Introducción

[…] hay muchos de esos jóvenes que quieren salir a progresar a buscar un trabajo al centro, cuando los ven mal vestidos, o lo ven que fue delincuente ya lo echan para la pared o le dicen bájate para tú barrio, no lo dejan subir ¿por qué? Porque piensan que va a hacer algún daño, que va a delinquir. Esos jóvenes en una etapa puede que hayan sido así, pero cambian […] muchos han salido a estudiar. Ahí abajo
hay muchos jóvenes que en su tiempo estuvieron en una pandilla, y hoy por hoy son trabajadores en el municipio, en la prefectura, en el ministerio de salud. Trabajan porque tuvieron programas para que esos jóvenes salieran, ahora no hay un proyecto, que vaya marcando por ese orden que se siga sacando más jóvenes […] (Testimonio hombre afroesmeraldeño,
13 de febrero de 2024).

Esto resulta irónico si se considera que, a pesar de que el Estado expuso a generaciones completas de niños, niñas y adolescentes a las garras de grupos delictivos, cuando llega al territorio, lo hace tarde, y solo busca arremeter con la fuerza pública, estigmatizando, criminalizando y marginando aún más a personas que necesitan oportunidades laborales y acceso a educación de calidad. Precisamente, durante el levantamiento de información para preparar el presente informe, se registraron varios casos de perfilamiento racial, criminalización y violencia. No obstante, el incidente más lamentable, pero también el más signifi cativo es el que se presenta en la siguiente sección.

Del perfilamiento racial, criminalización y violencia: asesinato de jóvenes en los barrios populares de Esmeraldas

Al bajarse del camión colocaron a los hombres en la baranda del puente, uno de los sobrevivientes recuerda que uno de los militares se acercó por la espalda y trató de golpearlo en la nuca. El hombre, para no recibir más golpes y caer inconsciente al agua decide saltar al río Esmeraldas. Un segundo hombre emuló al pescador y se lanzó al río. Mientras todo esto ocurría, los vecinos y vecinas del sector gritaban para que la violencia terminara, pero los militares amenazaron a la población informando que no debían salir o también serían interceptados.

Mientras el primer hombre nadaba hacia la orilla, reconoció los gritos de terror de dos de sus sobrinos, estos fueron sucedidos por ese golpe seco que se escucha cuando un cuerpo golpea el agua. Uno de los jóvenes nadó hacia las orillas, pero fue capturado y arrojado desde el puente. Además, el mismo hombre refiere que escuchó la caída de otro cuerpo, la persona presume que se trataba de su tercer sobrino, quién probablemente estaba inconsciente producto de los golpes en la nuca.

La persona que relató esta historia, decidió esconderse en el mangle del río Esmeraldas y esperar hasta que los militares se retiraran de la zona para salir de su escondite. Desorientado, caminó por el malecón de Tachina y se encontró con otro de los sobrevivientes, quién también pudo nadar y escapar del abuso militar. Finalmente, a las 9:30 pm se comunican con sus familiares e inician la búsqueda de los tres jóvenes, esta se extiende hasta la madrugada sin obtener resultados.

Al siguiente día uno de los sobrevivientes, junto con la madre de dos de los jóvenes acuden a la Fiscalía de Esmeraldas para denunciar la desaparición, aunque esta no fue recibida por las autoridades, esto a pesar de que los familiares intentaron en varias oportunidades registrar la vulneración de derechos humanos para recibir ayuda. Con el pasar de los días, la angustia se apoderaba de la familia. Finalmente, el 13 de enero de 2024 en altamar apareció el primer cuerpo; dos días después y en condiciones similares un grupo de pescadores encontró el segundo cuerpo. En la autopsia se reportaba “muerte por ahogamiento”, quedando así ocultas las circunstancias que marcaron el deceso de los jóvenes.

La desaparición, tortura y la posterior muerte de estas personas en manos de las autoridades, así como la ausencia de garantías para acceder al sistema de justicia no fue lo único por lo que tuvieron que atravesar las familias, también lidiaron con la desaparición permanente de uno de los jóvenes que no fue hallado. A esta situación tan patética, se adhiere el hecho de la intimidación y amenazas de las que fueron víctimas.

Recién el 15 de enero de 2024, un Agente Fiscal recibió la denuncia (Por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tipificado en el artículo 293 del COIP, si se produce muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años). Desde ese mismo día los familiares recibieron llamadas y mensajes de WhatsApp amenazantes de personas desconocidas, entre los más alarmantes se tiene: “el que quedó vivo va a morir”. Después de tal intimidación, los sobrevivientes abandonaron sus domicilios por temor a represalias. Sin embargo, por motivos económicos después de unos días regresaron a sus viviendas. A través de las amenazas se busca dejar en la impunidad un acto tan abyecto, que da cuenta de las formas en que se administra la vida y la muerte bajo el discurso de “luchar contra la delincuencia”.

Probablemente, la aprehensión, desaparición y muerte de tres hombres jóvenes de origen afrodescendiente y popular quede en la impunidad. Especialmente porque las instituciones llamadas a velar por la justicia o por los derechos humanos se mantienen distantes y con temor al gobierno. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE), institución que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social de la Administración Pública, es la llamada a brindar protección y tutela de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Precisamente, los familiares de las víctimas buscaron en la delegación de la Defensoría del Pueblo en Esmeraldas orientación y apoyo, pero, los funcionarios informaron que se abriría una investigación después de que finalice el primer Estado de Excepción, es decir el 9 de marzo de 2024.

El 22 de febrero de 2024 las representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y de la fundación INREDH solicitaron se realice la vigilancia al debido proceso dentro de la investigación previa No. 08010182401022, que se sustancia en la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Esmeraldas. Recién el 16 de mayo de 2024 se asignó de Oficio el Trámite Defensorial de vigilancia N° CASODPE-0801-080101-8-2024-002891. Aunque, después de más de 6 meses de registrado el incidente y del envío de la solicitud de las organizaciones se conoce poco sobre el avance de este caso.

Finalmente, en el informe de vulneración de derechos humanos elaborado por el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) presenta un análisis sobre la minería y su relación con la Criminalización y vulneraciones de derechos en espacios atravesados por la conflictividad socioambiental, disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/fkgfy

La entrada Criminalización y violencia estatal hacia los jóvenes de las periferias urbanas se publicó primero en Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.

Presentación

PresentaciónEl presente documento es el resumen del diagnóstico de conflictividad socioambiental relacionado con la extracción de recursos naturales para la provincia de Esmeraldas. El diagnóstico fue elaborado en el marco del proyecto “Apoyo de la UE para la prevención y resolución pacífica de conflictos socio-ambientales por la extracciónde recursos naturales”, ejecutado por la Comisión Ecuménica de DerechosHumanos (CEDHU) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El insumo fue elaborado por un equipo de personas que integrael Colectivo Geografía Crítica (CGC).

El diagnóstico en su versión más amplia contiene información actualizada relacionada con la problemática socioambiental en siete provincias de Ecuador: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Orellana. Por su parte, el equipo que integra el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE), recogió la información preparada por el CGC, a fin de difundir los problemas socio ambientales de Esmeraldas en su sitio web y en una versión impresa.

Introducción

El Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) es un espacio de reflexión, en donde se recoge información pública sobre la creciente inmersión en lógicas de expropiación y despojo en Ecuador, principalmente registrados en territorios campesinos, indígenas y populares. Sobre el presente documento, el equipo que integra el OCTE debe mencionar que, en la versión ampliada se tejen varias dimensiones, con el propósito de componer una radiografía provincial que aterrice en los espacios de conflictividad. El diagnóstico parte de un relato general sobre la conflictividad que atraviesa la provincia. El equipo del CGC utilizó cartografía actualizada, para espacializar los principales vectores de tensión territorial. Los mapas ilustran cómo el caso Esmeraldas es paradigmático en las problemáticas socioambientales, dado que diferentes tipos de conflictos se superponen de formas complejas y violentas. Afectando directamente en el grado de exposición y vulnerabilidad de las personas que representan y lideran a las comunidades.

En el documento ampliado se presenta una caracterización socioeconómica básica para reflejar las condiciones de vida de la población. La caracterización permite entender mejor las dificultades cotidianas de comuneras y moradores en general, los desafíos que enfrentan para dar mejores oportunidades a sus familias, para mantener o mejorar sus medios de vida, o, para acceder a servicios básicos. Así mismo, en el documento ampliado se presentan algunos casos de criminalización, aquellos con mayor visibilidad o importancia. Mientras que, en el presente resumen se intenta transmitir los elementos clave del diagnóstico, para la provincia de Esmeraldas, utilizando para esto la siguiente estructura: caracterización territorial de la provincia; un esbozo de la conflictividad territorial a nivel provincial; criminalización y vulneración de derechos; rol del Estado en la facilitación y legitimación de las actividades extractivas en el territorio; y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.

1. Caracterización territorial de Esmeraldas

La provincia de Esmeraldas se encuentra en la región noroeste de Ecuador y es una de las zonas con mayor biodiversidad del país. Limita al norte con Colombia y al sur con las provincias de Imbabura, Carchi, Pichincha y Manabí. Su geografía incluye zonas costeras, selvas tropicales y ríos como el Esmeraldas, Cayapas y Santiago. Esta configuración permitió el desarrollo de diversas actividades económicas, pero también, y debido a la expansión de la frontera extractiva, actualmente se registran conflictos socioambientales. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2022 del INEC, la población esmeraldeña asciende a 553.900 habitantes. La provincia, se caracteriza por teneruna fuerte presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas, principalmente de las nacionalidades Awá, Chachi y Épera. A lo largo de la historia, estas poblaciones desarrollaron sistemas productivos tradicionales basados en la pesca, la agricultura y recolección. En décadas recientes la provincia enfrentó significativas presiones por la expansión de la agroindustria y la minería.

El cambio en el uso del suelo es un factor clave en la transformación del territorio. Además, la deforestación es un aspecto alarmante, pues, se observa una pérdida del 30% de los bosques desde 1990. En esta misma línea, la introducción del monocultivo de palma africana y la tala indiscriminada alteraron la ecología, pues, los impactos afectan negativamente a la biodiversidad y los recursos hídricos. A lo anteriormente descrito, se adhiere, la presencia de minería en el territorio, lo que en última instancia, produce mayor contaminación en los ríos, la tierra, el aire, poniendo en riesgo la salud de la población, especialmente por las nuevas restricciones de acceso a agua potable y a alimentos.

2. Conflictividad territorial en Esmeraldas

El mapa 1 ofrece una instantánea de los principales vectores de conflictividad territorial presentes en la provincia de Esmeraldas que se encuentran vigentes actualmente. Como se observa, la provincia está atravesada por la actividad petrolera (la refinería), agroindustrial (plantaciones de palma africana), agroexportación (cacao), minería y extracción de madera. Por otro lado, los capitales relacionados con estas actividades no pueden verse de forma separada entre sí. Las empresas de cada ramo están conectadas. Adicionalmente, y como veremos más adelante, la conflictividad se ve exacerbada por el aumento de la criminalidad y el narcotráfico. Esmeraldas, en cuanto región fronteriza y ruta comercial de la droga que sale por el pacífico, es afectada por la territorialización de las bandas, quienes muchas veces se involucran en actividades como la minería aluvial o la extracción de madera ilegal.

En el mapa 1 también se observa cómo varios de los conflictos socioambientales se sitúan dentro o en zonas colindantes a territorios indígenas y áreas de conservación. Por su parte, las concesiones situadas en las partes altas de los ríos en el oeste de la provincia, no reflejan la presencia de la minería informal a lo largo de ríos como el Santiago y el Cayapas. Sin embargo, y como veremos más adelante, esta actividad, practicada de manera artesanal durante décadas por las poblaciones locales, ganó en intensidad y en impactos a partir de la creciente presenci y participación del crimen organizado en la misma. Por otr olado, en los últimos 20 años, el agronegocio se expandió de forma importante en Esmeraldas. En el mapa 2 se ilustra la distribución de los principales cultivos en la provincia. Además de la palma, las plantaciones de cacao representan una considerable parte de la producción agrícola. Así mismo y como se observa en el mapa, en gran parte de las áreas de bosque, la explotación de madera supone una importante actividad extractiva.

En los últimos 30 años las transformaciones espaciales acontecidas en la provinciaestán íntimamente ligadas con la consolidación de diferentes proyectos extractivoscomo modelo de acumulación. En este sentido, el avance de la deforestación en Esmeraldas es el producto de las formas de producción del espacio de las últimas décadas. En el mapa 2 se ilustra el avance de la deforestación en Esmeraldas desde la década de los 90. De 1990 hasta 2020, el 30% de los bosques de la provincia (unas 330.000 ha. aproximadamente) fueron deforestadas, principalmente para actividades agropecuarias (entre las cuales, las plantaciones de palma ocupan una parte significativa). Una deforestación que a todas luces comenzó por el oeste de la provincia, en torno ala carretera Esmeraldas – Santo Domingo, y que progresivamente se desplazó hacia la zona de San Lorenzo.

Es importante mencionar que, la expansión de las plantaciones en esta provincia estuvo motivada por el relativo agotamiento de fertilidad del suelo en Pichincha y Santo Domingo, la aparición de plagas en los cultivos de estas provincias y los bajos precios de la tierra en Esmeraldas. La llegada del monocultivo también fue impulsada por la adaptación de la planta desarrollada por el INIAP y por la política crediticia implementada por el Banco Nacional de Fomento. En cuanto al desplazamiento de la palma africana hacia el noreste, en el cantón San Lorenzo, puede explicarse con motivos relativamente análogos a los de la llegada del monocultivo a la provincia. El primero de ellos tiene que ver con el papel del Estado: la reconversión de 40.000 hectáreas de bosque nativo en tierra agrícola (decreto 2691/2002) fue un gran incentivo para el arribo de las empresas, las cuales, además, encontraban terrenos mucho más baratos que en otros cantones. Adicionalmente, este movimiento estuvo motivado también por los problemas fitosanitarios asociados a la Pudrición del Cogollo (PC), enfermedad que supuso una drástica reducción (de casi el 50%) de la superficie cosechada en Esmeraldas en los últimos años.

Se estima que, en 1999 la superficie plantada en el cantón San Lorenzo superaba las14,000 ha. Según la información proporcionada por el MAATE, en 1990 la presencia decultivos de palma en el cantón era mínima, aunque para el año 2000 se observa suexpansión en tierras situadas alrededor de las carreteras principales. Para 2020, los datos del MAGAP estiman que la palma supera las 32.000 ha. en el norte de laprovincia. San Lorenzo es además uno de los espacios en donde las formas de penetración delas plantaciones fueron más violentas. Estos tienen que ver con la compra-venta fraudulenta de pedazos de tierra comunitaria. En comunidades como Barranquilla, la compañía Energy & Palm aterrizó tras comprartierras que la comunidad reclama suyas. La empresa alega que esta compra fue realizada a propietarios individuales y que sus títulos están en orden. En el siguiente mapa se ilustra parte de estas superposiciones que solo registra información hasta el año 2018. No obstante, la imagen tiene valor, porque permite ilustrar cómo las invasiones de las empresas van teniendo lugar a partir de propiedades colindantes.

En el caso del mapa de 2018, los polígonos verde, rojo y azul, propiedad de Energy & Palm, entran a solaparse con el territorio comunitario. Se constató al menos la invasión de 240 hectáreas por parte de la empresa. Por su parte, los comuneros afirman que la compañía continúa adentrándose en su territorio. Energy Palm se aprovecha de la situación de vulnerabilidad jurídica del territorio comunal. Por su parte, y de acuerdo con varias declaraciones, los comuneros que se resisten a la entrada de la empresa son a menudo hostilizados y amenazados por funcionarios de la empresa y por agentes de la Policía Nacional.

El caso de Barranquilla ejemplifica muy bien las tácticas de penetración del capital palmero, rodeando los territorios de las poblaciones locales hasta obligarlos a aceptar sus exigencias. Es una suerte de táctica de asedio que también fue empleada en la comunidad de Wimbí, un poco más al sur que Barranquilla. En ese caso la empresa reclamó que la compra de tierras realizada en ese espacio es legal, llegando a tildar a los comuneros de invasores. Por su parte, el MAG y la justicia de San Lorenzo dieron la razón a la compañía, a pesar de las denuncias de la comunidad. Sobre este caso, la Defensoría del Pueblo encontró pruebas de que las tierras son inicialmente compradas por empresas madereras, quienes luego las transfieren a las palmicultoras. En este caso se observa cómo los capitales se entrecruzan.

En cuanto a la extracción maderera, Esmeraldas pasó por sucesivas fases históricas en las que la explotación de la naturaleza adquirió formas y preponderancias. Un claro ejemplo, son las concesiones de madera para la instalación de empresas dedicadas a la tala con fines comerciales, que inició a concretarse a partir de 1960. Inicialmente, la extracción de madera con fines comerciales se concentró principalmente en los cantones de Quinindé, Eloy Alfaro y San Lorenzo. La actividadse limitaba a los alrededores de las vías y de los ríos. Pablo Minda, un historiador ambiental que dedicado al estudio de esta cuestión, estima que desde 1966 hasta principios de los 80 la deforestación alcanzó al menos las 90.000 hectáreas en las concesiones forestales creadas en Esmeraldas.

Desde 1980 a los 2000 la extracción de madera creció vertiginosamente, superando las 300.000 hectáreas. En este periodo la deforestación se desplazó a la parte alta de los ríos Onzole, Cayapas y Santiago. El aumento de la deforestación en Esmeraldas responde -entre otras cosas- a la creciente demanda de la industria nacional del contrachapado. Así, el aumento de la demanda incentivó la construcción de una red de carreteras para conectar a Esmeraldas con otras provincias, así como, la inauguración del ferrocarril Ibarra – San Lorenzo, infraestructura que permitió la explotación de los ecosistemas. La extracción se desplazó al norte de la provincia, especialmente en las áreas que aún conservaban remanentes de bosque nativo.

Un aspecto clave de este proceso es que, con frecuencia, las estrategias de las empresas comercializadoras pasaban por disciplinar también a las poblaciones locales, involucrándolas en la tala. Esto afectó además de a las comunidades campesinas colonas, a comunidades afroecuatorianas y chachi. Las empresas negociaban localmente para conseguir la autorización y participación de las comunidades, ofreciendo caminos, empleos remunerados u promesas de compra de la madera extraída por los propios moradores. Esta última vía de hecho fue una de las más utilizadas por las corporaciones, dado que les suponía ahorros en transporte y mano de obra. De la década de los 2000 a la actualidad, la explotación maderera en la provincia sufrió una intensificación importante debido en gran parte a la consolidación de la infraestructura de transporte del periodo anterior. Las vías principales fueron mejoradas y se construyeron carreteras secundarias que penetraban en el interior, hasta los propios terrenos comunitarios.

3. Criminalización y vulneración de derechos en Esmeraldas

No sorprende que, en la provincia de Esmeraldas, especialmente en aquellas comunidades afectadas por la expansión extractiva generada por la minería (legal oilegal), la tala de bosques nativos, el sostenido crecimiento de la palma africana y el cacao, la contaminación ambiental provocada por la presencia de una refinería de petróleo, se registren sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza en espacios territoriales ocupados por familia campesinas, afrodescendientes e indígenas. Además de la criminalización de líderes y lideresas comunitarias por defender el territorio de los diferentes proyectos extractivos, las personas consultadas hacen referencia al uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades militares y policiales; en esta misma línea, se mencionó en reiteradas ocasiones las restricciones y barreras para acceder a la justicia ordinaria.

En este sentido, se conocen casos que ponen en evidencia el uso de la intimidación y la violencia como una estrategia para debilitar el tejido social y la resistencia comunitaria. Por ejemplo, en San Lorenzo, la empresa Energy & Palm fue acusada dedesalojos forzosos y amenazas contra comuneros que se oponen a la expansión del monocultivo de palma africana. Así mismo, en la comunidad de Barranquilla, miembros de la policía brindan acompañamiento a funcionarios de la misma compañía durante los operativos de desalojo, evidenciando una colusión entre el sector privado y el aparato estatal.

4. Rol del Estado en la legitimación de lasactividades extractivas en Esmeraldas

Tampoco sorprende que, el Estado ecuatoriano haya desempeñado un papel ambiguo en la regulación de las actividades extractivas en todo el país, pero especialmente en la provincia de Esmeraldas. Esto a pesar de que, existen leyes de protección ambiental y derechos colectivos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, en la práctica estas normativas no se cumplen o se interpretan de manera flexible para favorecer la inversión privada. Uno de los mecanismos más utilizados por el Estado para facilitar la expansión extractiva en Esmeraldas es la concesión de tierras sin consulta previa de las comunidades (ya sean indígenas o afrodescendientes). Por ejemplo, las empresas mineras y agroindustriales reciben autorizaciones sin respetar el derecho de los pueblos a ser informados y a decidir sobre el uso de sus territorios. El Estado también ha fallado en la fiscalización de las actividades extractivas. La minería ilegal Regulación y Control Minero (ARCOM). En el sector forestal, se han identificado numerosas irregularidades en la otorgación de permisos, permitiendo la deforestación de áreas protegidas.

5. Conclusiones

La situación de la provincia de Esmeraldas refleja un modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales sin consideraciones ambientales, mucho menos sociales. La expansión de la palma africana, la minería y la explotación forestal desencadenaron una crisis socioambiental con graves consecuencias para las comunidades locales. En los últimos años, esta situación se vio exacerbada por la presencia de grupos de crimen organizado que suman un factor adicional: el uso de la violencia como mecanismo para vencer voluntades y ganar adeptos. Bajo este panorama, resulta lógico que el Estado ecuatoriano adopte políticas más efectivas para la protección de los derechos colectivos de las personas campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan la provincia verde. Lo incluye el fortalecimiento de mecanismos de consulta previa, el reconocimiento de los
territorios ancestrales y la implementación de estrategias de desarrollo alternativo para su población, que, dicho sea de paso, sobrevive en espacios territoriales carentes de oportunidades laborales y de limitados medios de vida. Finalmente, es urgente garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos en la provincia. La criminalización de líderes comunitarios y la impunidad en los casos de violencia deben ser abordadas con medidas concretas que permitan la construcción de un modelo de desarrollo más incluyente.

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