representa el 70% de la población provincial correspondiente 288.235 habitantes, mientras que la población urbana es el 30% con 120.970 habitantes.

La población indígena en esta provincia representa el 22,10% de la población total, mientras que, la población afroecuatoriana representa el 1,18%. El cantón con mayor presencia de población indígena es Pujilí. Aquí, la población indígena representa más de la mitad respecto a la población total (51,78%). Sin embargo, en otros cantones la población indígena es igualmente representativa, se destaca: Saquisilí (47,37%), Sigchos (40,77) y Salcedo (27,91). El cantón con menos presencia de población indígena es el cantón La Maná, sin embargo, este cantón tiene un mayor porcentaje de población Afroecuatoriana en la provincia (4,26%).

El diagnóstico referente a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas recoge variables sobre la capacidad económica de los hogares, su acceso a la educación básica, su acceso a la vivienda, su acceso a servicios básicos y su posible condición de hacinamiento. A nivel provincial, el índice de pobreza por NBI alcanza el 75,06%, indicador que afecta de manera más pronunciada en las zonas rurales, mismo que se ubica en 90,32%. El cantón Sigchos tiene un índice de pobreza más elevado que el promedio de la provincia, este se ubica en 93,74%, situación que es influenciada por el alto índice de la zona rural (97,0%). En situación similar se encuentra el cantón Pangua, este se ubica en 90,04%, seguido por La Maná, Salcedo y Latacunga.

En cuanto al uso y la cobertura del suelo en la provincia de Cotopaxi ha cambiado drásticamente en los últimos treinta años y está en total relación con el cambio en las actividades económicas de la población y el establecimiento de grandes empresas relacionadas con la agroindustria y la minería, la expansión de la zona de pastizales, el crecimiento de la explotación forestal hacia zonas de páramo y la infraestructura relacionada con la agroindustrial. A continuación, se analiza el caso de la expansión de la minería metálica y los conflictos que ha generado dicha actividad.

2. Conflictividad territorial en la provincia de Cotopaxi

Los conflictos socioambientales en la provincia de Cotopaxi obedecen a diferentes factores como la actividad minera (no metálica y metálica), el desarrollo de la agroindustria (florícolas y brocoleras), la explotación forestal, entre otros. En el caso de la minería metálica esta se concentra en la parte occidental de la provincia, en la zona de transición hacia la costa. Este territorio se caracteriza por estar cubierto de vegetación natural y cultivos. Se evidencia la localización de concesiones mineras en el cantón Sigchos, La Maná, Pujilí y Pangua. El mayor conflicto se encuentra en el proyecto de cobre La Plata que está ubicado en el cantón Sigchos, en las parroquias Palo Quemado y las Pampas. La concesión para desarrollar actividades de mediana escala está a cargo de la empresa Atico Mining, con matriz en Vancouver, Canadá, que cuenta con una concesión de 2.222 hectáreas.

Este proyecto está en fase de concesión y exploración. En julio de 2023, el gobierno nacional en conjunto y respaldo con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador intentó desarrollar una Consulta Ambiental, amparado en el Decreto 754, con el uso de la represión policial y militar, dando como resultado a varios campesinos heridos. Esto facilitó a la empresa minera obtener la licencia ambiental. Estos hechos están presentes en las historias de vida de la comunidad y el miedo a que esto se repita, que muy probablemente ocurra, es real. Los impactos de la intervención de las mineras y la fuerza pública en el territorio tienen un impacto en la vida de las personas y la comunidad.

La población de las parroquias Las Pampas y Palo Quemado se ha unido para realizar acciones contra el intento de imponer un proyecto minero sin autorización de sus habitantes. La movilización permanente de estas comunidades se debe a que, el gobierno del presidente Daniel Noboa, en particular el MAATE, en alianza con la empresa minera Atico Mining preparan una consulta ambiental, trámite que inició en junio de 2023, sin que no exista una normativa legal vigente que establezca los procesos correspondientes previo al estudio de impacto ambiental para las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos, en el área operativa de la concesión minera La Plata y, a pesar, de la sentencia 51-23-1N/23 de la Corte Constitucional que acepta la acción pública de inconstitucionalidad propuesta en contra del decreto ejecutivo 754 emitido por la presidencia de la República, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. La Corte Constitucional dispone los efectos de la sentencia serán diferidos en el tiempo hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental, de conformidad con el artículo 398 de la Constitución.

El 16 de marzo de 2024, el Ministerio de Ambiente inició el proceso de consulta ambiental en Palo Quemado, sobre la fase de explotación minera, donde ocho técnicos del Ministerio del Ambiente socializaban a un grupo de 50 pobladores de los recintos La Plata y San Pablo. Esta acción estuvo acompañada de la presencia de alrededor de 750 militares que pretendían resguardar la realización de esta consulta. La respuesta de las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas fue rechazar la explotación minera, la realización de la consulta que fue catalogada como “fraudulenta” y la presencia militar. En este contexto, las comunidades se movilizaron frente a las acciones del MAATE pero, dada la presencia de la fuerza militar, se presentaron enfrentamientos que dejaron al menos 20 personas de la comunidad heridas y 70 personas fueron acusadas de terrorismo. Entre las víctimas, el campesino Mesías Robayo, se encontraba en estado crítico, pues, recibió perdigones en el rostro, lo que provocó fracturas en el rostro, afectaciones en la columna vertebral y daños permanentes a nivel neurológico.

Además de la movilización social, otra estrategia implementada por las comunidade es el uso de la vía legal. Se interpuso acciones relacionadas al Decreto No.754 y en contra del Manual para la Operativización de la Consulta Previa, Libre e Informada, emitido por el Ministerio de Energía y Minas, el 6 de marzo de 2024, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2024-0002-AM debido a que, este derecho constitucional debe ser seguir el trámite previsto en los artículos 134 al 139 de la Constitución, así como las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y sea la Asamblea Nacional hasta que se promulgue una ley orgánica, siendo la única categoría normativa hábil para el efecto y no un Acuerdo Ministerial. Este último, no cumple con los estándares establecidos por la Corte Interamericana y la Corte Constitucional, por lo que se mantiene la obligación de publicar una ley sobre consulta que sea aprobada por la Asamblea Nacional y expedida por el Ejecutivo.

Por otro lado, el 22 de marzo de 2024 el alcalde del cantón Sigchos Óscar Monge, presentó una solicitud de Acción de Protección con medidas cautelares para la población. El 25 de marzo, el juez Danilo Paredes dispuso la suspensión de la consulta ambiental. La audiencia se desarrolló en Sigchos en medio de una masiva marcha de habitantes de Palo Quemado y Las Pampas. Las personas demandaban justicia y exigían garantías para un juicio justo y el cumplimiento de la medida cautelar que detiene la consulta ambiental y prohíbe a la empresa Atico realizar trabajos en la zona. Finalmente, el 2 de agosto de 2024, en la ciudad de Sigchos el juez Darwin Paredes negó la Acción de Protección (AP) para las parroquias Palo Quemado y Las Pampas por la grave violación de derechos humanos durante la imposición de una consulta ambiental impulsada por el MAATE (primero en julio de 2023 y luego en marzo 2024). Después que la AP fuera negada, las medidas cautelares también fueron revocadas.

3. Criminalización y vulneración de derechos en Cotopaxi

Desde julio de 2023, las comunidades que viven en las parroquias Las Pampas y Palo Quemado denunciaron la fuerte represión y la militarización de la zona. A través del portal del Consejo Episcopal de América Latina (CELAM) se reportó el 13 de julio de 2023, la “militarización de la localidad Palo Quemado de la Provincia de Cotopaxi como medida de presión a la población local en el contexto de la aplicación del Decreto No. 754 para “consultar” sobre el proyecto minero «La Plata”. Situación que dejó 6 personas heridas, miedo y zozobra entre las personas que habitan los recintos que hacen parte de estos territorios. En este período los habitantes de Palo Quemado y Las Pampas habrían denunciado presiones de la fuerza pública para imponer la consulta ambiental.

Las tensiones volvieron en marzo de 2024 debido al nuevo intento del MAATE de realizar un proceso de consulta exclusivamente en ciertas comunidades de la parroquia Palo Quemado, todo en medio de un fuerte resguardo policial. Los comuneros reportaron represión con balas de goma.En la comunidad Palo Alto, donde está ubicada la concesión La Plata, lasfamilias denunciaron represión y militarización. Por su parte, la CONAIE informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició un proceso por terrorismo contra70 personas que tenían un rol importante en la defensa del territorio. Al respecto, uno de los comuneros criminalizados y acusado de terrorismo señaló que “hay más de 700 efectivos […] Palo Quemado solo tiene 700 habitantes. Vienen a reprimir y a favorecer a la empresa”. Añadió que, los agentes del orden utilizan “gas, balines de goma y encontramos casquillos de balas”.

De acuerdo con declaraciones de habitantes de la zona, antes de la intervención militar, varias personas fueron amenazas. Además, se registraronretenciones de motos y amedrentamientos en las vías de acceso a la comunidad. En esta misma línea, a inicios de marzo una de las lideresas delgrupo de personas que se oponen al proyecto minero fue amenazada por partede personas afines a la compañía Atico Mining Corporation. En ese momento se desató temor por la seguridad, de la lideresa y de su entorno familiar.

4. Rol del Estado en la legitimación de las actividades extractivas en Cotopaxi

Las estrategias del Estado y las empresas mineras para frenar la resistencia frente a los proyectos mineros en Palo Quemado y Las Pampas tienen varios elementos. Primero, el uso de las instituciones públicas, en este caso el MAATE para viabilizar el proyecto minero La Plata. Para ello, se dispuso de la fuerza pública para respaldar la
implementación de la consulta ambiental. En las protestas de marzo de 2024, nuevamente se usó a la fuerza pública y la violencia, con la presencia de 700 militares con una misión de hacer la consulta ambiental. Producto de los enfrentamientos, varias personas resultaron heridas y detenidas. Por su parte, el Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Jaime Vela, calificó a las acciones de protesta y resistencia contra el proyecto minero como “actos terroristas”, descalificando así las acciones de las comunidades.

Otra forma de legitimación de las actividades mineras es mediante el amedrentamiento, utilizando para esto a grupos irregulares, o también llamadas «fuerzas paramilitares», que estarían aglutinadas bajo el nombre de «Juntas de Defensa del Campesinado». Estos grupos brindan protección a la empresa minera desde 2021. Por ejemplo, este grupo realiza controles de carretera no autorizados, solicitando documentación a los transeúntes y portando armamento pesado. Estos retenes ilegales se montaron en el Recinto Las Minas, en Santa Rosa y en la comunidad San Pablo. Habitantes de la parroquia Palo Quemado advirtieron que son 30 personas armadas aproximadamente.

Finalmente, el gobierno impulsa los proyectos mineros, también a nivel internacional.A inicios de marzo, Daniel Noboa visitó Canadá y suscribió seis compromisos deinversión minera por más de 4.800 millones de dólares, que incluirían 249 nuevasconcesiones a gran escala. El presidente afirmó que el sector minero “es un motor dedesarrollo nacional”. En este sentido, el gobierno intenta reformar la Constitución parapermitir la aprobación de un mecanismo de protección de inversiones: un arbitrajeinternacional entre los inversores privados y el gobierno, posterior a una posible aprobación vía consulta popular.

5. Conclusiones

Los conflictos socioambientales en Cotopaxi están relacionados con agricultura intensiva, a los cultivos de brócoli y flores para la exportación y, la explotación minera, a gran escala. Las actividades generan impactos negativos significativos en el medio ambiente, incluyendo la contaminación del agua y del suelo, la deforestación y, en el
ámbito social, graves conflictos en las comunidades. Las condiciones de desigualdad socioeconómica en la provincia a menudo son utilizadas por el gobierno y agentes externos, como las empresas transnacionales, para postularse como actores que impulsan el desarrollo mediante actividades extractivistas. En el caso de encontrar una respuesta negativa, el gobierno y las empresas mineras, se imponen, intimidan y violentan a las poblaciones locales. Aquí surgieron varias situaciones presentes en la conflictividad: amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y amedrentamiento en contra de líderes y lideresas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

Otra forma de contrarrestar a la población se manifiestamediante la judicialización ycriminalización de la protestamediante el uso indebido de leyes. Se usa tipos penales comoataque o resistencia, paralización de un servicio público, incitación a la discordia entre ciudadanos o terrorismo para criminalizar acciones de defensa de derechos humanos y la naturaleza o la protesta social. La actividad minera en Cotopaxies objeto de controversia ydebate debido a sus impactosambientales y sociales generados en las zonas de extracción.Las comunidades expresanpreocupación frente a la pérdida del territorio, la contaminación del agua, afectaciones enla economía campesina y loscambios en su forma de vidatradicional. Los conflictos que se desataron por la presencia de la minería se manifiestan en formade protestas, demandas legales y tensiones comunitarias e instituciones estales.

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Así mismo, los medios de comunicación nacionales cubrieron la gira del presidente y su comitiva, la cual estuvo integrada por figuras como la canciller Gabriela Sommerfeld, el secretario de la administración pública David Félix y la ex ministra de Energía y Minas Andrea Arrobo. Al respecto, se puede mencionar que, durante la crisis energética registrada en abril de 2024 Arrobo fue defenestrada de su cargo tras acusaciones de sabotaje en contra del gobierno nacional. La visita de Noboa a Canadá dejó como saldo la suscripción de seis compromisos de inversión minera por un monto de $4.800 millones de dólares. El hecho de que Ecuador adquiera obligaciones con Canadá refleja la voluntad del gobierno nacional para impulsar -aún más- al país hacia un acelerado extractivismo.

Tras la visita de Noboa a Canadá se presentaron una serie de acontecimientos lógicos para dar paso a los proyectos mineros estancados desde mediados de 2023: Las Pampas – Palo Quemado (Cotopaxi) y Las Naves (Bolívar). El primer paso lo dio el Ministerio de Energía y Minas, con la emisión del Acuerdo Ministerial MEM-MEM-2024-0002-AM del 5 de marzo de 2024, a través del cual se promulgó el manual para la operativización de las consultas previas, libres e informadas.

No obstante, la publicación de un manual para operativizar las consultas ambientales implicó el desconocimiento de lo dispuesto en la Sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional emitida en noviembre de 2023, que en la sección 7, decisiones, artículo 3 dispone lo siguiente: “la Defensoría del Pueblo impulse los proyectos de ley sobre consulta ambiental que haya presentado y que se encuentren ya en trámite legislativo o, en su defecto, prepare un proyecto de ley que regule la consulta ambiental, contando con la participación de la sociedad” (Corte Constitucional 2023, 77-78). En este sentido, el 13 de marzo de 2024, la Federación de Organizaciones Kañaris del Ecuador presentó una demanda de Acción de Inconstitucionalidad de fondo y forma al Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Energía y Minas.

También es importante señalar que el 7 de marzo de 2024, a través del Decreto Ejecutivo 193 el presidente de la república extendió el estado de excepción en Ecuador por 30 días más: “en los mismos términos establecidos en los Decretos Ejecutivos 110, 111 y 135 de 8, 9 y 23 de enero de 2024” (Presidencia de la República del Ecuador 2024). Bajo este panorama, el 11 de marzo de 2024 funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) ingresaron a las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado para instalar -por segunda ocasión- la consulta ambiental, para la instalación del proyecto minero “La Plata” que está a cargo de la compañía Atico Mining Corporation.

La violencia escindida en el discurso de seguridad ¿garantía de impunidad?

En esta nueva incursión de los funcionarios del MAATE en territorio, se utilizaron las mismas estrategias de julio de 2023, pero con ciertos matices que marcaron la diferencia. Nuevamente, los funcionarios y funcionarias del MATTE ubicaron el centro de información pública en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), sin embargo, el número de policías y militares presentes en la zona resultaba desproporcionado si se considera el número de habitantes de estas parroquias rurales.

En medio de la violencia desatada en marzo de 2023, varias organizaciones enfocadas en el respeto y el ejercicio de derechos humanos a nivel nacional e intencional se pronunciaron frente a la situación en Las Pampas y Palo Quemado. En este sentido, el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Derechos Humanos en América del Sur Jan Jařab abrió un espacio de diálogo con representantes de las familias campesinas de Las Pampas el 14 de marzo de 2024. Precisamente, en esta reunión las mujeres que participaron de la reunión virtual comentaron a Jařab sobre varios aspectos, entre otras cosas hicieron énfasis en la riqueza productiva de su territorio; así como de la violencia desatada por parte de los agentes del orden de la Policía Nacional y militares; del intento por criminalizar a sus líderes y lideresas; y, de la constante preocupación por lo incierto de su futuro.

Ahora bien, el 18 de marzo de 2024 más de 70 personas de Las Pampas y Palo Quemado fueron acusados por el delito de terrorismo al ejercer su derecho a la resistencia y oponerse al proceso de consulta ambiental promovida por diferentes instituciones del Gobierno Nacional y respaldas por la fuerza pública. La denuncia de terrorismo la realiza una persona que lidera la “Confederación Nacional de Juntas de Campesinado del Ecuador”. Al respecto, no se puede olvidar que, el denunciante de los actos de terrorismo es la misma persona sobre la que pesan graves acusaciones en el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias elaborado por Philip Alston en 2011.

El 19 de marzo de 2024 se registró una escalada de violencia, motivada por las disputas entre la fuerza pública y personas de las parroquias Las Pampas y Palo Quemado, quienes se encontraban en evidente desventaja, pues, intentaban oponer resistencia a un número significativamente mayor de agentes del orden dotados con armamento y gases. Solo durante esta jornada, la comunidad reportó 15 personas heridas, 7 de ellas con cierto nivel de complejidad. De hecho, en varios videos se registró a personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes afectadas por los gases lacrimógenos, asustadas por la violencia.

Paralelamente, en los medios de comunicación poco se hablaba de la violencia del proceso de consulta, de la legitimidad de la resistencia, de las personas heridas. De hecho, la información transmitida ponía el foco de atención en el proceso legal en contra de 70 personas de la comunidad y en los daños ocasionados a bienes públicos ocasionados. A pesar del evidente respaldo de los medios de comunicación para imponer el discurso del gobierno a la opinión pública, el 21 de marzo de 2024 en la Asamblea Nacional del Ecuador se exhortó a Noboa a que cese con la represión en el cantón Sigchos. Resulta contradictorio que, a partir del 22 de marzo de 2024 en estas parroquias se presentó un nuevo contingente de policías y militares al territorio. De acuerdo a estimaciones de la población 500 policías y 200 militares resguardaban la zona.

El accionar del gobierno nacional no pasó desapercibido en instancias internacionales, pues, el 25 de marzo de 2024 la relatora especial Mary Lawlor se pronunció sobre la situación de riesgo en la que se encontraban los defensores y defensoras de los derechos humanos y la naturaleza en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas. Lawlor instó al Estado ecuatoriano a garantizar el respeto a los derechos de las personas, especialmente en el marco de proyectos extractivistas en el país. Ese mismo día, el juez multicompetente del Cantón Sigchos Darwin Paredes suspendió provisionalmente la consulta ambiental, esto en el marco de una Acción de Protección con medidas cautelares promovidas por el alcalde del cantón Sigchos, el señor Oscar Monge.

La medida cautelar suponía el retiro inmediato de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, os agentes del orden no se retiraron de la zona y los enfrentamientos se mantuvieron el 26 de marzo. Lamentablemente, en el recinto La Florida perteneciente a la parroquia Palo Quemado una de las personas que se encontraba en resistencia recibió un impacto de perdigón en el rostro. Las heridas comprometieron gravemente la salud de un campesino, quien recientemente se convirtió en padre de una niña.

Llama la atención los intentos por invisibilizar los actos de violencia tanto de la gobernación de Cotopaxi, como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el primer caso, se emitió un comunicado oficial en el cual se afirmaba que la represión se ejerció exclusivamente con gases lacrimógenos. Resulta problemático la forma en que se naturaliza una serie de circunstancias que en otros contextos no pasarían desapercibidas. Para desmontar el comunicado de la gobernación, en el hospital Gustavo Domínguez, lugar donde recibió asistencia médica la persona herida, se puso de manifiesto que el campesino fue impactado por un perdigón en el rostro, teniendo un pronóstico reservado por el grave estado de salud en que se encontraba.

Por su parte, Jaime Vela Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, brindó declaraciones sobre lo que -a su criterio- sucedía en la provincia de Cotopaxi. El pronunciamiento del comandante perseguía dos objetivos, por un lado, presentar a las familias campesinas como terroristas que se oponen al “desarrollo” del país; pero, además, buscaba generar preocupación en otros sectores, especialmente por las consecuencias legales que producirían las manifestaciones y los actos de resistencia ante otros proyectos extractivos. El discurso criminalizante de Vela dista de los hechos acontecidos en marzo de 2024. La realidad es que en Palo Quemado y Las Pampas existía una clara consigna: imponer por la fuerza la consulta ambiental y el proyecto minero La Plata. Las declaraciones del Comandante y del Gobernador de la provincia de Cotopaxi, solo intentan invisibilizar la violencia, la desigualdad y la injusticia para una población que intenta proteger la forma en que desarrolla sus vidas. Entonces, después de recorrer esta nueva avanzada minera nos preguntamos y preguntamos a nuestros lectores y lectoras ¿Daniel Noboa es en realidad un líder visionario?

Invitamos a nuestra audiencia a conectarse con la próxima publicación, en donde recorreremos la historia del interés minero en lo que hoy se conoce como las parroquias Las Pampas y Palo Quemado en Cotopaxi.

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El sábado 16 de diciembre de 2023 se realizó el cierre del curso avanzado de “Herramientas comunitarias no violentas ante conflictos por la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza”. La actividad fue organizada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

El curso avanzado tenía como objetivo primordial reunir a personas de comunidades expuestas a conflictos socio ambientales. La meta era compartir herramientas comunitarias no violentas en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

Durante el día de cierre del curso avanzado se realizó el encuentro de comunidades “Defensores del agua y de la tierra”, espacio que sirvió para reflexionar colectivamente acerca de las herramientas de resistencia comunitaria no violentas.

Diversidad en la participación comunitaria

El encuentro de comunidades convocó a una gran diversidad de personas, entre otras destacamos la presencia de campesinas y campesinos de Cotopaxi, Bolívar e Imbabura. También estuvieron representantes del pueblo negro, integrado por poderosas mujeres del río Cayapas ubicado en la provincia de Esmeraldas, junto a ellas se presentaron líderes y lideresas del caso Furukawa provenientes de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas. Así mismo, este espacio contó con la participación de delegados de nacionalidades indígenas de la Costa y de la Amazonía ecuatoriana: Chachi, Épera, Waoranis y Cofanes respectivamente.

El evento incluyó al menos tres momentos, en el primero se invitó a los participantes a reflexionar sobre las herramientas comunitarias de resistencia desarrolladas en el curso. En un segundo momento, las personas asistentes iniciaron un debate sobre los derechos de los pueblos campesinos de cara a la protección y defensa del agua. Finalmente, se abrió un espacio para reflexionar acerca del rol del Estado y la exigibilidad de derechos que las diferentes nacionalidades, pueblos y población campesina tienen.

Algunas reflexiones sobre el encuentro y expresiones artísticas

Parte de la riqueza del encuentro radicó en la heterogeneidad de la convocatoria, pues, las historias y experiencias de vida eran muy diferentes, lo que permitió que la construcción de reflexiones fuera mucho más analítica y profunda; así mismo, se presentaron expresiones artísticas, como dibujos, arrullos y canciones. Al respecto, las mujeres negras del río Cayapas tomaron el liderazgo y compartieron con sus compañeros la canción:

«No corten los bosques que la tierra tiembla»

Rápidamente Luz América Nazareno, mujer negra del río Cayapas puso el ritmo con su voz, esta fue seguida por todos los presentes. La canción se convirtió en el himno del encuentro, esto a pesar de la ya mencionada diversidad, las comunidades coincidían en el deseo por proteger existía algo en común, el deseo de proteger la vida en el territorio.

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En la publicación que precede, recorrimos los eventos registrados entre julio y noviembre de 2023 en las parroquias rurales Palo Quemado y Las Pampas. Los hechos se relacionan a la consulta ambiental -requisito indispensable en Ecuador para iniciar procesos extractivos-. En este sentido, es importante dar cuenta de algunos datos sobre la compañía Atico Mining Corporation propietaria del título minero “La Plata”, empresa que invirtió $1,76 millones de dólares en la ejecución de su Plan de Relacionamiento Comunitario (Ministerio de Energía y Minas 2022). En julio de 2023 trascendió a la opinión pública que, la compañía de origen canadiense pretendía invertir $100 millones de dólares en la construcción de la mina (Primicias 2023). En esta nueva publicación, el OCTE repasará el camino que llevó a Daniel Noboa a la presidencia de la república y la marcada voluntad política para promover la actividad minera a gran escala en Ecuador.

Recapitulando: la llegada de Daniel Noboa al poder

Durante el 2023, el pueblo ecuatoriano fue expuesto a la profundización de la pobreza, la desigualdad y la violencia, estos factores produjeron una polarización política. En este sentido, es preciso mencionar algunos hechos que marcaron el 2023: el 9 de mayo el ex presidente Guillermo Lasso fue llamado a juicio político en la Asamblea Nacional por peculado. El juicio no prosperó porque el 17 de mayo Lasso invocó a muerte cruzada, este es un mecanismo constitucional que entre otras cosas permite: la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones anticipadas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La primera vuelta se realizó el 20 de agosto, en ese momento se inscribieron ocho binomios presidenciales. No obstante, las elecciones anticipadas estuvieron marcadas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, el cual se produjo a las afueras de un mitin político en la ciudad de Quito el 9 de agosto. La muerte de Villavicencio estableció un hito en la carrera hacia la presidencia que cambiaría el panorama electoral de formas insospechadas. Puntualmente, durante el debate presidencial realizado el 13 de agosto se destacó un candidato con una carrera política incipiente: Daniel Noboa.

Este último fue parte de la Asamblea Nacional entre 2021 – 2023 representando a la provincia de Santa Elena. Su curul lo obtuvo a través del Movimiento Ecuatoriano Unido, una organización poco conocida en la palestra política. Sin embargo, es importante recordar que Noboa es parte de uno de los grupos económicos más importantes del país: la Exportadora Bananera Noboa. Además, este joven político es el hijo del recordado Álvaro Noboa -empresario que intentó ser presidente de Ecuador en cinco oportunidades-.

A lo largo del debate presidencial, el candidato Daniel Noboa alcanzó relevancia por presentar un discurso -aparentemente- conciliador e informado sobre la situación del país. De tal suerte que, después del debate organizado por el CNE la figura de Noboa obtuvo relevancia en la palestra pública al punto de obtener un lugar en el balotaje ecuatoriano. Para el 15 de octubre de 2023 Noboa había ganado la presidencia de Ecuador con un 51,83% de apoyo popular (CNE 2023) y el 23 de noviembre de 2023 Noboa Azín se posesionaba como presidente de Ecuador.

Mientras Noboa asumía el mando, Ecuador experimentaba múltiples crisis, estas estaban relacionadas entre sí y respondían a situaciones de origen estructural: económica, política, social, energética. Aunque, la crisis de seguridad fue la que ganó mayor notoriedad, pues, los índices de violencia -sin precedentes en un país como Ecuador- se convertían en una realidad muy cercana y oscura. Pero, el deterioro de la seguridad no aconteció de un día para el otro, de hecho, los primeros síntomas no fueron nada sutiles, aunque pasaron desapercibidos porque ocurría en los espacios de mayor marginalidad en el país: las cárceles y las periferias. Lamentablemente, la reacción de los gobiernos de turno fue poco oportuna, y, ya para finales de 2023 e inicios del 2024 Noboa se enfrentó con la dura realidad del país expresada -en cifras de personas asesinadas-.

Al respecto, el informe preparado por Human Rights Watchs correspondiente al 2024, reportó los siguientes datos para Ecuador: en 2021 por cada 100 mil habitantes la tasa de homicidios correspondía a 13,7; en 2022 esta cifra casi se duplicó al llegar a 25,9 por cada 100 mil habitantes. Para 2023 la tasa aumentó a 43 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta alarmante cifra colocó a Ecuador en la lista de los países más violentos de la región latinoamericana junto a Honduras y Venezuela (Human Rights Wath 2024).

El presente ejercicio de memoria nos sitúa en el 9 de enero de 2024, cuando un grupo de personas armadas ingresaron en las instalaciones de TC Televisión. Aparentemente, estas personas, en su mayoría muy jóvenes e inexpertas, intentaban transmitir en vivo un mensaje al país. El tiempo que transcurrió entre la incursión, reducción del personal de televisión y la toma de control de la policía nacional no fue prolongado, pero, las escenas registradas quedarán grabadas en el recuerdo de los millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Después del incidente, Noboa declaró un conflicto interno armado en el país.

En un primer momento, la declaratoria gozó de un gran respaldo popular, pues, entre las medidas contempladas se tenía: el estado de excepción, la militarización del territorio, toque de queda. Además, se abría la posibilidad de declarar como terroristas a todos aquellos grupos que fueran considerados por las autoridades como delincuentes. Al respecto, algunos sectores se posicionaron sobre lo problemático que resultaba la declaratoria de conflicto interno armado, especialmente, por el ejercicio de poder y violencia de las fuerzas del orden sobre cualquier grupo -no necesariamente delincuencial-. Es decir, la declaratoria podría justificar excesos e inclusive la vulneración de derechos humanos.

En la siguiente publicación del OCTE nos centraremos en los sucesos acontecidos en marzo de 2024 en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, buscaremos también la respuesta a la pregunta ¿Daniel Noboa es un líder visionario?

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Introducción

En esta nueva publicación, presentamos un pequeño recuento de lo sucedido en marzo de 2024 en las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado, con relación a la imposición del proyecto minero “La Plata”. En esta zona del país el gobierno propuso un régimen de mediana minería para extraer oro (Au), cobre (Cu), plata (Ag), zinc (Zn) y plomo (Pb). Actualmente, el título minero es propiedad de Atico Mining Corporation, una empresa constituida en 2010 en Vancouver, Canadá. Ahora bien, a lo largo del texto se abordan las estrategias de los gobiernos de turno que pretenden -bajo cualquier término- poner en marcha un proyecto minero en una zona campesina, dedicada a la producción de alimentos y a la ganadería, que hoy en día se encuentra sumida en la más profunda conflictividad socioambiental.  

Es importante recordar que, a finales de mayo de 2023 el ex presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 754, a través de ese decreto se intentó reformar el reglamento al Código del Ambiente, el cual regulaba la participación ciudadana para el ejercicio del derecho a la consulta ambiental. El Decreto de Lasso no pasó desapercibido entre organizaciones de la sociedad civil, grupos ambientalistas y mucho menos entre las poblaciones con recursos minerales. De hecho, a mediados de junio de 2023, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) instauró una demanda de inconstitucionalidad por fondo y forma (51-23 IN) ante la Corte Constitucional en contra del Decreto 754. Además, la CONAIE solicitó medidas cautelares para suspender la aplicación del mencionado instrumento.

A pesar de los intentos de la CONAIE y otras organizaciones de la sociedad civil para detener la consulta ambiental en el territorio, el 19 de junio de 2023 funcionarios del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) se instalaron en la parroquia Palo Quemado para realizar una consulta ambiental que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución del Ecuador. Precisamente, en la infografía 1 se presentan de forma general las barreras de acceso que los habitantes de las parroquias Las Pampas y Palo Quemado sortearon en julio 2023.  

Durante este primer intento del gobierno por impulsar la consulta ambiental, se distingue el rol del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), institución que restringió la participación ciudadana en el proceso consultivo al convocar exclusivamente a dos recintos -pro mineros- a saber: San Pablo de La Plata y La Mina. El accionar del MAATE no es coincidencia, pues, con esta exclusión dejó por fuera las voces y pensamientos de cientos de personas que discrepaban con la llegada del proyecto minero a la zona. La marginación -de un importante sector de la población local- es sin lugar a dudas, uno de los elementos que incrementaron la tensión, la inconformidad y el conflicto.

En esta misma línea, la desproporcionada presencia policial y militar, dotada de indumentaria, armamento y una actitud beligerante, era innecesaria, si se considera que el espacio territorial está habitado por familias campesinas. En este sentido, a la zona arribaron agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), un grupo de la Policía Nacional (PN) creado con el objetivo de “dispersar” la protesta social. El mencionado -grupo de élite de la PN- ha sido señalado en varias ocasiones por la desproporcionada violencia utilizada en contra de la población en general. Aunque, en una publicación en la página web del Ministerio del Interior un Coronel de la PN de apellido Tamayo, afirmaba que “somos respetuosos de los derechos humanos, debido a una adecuada capacitación del personal en esta materia, con el objetivo central de mantener la convivencia pacífica, evitar desmanes y proporcionar la seguridad necesaria en los territorios, espacios o zonas que se presumen podrían ser los afectados” (Ministerio de Gobierno s/f). 

Contrario a este discurso, durante su estancia en Las Pampas y Palo Quemado en julio de 2023, los agentes de UMO tuvieron un desafortunado papel al requisar a los residentes de estas parroquias en búsqueda de armas. Esta “misión” incluyó la requisa de niños, niñas y adolescentes que se dirigían hacia sus escuelas y colegios. Al respecto, el equipo OCTE conversó con una madre de familia quién increpó a uno de los agentes del UMO encargado de requisar a dos de sus hijos menores de edad, en ese momento la más pequeña tenía tan solo cinco años. En el siguiente apartado se presenta un extracto del testimonio de la madre, este da cuenta de la afectación psicológica que enfrentan los infantes y adolescentes, producto de la incursión policial y militar en el territorio: 

tú me hiciste la requisa (dijo la niña), y el señor obviamente se ríe y lo que tenía todo encapuchado se saca y le saca los ojos y le dice mírame bien niña, mírame bien. Ósea una forma agresiva […] el hombre se puso brusco y la miró así feísimo […] un compañero le dijo no le hagan así que le están intimidando […] desde ahí lloró y me abrazó. Ella dice que […] sueña que le cogen, que le hacen algo, ella no duerme. Esta traumada porque cuando yo salgo de la casa […] se encierra, y me dice mami no me quiero regresar a la escuela porque van a estar y yo no quiero […] ella tenía ganas de contestarle […] pero dice que le dio miedo que la llevaran a la cárcel (Testimonio S.G., julio 2023).

Sin lugar a dudas, la masiva asistencia de personas armadas alimentó el miedo y la incertidumbre entre la población, ya que no tenían registro de un acontecimiento similar en su territorio. Ahora bien, un factor que agravó la inconformidad de los pobladores de Las Pampas y Palo Quemado fue el lugar donde se ubicó el punto de información de la consulta ambiental: la Unidad de Policía Comunitaria (UPC). La misma estaba custodiada por la policía y militares. Por supuesto, la estrategia de los funcionarios del MAATE fue premeditada, ya que se marcó una distancia con la población local, limitando a discreción la participación de las personas opuestas al proyecto extractivo. 

De esta forma, la consulta ambiental no cumplió con su objetivo principal, que era escuchar las voces de las personas para saber si están de acuerdo o no con el proyecto minero La Plata. Para las autoridades y funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la consulta ambiental pasó a ser un requisito a cumplirse -a sangre y fuego- a costa de la tranquilidad de poblaciones consideradas como sacrificables.   

Bajo estas circunstancias, la tensión entre las comunidades y los agentes del orden creció hasta desbordarse. Los miembros de UMO reprimieron a las personas que ejercían su derecho a la resistencia con gases lacrimógenos y balas de goma. Producto de estos enfrentamientos, varias personas resultaron heridas, dos de gravedad. Una recibió un perdigón en su canilla y otra tuvo un impacto en el rostro. Los heridos fueron trasladados a la ciudad de Santo Domingo -porque el Centro de Salud de la parroquia no tenía la capacidad para atender la emergencia-. 

Las personas que recibieron los impactos de bala de goma eran dos campesinos de mediana edad, quienes atravesaron por grandes dificultades para acceder a la red pública. En el hospital de Santo Domingo no se brindó una atención oportuna y satisfactoria, de hecho, el cuadro de salud de ambos pacientes se agravó y los cuidados se extendieron por varias semanas. Los dos tuvieron que ser trasladados a clínicas privadas, tanto en Santo Domingo como en Quito.

Corte Constitucional: el fallo abrió las puertas a la incertidumbre

El 31 de julio de 2023 la jueza de la Corte Constitucional a cargo de la causa, admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la CONAIE. Además, la funcionaria otorgó medidas cautelares a los territorios que estaban en la misma situación que Las Pampas y Palo Quemado. Las medidas cautelares obligaron a los funcionarios del MAATE y a la fuerza pública a salir de las parroquias y detener el proceso de consulta ambiental. En este sentido, la admisión de la demanda significó un respiro para las comunidades de Cotopaxi y Bolívar. 

El 17 de noviembre de 2023, después de cinco meses de instaurada la demanda, la Corte Constitucional se pronunció oficialmente sobre el caso. En la sentencia No. 51-23-IN/23 se declaró la inconstitucionalidad por forma del Decreto Ejecutivo No 754, pero, la jueza no se pronunció respecto a las alegaciones de inconstitucionalidad de fondo. La sentencia de la Corte Constitucional dispone que es imposible iniciar procesos de consulta previa, libre e informada a pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afrodescendientes, es decir, a aquellas personas que son sujetos de derechos colectivos consagrados en la Constitución; pero, al mismo tiempo, el fallo de la Corte Constitucional dejó por fuera a otros grupos que se encontraban disputando la legitimidad de la consulta previa, como es el caso de Las Pampas, Palo Quemado y Las Naves.

Dicho en otras palabras, la sentencia de la Corte Constitucional, dejó la puerta abierta a las consultas ambientales en territorios campesinos que no son sujetos de derechos colectivos. De acuerdo a personas expertas en la rama jurídica – contactadas por el OCTE- esto significa que, en caso de sufrir vulneraciones de derechos humanos, las poblaciones solo podrían demandar vía ordinaria, lo que dificulta aún más la protección de los territorios campesinos. Finalmente, se estableció que la sentencia tendría efecto diferido, es decir que se mantendría vigente hasta que la Asamblea Nacional emita una Ley que regule las consultas ambientales. 

Invitamos a nuestra audiencia a conectarse con la próxima publicación, en esta abordaremos lo acontecido entre la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional en noviembre de 2023, la llegada de un nuevo Gobierno de corte neoliberal en diciembre de 2023 y la arremetida minera en Cotopaxi registrada en marzo de 2024. 

Referencias bibliográficas:

Ministerio de Gobierno. s/f. Comunicamos: Para la UMO, la capacitación en DDHH es permanente.

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