En la pieza anterior de esta publicación profundizamos sobre cómo la presencia de la minería informal contribuye a la transformación de las formas que cobran los conflictos por minería en espacios como Buenos Aires. Con esta última entrega, quisiéramos cerrar este análisis sobre las formas de hibridación de la violencia minera corporativa e informal con algunos apuntes que atañen a la población local que resiste la entrada de cualquier tipo de minería en sus espacios de vida. Estas personas están atravesadas por una situación llena de tensiones, angustias y contradicciones.
Una capilaridad minera que tensiona.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que si por lo general, la llegada de la minería corporativa suele provocar fracturas al interior de las poblaciones, como ocurre por ejemplo en el caso de Las Naves (Imbabura), las polarizaciones causadas por la minería informal adquieren otras connotaciones en términos cualitativos y de escala.
Hay que considerar que, para que la minería ilegal logre consolidarse en un espacio como Buenos Aires, es necesario cierto grado de involucramiento local.

Adicionalmente, la penetración de la minería informal provoca tensiones al interior de las propias familias de la comunidad. Para el caso de Buenos Aires, por ejemplo, la presidenta de la Junta Parroquial nos explicaba que parte de su familia, con la que ha roto relaciones, arrienda unos terrenos para las operaciones de los mineros informales. Estas divisiones minan el grado de cohesión local característico de comunidades como Buenos Aires y generan mucho sufrimiento para las y los implicados.
Las amenazas a la integridad de quienes rechazan la minería.
Otro aspecto crítico para aquellas personas que se oponen a cualquier tipo de minería en este tipo de contextos está relacionado con su seguridad física. Es bien sabido que las empresas se valen de sicarios a sueldo a la hora de intimidar, amenazar o asesinar a aquellos que les resulten demasiado incómodos para sus proyectos.
las formas de intimidación y de violencia ejercida por la minería informal son más impredecibles y menos rastreables.
Colocando nuevamente a Buenos Aires como ejemplo de esto último, la presidenta de la Junta Parroquial es perfectamente consciente de las amenazas de muerte vertidas sobre ella en la forma de rumores que se propagan en un ámbito social muy reducido. Nos es más fácil identificar a una empresa como la fuente de violencia y planear acciones para ponerla en evidencia, como campañas mediáticas y de incidencia en la opinión pública. Sin embargo, cuándo se trata de la minería informal, con frecuencia únicamente podemos interpelar al estado. Y esa estrategia, aunque irrenunciable, está cargada de problemas.
Al final, la vieja pregunta, ¿qué hacer?
Podríamos decir que las tensiones a las que están sometidos los moradores que resisten a la minería en contextos como el de Buenos Aires pueden ser formuladas bajo la siguiente pregunta: ¿con quién estamos menos mal? Si el objetivo final, ideal, es librarse de la minería en su territorio, los pasos, las decisiones concretas que tienen que tomar para avanzar hacia el mismo están atravesadas por esta pregunta.
Vemos esto último cuando pensamos en la estrategia seguida por Buproe y el equipo jurídico que acompaña a esta organización local que resiste a la minería.
Una militarización del territorio podría suponer por tanto un puente de plata para la eventual retomada de la empresa. ¿Qué otros caminos quedan?

Con todo, hoy por hoy, los mayores problemas que enfrentan los que resisten al extractivismo en Buenos Aires tienen que ver con la minería informal. Una minería a la que ni el ejército, ni la policía, ni la ARCOM han logrado expulsar definitivamente. Cada operativo ha resultado en una retomada de los mineros ilegales poco tiempo después. La contaminación actual en la parroquia proviene principalmente de esta actividad, y las mayores amenazas para los representantes comunitarios también.
¿Qué significaría para la presencia de este tipo de minería una victoria contra Hanrine? ¿Provocaría un aumento de la llegada de mineros, tal y como ya ocurrió cuando la empresa paró sus operaciones hace un par de años? Al mismo tiempo, ¿qué consecuencias tendría, de cara a un potencial avance de la minería corporativa, un mayor compromiso del Estado para expulsar a los mineros informales de Buenos Aires? La gente local que lucha contra la minería es perfectamente consciente de que el estado tiene a la minería empresaria en Buenos Aires como uno de los proyectos estratégicos para la consolidación del sector en el país. Una militarización del territorio podría suponer por tanto un puente de plata para la eventual retomada de la empresa. ¿Qué otros caminos quedan? La eterna pregunta: ¿qué hacer? Trabajar sobre esto en el corto-mediano plazo nos parece central para el futuro.