Una explotación que data de décadas
El descubrimiento de reservas significativas de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, incluyendo en la provincia de Sucumbíos, marcó el inicio de una nueva era de conflictos sociales y ambientales y debates sobre el futuro energético y ambiental en Ecuador. La apertura del pozo Lago Agrio 1 en 1967 por parte de la empresa estadounidense Texaco, que provoca el desfile del primer barril del petróleo y el inicio de la explotación en toda el área, se conjuga con el inició de la ocupación de territorios de la nacionalidad cofán y, en los años posteriores, con despojos que implicó el genocidio de dos pueblos indígenas, Tetetes y Sansahuaris, y una serie de violencias contra los territorios indígenas.
En el siguiente mapa se puede apreciar el aproximado de la nacionalidad cofán, y cómo los campos petroleros, incluidos los de Lago Agrio, Bermejo, Guanta, Parahuaco o Libertador, eran parte del territorio ancestral. Procesos similares de despojo y violencia vivió la nacionalidad en su parte norte del lado de la nación colombiana.
Texaco domina la extracción y devasta la selva
La rápida expansión por todo el territorio cofán de la actividad petrolera fue un hecho profundamente traumático para la nacionalidad en su conjunto, con la fragmentación del territorio, la llegada de trabajadores, la construcción de vías y la colonización agraria. La tecnología utilizada por Texaco incluía que las piscinas estuviesen provocando continuos derrames de crudo y aguas de formación, el quemado periódico de las piscinas, el “asfaltado” de las vías con crudo que drenaron las lluvias para que no saliese tanto polvo, etc. En los años 80 del S.XX los efectos de toda esta contaminación eran ya muy palpables, y comenzó a constituirse el Frente de Defensa de la Amazonía, que fue integrando a diferentes actores sociales campesinos, de iglesia e indígenas, que progresivamente fueron formulando contra la Texaco un juicio al que se sumaron 30.000 personas en Sucumbíos y Orellana.
En el siguiente mapa se muestra los bloques petroleros a cargo de la empresa Texaco a 1990
Este juicio resultó con una sentencia que obliga a la empresa Texaco a una indemnización histórica, que hasta ahora ha sido evadida con mecanismos de impunidad empresarial y arbitraje internacional. En medio del incumplimiento de la sentencia, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco – UDAPT – ha continuado con procesos de mediación judicial, y demanda frente al Estado ecuatoriano de remediación. Cuando la empresa Texaco, a raíz de este juicio, dejó el país en 1990, la empresa estatal CEPE, llamada tras el proceso de neoliberalización Petroecuador, asume los campos petroleros, su tecnología y prácticas abusivas.
El Estado facilita la vuelta a la extracción
En el año 2008, los cambios institucionales con el nuevo gobierno de la revolución ciudadana y la nueva Constitución, el Estado ecuatoriano lanza una serie de ofertas de inclusión a las comunidades afectadas por la contaminación petrolera. De esta forma, se abre un proceso de negociación entre las comunidades y el Estado ecuatoriano para la reapertura de nuevos pozos, especialmente Dureno-1, a cambio de inversiones, contratos y empleos, ante una percepción generalizada de que la postura antipetrolera no estaba generando un desarrollo económico.
El siguiente mapa muestra la situación territorial en ese momento de debate:
En esta fase de acuerdos con el Estado ecuatoriano se maneja una duplicidad entre la mejora material de la comunidad, llegando la emblemática obra de la Ciudad del Milenio a Cofán-Dureno, se amplían y modernizan las plataformas petroleras existentes en el campo Guanta, se abren varias vías más, así como se suscribe el programa sociobosque. En el ámbito más urbano en Lago Agrio, también se produce una reapertura de pozos petroleros en barrios consolidados que genera un incremento de la conflictividad. Al mismo tiempo, las obras públicas de espacio verde, la llegada del agua potable o la dinamización cultural implican una nueva forma de ciudadanía en la ciudad que dejan atrás simbólicamente periodos dominados por la presencia de los grupos armados colombianos y dinámicas de sicariato.
Esta fase provoca fuertes tensiones internas en la comunidad de Cofán-Dureno, generándose una variedad de posturas en diferentes familias, con algunas que mantienen vínculos más cotidianos con las posturas antipetroleras, en minoría, y una mayoritaria alrededor de las inversiones y el trabajo, provocando una serie de rupturas entre diferentes familias. Sin embargo, el manejo interno de los contratos y los puestos de trabajo, genera tensiones y divisiones entre el sector más proclive a pactar con el Estado ecuatoriano, especialmente cuando el acuerdo de 2014 a 2018 se acaba, y comienza una nueva ronda de negociación con la empresa petrolera.
La siguiente negociación con la empresa se realiza entre la última fase del gobierno de Rafael Correa y el nuevo gobierno de Lenin Moreno, desde 2018, en el que la empresa Petroecuador regresa a posturas de mínima inversión en las comunidades, disolución de Petroamazonas y abandono del apoyo a la demanda de la UDAPT contra Texaco. En este contexto, la tensión interna se multiplica, con el sector más cercano al ambientalista que migra fuera de Cofán-Dureno, la dirigencia pierde la mayoría, y se divide en dos el grupo negociador con el Estado, entre quienes demandan una rotación de los puestos de trabajo, y quienes demandan una negociación que piense especialmente en la obra pública y colectiva como compensación.
La extracción en la actualidad
En la actualidad, el sujeto comunitario está muy fragmentado, y aunque de forma oficial se encuentran suspendidas las propuestas de Petroecuador, se mantiene la propuesta de realizar una vía que entre en el territorio de Cofán-Dureno y construya tres plataformas en el interior del territorio, algo inédito en la historia del lugar, y que tendría una fuerte impronta territorial, como puede apreciarse en el siguiente mapa realizado por el equipo provincial del FEPP:
