Introducción

Al igual que en otros territorios en La Merced de Buenos Aires, la estrategia de criminalización de los defensores y defensoras del agua, la naturaleza y el territorio llegó a instancias jurídicas. De hecho, en 2022 el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador concedió amnistía a 268 personas, entre ellas se encontraban 39 de La Merced de Buenos Aires, procesadas por proteger sus territorios. El mensaje enviado por un representante del sector minero (expuesto en el párrafo que precede), contribuye a esa construcción del imaginario del terrorista, del enemigo interno al que hay que combatir, que, por supuesto tiene amplia resonancia en una época de conflicto interno armado. Posiblemente, la construcción de un imaginario en donde las personas opuestas a la minería en La Merced de Buenos Aires son violentas, cercanas a grupos irregulares presentes en la zona o simplemente calificados como “atrasa pueblos” facilita el regreso de la empresa minera en el territorio.

En este documento no se pretende desconocer las repercusiones y desafíos que implica la minería “legal”. Habitualmente, su presencia genera gran conflictividad social especialmente de cara a fiscalizar las actividades, imputar responsabilidades por contaminación, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, pero sobre todo el tener que desarrollar las vidas en medio de una violencia permanente que no parece tener fin. Tampoco se desconoce la complejidad que encierra la minería ilegal, de hecho, el que las comunidades tengan que lidiar con la delincuencia organizada y grupos irregulares es una tarea imposible de lograr sin el apoyo del Estado.

Por otro lado, los impactos ambientales provocados por la minería informal resultan evidentes. Especialmente en los ríos que se ubican cerca de las zonas de extracción de minerales, en ellos se descargan sin consideración a la población todos los productos químicos utilizados para la obtención de los minerales. Este tipo de minería utiliza sin reparo metales pesados como mercurio, así como otros productos muy nocivos para la salud humana como arsénico, cianuro y otros elementos de alta toxicidad para los seres vivos. De hecho, las familias mineras “ilegales” que trabajan con este tipo de materiales, probablemente sufran afectaciones en un futuro por el mal manejo de estos productos.

Al analizar las similitudes y diferencias entre la minería legal e ilegal, resalta que, en las últimas décadas y frente a la oposición que genera la actividad minera, las grandes transnacionales se presentan con una “renovada” responsabilidad corporativa. Cuando llegan a un territorio, posicionan la idea del uso de tecnología de punta para minimizar los daños ambientales durante la intervención. Pero la experiencia en el sur global nos lleva a pensar que el discurso no corresponde con la práctica. Los sistemas ecológicos están conectados, por tanto, es inevitable generar daños ambientales, esto es más grave aún porque los proyectos mineros tienen una vida corta, pero los territorios y sus habitantes quedan con secuelas permanentes, y, así los proyectos de vida inevitablemente cambian.

Si se observa otros aspectos como el jurídico, habitualmente, las transnacionales mineras tienen muchos blindajes para evitar conflictos legales. En este sentido, el gobierno de Noboa, en un intento por privilegiar la inversión en el sector minero, en la última consulta popular y referendo celebrado en abril de 2024, planteó una modificación en el artículo 422 de la Constitución de la República (ver imagen que precede). Lo hizo a través de la pregunta D sobre el “arbitraje internacional”, aunque la pregunta no tuvo acogida entre el electorado, pues, el 65,16% de la población le dijo no a esta modificación constitucional. Pero, sí llama la atención el intento del gobierno por invisibilizar las voces que, legítimamente se oponen a proyectos extractivos.

En este mismo orden de cosas, se conoce que las empresas -en ocasiones- intimidan y amenazan a aquellos que les resulten incómodos para sus proyectos. Esta violencia corporativa ha sido objeto de análisis en otros espacios, por tanto, se conocen sus patrones. Sin embargo, las formas de intimidación y de violencia ejercida por la minería informal son mucho más impredecibles y menos rastreables. Un ejemplo paradigmático de esto es el caso de una persona que hace parte del gobierno parroquial de Buenos Aires y es conocida a nivel local por su férrea oposición al extractivismo en todas sus formas. La persona en cuestión es consciente de las graves amenazas que pesan sobre su vida, especialmente porque la población es muy pequeña y la información se expande rápidamente.

Entonces, retomando el argumento de lo impredecible que puede resultar las reacciones de las personas que operan la minería informal, la vida de esta funcionaria está en riesgo permanente y los mecanismos de protección y organización de la población son diferenciados. Todo esto nos remite a la complejidad de la transformación de la gramática de la violencia minera en muchos territorios del país, y a los desafíos consecuentes para la población local y las organizaciones a la hora de hacerle frente. Además, estos hechos lógicos, nos llevan a pensar que, tanto la minería legal como la ilegal comparten mucho más de lo que se piensa, pues, ninguna se hace cargo a nivel jurídico del impacto social, económico y ambiental que deja sobre los proyectos de vida en las comunidades. Quizás la mayor diferencia entre la “legal” e ilegal es que los impactos de la informal se tornan explícitos, sus efectos son exhibidos sin tapujos, sin necesidad de tentativas de remediación, camuflaje o compensación alguna, sin ningún tipo de maquillaje o campaña de marketing social que presente los “beneficios” de desarrollo tradicional para las comunidades.

Mientras que la minería “legal” aprovecha aquellos espacios donde el Estado no tiene presencia o se mantiene distante para ganar voluntades y consentimientos. Por tanto, es muy común encontrar subcentros de salud potenciados, dotados con insumos e implementos, en esta misma lógica se intervienen escuelas y colegios, con la entrega de materiales y equipos. Así mismo, se observan campañas para profesionalizar a personal minero y el ofrecimiento de capacitaciones para fortalecer emprendimientos locales. Se apela a temas más cotidianos como el impulso a equipos deportivos, la creación de clubes “ecológicos”, y, también el fortalecimiento de organizaciones, que habitualmente se convierten en los grupos antagonistas que apoyan la minería en el territorio.

Las secuelas del abandono del Estado en La Merced de Buenos Aires: las bandas y los grupos irregulares en el territorio

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Presentación

El presente documento es el resumen del diagnóstico de conflictividad socioambiental relacionado con la extracción de recursos naturales para la provincia de Imbabura. El diagnóstico fue elaborado enel marco del proyecto “Apoyo de laUE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracción derecursos naturales”, ejecutado por la Comisión Ecuménica de DerechosHumanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El insumo fue elaborado por un equipo de personas que integranel Colectivo Geografía Crítica (CGC). El diagnóstico en su versión más amplia contiene información actualizada relacionada con la problemática socioambiental en siete provincias de Ecuador: Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana e Imbabura.Por su parte, el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), recogió la información preparada por el CGC, a fin de difundir los problemas socio ambientales de Imbabura en su sitio web y en unaversión impresa.

Introducción

El Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) es un espacio de reflexión, en donde se recoge información pública sobre la creciente inmersión en lógicas de expropiación y despojo en Ecuador, principalmente registrados en territorios campesinos, indígenas y populares. Sobre el presente documento, el equipo que integra el OCTE debe mencionar que, en la versión ampliada, se tejen varias dimensiones, con el propósito de componer una radiografía provincial que aterrice en los espacios de conflictividad. El diagnóstico permite observar el contexto de provincial de Imbabura, para esto, analiza la situación socioeconómica, marcada por la diversidad de sus recursos naturales y la presencia de comunidades que dependen de estos para su subsistencia. Además, se analizan los datos demográficos, las condiciones de pobreza y los medios de vida de los actores locales. La minería y la agroindustria son actividades productivas clave que generan tanto oportunidades como conflictos. La caracterización territorial incluye un examen de los espacios afectados por la actividad minera, especialmente en áreas como el valle de Intag y la parroquia de Buenos Aires.

En el documento ampliado se presenta una caracterización socioeconómica básica para reflejar las condiciones de vida de la población. La caracterización permite entender mejor las dificultades cotidianas de comuneras y moradores en general, los desafíos que enfrentan para dar mejores oportunidades a sus familias para mantener
o mejorar sus medios de vida, o, para acceder a servicios básicos. Así mismo, en el documento ampliado se presentan algunos casos de criminalización, aquellos con mayor visibilidad o importancia. Mientras que, en el presente resumen se intenta transmitir los elementos clave del diagnóstico, para la provincia de Imbabura, utilizando para esto la siguiente estructura: caracterización territorial de la provincia; un esbozo de la conflictividad territorial a nivel provincial; criminalización y vulneración de derechos; rol del Estado en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en el territorio; y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.

1. Caracterización territorial de Imbabura

Imbabura se sitúa al norte del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra, su capital es Ibarra, la cual es su urbe más grande y poblada. La provincia ocupa un territorio de unos 4.712,37 km². Limita al norte con Carchi, al sur con Pichincha, por el occidente con Esmeraldas y al este con Sucumbíos. La provincia cuenta con una población de 469.879 personas. El 48% de ellas viven en las zonas rurales, mientras que el 52% en entornos urbanos. La mayor parte de esta población, se concentra en torno a Otavalo, Cotacachi e Ibarra. Así mismo, en las dos primeras ciudades citadas y sus espacios aledaños es donde más se concentra la población indígena de la provincia, que representa un 28% del total. Un 5,8% de la población de la provincia se autoidentifica como afrodescendiente, su distribución se concentra sobre todo a lo largo del valle del Chota y en los espacios fronterizos con Esmeraldas. Por otro lado, de acuerdo a ENEMDU del 2023, en Imbabura la tasa de pobreza por ingresos es del 30,6% y la de extrema pobreza del 13%. En 2023, la pobreza por NBI en Imbabura alcanzó el 25,82% de acuerdo con datos de ENEMDU. En los sectores urbanos la pobreza alcanzó el 55%, mientras que, en las zonas rurales llegó al 82%.

En cuanto cambio en el uso del suelo en las últimas décadas, se observa que, la provincia de Imbabura experimentó una transformación significativa, marcada por el avance de la minería y el crecimiento de la frontera agrícola. La minería se consolidó en dos zonas clave: el Valle de Intag y la parroquia de Buenos Aires. Estas regiones han sido objeto de concesiones mineras con gran impacto en sus ecosistemas, economía y estructura social. Así mismo, la apertura de vías facilitó la llegada de actores externos, acelerando la presión sobre los recursos naturales y alterando las dinámicas tradicionales de producción y subsistencia de las comunidades locales. Además, el uso intensivo del suelo para actividades agroindustriales contribuyó a la degradación ambiental y generó disputas por elacceso y uso del agua.

2. Conflictividad territorial en Imbabura

Los conflictos socioambientales en Imbabura están directamente relacionados con la expansión de la minería. Pero antes de profundizar sobre este aspecto, vale la pena reconocer cuales son los principales cambios en el uso del suelo en los últimos 30 años. En el mapa 1, 2 y 3 se observa la evolución en el uso y cobertura de la tierra a nivel provincial. Desde 1990 se destacan las zonas en las que el avance de la frontera agrícola fue mayor: el valle de Intag y la parroquia la Merced de Buenos Aires . Estas son áreas en donde la minería provocó la mayor conflictividad territorial. Por otro lado, el uso del suelo en las áreas más densamente pobladas y de ocupación más antigua, las que abarcan el conglomerado urbano entre Cotacachi, Otavalo e Ibarra, no presentan variaciones significativas. Mientras que, las transformaciones socioespaciales introducidas por la construcción de las vías Ibarra – San Lorenzo, y la vía que conecta el valle de Intag con Cotacachi, trajeron colonos y campesinos, así como empresas mineras. En el mapa 3, se ilustran las concesiones mineras en Imbabura, con mayor detalle las zonas de Buenos Aires e Intag. En este sentido, las luchas antimineras registradas en el valle del río Intag son de gran importancia para el país.

En este valle, la presencia de yacimientos ricos en cobre provocó momentos de profunda tensión entre las empresas mineras, el Estado ecuatoriano y la población local. Los cuales se extienden desde 1990 con la llegada de la empresa de origenjaponés Bishimetals hasta el 2023. La presencia de esta compañía trajo los primeros conflictos, invadiendo propiedad privada y contaminando ríos que brindaban servicios ecosistémicos a las poblaciones. Con estos antecedentes, en 1997, pobladores de la zona se organizaron y quemaron el campamento de la minera, después de este incidente, la compañía dejó Junín.

El segundo momento de avance minero en Intag tuvo lugar entre 2002 y 2014. En ese período, el Estado ecuatoriano concesionó la parte alta del valle al intermediario de proyectos mineros Roque Bustamante. La concesión fue revendida a la empresa Ascendant Exploration, transformada poco después en Ascendant Copper y finalmente renombrada como Copper Mesa Mining Corporation. El período en el que Ascendant ejerció como titular de la concesión, se observó un aumento cualitativo de las formas de ejercicio de la violencia para sacar adelante el proyecto minero. Entre otras estrategias se conocen las amenazas de muerte a líderes locales; asaltos de las fuerzas de seguridad privadas; campañas de acoso y difamación; tentativas de división comunitaria mediante el soborno y la creación de organizaciones supuestamente locales financiadas por la compañía; interferencias en las asambleas y reuniones comunitarias; bloqueo arbitrario de vías por parte de la empresa; corte de los servicios de comunicación locales, como las antenas de radio comunitarias.

La fotografía que se presenta a continuación, da cuenta de una de las agresiones más representativas de este segundo momento, en ella se observa a los miembros de una compañía que brindaba seguridad, la cual fue contratada por la empresa. El personal agredió a la población local tras intentar acceder al territorio comunitario. En última instancia, y, después de sistemáticos abusos y violaciones de derechos, la población de Intag se organizó para enfrentar los atropellos de las mineras. En 2005, alrededor de 300 habitantes de Intag asumieron la responsabilidad de la quema del campamento de Ascentant Copper. La empresa reaccionó tratando de procesar selectivamente a varios líderes, atribuyéndoles crímenes que de acuerdo a declaraciones de las personas involucradas, no tuvieron lugar durante la acción de resistencia. Sin embargo, En el 2008 con el mandato minero, se revocaron muchas de las concesiones concedidas por falta de cumplimiento con las normativas socioambientales y la licencia de Ascendant Copper fue anulada.

Paramilitares contratados por la compañía Ascendant Cooper
Elisabeth Weydt, 2006

El tercer acercamiento minero en la zona comenzó en 2014, cuando el estado otorgó a la empresa chilena CODELCO, en convenio con ENAMI, la concesión de Llurimagua. Las empresas trataron de sacar adelante el proyecto minero a través de una combinación de prácticas como la compra de consensos y de coerción directa. En relación a lo primero sus estrategias no variaron demasiado respecto a sus predecesoras: ofertas de empleo selectivamente dirigidas, pequeños emprendimientos locales y la promesa de desarrollo a partir de las regalías que recibirían los GADs. Sobre el segundo aspecto -el ejercicio directo de la violencia- es donde se encuentran diferencias en los métodos empleados, se observa un impulso a la institucionalización estatal desde el 2006, de tal forma que, las empresas utilizaban a policías y militares para reprimir a la población. Esta característica imprimió en los conflictos dimensiones adicionales: la violencia estaba legitimizada por el Estado.

La lucha contra el proyecto Llurimagua escaló e Intag se convirtió en un lugar en el que confluyeron comunidades locales, académicos y movimientos sociales. En 2020 se ingresó una Acción de Protección, a favor de los moradores de Junín. Recién el 29 de marzo de 2023, la Corte Provincial de Imbabura revocó la licencia a EMSAEC, que es la filial de CODELCO en Ecuador y a ENAMI. Al respecto se destacan dos aspectos que fueron claves para la reversión de la licencia: el primero tiene que ver con la alianza que se forjó entre biólogos y ambientalistas locales. Esta alianza dio lugar al redescubrimiento de una especie de rana endémica de la que no se reportaban ejemplares desde hace décadas (la conocida como Arlequín Hocicuda) y el descubrimiento de un nuevo tipo de ejemplar de anfibio, nombrado como Resistencia. Estos hallazgos permitieron que en los tribunales se acepte el cuestionamiento a las condiciones bajo las que se emitió la licencia ambiental. La documentación de estos anfibios fue crucial en la sentencia emitida por la Corte Provincial.

Sin embargo, otro elemento que contribuyó decisivamente a la valoración del tribunal fue el monitoreo ambiental de la calidad del agua, el cual se desarrolló gracias a una alianza entre academia y población local. Durante cinco años, los moradores de Intag monitorearon cada 15 días los parámetros básicos de calidad del
agua de los ríos de la microcuenca del Junín, con el propósito de crear una base local de información y detectar la contaminación provocada por la minería. La información levantada, admitida a consideración por la Corte Provincia de Imbabura, da cuenta de los diferentes momentos en los que las perforaciones de la empresa alteraron el agua de los ríos.

Por otro lado, es importante destacar que, en Imbabura tuvo lugar una de las victorias de la lucha antimineras más icónicas del Ecuador: el bosque protector Los Cedros. En 2021, la Corte Constitucional del Ecuador se pronunció a favor de la acción de protección presentada por el GAD de Cotacachi para suspender las actividades de la empresa ENAMI. Esta empresa trabajaba dentro del bosque protector, situado en la zona de amortiguamiento de la reserva Cotacachi – Cayapas. La concesión otorgada en 2017 por el entonces Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) a ENAMI fue suspendida debido a los impactos en una zona de importancia hídrica estratégica y que cuenta con varias especies de flora y fauna endémicas. Por tanto, el bosque protector Los Cedros es considerado uno de los últimos bosques que conserva la Región Biogeográfica del Corredor Chocó Ecuatoriano, y, por tanto una de las regiones megadiversas a nivel mundial.

En cuanto al caso de la parroquia rural La Merced Buenos Aires, la minería corporativa llegó a a través de la entrega de la concesión del título minero a la empresa de capital australiano Hanrine. Sin embargo, la minería “formal”, rápidamente se conjugó con la minería “informal”, teniendo consecuencias no dimensionadas a nivel socioambiental. En La Merced de Buenos Aires existen profundos conflictos entre las comunidades, exacerbados por el abandono estatal, la violencia de las poblaciones involucradas en la minería informal y la presencia de grupos de delincuencia organizada en la zona. La situación es tan compleja que, la irregularidad de la actividad minera escapa de todo control militar o policial. Las familias se sienten en total indefensión. La mirada sobre la minería informal es la estrategia de la empresa minera Hanrine para ganar legitimidad en la consolidación del proyectos El discurso que manejan los representantes de las mineras, es un intento por distanciarse de los efectos devastadores causados en la parroquia. Argumentan que los daños no tendrían cabida bajo una minería basada en contratos con el Estado. El discurso corporativo se basa en el cumplimiento formal de la ley y en la capacidad de “dominio” sobre la naturaleza de una minería basada en las últimas prácticas científico-técnicas, así la dimensión del riesgo queda reducida. Finalmente, las empresas atacan a toda población que se resiste a la minería, tildándola de ilegal.

La minería ilegal trae consigo una serie de problemáticas que, presenta importantes desafíos a la hora de fiscalizar las actividades, imputar responsabilidades por contaminación y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Los mineros ilegales llegaron a La Merced de Buenos Aires en 2017, los primeros años fueron una sucesión constante de disputas internas por el control de la extracción de minerales. En ese período, diferentes facciones luchaban por determinar las normas en la operación de la extracción y el reparto del excedente, luchas que implicaron asesinatos, mutilaciones y ocultación de cadáveres bajo fosas comunes. Esta información se conoce gracias a entrevistas realizadas al equipo jurídico que acompaña a la APT Norte, grupo que acompaña a la comunidad de Buenos Aires y a BUPROE. En ese mismo año, la mayor parte de las personas se instalaron cerca de las antiguas minas ubicadas en la parroquia, que, fueron concesionadas a la compañía Hanrine. Estos asentamientos humanos, se conocen como la ciudad del plástico, los cuales son sumamente, ya que no cuentan con ningún servicio básico, lo que complejiza la situación de cientos de personas que ahí habitan.

En el 2019 se ejecutó el operativo militar “Amanecer Radiante”, durante la intervención, se expulsó a los mineros y se destruyó parte de la infraestructura instalada. Semanas después retomaron las actividades ilegales. Es importante mencionar que la minería ilegal genera condiciones de explotación laboral. Al respecto se conoce que, la mano de obra está compuesta por población de la parroquia, así como de localidades vecinas, de personas de otras provincias y de migrantes de otras nacionalidades. Un parte de las personas que trabajan en la extracción son mujeres y sus hijos. El pago es a destajo y las jornadas de trabajo alcanzan un promedio de 10 horas.

Para ciertos grupos de La Merced de Buenos Aires, la minería ilegal representa una opción para superar la pobreza de la zona, una promesa de superación en el corto plazo. Aunque, dista de la realidad, pues, la minería informal está lejos de ser un negocio en el que cada cual extrae para sí mismo y recibe ganancias acordes con su propio trabajo. De hecho, las formas de reparto de las rentas de esta actividad distan del modelo del cuentapropista o del empresario de sí mismo adoptado por muchas personas para justificar su participación en las mismas. En conversaciones con la población local y con el equipo jurídico que acompaña la lucha contra la empresa, se conoció que después de los primeros años de pugnas y crímenes para consolidar el control de los flujos de valor, la minería ilegal está regida por relaciones de poder más consolidadas.

El control ejercido por estos grupos implica también, al igual que cuando la minería es realizada por las empresas, una apropiación de rentas extraordinarias. Los peones que trabajan para la minería informal ganan por destajo o por jornal. Los excedentes son capturados por los eslabones superiores, permitiendo el enriquecimiento de estas organizaciones criminales. Además, en torno a las actividades de extracción en La Merced de Buenos Aires, se generó una economía que incluye el intercambio de servicios como son talleres mecánicos, alimentación, hospedaje, distracción. En cuanto a la organización social que se opone a la presencia de la minería legal o ilegal, es importante mencionar que, suele ser una estrategia de las empresas la intimidación, las amenazas o incluso la violencia contra aquellas personas que resulten incómodas para la ejecución de los proyectos. Es decir, la violencia corporativa tiene claros patrones y formas de operar. Sin embargo, las formas de intimidación y de violencia ejercida por la minería informal son impredecibles y menos rastreables. Para las personas defensoras resulta en una dificultad de lectura, de anticipación y de respuesta estratégica frente a estas lógicas.

4. Rol del Estado en la legitimación de las actividades extractivas en Imbabura

El Estado ecuatoriano juega un papel clave en la facilitación de los proyectosextractivos, presentándolos como iniciativas estratégicas para el desarrollo del país. Através de la modificación de marcos normativos y el uso de fuerzas de seguridad paragarantizar la operación minera, se debilitó la capacidad de las comunidades paraejercer su derecho a la consulta previa. Además, a lo largo del tiempo fue posibledocumentar la connivencia entre actores estatales y grupos mineros ilegales, lo queexacerbó la conflictividad en la región. La falta de una política clara de protecciónambiental y social dio pie a que las empresas operen con escasos controles y sin unaadecuada fiscalización. En muchos casos, las instituciones gubernamentales actúancomo intermediarias en la negociación de proyectos mineros, dejando de lado su rolde garantes de derechos y priorizando el impulso de inversiones privadas en detrimento de los intereses comunitarios y ambientales.

El Estado como uno de los mayores detentadores del poder de producción simbólica, aplicó en Intag todo su arsenal a la hora de tornar legítimo el proyecto Llurimagua. Utilizó estrategias de legitimación para facilitar el avance de la explotación minera. Por ejemplo, en un proceso jurídico presentando ante la Corte Constitucional, al realizaruna revisión de los procesos de licenciamiento ambiental fue posible comprobar que varias instituciones estatales como el anteriormente MAE hoy MAATE, ARCOM, SENAGUA y ENAMI operaron negligentemente, al no considerar los mínimos controles ambientales y jurídicos. Situación que se puso en evidencia, cuando la Contraloría General del Estado, realizó un examen sobre las autorizaciones relacionadas al manejo del agua, pues, se observó que, mucha de la información técnica sometida a análisis tenía errores de cálculo o no correspondía al área de estudio.

Por supuesto, estos “errores” no son involuntarios, sino que tenían el objetivo de facilitar la implementación del proyecto. En el caso de La Merced de Buenos Aires, durante la operación “Amanecer Radiante” de 2019, que buscaba expulsar a la minería ilegal de la zona. Se conoce que, una vez que los policías y militares dejaron la zona, los mineros volvieron a operar como antes, recuperado gran parte de las incautaciones registradas durante la operación. Dentro de las irregularidades, la población local recuerda con indignación los siguientes casos: las buenas relaciones que entablaron los mineros ilegales y los agentes de control; en esta misma línea, se conoció que, un capitán fue descubierto robando piedras con oro; y, el de «suplantación de rocas» en un depósito de la ARCOM en Ibarra.

5. Conclusiones

Taller de fortalecimiento organizativo en La Mercedde Buenos Aires
Fotografía: Rossana Torres, 2024

El caso de Imbabura refleja las contradicciones del modelo extractivo en Ecuador, donde la promoción de la minería como estrategia de desarrollo, generó conflictividad social y ambiental. La minería formal e informal coexiste en un contexto de violencia, corrupción y criminalización de la resistencia. A medida que las concesiones mineras avanzan, los derechos de las comunidades son vulnerados sistemáticamente, reduciendo su capacidad de autodeterminación y afectando su bienestar socioeconómico. Es fundamental el fortalecimiento de mecanismos de protección para las comunidades, la garantía de sus derechos frente a los impactos de la minería y la construcción de alternativas económicas sostenibles que prioricen la conservación del entorno y el respeto a los modos de vida locales. El establecimiento de diálogos efectivos y la implementación de políticas públicas que incorporen la voz de las comunidades son esenciales para evitar la profundización de la conflictividad en la región.

El Estado juega un papel crucial en la legitimación de las actividades extractivas. A través de un marco normativo que prioriza la inversión privada sobre los derechos de las comunidades, se perpetúan situaciones de vulnerabilidad. La falta de aplicación de instrumentos de protección de derechos humanos y la ausencia de voluntad política para promover un desarrollo inclusivo contribuyen a agravar la conflictividad. Este contexto de polarización política y social se enmarca dentro de una ecología política que favorece la devastación ambiental en detrimento de las comunidades locales.

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