A inicios de marzo de 2024 Daniel Noboa viajó a Canadá, y, de acuerdo con información oficial publicada por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Noboa participó en varias reuniones a fin de promover al país como un destino minero. Entre otras cosas, la agenda del presidente incluyó un encuentro con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, esta reunión tuvo lugar el 5 de marzo en la ciudad de Ottawa. Los representantes de los gobiernos canadiense y ecuatoriano discutieron los siguientes tópicos: comercio, inversión, crecimiento económico inclusivo, paz y seguridad.
Así mismo, los medios de comunicación nacionales cubrieron la gira del presidente y su comitiva, la cual estuvo integrada por figuras como la canciller Gabriela Sommerfeld, el secretario de la administración pública David Félix y la ex ministra de Energía y Minas Andrea Arrobo. Al respecto, se puede mencionar que, durante la crisis energética registrada en abril de 2024 Arrobo fue defenestrada de su cargo tras acusaciones de sabotaje en contra del gobierno nacional. La visita de Noboa a Canadá dejó como saldo la suscripción de seis compromisos de inversión minera por un monto de $4.800 millones de dólares. El hecho de que Ecuador adquiera obligaciones con Canadá refleja la voluntad del gobierno nacional para impulsar -aún más- al país hacia un acelerado extractivismo.
Tras la visita de Noboa a Canadá se presentaron una serie de acontecimientos lógicos para dar paso a los proyectos mineros estancados desde mediados de 2023: Las Pampas – Palo Quemado (Cotopaxi) y Las Naves (Bolívar). El primer paso lo dio el Ministerio de Energía y Minas, con la emisión del Acuerdo Ministerial MEM-MEM-2024-0002-AM del 5 de marzo de 2024, a través del cual se promulgó el manual para la operativización de las consultas previas, libres e informadas.
No obstante, la publicación de un manual para operativizar las consultas ambientales implicó el desconocimiento de lo dispuesto en la Sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional emitida en noviembre de 2023, que en la sección 7, decisiones, artículo 3 dispone lo siguiente: “la Defensoría del Pueblo impulse los proyectos de ley sobre consulta ambiental que haya presentado y que se encuentren ya en trámite legislativo o, en su defecto, prepare un proyecto de ley que regule la consulta ambiental, contando con la participación de la sociedad” (Corte Constitucional 2023, 77-78). En este sentido, el 13 de marzo de 2024, la Federación de Organizaciones Kañaris del Ecuador presentó una demanda de Acción de Inconstitucionalidad de fondo y forma al Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Energía y Minas.
También es importante señalar que el 7 de marzo de 2024, a través del Decreto Ejecutivo 193 el presidente de la república extendió el estado de excepción en Ecuador por 30 días más: “en los mismos términos establecidos en los Decretos Ejecutivos 110, 111 y 135 de 8, 9 y 23 de enero de 2024” (Presidencia de la República del Ecuador 2024). Bajo este panorama, el 11 de marzo de 2024 funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) ingresaron a las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado para instalar -por segunda ocasión- la consulta ambiental, para la instalación del proyecto minero “La Plata” que está a cargo de la compañía Atico Mining Corporation.
La violencia escindida en el discurso de seguridad ¿garantía de impunidad?
En esta nueva incursión de los funcionarios del MAATE en territorio, se utilizaron las mismas estrategias de julio de 2023, pero con ciertos matices que marcaron la diferencia. Nuevamente, los funcionarios y funcionarias del MATTE ubicaron el centro de información pública en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), sin embargo, el número de policías y militares presentes en la zona resultaba desproporcionado si se considera el número de habitantes de estas parroquias rurales.
En medio de la violencia desatada en marzo de 2023, varias organizaciones enfocadas en el respeto y el ejercicio de derechos humanos a nivel nacional e intencional se pronunciaron frente a la situación en Las Pampas y Palo Quemado. En este sentido, el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Derechos Humanos en América del Sur Jan Jařab abrió un espacio de diálogo con representantes de las familias campesinas de Las Pampas el 14 de marzo de 2024. Precisamente, en esta reunión las mujeres que participaron de la reunión virtual comentaron a Jařab sobre varios aspectos, entre otras cosas hicieron énfasis en la riqueza productiva de su territorio; así como de la violencia desatada por parte de los agentes del orden de la Policía Nacional y militares; del intento por criminalizar a sus líderes y lideresas; y, de la constante preocupación por lo incierto de su futuro.
Ahora bien, el 18 de marzo de 2024 más de 70 personas de Las Pampas y Palo Quemado fueron acusados por el delito de terrorismo al ejercer su derecho a la resistencia y oponerse al proceso de consulta ambiental promovida por diferentes instituciones del Gobierno Nacional y respaldas por la fuerza pública. La denuncia de terrorismo la realiza una persona que lidera la “Confederación Nacional de Juntas de Campesinado del Ecuador”. Al respecto, no se puede olvidar que, el denunciante de los actos de terrorismo es la misma persona sobre la que pesan graves acusaciones en el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias elaborado por Philip Alston en 2011.
El 19 de marzo de 2024 se registró una escalada de violencia, motivada por las disputas entre la fuerza pública y personas de las parroquias Las Pampas y Palo Quemado, quienes se encontraban en evidente desventaja, pues, intentaban oponer resistencia a un número significativamente mayor de agentes del orden dotados con armamento y gases. Solo durante esta jornada, la comunidad reportó 15 personas heridas, 7 de ellas con cierto nivel de complejidad. De hecho, en varios videos se registró a personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes afectadas por los gases lacrimógenos, asustadas por la violencia.
Paralelamente, en los medios de comunicación poco se hablaba de la violencia del proceso de consulta, de la legitimidad de la resistencia, de las personas heridas. De hecho, la información transmitida ponía el foco de atención en el proceso legal en contra de 70 personas de la comunidad y en los daños ocasionados a bienes públicos ocasionados. A pesar del evidente respaldo de los medios de comunicación para imponer el discurso del gobierno a la opinión pública, el 21 de marzo de 2024 en la Asamblea Nacional del Ecuador se exhortó a Noboa a que cese con la represión en el cantón Sigchos. Resulta contradictorio que, a partir del 22 de marzo de 2024 en estas parroquias se presentó un nuevo contingente de policías y militares al territorio. De acuerdo a estimaciones de la población 500 policías y 200 militares resguardaban la zona.
El accionar del gobierno nacional no pasó desapercibido en instancias internacionales, pues, el 25 de marzo de 2024 la relatora especial Mary Lawlor se pronunció sobre la situación de riesgo en la que se encontraban los defensores y defensoras de los derechos humanos y la naturaleza en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas. Lawlor instó al Estado ecuatoriano a garantizar el respeto a los derechos de las personas, especialmente en el marco de proyectos extractivistas en el país. Ese mismo día, el juez multicompetente del Cantón Sigchos Darwin Paredes suspendió provisionalmente la consulta ambiental, esto en el marco de una Acción de Protección con medidas cautelares promovidas por el alcalde del cantón Sigchos, el señor Oscar Monge.
La medida cautelar suponía el retiro inmediato de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, os agentes del orden no se retiraron de la zona y los enfrentamientos se mantuvieron el 26 de marzo. Lamentablemente, en el recinto La Florida perteneciente a la parroquia Palo Quemado una de las personas que se encontraba en resistencia recibió un impacto de perdigón en el rostro. Las heridas comprometieron gravemente la salud de un campesino, quien recientemente se convirtió en padre de una niña.
Llama la atención los intentos por invisibilizar los actos de violencia tanto de la gobernación de Cotopaxi, como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el primer caso, se emitió un comunicado oficial en el cual se afirmaba que la represión se ejerció exclusivamente con gases lacrimógenos. Resulta problemático la forma en que se naturaliza una serie de circunstancias que en otros contextos no pasarían desapercibidas. Para desmontar el comunicado de la gobernación, en el hospital Gustavo Domínguez, lugar donde recibió asistencia médica la persona herida, se puso de manifiesto que el campesino fue impactado por un perdigón en el rostro, teniendo un pronóstico reservado por el grave estado de salud en que se encontraba.
Por su parte, Jaime Vela Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, brindó declaraciones sobre lo que -a su criterio- sucedía en la provincia de Cotopaxi. El pronunciamiento del comandante perseguía dos objetivos, por un lado, presentar a las familias campesinas como terroristas que se oponen al “desarrollo” del país; pero, además, buscaba generar preocupación en otros sectores, especialmente por las consecuencias legales que producirían las manifestaciones y los actos de resistencia ante otros proyectos extractivos. El discurso criminalizante de Vela dista de los hechos acontecidos en marzo de 2024. La realidad es que en Palo Quemado y Las Pampas existía una clara consigna: imponer por la fuerza la consulta ambiental y el proyecto minero La Plata. Las declaraciones del Comandante y del Gobernador de la provincia de Cotopaxi, solo intentan invisibilizar la violencia, la desigualdad y la injusticia para una población que intenta proteger la forma en que desarrolla sus vidas. Entonces, después de recorrer esta nueva avanzada minera nos preguntamos y preguntamos a nuestros lectores y lectoras ¿Daniel Noboa es en realidad un líder visionario?
Invitamos a nuestra audiencia a conectarse con la próxima publicación, en donde recorreremos la historia del interés minero en lo que hoy se conoce como las parroquias Las Pampas y Palo Quemado en Cotopaxi.